Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 28 de Agosto de 2019

PonenteLuis Ramón Fábrega Sánchez
Fecha de Resolución28 de Agosto de 2019
EmisorTercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral

VISTOS:

La firma FIRMA ROSAS & ROSAS, actuando en nombre y representación de E.A.U.S., ha interpuesto ante la S. Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, para que se declare nulo, por ilegal, la Resolución N°02/2017 de 26 de junio de 2017, emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores (Comisión de Disciplina), sus actos confirmatorios, y para que se hagan otras declaraciones.

ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO

El acto demandado lo constituye la Resolución N° 02/2017 de 26 de junio de 2017, emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores (Comisión de Disciplina), cuya parte resolutiva dispone lo siguiente.

PRIMERO: Recomendar la suspensión del L.. E.U., S.S., por quince (15) días, sin goce de salario, a partir de la fecha en que quede firme y ejecutoriada la presente Resolución, por infringir los artículos 12, de las relaciones con los subalternos, 162 de las prohibiciones, 167 del respeto para con el Estado Receptor y 171 sobre conducta pública contraria a las buenas costumbres en el Estado Receptor, falta grave, contenida en el Decreto Ejecutivo 135 de 1999; y por contravenir los Principios Generales (Prudencia, Igualdad, Respeto) y Particulares (legalidad, evaluación, veracidad, discreción, obediencia, igualdad de trato, ejercicio adecuado del cargo, dignidad y decoro, tolerancia y equilibrio) del Código Uniforme de Ética para los Servidores Públicos, contenidos en el Decreto Ejecutivo N° 246 de 15 de diciembre de 2004, faltas graves también sancionables de acuerdo con el cuadro del régimen disciplinario contenido en el artículo 171 del Decreto Ejecutivo N° 135 de 1999, aplicable a los funcionarios de C.D. y C., tratándose en particular del comportamiento y actitud que tuvo durante el ejercicio de sus funciones públicas en el espacio público de la Embajada de Panamá y, en específico, el trato que le dio a la señora P.C., que escaló con su conducta a tal punto que la hizo grabar la única evidencia que podía mostrar para sustentar su denuncia.

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Este acto fue confirmado a través de las Resoluciones N° 03/2017 de 10 de julio de 2017 y N° 1152 de 7 de agosto de 2017, luego de la respectiva interposición de los recursos de reconsideración y apelación.

PRETENSIÓN DE LA DEMANDA

La pretensión de la parte actora consiste en que la S. declare nulos, por ilegales, los actos administrativos señalados en el párrafo que precede y, que como consecuencia, se formulen las siguientes declaraciones:

D. Que, como consecuencia de las declaraciones o decisiones anteriores, se declare que el L.enciado U.S. no es responsable de la falta disciplinaria que se le atribuyó y que, por ello, queda revelado de la aplicación de sanción alguna.

E. Que se asigne al L.enciado URETA SACHEZ, para desempeñar el cargo de S.S. en una MISION DIPLOMATICA o CONSULAR en el exterior, por término mínimo de cuatro (4) años, que era el que le faltaba por cumplir en la Embajada de la República de Panamá en Bolivia, de un total de cinco (5) años de servicios. (Artículo 7 de la Ley No.60 de 6 de octubre de 2015 que modifica los artículos de la Ley No.28 de 1999)

F. Que el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES está obligado a cumplir con las decisiones adoptadas en la sentencia pertinente.

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HECHOS EN QUE SE FUNDAMENTA LA DEMANDA

Entre los hechos u omisiones fundamentales en que se sustenta la presente acción, la parte actora señala los siguientes:

PRIMERO: El L.enciado ERIC ANTONIO U.S. es Diplomático de Carrera, con título universitario que así lo comprueba, con más de catorce (14) años de servicios en cargos públicos propios de sus disciplina profesional, habiendo servido en la Embajada de Panamá en Alemania y tomando cursos de formación en otros países.

… al llegar a la Embajada de la Embajada de la República de Panamá en La Paz, Bolivia, en la cual fue nombrado en el cargo de S.S., se vio obligado a tratar a la señora PATRICIA CHOQUERIBE (boliviana), al igual que con su excuñada J.J.C. (igualmente boliviana), quienes por nexos familiares lograron ser contratadas para prestar servicios en la referida Embajada.

