Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 28 de Agosto de 2019
| Ponente | Luis Ramón Fábrega Sánchez |
| Fecha de Resolución | 28 de Agosto de 2019 |
| Emisor | Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral |
VISTOS:
La firma Broce & Asociados, Abogados, S.P.C., actuando en representación A.E.A.L., interpuso ante la S. Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Demanda Contenciosa Administrativa de Plena Jurisdicción, para que se declare nulo, por ilegal, el Auto N° 040 de 12 de junio de 2017, emitido por la Autoridad Nacional de Aduanas, Zona Aeroportuaria, así como su acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.
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CONTENIDO DEL ACTO IMPUGNADO
A través del acto impugnado, el Auto N° 040 de 12, la referida entidad le indicó al representante legal de la sociedad demandante que en de junio de 2017, la Autoridad Nacional de Aduanas, Administración Regional de Aduanas, Zona Aeroportuaria, resolvió:
NEGAR la solicitud presentada por el Licenciado C.A.B.C., en su condición de apoderado judicial del señor A.E.A.L., de nacionalidad panameña, con cédula de identidad personal N° 8-718-1856, respecto de la devolución de la suma ciento siete mil quinientos dólares (US$ 107, 500, 00) que le fue retenida el día de su ingreso a territorio panameño el dos (2) de noviembre de 2011.
DEJAR sin efecto el Proveído N° 013 de tres ( 3) de mayo de 2017, que dispuso poner en conocimiento del Ministerio Público el proceso que se siguió en la instancia aduanera en contra del señor A.E.A.L., de nacionalidad panameña, con cédula 8-718-1856.
DEJAR sin efecto la medida cautelar impuesta al señor A.E.A. LEONES de nacionalidad panameña, con cédula de identidad personal N° 8-718-1856, consistente en la prohibición de abandonar el territorio de la República de Panamá sin autorización judicial.
……..
En este sentido, la parte actora mediante la presente demanda pretende que la S. Tercera de la Corte Suprema de Justicia declare:
La nulidad por ilegal del Auto N° 040 de 12 de junio de 2017, emitido por la Autoridad Nacional de Aduanas y su acto confirmatorio contenido en la Resolución N°910-04-56- CDA, de 31 de agosto de 2017 dictado por la Comisión de Apelaciones Aduaneras, de la Autoridad Nacional de Aduanas. Y en consecuencia de esta declaración, ordene a la Administración Regional de Aduanas, Zona Aeroportuaria, le devuelva a A.E.A.L. la suma de ciento ocho mil dólares (B/.108, 000.00) moneda de curso legal en los Estados Unidos de América, suma de dinero que le fue retenida el pasado 2 de noviembre de 2011, cuando ingresaba al territorio de la República de Panamá (cfr. fs.: 4, 5, 12 – 19 del expediente Contencioso).
SUPUESTAS NORMAS VIOLADAS Y EL CONCEPTO
DE SU INFRACCIÓN
El demandante señala como normas infringidas los artículos 375-A del Código Penal, según fue adicionado por la Ley 30 de 16 de junio de 2010, la cual dispone lo siguiente:
Artículo 375-A: Quien, al momento de ingresar o salir del país, omita declarar o declare cifras que no se correspondan con el dinero, valores o documentos negociables que porte en cantidad superior a la suma de diez mil balboas (B/.10, 000.00) será sancionado con prisión de dos a cuatro años y con el decomiso del dinero, valores o documentos negociables no declarados.
En caso de que se trate de un ciudadano de nacionalidad extranjera, se ordenará, además del decomiso, su deportación inmediata y el impedimento de entrada al país de manera permanente, una vez haya cumplido la pena establecida en el párrafo anterior
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Expresa la firma apoderada judicial de A.E.A.L., que la norma arriba transcrita ha sido violada en forma directa por omisión, por cuanto por cuanto el funcionario demandado dejó de aplicar la disposición legal transcrita al caso concreto, en virtud que la conducta del demandando queda inmersa en el tipo penal del artículo 375- A del Código Penal, cuya pena principal, es de hasta cuatro años de prisión , siendo entonces los Jueces Municipales, los competentes para imponer sanciones a los infractores del artículo 375- A del Código Penal, en virtud del literal A, del artículo 174 del Código Judicial que el atribuye competencia a los Jueces Municipales para conocer de los delitos penados por la ley con pena privativa de libertad que no exceda de cuatro años.
Otra de las normas que se señala como vulnerada es el artículo 1976 del Código Judicial, el cual dispone lo siguiente:
Artículo 1976: Las cosas retenidas que no estuviesen sujetas a comiso, restitución, secuestro o embargo serán devueltas a quienes se le ocuparon. Cuando hay controversia respecto a la propiedad de las cosas, se dispondrá que los interesados concurran a la vía civil. Si la controversia se suscitase respecto de la restitución, el juez penal, dispondrá que los interesados concurran a la vía incidental
El demandante alega que la norma transcrita ha sido violada de forma directa por omisión, por cuanto el funcionario demandado dejó de aplicar la disposición legal transcrita al caso concreto, en vista que la norma es clara al indicar que las cosas retenidas que no estuvieran sujetas a comiso, serán devueltas a quien se le ocuparon, no obstante la entidad demandada se ha abrogado el derecho de comiso del dinero ocupado a A.E.A.L. en abierta violación al texto señalado. En este sentido señala, que esta figura fue elevada a la categoría de delito a través de la Ley 30 de 16 de junio de 2010, específicamente en el artículo 24 que introduce al artículo 375- A en el Código Penal vigente que disponía: “Quien, al momento de ingresar al país, omita declarar o declare cifras que no se correspondan con el dinero, valores o documentos negociables que porte en cantidad superior a la suma de diez mil balboas (B/.10, 000.00) será sancionado con prisión de dos a cuatro años”. Dicha ley no contemplaba la disposición final del dinero retenido como se puede observar, fue posteriormente que se aprobó la Ley 67 de 26 de octubre de 2010 que modificó artículos del Código Penal vigente y en ese sentido el contenido del artículo 4 de la referida ley dispone: “ Artículo 375- A: Quien, al momento de ingresar o salir del país, omita declarar o declare cifras que no se correspondan con el dinero, valores o documentos negociables que porte en cantidad superior a la suma de diez mil balboas (B/.10, 000.00) será sancionado con prisión de dos a cuatro años” . Señala el demandante que la modificación introducida además de declarar punible la acción de ingresar al país con cifras de dinero no declarados, declara punible también la acción de salir del país, sin embargo nada dice del dinero no declarado, cuando es aprendido por parte de las autoridades. Que posteriormente este vació fue llenado con la implementación de la Ley N°40 de 4 de julio de 2012, por lo que señala, que según el artículo 17 de esta ley, la pena consistente en el decomiso del dinero así como la deportación inmediata y el impedimento de entrada al país deberán aplicarse a los hechos punibles a partir de la introducción de la Ley 40 de julio de 2012.
Por lo que señala que, para los efectos configurados en el tipo penal aludido antes de la entrada en vigencia de la Ley N° 40 de 4 de julio de 2012, debe aplicarse el tenor del artículo 375- A, que sólo aplicaba punibilidad de 2 a 4 años de prisión a quien ingresaba o saliera del territorio nacional sin declarar o declare cifras superior a los diez mil balboas (B/.10, 000.00).
Y agrega el demandante, en cuanto al decomiso realizado por la Autoridad Nacional de Aduanas, recordemos que con la entrada en...
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