Sentencia Contencioso de Supreme Court (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 18 de Enero de 2019

PonenteAbel Augusto Zamorano
Fecha de Resolución18 de Enero de 2019
EmisorTercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

S.: Tercera de lo Contencioso Administrativo

Ponente: Abel Augusto Zamorano

Fecha: 18 de enero de 2019

Materia: Acción contenciosa administrativa

Plena Jurisdicción

Expediente: 731-16

VISTOS:

La firma forense GALINDO, ARIAS & LÓPEZ, en nombre y representación de EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CHIRIQUÍ, S. (en adelante EDECHI), interpone demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción ante la S. Tercera de la Corte Suprema de Justicia, con la finalidad que se declare nula, por ilegal, la Resolución AN No. 10192-Elec de 11 de julio de 2016, proferida por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, confirmada por la Resolución AN No. 10343-Elec de 23 de agosto de 2016, mediante la cual se rechazaron SETECIENTAS DIECISIETE (717) solicitudes de eximencias por causales de Fuerza Mayor y Caso Fortuito presentadas por EDECHI en relación con las interrupciones del servicio eléctrico acaecidas en el mes de julio de 2014, y se hagan otras declaraciones.

  1. FUNDAMENTO DE LA DEMANDA

    Los apoderados judiciales de la Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S. (en adelante EDECHI), manifiesta en los hechos que sustentan su demanda, que su mandante es una empresa que se dedica a la distribución y comercialización de energía eléctrica, conforme a lo dispuesto en la Ley 6 de 1997, norma que rige el sector de la energía eléctrica en la República de Panamá.

    Asimismo indica el actor que, en cuanto a la calificación de las eximentes de responsabilidad de las empresas prestadoras del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, se encuentra sometida al cumplimiento de lo normado en la Resolución AN No. 3712-Elec de 28 de julio de 2010, modificada por la Resolución AN No. 4196-Elec de 25 de enero de 2011, dictadas por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos. Dicha normativa establece los medios de pruebas necesarios para acreditar la existencia de Caso Fortuito y Fuerza Mayor, a través de los Anexos B, C y D de la referida resolución.

    A tal efecto, EDECHI en acatamiento de los trámites y exigencias probatorias previstos en la Resolución AN No. 3712-Elec de 28 de julio de 2010 y su modificación formuló oportunamente ante la ASEP sus solicitudes de eximencias de responsabilidad por las interrupciones en el servicio eléctrico ocurridas en el mes de julio de 2014, aportando como pruebas los formularios aprobados en los Anexos B, C y D, así como de otros formularios en caso de que exista un tercero que sea testigo ocular de los hechos, "totalizando aproximadamente DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO (2,868) pruebas." (foja 4)

    Sostiene el actor, que a pesar de haber realizado lo antes señalado, la ASEP profiere el acto objeto de impugnación, negando todas las pruebas aportadas por EDECHI, rechazando SETECIENTOS DIECISIETE (717) solicitudes de eximencias, y señala que la entidad demandada "adujo de manera general y sin ningún esfuerzo mínimo de justificación racional, que los medios probatorios aportados no eran suficientes para acreditar el hecho exonerativo." (foja 4).

    Posteriormente, ante la presentación del recurso de reconsideración contra la Resolución AN No. 10192-Elec de 11 de julio de 2016, la ASEP decide confirmar la Resolución impugnada mediante la Resolución AN No. 10343-Elec de 23 de agosto de 2016.

  2. NORMAS QUE SE ESTIMAN INFRINGIDAS Y EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN:

    El actor enuncia como normas que estima infringidas y el concepto de su violación las siguientes:

    1. El artículo 1 del Anexo A de la Resolución No. 3712 de 28 de julio de 2010, modificada por la Resolución AN No. 4196-Elec de 25 de enero de 2011 dictadas por la ASEP: establece el concepto y el alcance de los términos fuerza mayor y caso fortuito. Sostiene el actor que se ha infringido esta norma de manera directa por omisión, pues ante las solicitudes de eximencias realizadas por EDECHI, con ocasión a las interrupciones eléctricas en el mes de julio de 2014, y se aportaron las pruebas exigidas por ley, la entidad no les concedió el valor probatorio que prevé la norma jurídica en referencia.