SEPTIMO: La señora CHOQUERIBE, sin importarle cometer un delito, infringiendo la CLAUSULA IX de su contrato de trabajo (sobre su obligación de mantener la confidencialidad) y sin respetar el orden jerárquico de la Embajada de Panamá, siendo ella Auxiliar se Secretaría, presentó una denuncia sin pruebas ante los MINISTERIOS DE RELACIONES EXTERIORES, de TRABAJO y de JUSTICIA, organizaciones de derechos humanos y de defensa de la mujer, por supuesta discriminación y supuesto “acoso sexual, acoso psicológico, acoso laboral y racismo”, por tratarse –según dijo- de una persona que pertenece a algún grupo social o etnia original de Bolivia (la Etnia AYMARA) y residente en la zona periférica de la Paz, llamada EL ALTO.

NOVENO: Es importante reiterar que la denuncia pública formulada por la señora CHOQUERIBE es por supuestos hechos de “acoso sexual”, acoso psicológico, acoso laboral y racismo”, lo que además resulta contradictorio, porque si el LICENCIADO U.S. fuese racista y discriminaba a la señora CHOQUERIBE por esa causa, entonces como puede justificar que la acosaba sexualmente.

Como se puede observar, ninguno de los hechos denunciados por la señora CHOQUERIBE constituye conducta pública contraria a la cultura del Estado Receptor y tampoco se enmarca en las otras supuestas faltas que se le atribuyen al LICENCIADO U.S., lo que evidentemente infringe la garantía del debido proceso legal, dado que él se defendió de los cargos denunciados por la señora CHOQUERIBE, pero luego se le formularon otros diferentes, con lo que quedó en estado de indefensión, porque se le imposibilitó en gran medida su defensa.

DECIMOPRIMERO: Es importante destacar que no existe prueba de los supuestos hechos denunciados por la señora CHOQUERIBE, puesto que lo único que existe en el expediente disciplinario son copias de su denuncia, que ella hizo circular por distintos Ministerios y otras organizaciones de Bolivia, con transcripción de na grabación ilegal y de dudosa veracidad, porque fue editada.

DECIMOSEXTO: En adición a lo que se ha venido exponiendo en esta demanda, especialmente respecto de que no se han comprobado los hechos denunciados por la señora CHOQUERIBE y la falta de congruencia o concordancia entre tales hechos denunciados y los cargos disciplinarios formulados, existen otros elementos jurídicos de importancia que esa Honorable S. debe evaluar al momento de emitir sentencia:

Sobre este extremo cabe destacar los siguientes aspectos:

1. La denuncia no fue recibida por la señora D. General de la C.D. y C. y la investigación tampoco fue ordenada por ella, tal como lo dispone el artículo 18 del Decreto Ejecutivo No.417 de 20 de octubre de 2015, que modificó el artículo 165 del Decreto Ejecutivo No. 135 de 1999.

2. La investigación se excedió del término de dos (2) semanas que como máximo señala el numeral 3 del artículo 175 del Decreto Ejecutivo No.135 de 27 de julio de 1999 para realizar la investigación y formulación de cargos; y de igual manera se venció el término de diez (10) días con que contaba la Comisión de Disciplina para emitir la decisión respectiva, tal como lo ordena el numeral 3 de la norma reglamentaria que se acaba de citar, que desarrolla a la Ley 28 de 1999, que es una Ley especial.

3. El anuncio de la denuncia fue presentado mediante Oficio E.P.BOL06/17, fechado el día domingo 12 de marzo de 2017, que dirige el Embajador panameño en la Paz a la señora V. de la República y Ministra de Relaciones Exteriores.

5. No se siguió el debido proceso disciplinario, dado que la denuncia debió presentar ante la Dirección General de la C.D. y C., a la vez que es la Comisión de Disciplina la competente para investigar y decidir sobre cualquier queja o denuncia en contra de un funcionario del servicio exterior, de acuerdo a los artículos 5 y 175 del Decreto Ejecutivo No.135 de 1999, y en los artículos 40 y 43 de la Ley No.38 de 2000. Sin embargo fue la Dirección de Recursos Humanos la que ordenó la investigación y fue una Comisión ad hoc la que llevó a cabo la investigación, ninguna de las cuales era competente para llevar a cabo dichas diligencias legales.

6. Mediante M. OIRH-MIRE-2017-51285 de 31 de marzo de 2017, la licenciada R.R., J. de la Oficina Institucional de Recursos Humanos de la Cancillería de Panamá, solicita a la L.enciada Itza Broce, D. General de la C.D. y C.: dar inicio al procedimiento disciplinario correspondiente, expediente contentivo de las denuncias interpuestas por la funcionaria local PATRICIA CHOQUERIBE en la jurisdicción boliviana en contra del S.S. de C.D. y C., LICENCIADO ERIC URETA, por supuesto: ‘acoso sexual, acoso psicológico, acoso laboral y racismo, ‘así como otros documentos recabados por la Misión Oficial de RRHH enviada a La Paz, con el objeto de verificar el ambiente laboral de la Misión Diplomática’…

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NORMAS LEGALES INFRINGIDAS Y EL CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN

Las disposiciones legales que a juicio del demandante han sido vulneradas con la emisión de la Resolución N° 02/2017 de 26 de junio de 2017, emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores (Comisión de Disciplina), son las siguientes:

Decreto Ejecutivo No.135 de 27 de julio de 1999.

