Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 2 de Septiembre de 2014

PonenteVictor L. Benavides P.
Fecha de Resolución 2 de Septiembre de 2014
EmisorTercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral

VISTOS: El licenciado V.A.B., en representación de D.D.S., ha interpuesto ante la S. Tercera de la Corte Suprema, proceso contencioso administrativo de protección de derechos humanos, para que se declare nula por ilegal, la Resolución D.E./No.123/2013 de 12 agosto de 2013, dictada por el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo, por medio de la cual se aprueba el Proyecto de Liquidación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Empleados de la Caja de Seguro Social R. L. (COACECCS), propuesto por la Comisión Liquidadora de la COACECCS, el cual es violatorio del derecho humano a la propiedad privada de su cliente, quien posee certificados de inversión o depósito a plazo fijo a ser satisfechos por la Cooperativa, al establecer un procedimiento de prelación de cancelación de pasivos distintos a la prelación señalada en el artículo 93 de la Ley 17 de 1 de mayo de 1997. Advierte el Sustanciador, que por medio de la Resolución No. D.E./No.123/2013 de 12 de agosto de 2013, el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP), resuelve aprobar el Proyecto de liquidación presentado ante la Dirección Ejecutiva del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo el día 12 de agosto de 2013. Al resolver sobre la admisibilidad de la demanda, quien suscribe considera que la misma no debe admitirse, toda vez que la Resolución No. D.E./No.123/2013 de 12 de agosto de 2013, dictada por el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP), no constituye un acto administrativo definitivo; por el contrario, constituye un acto de mero trámite; ya que, no decide el fondo de cuestión alguna. Esta S. ha expresado, reiteradamente, que un acto definitivo es aquel que pone fin a la actuación administrativa, es decir, aquellos que deciden el fondo de un asunto, ya sea creando, modificando o extinguiendo una situación jurídica; y que los actos preparatorios o de mero trámite son aquellos cuyo contenido forma parte de un procedimiento administrativo, encaminado a adoptar una decisión final cuya condición puede variar. Sobre el particular, el artículo 42 de la Ley 135 de 1943, señala expresamente lo siguiente: "Artículo 42. Para ocurrir en demanda ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo es necesario que se haya agotado la vía gubernativa, lo que se entenderá cuando los actos o resoluciones respectivos no son susceptibles de ninguno de los recursos establecidos en los artículos 33, 38, 39 y 41 o se han decidido, ya se trate de actos o resoluciones definitivas, o de providencias de trámite, si estas últimas deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, de modo que le pongan término o hagan imposible su continuación." De lo anterior se concluye que en este caso no se cumplen los presupuestos contenidos en el artículo 42 de la ley 135 de 1943, sobre los que ya reiteradamente se ha pronunciado esta S., señalando cuándo estamos en presencia de un acto preparatorio o de mero trámite, y cuándo son recurribles ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, como apreciamos a continuación: 1. Auto de 26 de enero de 2001. "Esta S. ha expresado en fallos anteriores, que los actos preparatorios son aquellos cuyo contenido forma parte de un procedimiento administrativo, encaminado a adoptar una...

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