    2. Artículo 8 de la Resolución AN No. 3712-Elec de 28 de junio de 2010, modificada por la Resolución AN No. 4196-Elec de 25 de enero de 2011: ante la falta de prestación del servicio de suministro de energía eléctrica por parte de las empresas de transmisión y/o de distribución, deberán ser notificadas a la ASEP a través de la página web (Anexo B) dentro de los dos días hábiles siguientes a la ocurrencia. Manifiesta el demandante que formuló las solicitudes de eximencias aportando los formularios previstos en la página web (Anexo B), pero la ASEP consideró erróneamente que dicho documento no acreditaba con suficiencia la existencia de fuerza mayor y caso fortuito.

      A criterio del actor, la infracción se produce cuando la ASEP no le otorga todo el valor probatorio que tienen el Formulario (Anexo B) y las demás constancias que aporta con las solicitudes de eximencias por caso Fortuito y Fuerza Mayor.

    3. Artículo 10 de la Resolución AN No. 3712-Elec de 28 de julio de 2010, modificada por la Resolución AN No. 4196-Elec de 25 de enero de 2011. Este precepto establece la obligación que tienen las empresas de transmisión y de distribución de presentar las solicitudes de eximencias a más tardar el día quince (15) de cada mes siguiente a la fecha que ocurrió el evento o el siguiente día hábil si aquel fuera feriado, y deberá ser acompañada con las pruebas que sean conducentes para enmarcar el concepto de fuerza mayor o caso fortuito, en la forma prevista en el Anexo C.

      Sostiene el actor que hay infracción de la norma alegada de manera directa por omisión, cuando a pesar de que EDECHI formulara las solicitudes de eximencias y aportase las pruebas conforme a los formularios descritos en el Anexo C, la ASEP "consideró erróneamente que dicho documento (Anexo C), no acreditaba con suficiencia la existencia de Fuerza Mayor y Caso Fortuito." (foja 8)

    4. Artículo 11 de la Resolución AN No. 3712-Elec de 28 de julio de 2010, modificada por la Resolución AN No. 4196-Elec de 25 de enero de 2011: hace referencia a la forma de presentación de las declaraciones juradas del personal que laboran en las empresas distribuidores y de transmisión, las cuales deben ser conforme lo prevé el Anexo D.

      Manifiesta el actor que, a pesar de aportar las declaraciones juradas del personal de la empresa, conforme lo dispone el Anexo D, la ASEP consideró que las mismas no acreditaban con suficiencia la existencia de fuerza mayor y el caso fortuito.

    5. El artículo 146 de la Ley 38 de 2000 dispone que: "el funcionario expondrá razonablemente en la decisión el examen de los medios probatorios y el mérito que les corresponda, cuando deba ser motivada de acuerdo con la ley." Sostiene el actor, que tanto el acto originario como su confirmatorio, infringen de forma directa por omisión el artículo 146 de la Ley 38 de 2000, cuando al negar las solicitudes de eximencias que justifican los episodios de interrupción, "no cumplió con dar su negativa la motivación y explicación mínima, racional, proporcional, congruente y objetiva de los medios probatorios y jurídicos del caso concreto." (foja 11).

    6. Numeral 1 del artículo 201 de la Ley 38 de 2000: define el concepto de acto administrativo. El actor sostiene que el acto originario y su acto confirmatorio, violaron de forma directa por omisión el numeral 1 del artículo 201 de la Ley 38 de 2000, pues la ASEP al dictar dichos actos "lo hace sin motivación alguna, y sin realizar el análisis razonado y adecuado, no sólo del material probatorio aportado por EDECHI, sino que tampoco hizo una relación de los hechos y el derecho que da fundamento a su decisión", infringiendo así el citado precepto.