Artículo 165. DE LAS DENUNCIAS. Corresponderá a la Dirección General de C.D. y C. recibir la denuncia de las faltas cometidas por los funcionarios del Servicio Exterior y podrá recomendar a la Comisión de Disciplina el estudio del caso presentado, una vez recibidas las versiones de las partes involucradas.

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A juicio de la parte actora, esta norma ha sido violada en forma directa, por omisión, toda vez que la denuncia formulada contra el señor U.S. fue recibida por la J.tura de Recursos Humanos de la Cancillería y, a su vez, la investigación corrió a cargo de una Comisión Ah hoc designada para investigar el caso, todo lo cual no se compadece con el texto citado en concordancia con el artículo 175 del mismo cuerpo normativo.

Artículo 171. DE LA GRAVEDAD DE LAS FALTAS. Las faltas de acuerdo a su gravedad se clasifican de acuerdo a como siguen:

2. FALTAS GRAVES: Son aquellas que se dan por el incumplimiento de obligaciones o desconocimiento de prohibiciones legalmente establecidas para preservar la competencia, lealtad, honestidad y moralidad de los actos públicos o privados, o sea, faltas que tiendan a menoscabar el prestigio e imagen del Estado panameño.

La comisión de disciplina se reunirá para la toma de decisiones en el cuadro siguiente que establece el Régimen Disciplinario para los funcionarios del Servicio Exterior:

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Según expone el recurrente, la norma reglamentaria citada ha sido violada por indebida aplicación, ya que la misma se ha utilizado como base jurídica para emitir el acto demandado, a pesar de que el señor U.S. no ha incurrido, ni se ha comprobado que ha observado en el desempeño del cargo “conducta pública contraria a la moral y las buenas costumbres”.

Ley 38 de 31 de julio de 2000.

Artículo 145. Las pruebas se apreciaran según las reglas de la sana crítica, sin que esto excluya la solemnidad documental que la ley establezca para la existencia o validez de ciertos actos o contratos.

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Al explicar el concepto de la infracción en forma directa, por omisión, del artículo 145 de la Ley 38 de 2000, el demandante sostiene que en la parte motiva de las resoluciones demandadas no se analizaron las pruebas allegadas al expediente, así como tampoco existe pronunciamiento sobre las pruebas que aportó la parte denunciada. En el mismo contexto, señala que la señora C. se constituye como testigo sospecho, por lo que su testimonio carece de toda credibilidad, máxime cuando lo declarado no fue emitido bajo la gravedad de juramento.

Artículo 142. Antes de declarar, los testigos deben prestar juramento o afirmación de no faltar a la verdad, bajo pena de perjurio; para ello, debe el encargado de la diligencia leer y explicar, de manera comprensible al testigo, las disposiciones sobre falso testimonio contenidasen el Código Penal.

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El actor considera que el acto demandado incurre en la violación directa, por falta de aplicación, del artículo transcrito, toda vez que “a pesar de que la señora CHOQUERIBE le atribuye en su denuncia hechos que, de ser ciertos, le acarrearían al L.enciado URETA gravísimas consecuencias de carácter penal, civil y disciplinarios, ninguna autoridad la cita para que ratifique bajo juramento sus manifestaciones, lo que infringe de manera frontal lo establecido en la norma legal invocada. Pero además le quita todo valor probatoria a la declaración o denuncia escrita de la referida señora.”.

Artículo 146. El funcionario expondrá razonablemente en la decisión el examen de los elementos probatorios y el mérito que les corresponda, cuando deba ser motivada de acuerdo con la Ley

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De la norma transcrita, la parte actora considera que el acto acusado la infringe de forma directa, por omisión, puesto que ni la Comisión de Disciplina ni la señora Ministra de Relaciones Exteriores cumplieron con el mandato legal que dispone la norma, ya que no se menciona ni realiza el mérito probatorio de las pruebas que reposan en el expediente.

