Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 29 de Agosto de 2019

Ponente:Abel Augusto Zamorano
Fecha de Resolución:29 de Agosto de 2019
Emisor:Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral
 
CONTENIDO

VISTOS:

En grado de apelación, conoce el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el licenciado M.H., actuando en nombre y representación de L.I.C. de H., para que se declare nula, por ilegal, la Nota DRH-DL-1086-2018 de 9 de noviembre de 2018, emitida por la Procuraduría General de la Nación, y para que se hagan otras declaraciones.

El Procurador de la Administración apeló la decisión adoptada por el Magistrado Sustanciador, de admitir la presente acción contenciosa administrativa de plena jurisdicción, a través de la Resolución de 23 de mayo de 2019, alegando mediante Vista Número 737 de 10 de julio de 2019, que la presente acción no es admisible toda vez que, la parte actora ha incumplido con lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 135 de 1943, modificado por el artículo 25 de la Ley 33 de 1946, porque la demandante dirige su demanda en contra de un acto de mero trámite.

Por su parte, la parte actora no presentó escrito de oposición a la apelación interpuesta por el Procurador de la Administración.

Decisión del Tribunal de Apelación

Atendida la alegación expuesta por el apelante, en torno a la admisibilidad de la presente demanda, le corresponde al resto de los Magistrados de la Sala Tercera, adoptar la decisión considerando lo siguiente:

Observa este Tribunal que, mediante la Resolución de 23 de mayo de 2019, el Magistrado Sustanciador admitió la demanda contencioso administrativo de plena jurisdicción, entendiéndose que la misma cumplía con los requisitos de admisibilidad de toda demanda que se interpone ante esta jurisdicción.

Sin embargo, se desprende de la Vista Número 737 de 10 de julio de 2019, que el Procurador de la Administración alega que la presente no cumple con el requisito de admisibilidad exigido en el artículo 42 de la Ley 135 de 1943, modificado por el artículo 25 de la Ley 33 de 1946, toda vez que el acto impugnado no constituye un acto administrativo susceptible de ser impugnado en la vía contencioso administrativa, por tratarse de un acto de mero trámite, en el cual la entidad demandada, sólo se limitó a dar respuesta a una petición, en atención a lo normado en el artículo 41 de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 40 de la Ley 38 de 2000 y 7 de la Ley 6 de 22 de enero de 2002.

Indicado lo anterior, el Tribunal de alzada, hace un análisis de la demanda promovida por el licenciado M.H., quien actúa en nombre y representación de L.I.C. de H., para que se declare nula, por ilegal, la Nota DRH-DL-1086-2018 de 9 de noviembre de 2018, emitida por la Procuraduría General de la Nación, y advierte que se le dio respuesta a sus notas s/n recibidas el 7 de junio y el 31 de julio de 2018, informándole que la Resolución No. 908-A, se le aceptó la renuncia presentada, y reconoció el pago de todas las prestaciones laborales a que tiene derecho.

Igualmente se desprende del acto impugnado que la autoridad demandada le señaló a la demandante que, para el pago de las prestaciones labores es necesario que en la institución exista la disponibilidad presupuestaria para cumplir con todos los pagos adeudados, y le advierte que se encuentra efectuando las gestiones a través del Departamento de Planillas para tal fin.

Ante tales hechos, el Tribunal Ad quem debe resaltar lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 135 de 1943, el cual señala que para recurrir en demanda ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo es necesario que estén dirigidas contra los “actos o resoluciones definitivas, o de providencias de trámite, si estas últimas deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, de modo que le pongan término o haga imposible continuación”.

Como se desprende de la norma arriba transcrita, solamente son recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa: a) los actos administrativos definitivos y, b) los actos de mero trámite que decidan de forma directa o indirecta el fondo de la controversia, de forma tal que le pongan término o impidan su continuación.

Con relación a los primeros, los actos o resoluciones definitivos, son aquellos que deciden, resuelven o concluyen el fondo de la controversia planteada. Como lo indica el tratadista argentino R.D. "la definitividad del efecto jurídico incumbe al negocio jurídico de fondo, al objeto, al qué del acto; por eso se dice que el acto administrativo definitivo alude al fondo de la cuestión planteada". (DROMI, R.. Derecho Administrativo, Undécima Edición, Editorial Ciudad Argentina, Buenos Aires, 2006, página 358)

Por otro lado, en relación a los segundos, los actos de mero trámite o provisionales, podemos distinguirlos en dos clases: a) aquellos que deciden de forma directa o indirecta el fondo de la controversia, de forma tal que le ponen término o impidan su continuación, siendo estos los únicos que pueden ser recurribles ante la Sala Tercera por asimilárseles a la decisión definitiva; y b) aquellos que se relacionan con el desenvolvimiento del trámite administrativo, y que no impiden ni obstaculizan el mismo, y por tanto no son impugnables ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Según se ha visto la doctrina, la Ley y la jurisprudencia de la Sala Tercera son contestes en señalar que sólo son recurribles los actos principales, definitivos o resolutorios, definidos como los que contienen una resolución final que deciden el fondo del asunto, y en el caso particular de la demanda bajo examen, se observa que el acto impugnado se enmarca en los actos de mero trámite descritos en el literal b del párrafo anterior, porque no alude al fondo de la cuestión planteada, ya que concierne al desarrollo del trámite que se le reconozca el pago de sus prestaciones laborales, a raíz de la renuncia presentada el día 5 de septiembre de 2016, y reconocida mediante Resolución No. 908-A de la misma fecha.

De allí que, este Tribunal estima que la Nota DRH-DL-1086-2018 de 9 de noviembre de 2018, no contiene una decisión definitiva en torno a la petición, sino que resuelve una situación incidental, es decir, no encierra una decisión, no concluye con la cuestión de fondo, sino que permite encaminarse hacia la misma, porque no genera, ni derecho, ni obligaciones, y de la misma forma, tampoco produce efectos jurídicos respecto a lo solicitado por la actora, que dio origen al procedimiento administrativo, y, por consiguiente, no causa estado.

Quedando claramente establecido que el acto demandado no constituye un acto definitivo, sino un acto de mero trámite, que dicho sea, no produce la imposibilidad de que el procedimiento administrativo continúe ni decide indirectamente el asunto de fondo, debe concluirse que no se enmarca en los supuestos establecidos en el artículo 42 de la ley 135 de 1943 para acudir a esta vía jurisdiccional, y por consiguiente, este Tribunal de Apelación sostiene que lo procedente es revocar la decisión del primario, tal como lo solicita el Procurador de la Administración.

En mérito de lo antes expuesto, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REVOCA la Resolución de 23 de mayo de 2019, y en consecuencia, NO ADMITE, la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el licenciado M.H., actuando en nombre y representación de L.I.C. de H., para que se declare nula, por ilegal, la Nota DRH-DL-1086-2018 de 9 de noviembre de 2018, emitida por la Procuraduría General de la Nación, y para que se hagan otras declaraciones.

N.;

ABEL AUGUSTO ZAMORANO

CECILIO A. CEDALISE RIQUELME

KATIA ROSAS (Secretaria)