    7. El artículo 155 de la Ley 38 de 2000: establece los actos que deben ser motivados, con sucinta referencia a los hechos y fundamentos de derecho. Estima el demandante que la ASEP al dictar el acto originario "sin motivación alguna, y sin realizar el análisis razonado y adecuado, no sólo del materia probatorio aportado por EDECHI, sino que tampoco hizo una relación de los hechos y derechos que da fundamento a su decisión", así vulnera el precepto legal invocado. (foja 14)

    8. El artículo 34 de la Ley 38 de 2000: establece los principios que rigen las actuaciones administrativas, resaltándose el debido proceso legal, con objetividad y con apego al principio de estricta legalidad. Indica el actor que hubo infracción de forma directa por comisión del precepto invocado, por falta de motivación del acto originario y confirmatorio, siendo este un elemento integral y decisivo del debido proceso, así como por incumplimiento del principio de buena fe y prohibición de actuar en contra de sus propios actos, mismos que forman parte del Principio de Objetividad.

      Sobre esto último, manifiesta el demandante, que se produce la violación a los principios que prohíben ir contra los actos propios y de plena observancia de la buena fe en las actuaciones administrativas, cuando en el acto originario como en el confirmatorio, "desarrolla una conducta contradictoria con sus actuaciones precedentes, al rechazar por consideraciones frívolas y sin mayor motivación, las solicitudes de eximencias presentas por EDECHI argumentando la falta de medios probatorios, siendo que tal criterio es manifiestamente infundado y contradictorio con el contenido de la Resolución AN No. 3712-Elec de 28 de julio de 2010, modificada por la Resolución AN No. 4196-Elec de 25 de enero de 2011 dictadas por la propia ASEP que reconoce que tales medios probatorios (ANEXOS B, C y D) si constituyen pruebas válidas e idóneas en este procedimiento." (foja 16).

    9. El artículo 38 de la Ley 38 de 2000: dispone la tramitación de expedientes homogéneos a través de un procedimiento sumario de gestión mediante formularios impresos y otros documentos, y podrán ser utilizados cuando sean idénticos los motivos y fundamentos de las resoluciones, siempre que se exponga la motivación básica de la decisión, que no lesione la garantía del debido proceso legal.

      Considera el actor que la violación de la norma alegada se produce de manera directa por indebida aplicación, ya que no cabe la aplicación en el presente caso, pues para esto se requiere que los motivos y fundamentos sean idénticos, lo cual no sucede en este caso.

      Indica el demandante que a pesar de utilizarse formularios tipos para sustentar cada interrupción, considera que la información contenida en cada uno de ellos es diferente y se ajustan a cada situación o causa de la interrupción, por tanto, no puede utilizarse el mismo argumento para rechazar todas las solicitudes de eximencias.

    10. Artículo 13 del Código Civil: establece la aplicación de las reglas generales de derecho, cuando no haya ley exactamente aplicable al punto controvertido. Estima el actor que entre las reglas se encuentra el principio de los actos propios, el cual establece que a una persona le está vedada cualquiera actuación o declaración que contradiga otra declaración o actuación anterior.

      De allí entonces, considera el actor que "la Administración está obligada a actuar con objetividad y buena fe en sus actuaciones frente al administrado evitando el desarrollo de conductas contradictorias con sus propios actos." (foja 20)

  3. INFORME DE CONDUCTA DE LA ENTIDAD DEMANDADA:

    Mediante la Nota DSAN No. 0368-2017 de 7 de febrero de 2017, el Administrador General de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, Licenciado R.M.M., rinde informe de conducta dentro de la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción incoada por la firma de abogados GALINDO, ARIAS & LOPEZ, en representación de la Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S., (EDECHI, S.) contra la Resolución AN No. 10192-Elec de 11 de julio de 2016, emitida por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, su acto confirmatorio y se hagan otras declaraciones, a efecto que las mismas sean declaradas nulas, por ilegales.