Artículo 140. Sirven como pruebas los documentos, el testimonio, la inspección oficial……………………………………………………………. y cualquier otro elemento racional que sirva a la formación de la convicción del funcionario, siempre que no estén expresamente prohibidos por la ley ni sean contrarios a la moral o al orden público.

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La infracción de esta norma se alega en forma directa, por omisión, siendo que la Comisión de Disciplina de la Cancillería admitió como prueba las grabaciones obtenidas en forma sigilosa y premeditada por la señora C., sin autorización del licenciado U., en la Embajada de la República de Panamá en Bolivia, lo que a juicio del actor, constituye el delito preceptuado en el artículo 167 del Código Penal.

Artículo 52. Se incurre en vicio de nulidad absoluta en los actos administrativos dictados, en los siguientes casos:

5. Cuando se graven, condenen o sancionen por un tributo fiscal, un cargo o causa distintos de aquellos que fueron formulados al interesado.

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Conforme expone el demandante, al señor U.S. se le instruyó un proceso disciplinario en ocasión de los hechos denunciados por la señora C., a saber: “acoso sexual, acoso psicológico, acoso laboral y racismo”; sin embargo, la Comisión Disciplinaria de la Cancillería aplicó una sanción por supuesta conducta pública contraria a las buenas costumbres del Estado Receptor y violar doce (12) principios éticos, cargos que no coinciden con los hechos denunciados por la señora C..

Artículo 53. Fuera de los supuestos contenidos en el artículo anterior, será meramente anulable, conforme a las normas contenidas en este Título, todo acto que incurra en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso, la desviación de poder.

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Sostiene el actor, que la disposición citada ha sido infringida en concepto de violación directa, por omisión, en virtud de las múltiples violaciones legales que se le atribuyen a los actos impugnados con la presente demanda.

Ley 28 de 7 de julio de 1999.

Artículo 38. El Ministerio de Relaciones Exteriores, en coordinación con las dependencias públicas pertinentes puede aplicar a los servidores públicos del Servicio Exterior, las siguientes sanciones disciplinarias:

4. Amonestación.

5. Suspensión.

6. Disponibilidad sin sueldo.

7. Destitución.

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Artículo 39. Son causales de amonestación o suspensión de los miembros del Servicio Exterior hasta por treinta días sin goce de sueldo:

1. La morosidad y descuido manifiesto y reiterado en el desempeño de sus obligaciones oficiales.

2. El uso o abuso con fines de provecho personal de las franquicias, valijas y correos diplomáticos, o de las inmunidades y privilegios inherentes al cargo, siempre que ello no constituya delito.

3. La desobediencia a las instrucciones del Ministro, de quien lo represente o de su superior inmediato.

4. El incumplimiento habitual de los compromisos económicos personales.

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Respecto a los artículos 38 y 39 de la Ley 28 de 7 de julio de 1999, quien recurre manifiesta que la suspensión del ejercicio del cargo solamente puede aplicarse cuando el servidor público haya incurrido en alguna de las faltas que a texto expreso establece el artículo 39 de dicha Ley, que ha sido transcrita, siendo que al señor U.S. no se le ha atribuido ninguna de las faltas listadas en el citado artículo 39.

Por último, se arguye la infracción de los artículos 4, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 30, 31 y 33 del Decreto Ejecutivo No.246 de 15 de diciembre de 2004, referentes a los principios que componen el Código de Ética de los Servidores Públicos que laboran en las Entidades del Gobierno Central, los cuales a juicio del demandante, han sido violados en el concepto de aplicación indebida, porque se han aplicado a un supuesto de hecho no regulado.

INFORME DE CONDUCTA

Visible a fojas 133 - 141 del expediente, reposa el informe explicativo de conducta rendido por la autoridad demandada, a través del cual se indica medularmente lo siguiente:

2. El Despacho Superior recibió comunicación de la Embajada de Panamá en Bolivia, el viernes 10 de marzo, donde se informaba que la señora P.C. había interpuesto varias denuncias ante varias autoridades bolivianas, en contra del licenciado E.U., S.S. de C.D. y C., por “acoso sexual, psicológico, acoso laboral y racismo”, ante las autoridades competentes siguientes: Ministerio de Relaciones Exteriores, Defensoría del Pueblo, Ministerio de Justicia y Ministerio de Trabajo.

21. Que la estructura de los argumentos de la defensa parten del hecho de que la denunciante fue la que hizo públicos los hechos, objeto de estudio del presente proceso, ante la sociedad boliviana y sus medios de comunicación, que estas manifestaciones deben ser observadas por la Comisión de Disciplina como una situación de grave delito que debe eximir de responsabilidad al funcionario denunciado.

22. Lo cierto es que la Comisión de Disciplina hace la formulación de cargos por “conducta pública contraria a las buenas costumbres” en razón de que la vida pública del funcionario público se desenvuelve y se desarrolla en el despacho público, en este caso la sede de la Embajada de Panamá ante el Estado Plurinacional de Bolivia, que es una extensión de la Cancillería en ese territorio. En este contexto el funcionario público debe propiciar un ambiente de colaboración, cordialidad y respeto a efecto de mantener un ambiente laboral estable y saludable. De esta manera, la Comisión de Disciplina no pretende hacer un execuátur de la denuncia, sino determinar si las circunstancias de tiempo y lugar de los hechos denunciados son ciertos y si se puede determinar que estos hechos se constituyen o no en una falta dentro del régimen disciplinario de la cancillería atribuible al funcionario de C.D. y C..

24. La defensa también tachó la prueba de la grabación presentada por la denunciante aduciendo, que le eran aplicables los principios de inviolabilidad de la correspondencia y de la intimidad, consagrado en la Constitución Política y en la Ley. No obstante, la Comisión de Disciplina debe disentir de la defensa en el sentido de que la denunciante no “pinchó comunicaciones”, ni interceptó o grabó por cualquier medio técnico las comunicaciones personales del L.enciado U.. La señora C. grabó varias conversaciones realizadas en la propia sede de la Embajada, luego de presentar su queja ante el jede de Misión, en las cuales el señor U. se refiere a ella de manera despectiva, humillante y agresiva. Este tipo de comportamientos entre funcionarios cuando son recogidos probatoriamente mediante la simple declaración, la cual, por su naturaleza de intimidad en este tipo de conductas de acoso laboral, simplemente quedan en una prueba circunstancial tal como manifiesta el abogado defensor. No obstante, este no es el caso, como se demuestra del caudal probatorio y la línea de tiempo en que se dieron los hechos. La señora denunciante para probar su relato, luego de presentar su denuncia ante el jefe de misión, graba por lo menos tres eventos distintos de agresiones verbales del L.enciado U. hacia su persona.

29. Que es por estas consideraciones que la Comisión de Disciplina decidió aplicar al L.enciado E.U. el reglamento Disciplinario establecido en el Decreto Ejecutivo 135 de 1999 y abrirle un proceso disciplinario basado en el trato irrespetuoso, descortés, discriminatorio, humillante e intimidatorio que le daba a la señora P.C., que no favorecían un clima de paz, tranquilidad y sosiego para trabajar, que fue de lo que se percató la Comisión Investigadora, habiendo infringido los artículos 12 de las relaciones con los subalternos, 162 de las prohibiciones y 167 del respeto para con el Estado receptor.

30. Que la Comisión de Disciplina deliberó luego de los descargos y alegatos y sometió a votación la Resolución N° 2/2017, de 26 de junio de 2017, visible a foja 229 del expediente disciplinario, la cual fue aprobada por la mayoría de sus miembros, con cuatro votos a favor y uno en contra en cuanto a la aplicación de la sanción de suspensión de 15 días, sin goce de sueldo y por unanimidad en cuanto a la aplicación de la medida curativa aplicable al funcionario de C.D. y C..

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OPINIÓN DE LA PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN

De fojas 175 a 188 del expediente, reposa la Vista N° 701 de 5 de junio de 2018, mediante la cual el Procurador de la Administración se opone a los argumentos expuestos en la demanda y solicita a la S. que declare que NO ES ILEGAL la Resolución 02/2017 de 26 de junio de 2017, emitida por la Comisión de Disciplina del Ministerio de Relaciones Exteriores, ni sus actos confirmatorios. Dicha solicitud se formula en los siguientes términos:

Sobre este punto, debemos destacar que en el expediente disciplinario del accionante, constan todos los elementos probatorios que determinan de forma fehaciente el vínculo entre el actor y la falta endilgada, advirtiendo que de la revisión de dichos cartapacios probatorios, específicamente de la Nota E.P. BOL. 096/17 de 12 de marzo de 2017, suscrita por el Embajador de Panamá en Bolivia, se puede colegir que existen diversos precedentes del actor referentes a la misma conducta, lo que indiscutiblemente constituyen acciones que reflejan la falta de profesionalismo, disciplina, seriedad y probidad en el ejercicio de su labor; máxime cuando se afectó la percepción y la imagen del Estado panameño en el Estado receptor desde un enfoque de vulneración de derechos humanos, como lo son el derecho a la dignidad y a la integridad humana, consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como lo son el derecho a la dignidad y a la integridad humana, consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual fue suscrita por Panamá e inserta en nuestro cuerpo normativo mediante Ley 12 de 20 de abril de 1995.