    Indica el Licenciado MEANA que el 15 de agosto de 2014, mediante la Nota No. CM-722-2014 la EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CHIRIQUÍ, S. (EDECHI S.), remitió a la entidad a su cargo, las solicitudes de eximencias por causales de fuerza mayor y caso fortuito correspondiente al informe de interrupciones del servicio eléctrico para el mes de julio de 2014, y a través de la Resolución AN No. 10192-Elec de 11 de julio de 2016, la ASEP procedió a la calificación de dichas solicitudes y consideró rechazar las SETECIENTAS DIECISIETE (717) de las presentadas y posteriormente, ante el recurso de reconsideración interpuesto por la actora, confirma la decisión a través de la Resolución AN No. 10343-Elec de 23 de agosto de 2016.

    Sostiene la entidad demandada que la decisión contenida en la Resolución AN No. 10192-Elec de 11 de julio de 2016, se tomó en consideración el caudal probatorio aportado por la empresa dentro del proceso de calificación de las solicitudes de eximencias invocadas por causales de fuerza mayor o caso fortuito, correspondiente al informe de interrupciones del servicio eléctrico del mes de julio de 2014, concluyendo que EDECHI "no demostró plenamente que las incidencias que se rechazaron, fueron imprevisibles, irresistibles, extraordinarios y además, externos a la empresa y a la propia red." (foja 108)

    Para llegar a dicha conclusión, aplicó el procedimiento establecido en la Resolución AN No. 3712-Elec de 28 de julio de 2010, modificada por la Resolución AN No. 4196-Elec de 25 de enero de 2011, vigente a la fecha de presentación de las solicitudes de eximencias.

    La normativa en referencia establece como obligación de las empresas prestadoras del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, demostrar la relación de causa y efecto entre los eventos que aduce para ser calificados como fuerza mayor y caso fortuito, en cumplimiento de la obligación de prestar un servicio de suministro de energía eléctrica de conformidad con las normas de calidad del servicio técnico y del servicio comercial, previsto en el artículo 3 del Anexo A de la Resolución AN No. 3712-Elec de 28 de julio de 2010.

    En ese sentido, las pruebas que aporte la prestadora del servicio público, serán apreciadas según las reglas de la sana crítica, con arreglo a las normas de la lógica y de la experiencia, de forma integral, así que las mismas sean incorporadas válidamente al proceso, conforme lo exige la ley.

    Dicho esto, sostiene la entidad demandada que "en la mayoría de las incidencias, las pruebas aportadas no cumplían con los requisitos exigidos en la Resolución No. JD-764 de 8 de junio de 1998, modificada por la Resolución No. JD-4466 de 23 de diciembre de 2003; como por ejemplo que las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento recurrido. Las pruebas aportadas, principalmente, están constituidas por una breve descripción del acto, los datos de un testigo y en algunas ocasiones fotos" las cuales "no demuestran por sí misma el nexo causal con el hecho invocado, ya que no contiene una certificación de la fecha, hora y lugar a la que pertenece", por tanto, la entidad reguladora no puede corroborar que las mismas corresponden a los hechos acaecidos. (foja 109)

    En relación a obligación de la carga de la prueba, sostiene la entidad reguladora que "los argumentos planteados por la demandante en cuanto a la imprevisibilidad de los hechos no tiene asidero en pruebas contundentes, que válidamente demostraran el nexo causal de lo alegado con los hechos invocados como Fuerza Mayor y Caso Fortuito. Solo se trata de afirmaciones sustentadas en pruebas que no pueden ser comprobadas fehacientemente y no corresponde a la Autoridad demostrarlo, sino a la empresa prestadora del servicio aportar aquella prueba que por anticipado le permita demostrar lo que la normativa reguladora en ese sentido le exige y que tiene a bien enumerarle en la sección 1.5.1. del Anexo B de la Resolución No.JD-4466 de 2003, antes referida." (foja 110)

    Siendo así las cosas, señala la ASEP que "el argumento de la EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CHIRIQUÍ, S. (EDECHI, S.), se encuentra relacionada con el principio de dispositivo de la carga de la prueba, la cual corresponde a la empresa prestadora del servicio. En el caso que nos atañe, éstas no demostraron por sí mismas el nexo causal con el hecho invocado. Tampoco aportaron documentación que sustentara que utilizaron todas las medidas para minimizar la ocurrencia de los hechos." (foja 111).