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DECISIÓN DE LA SALA

Atendidos los argumentos de las partes, pasa la S. a resolver la controversia con base en las siguientes consideraciones.

Con la demanda promovida el demandante pretende lograr la declaratoria de nulidad, por ilegal, de la Resolución N° 02/2017 de 26 de junio de 2017, emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores (Comisión de Disciplina), en cuya parte resolutiva se recomienda la suspensión del señor E.U., por un periodo de quince (15) días, sin derecho a sueldo, por infringir los artículos 12, 162, 167 y 171 del Decreto Ejecutivo 135 de 1999; y por contravenir los principios generales contenidos en el Decreto Ejecutivo N° 246 de 15 de diciembre de 2004, faltas graves sancionables de acuerdo al cuadro del régimen disciplinario contenido en el artículo 171 del Decreto Ejecutivo N° 135 de 1999, aplicable a los funcionarios de C.D. y C..

Como normas vulneradas con la emisión del acto demandado, el actor invoca los artículos artículos 165 y 171 (numerales 1 y 2) del Decreto Ejecutivo N°135 de 27 de julio de 1999; artículos 145, 142, 146, 140, 52 y 53 de la Ley 38 de 2000; los artículos 38 y 39 de la Ley 28 de 1999. Por último, se arguye la infracción de los artículos 4, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 30, 31 y 33 del Decreto Ejecutivo N°246 de 15 de diciembre de 2004; sin embargo, el demandante realiza una explicación en forma conjunta sobre el concepto de infracción de estas normas, situación que impide a la S. efectuar un análisis jurídico respecto a la supuesta violación de cada una de las mismas.

Aclarado lo anterior, le compete a esta S. verificar si el procedimiento seguido al señor E.A.U.S., se corresponde con el régimen disciplinario establecido en el Decreto Ejecutivo N°135 de 27 de julio de 1999, por el cual se reglamenta el título II de la Ley 28 de 7 de julio de 1999 sobre el Servicio Exterior Panameño y la C.D. y C..

Revisado el expediente administrativo que sirve de antecedente, se observa que la investigación seguida al señor U.S., se origina con el Informe 001/17 de 10 de marzo de 2017, dirigido al Embajador de Panamá en Bolivia, B.J., suscrito por la señora P.C., Auxiliar de SecretarÍa en la Embajada de Panamá en Bolivia, informe mediante el cual se expone como asunto “QUEJA SOBRE ACOSO LABORAL, SEXUAL, AGRESIONES PSICOLOGICAS Y DISCRIMINACIÓN EN SU TOTALIDAD POR PARTE DEL LICENCIADO E.U.S.S.S. de C.D.” (fj. 19 del expediente administrativo).

Posteriormente, consta de fojas 4 a 10 del expediente administrativo, el M.rando OIRH-MIRE -2017-50706 de 24 de marzo de 2017, confeccionado por la Oficina Institucional de Recursos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores en colaboración con personal de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Tratados, dirigido a la V. y Ministra de Relaciones Exteriores, I. De Saint Malo de Alvarado, a fin de presentar los resultados de la Misión Oficial llevada a cabo en la Embajada de Panamá en Bolivia, cuyo objetivo era investigar la denuncia interpuesta por la señora P.C.. Dicho informe concluye, entre otras cosas, lo siguiente:

-El Embajador tiene quejas en contra del funcionario diplomático, E.U., que no ha documentado de manera formal. Las quejas presentadas son las siguientes:

G. y malos tratos a todos los funcionarios de la Embajada, incluyéndolo a él como jefe de la Misión.

G. y malos tratos a personas externas a la Embajada, visitantes y funcionarios de la Cancillería de Bolivia y otras instituciones.

Incumplimiento de las instrucciones asignadas por el Embajador.

No presentación de informes reuniones y demás actividades diplomáticas realizadas.

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En ese sentido, vemos, tal como refiere la entidad demandada en su informe explicativo de conducta, que de acuerdo a lo establecido en el artículo 36 del Texto Único de la Ley 9 de 1994, las Oficinas Institucionales de Recursos Humanos de las entidades del sector público tendrán entre sus funciones “Asesorar al personal directivo de la institución pública respectiva, en la aplicación de las normas y procedimientos de los programas técnicos de administración de recursos humanos y en acciones disciplinarias…”, por lo que una vez recibido el expediente contentivo de la queja interpuesta en contra del funcionario E.U., dicha Oficina Interinstitucional de Recursos Humanos la remitió a la Dirección General de C.D. y C., a través del M.rando OIRH-MIRE-2017-21285 de 31 de marzo de 2017, quien de conformidad a lo establecido en el numeral 1 del artículo 175 del Decreto Ejecutivo N°135 de 1999, procedió a recabar la información pertinente a fin de determinar si la denuncia interpuesta resultaba procedente o no.

En ese orden, el numeral 2 del artículo 175 del Decreto Ejecutivo N°135 de 1999, establece que “En caso de existir causal suficiente, se trasladará el caso a la Comisión de Disciplina, a fin de que esta evalúe el caso y tome una decisión”, tal como aconteció según A.N.° 01/2017 COMISIÓN DE DISCIPLINA, fechada 19 de abril de 2017, que recoge la decisión de abrir un proceso disciplinario al S.S.E.U.S. por razón de los hechos denunciados por la señora P.C. (fs. 169 y 170 de los antecedentes).

En dicha A. se señala, entre otras cosas, lo siguiente:

La conducta pública del funcionario E.U.S., contraria a las costumbres de la sociedad boliviana que está alerta y recelosa frente a los casos de denuncia contra la violencia de sus mujeres, escaló a tal nivel que con los hechos denunciados por la referida señora P.C. la llevó a hacer una denuncia pública, con la que se menoscabó el prestigio e imagen del Estado panameño y, por tanto de su autoridad, la V. y Canciller de la República.

Su afectación se evidencia en la noticia que trascendió a la televisión, radio, periódico y redes sociales de Bolivia y Panamá, sin dejar de un lado la bochornosa manifestación frente a la Embajada de Panamá y la protesta contra el funcionario en la misma cancillería boliviana cuando enviados de la Cancillería panameña para este caso, acudieron al Despacho de la Viceministra de Relaciones Exteriores de Bolivia.

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Como consecuencia de lo anterior, mediante Resolución N° 01/2017 de 9 de mayo de 2017, la Comisión de Disciplina del Ministerio de Relaciones Exteriores formuló cargos al funcionario E.U., por conducta pública contraria a las buenas costumbres en el Estado receptor, falta grave tipificada en el cuadro del régimen disciplinario contenido en el artículo 171 del Decreto Ejecutivo 135 de 1999, para los funcionarios de C.D. y C., complementado por haber contravenido los Principios Generales y Particulares contenidos en el Código Uniforme de Ética de los Servidores Públicos (fs. 172 y 173 de los antecedentes).

Dicha resolución le fue notificada el día 6 de junio de 2017 al señor U.S., quien a través de su apoderado judicial, presentó los descargos y las pruebas que consideró pertinentes en favor de su defensa, según se aprecia en el escrito visible de foja 177 a 199 del expediente administrativo.

Recabada la información necesaria durante la fase de investigación, así como escuchados los descargos y alegatos del demandante, la Comisión de Disciplina emitió la Resolución la Resolución N°02/2017 de 26 de junio de 2017, que constituye el acto demandado, destacando entre sus consideraciones lo siguiente:

Lo cierto es que la Comisión de Disciplina hace la formulación de cargos por “conducta pública contraria a las buenas costumbres” en razón de que la vida pública del funcionario público se desenvuelve y desarrolla en el despacho público, en este caso en la Embajada de Panamá ante el Estado Plurinacional de Bolivia, que es una extensión soberana de la República en ese territorio. En este contexto y por su investidura, el funcionario público debe proporcionar un ambiente de colaboración, cordialidad y respeto a efecto de mantener un ambiente laboral estable y saludable. De esta manera la Comisión de Disciplina no pretende hacer u execuátur de la denuncia, sino determinar si las circunstancias de tiempo y lugar de los hechos denunciados son ciertos y si se puede determinar que estos hechos se constituyen o no en una falta dentro del régimen disciplinario de la cancillería atribuible al funcionario de C.D. y C..

Que tanto el Embajador de Panamá como la denunciante y su cuñada, la Secretaria del Jefe de Misión, dieron fe a la Comisión Investigadora que envió la Comisión de Personal de la Cancillería de Panamá, del temperamento grosero que caracteriza al funcionario cuando se dirige a ellos tres, la que se acrecentaba en ausencia del Jefe de Misión, haciendo valer su jerarquía frente a los demás colaboradores y revistiendo con esa jerarquía una conducta incompatible con la que se espera de su condición de funcionario público, temperamento considerado el causante del clima de intranquilidad laboral que todos ellos tenían que soportar a diario.