    Respecto al argumento de la motivación que manifiesta el demandante, estima la ASEP que, con fundamento al artículo 38 de la Ley 38 de 2000, se expresa la motivación básica enmarcada en el procedimiento y la Base Metodológica vigente para estos procesos administrativos.

    Por todo lo anterior, la Asep concluye que "los elementos fácticos-jurídicos expuestos, son suficientes para que la S. Tercera considere infundados los cargos de ilegalidad aducidos en el libelo de la demanda, pues es obligatoria para la EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CHIRIQUÍ, S. (EDECHI, S.), adoptar las medidas necesarias para mantener los niveles de confiabilidad y calidad del servicio de energía, correspondientes a su concesión, de ahí que la actuación de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos al emitir la Resolución AN No. 10192-Elec de 11 de julio de 2016, y su acto modificatorio, en nada infringió las disposiciones legales y reglamentarias a las que hace referencia la actora en su demanda, así como tampoco se vulneraron los principios de legalidad y debido proceso ". (foja 112)

  4. OPINIÓN DE LA PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN:

    Mediante la Vista Número 390 de 4 de abril de 2017, visible a fojas 116 a 124, la Procuraduría de la Administración emite concepto, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 5 de la Ley 38 de 31 de julio de 2000, y solicita al Tribunal que declare que NO ES ILEGAL, la Resolución AN No. 10192-Elec de 11 de julio de 2016, emitida por el Administrador General de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, ni su acto confirmatorio, y en consecuencia, se denieguen las pretensiones de la empresa demandante, en virtud de las siguientes consideraciones:

    1. La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos al emitir la Resolución AN 10192-Elec de 11 de julio de 2016, donde se rechazan las solicitudes de eximencias de responsabilidad presentada por la Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, cumplió con el procedimiento aprobado mediante la Resolución AN No. 3712-Elec de 2010, para la calificación de las solicitudes de eximencias de fuerza mayor y caso fortuito, y expidió los actos impugnados, una vez llevado a cabo el examen de los hechos alegados y considerando todas las pruebas documentales que aportó la Empresa distribuidora.

    2. El acápite 1.5.1. del Anexo B de la Resolución JD-764 de 8 de junio de 1998, adicionado por la Resolución JD-4466 de 23 de diciembre de 2003, "enumera las pruebas que deben ser aportadas por las empresas distribuidoras para sustentar sus solicitudes de eximencia, algunas de las cuales no fueron suficientes para acreditar los acontecimientos descritos por la sociedad demandante en su petición y en su recurso de reconsideración (Cfr. 27 - 58 del expediente judicial)."(foja 120)

    3. Asimismo "al remitirnos a la parte motiva de la Resolución 10343-Elec de 23 de agosto de 2016, visible de foja 59 a 64 del expediente judicial, la cual dispuso mantener en todas sus partes la Resolución AN 10192-Elec de 11 de julio de 2016, acusada de ilegal y que nos permite apreciar las deficiencias probatorias en las que incurrió la demandante y que motivaron el rechazo de su solicitud." (foja 120)

    4. Así las cosas, del análisis de las decisiones proferidas por el Administrador General de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, así como sus actos confirmatorios, permiten concluir que si fueron debidamente motivadas.

    5. De igual manera, destaca lo manifestado por el Administrador General de la Autoridad en su informe de conducta, donde se infiere que a través de las pruebas aportadas por la Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S. (EDECHI), no logró demostrar la existencia de una relación de causa y efecto entre los eventos aducidos como de fuerza mayor o caso fortuito, y el incumplimiento por parte de la misma, en cuanto a la obligación de prestar un suministro de energía eléctrica de conformidad con las normas de calidad del servicio técnico y del servicio comercial, conforme lo estipula el artículo 3 del Anexo A de la Resolución AN 3712-Elec de 28 de julio de 2010, "ya que la Autoridad reguladora no pudo corroborar que dichas pruebas, constituidas en su mayoría por una breve descripción del acto, los datos relatados por un testigo y algunas fotos, correspondieran a las incidencias ocurridas", así como tampoco pudo sustentar que las causales invocadas como sustento de las solicitudes de eximencia obedecieran a hechos que escapaban del control de la concesionaria o que fueran ocasionadas por un tercero. (foja 122)

    Todo lo anterior, le permite a la Procuraduría de la Administración señalar que en el proceso bajo análisis, que las afirmaciones hechas por la actora en relación a la infracción de los artículos 1, 8, 10 y 11 del procedimiento para determinar la calificación de fuerza mayor o caso fortuito, contenido en el Anexo A de la Resolución AN-3712-Elec de 28 de julio de 2010, los artículos 34, 38, 146, 155 y 201 numeral 1 de la Ley 38 de 2000, y del artículo 13 del Código Civil, deben ser desestimadas.

  5. CONSIDERACIONES DE LA SALA

    Cumplidos los trámites previstos para estos procesos, corresponde a los integrantes de la S. Tercera de la Corte Suprema de Justicia pasar a dirimir el fondo del presente litigio.

    Competencia de la S.:

    En primer lugar, resulta relevante señalar que esta S. de la Corte Suprema de Justicia es competente para conocer de la acción contencioso-administrativa de plena jurisdicción promovida por la firma forense GALINDO, ARIAS & LÓPEZ, en nombre y representación de la EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CHIRIQUÍ, S., con fundamento en lo que dispone el artículo 206, numeral 2, de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 97, numeral 1, del Código Judicial y el artículo 42B de la Ley No. 135 de 1943, conforme fue reformado por la Ley No. 33 de 1946.

    Legitimación Activa y Pasiva:

    En el caso que nos ocupa, el acto demandado es de carácter individual, por lo que comparece a obtener la reparación por la supuesta lesión de derechos subjetivos que sufrió, la EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CHIRIQUÍ, S., en virtud de la Resolución AN No. 10192-Elec de 11 de julio de 2016, proferida por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, y su acto confirmatorio.

    En ese mismo orden de ideas, el acto demandado fue emitido por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, con fundamento en la Ley 26 de 29 de enero de 1996, modificada por el Decreto Ley No. 10 de 22 de febrero de 2006, Ley 6 de 3 de febrero de 1997, y sus reglamentos, por lo que interviene como sujeto pasivo en el presente proceso contencioso-administrativo de plena jurisdicción.

    Y por último, la Procuraduría de la Administración, en la demanda de plena jurisdicción, por disposición del artículo 5, numeral 2 de la Ley No.38 de 31 de julio de 2000, actúa en defensa de los intereses del Estado.

    Problema Jurídico:

    Como se encuentra plasmado en párrafos anteriores, la parte actora demanda la nulidad de la Resolución AN No. 10192-Elec de 11 de julio de 2016, emitida por el Administrador General de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, su acto confirmatorio, contenido en la Resolución AN No. 10343-Elec de 23 de agosto de 2016.

    De lo planteado por la parte actora, los cargos de ilegalidad se fundamentan esencialmente en que la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos incurre en la infracción de los artículos 1, 8, 10 y 11 de la Resolución AN No. 3712-Elec de 28 de julio de 2010, modificada por la Resolución AN No. 4196-Elec de 25 de enero de 2011, al momento que realiza el examen de los medios de prueba que aporta la empresa EDECHI en el trámite de solicitudes de eximencias por las interrupciones del servicio eléctrico ocurridas en el mes de julio de 2014, la entidad demandada no le concede el valor probatorio que prevé el ordenamiento jurídico.

    Asimismo señala el actor que la ASEP infringió los artículos 34, 38, 146, 155, numeral 1 del artículo 201, de la ley 38 de 31 de julio de 2000, al no motivar adecuadamente la decisión impugnada y su acto confirmatorio.