Que estas consideraciones que la Comisión de Disciplina decidió aplicar al L.enciado E.U. el reglamento disciplinario establecido en el Decreto 135 de 1999 y abrirle un proceso disciplinario basado en el trato irrespetuoso, descortés, discriminatorio, humillante e intimidatorio que le daba a la señora P. choqueribe, que no favorecían un clima de paz, tranquilidad y sosiego para trabajar, que fue de lo que se percató la Comisión Investigadora, habiendo infringido los artículos 12 de las relaciones con los subalternos, 162 de las prohibiciones y 167 del respeto para con el Estado receptor, contenidas en el Decreto Ejecutivo N° 135 de 1999.

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En contraposición a lo argumentado por la parte actora, la S. considera necesario resaltar, como bien lo ha indicado el Procurador de la Administración, que las constancias procesales, específicamente la Nota E.P.BOL.096/17 de 12 de marzo de 2017, suscrita por el Embajador de Panamá en Bolivia, B.J.C., dan cuenta de la conducta reiterada por parte del señor E.U.S., máxime cuando dicha nota refiere que “Desde la llegada del licenciado E.A.U.S., S.S. de C.D. y C. a esta Misión Diplomática, siempre he recibido quejas verbales y escritos sobre el actuar y proceder indebido del L.enciado U., situación que hablé con él en dos ocasiones y jamás cambió su forma de proceder y como jefe de esta Misión Diplomática debo decir que se ha complicado aún más, en el mes de agosto de 2016, comuniqué de estos hechos al Viceministro y Su Excelencia.”; situación que refuerza los hechos denunciados contra el señor E.U., y que evidencia el comportamiento inapropiado en que incurrió, afectando con ello el prestigio e imagen del Estado Panameño en el Estado Receptor, falta grave debidamente tipificada en el artículo 171 del Decreto Ejecutivo 135 de 27 de julio de 1999, la cual amerita la suspensión del cargo hasta por treinta (30) días.

Revisado el procedimiento aplicado por la Comisión de Disciplina del Ministerio de Relaciones Exteriores, el cual diera lugar a la emisión de la Resolución N° 02/2017 de 26 de junio de 2017, en la que se expusieron las razones de hecho y de derecho, así como un análisis de las pruebas que enmarcó la conducta endilgada al señor E.U., este Tribunal arriba a la conclusión que los cargos de ilegalidad aducidos por la parte demandante no han sido acreditados, por lo que no logran desvirtuar la legalidad de la actuación demandada.

Por otra parte, resulta importante mencionar que, la citada Resolución N°02/2017 de 26 de junio de 2017, emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores (Comisión de Disciplina), fue debidamente notificada a la parte demandante, lo cual le permitió presentar los recursos impugnativos otorgados por Ley en contra dicho acto administrativo, y acceder posteriormente ante esta vía jurisdiccional.

De todo lo anteriormente expuesto, queda demostrado que la entidad pública demandada garantizó al hoy recurrente todas las garantías judiciales que conforman el debido proceso legal, puesto que, de acuerdo con el artículo 201, numeral 31, de la Ley 38 de 2000, por dicho término debe entenderse el “Cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales en materia de procedimiento, que incluye los presupuestos señalados en el artículo 32 de la Constitución Política: el derecho a ser juzgado conforme a los trámites legales (dar el derecho de audiencia o ser oído a las partes interesadas, el derecho de proponer y practicar pruebas, el derecho de alegar y el derecho a recurrir) y el derecho a no ser juzgado más de una vez por la misma causa penal, policiva, disciplinaria o administrativa”; derechos que, como pudimos constatar, le fueron garantizados a la parte actora durante el curso del procedimiento sancionador que le siguió la autoridad demandada.

Por todas las consideraciones señaladas, la S. estima que la actuación de la entidad demandada no contraviene los artículos artículos 165 y 171 (numerales 1 y 2) del Decreto Ejecutivo No. 135 de 27 de julio de 1999; artículos 145, 142, 146, 140, 52 y 53 de la Ley 38 de 2000; los artículos 38 y 39 de la Ley 28 de 1999; razón por la cual se procederá a negar la pretensión invocada y el resto de las declaraciones solicitadas por la parte actora.

PARTE RESOLUTIVA

Por las consideraciones previamente expuestas, la S. Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL la Resolución la Resolución N° 02/2017 de 26 de junio de 2017, emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores (Comisión de Disciplina), ni sus actos confirmatorios, y NIEGA las demás pretensiones del actor.

N.,

LUIS RAMÓN FÁBREGA S.

ABEL AUGUSTO ZAMORANO -- CECILIO CEDALISE RIQUELME

KATIA ROSAS (SECRETARIA)

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