    Por último, sostiene el demandante, que la actuación de la ASEP contraviene el artículo 13 del Código Civil, en relación a la aplicación de las reglas generales de derecho, donde se encuentra el principio de los actos propios.

    Cuestión Previa.

    Para abordar el estudio del problema, analizaremos brevemente el contenido de la Resolución No. 3712-Elec de 28 de julio de 2010, modificada por la Resolución AN No. 4196-Elec de 25 de enero de 2011, dictadas por la ASEP, por la cual se deroga la Resolución No. JD-3110 de 19 de diciembre de 2001 y se aprueba el nuevo procedimiento para determinar la calificación de fuerza mayor o caso fortuito como eximentes de responsabilidad para las empresas prestadoras del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica.

    En materia de suministro de energía eléctrica, en el numeral 1 del artículo 12 del Texto Único de la Ley 6 de 1997, se establecen los deberes y obligaciones de las empresas prestatarias del servicio de electricidad, que procura que tales compañías garanticen el servicio que brindan y se efectúe de manera continua y eficiente, no obstante, la autoridad contempló un procedimiento aplicable a dichas compañías que le permitan justificar si la interrupción suscitada en cuanto a la prestación del servicio de electricidad, para que la Autoridad reguladora determine calificar esos eventos por fuerza mayor o caso fortuito, como eximentes de responsabilidad, para cualquier tipo de interrupción que aconteciera en la prestación del servicio público de electricidad.

    Las empresas de distribución y transmisión presentarán las solicitudes de eximencias por causa de fuerza mayor o caso fortuito ante la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), a través de su página W. o el sistema informático vigente de la Base Metodológica, y en caso de ser imposible transmitir la información por inconveniente a través de la herramienta tecnológica que brinda la Autoridad, deberán hacer la notificación mediante nota, que indique el número de interrupción que no pudo ser reportada en el término establecido por ley.

    Con dichas solicitudes deberán aportar las pruebas que demuestren que el evento descrito fue de naturaleza imprevisible, irresistible, extraordinaria y además externa a la empresa y a la propia red, para que cada caso sea analizado y ponderado por la entidad reguladora y éste a su vez determine, si los mismos constituyen o no eventos eximentes de responsabilidad.

    De igual manera, las empresas prestadoras del servicio público de transmisión y distribución de energía, deberán entregar la documentación o pruebas que sean conducentes para enmarcar, bajo el concepto de fuerza mayor o caso fortuito, los eventos registrados. También podrán sustentar que utilizaron todas las medidas para minimizar la ocurrencia de los hechos que constituyen la fuerza mayor o el caso fortuito, tomando en cuenta que en la industria eléctrica existen riesgos comunes y usuales que pueden ser previstos.

    Además, deberán demostrar la relación causa y efecto entre los eventos aducidos como fuerza mayor o caso fortuito y el cumplimiento de la obligación de prestar un servicio de suministro de energía eléctrica, de conformidad con las normas de calidad del servicio técnico y del servicio comercial.

    Una vez recibida toda la documentación, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos determinará mediante Resolución, si procede la aceptación o el rechazo de las causales de fuerza mayor o caso fortuito invocadas.

    Teniendo en consideración lo antes expuesto, y analizando los cargos de ilegalidad que alega el recurrente, la disconformidad se centra en tres aspectos:

    1. La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos no le concede el valor probatorio que la norma le otorga a las pruebas aportadas por EDECHI, que acreditan la existencia de hechos enmarcados como fuerza mayor o caso fortuito, y estima que dicha actuación administrativa infringe los artículos 1, 8, 10 y 11 de la Resolución AN No. 3712-Elec de 28 de julio de 2010, modificada por la Resolución AN No. 4196-Elec de 25 de enero de 2011.

    2. La insuficiente motivación del acto administrativo impugnado y su acto confirmatorio, infringe los artículos 34, 38, 146, 155, numeral 1 del artículo 201 de la Ley 38 de 31 de julio de 2000.

    3. El principio de los actos propios, fundamentándose en el artículo 13 del Código Civil.

      -Los artículos 1, 8, 10 y 11 de la Resolución AN No. 3712-Elec de 28 de julio de 2010, modificada por la Resolución AN No. 4196-Elec de 25 de enero de 2011, desarrollan lo siguiente: el concepto y alcance de los términos Fuerza Mayor y Caso Fortuito, la forma de comunicación a la Autoridad de las interrupciones a la prestación del servicio de energía eléctrica (a través de su página web o el sistema informático vigente de la Base Metodológica), que las solicitudes deben ser presentadas con todas las pruebas que sean conducentes para enmarcar en el concepto de fuerza mayor o caso fortuito en relación las interrupciones habidas en el mes calendario anterior (Anexo C), y por último, si se presentan como prueba declaraciones juradas del personal, deberán ser presentadas conforme el formulario electrónico contenido en el Anexo D.

      Las normas en referencia, tienen por finalidad describir cómo deben las empresas de transmisión y/o de distribución, presentar o remitir las solicitudes de eximencias con las pruebas que acrediten su exclusión de responsabilidad por las interrupciones a la prestación del servicio público de electricidad, a fin de que, posteriormente las mismas sean valoradas por la Administración y decidan si los eventos acaecidos se enmarcan en la calificación de caso fortuito o fuerza mayor.

      Considerando este marco jurídico, al analizar esta S. el concepto de infracción que alega la parte actora, su disconformidad radica en que, habiendo éste cumplido los parámetros de presentación de las solicitudes de eximencias, conforme lo dictamina el procedimiento previsto en el ordenamiento jurídico vigente, y que se ajusta a las normas antes mencionadas, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos no le concedió el valor probatorio a las mismas, lo que conllevó la decisión que es objeto de impugnación.

      En este punto, es prudente indicar que haciendo un revisión de la norma aplicable, la actividad de valorar la prueba que hace la Administración, se debe ceñir a lo preceptuado en el artículo 2 de la Resolución AN No. 3712-Elec de 2010, el cual dispone: "para la evaluación y aceptación, por parte de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), de las solicitudes de eximencias por causa de fuerza mayor o caso fortuito, las empresas de distribución y transmisión deben demostrar que el evento fue de naturaleza imprevisible, irresistible, extraordinaria y además externa a la empresa y a la propia red."

      Asimismo, la empresa de transmisión y/o distribución deberá acompañar las solicitudes de eximencias con todas las pruebas que sean conducentes para enmarcar, bajo el concepto de fuerza mayor o caso fortuito, los eventos registrados. (Cfr. Artículo 14 de la Resolución AN No. 3712-Elec de 28 de junio de 2010, y su modificación).

      Dicho esto, la carga de la prueba de los hechos que determinen la presencia de una causa de exclusión de responsabilidad, de disculpa o de exclusión de la culpabilidad en la interrupción de la prestación del servicio público de electricidad, recae en la empresa de transmisión y/ o distribución y no en la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos.

      Siendo así las cosas, esta Colegiatura, al revisar la norma regulatoria que guarda relación al trámite en examen, advierte que al momento que a la entidad se le presentan las solicitudes de las eximencias para su calificación como Caso Fortuito y Fuerza mayor, se le exige a la empresa prestadora del servicio técnico, que ésta debe entregar, además de las pruebas que acrediten el hecho acaecido, deberá aportar la documentación que sustente que utilizaron todas las medidas para minimizar la ocurrencia de los hechos que constituyan la fuerza mayor o caso fortuito, así como demostrar la relación de causa y efecto entre los eventos aducidos y el cumplimiento de la obligación de prestar un servicio de suministro de energía eléctrica de conformidad con las normas de calidad del servicio técnico y del servicio comercial.

      Esto es así, pues en la parte motiva del acto impugnado, esta S. advierte que la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos consideró las pruebas que la parte aportó al proceso de calificación, con la finalidad de que fuesen analizadas y ponderadas, para determinar si las mismas podían acreditar el hecho establecido en cada solicitud de eximencias, no obstante, la entidad demandada, después de haber realizado la actividad valorativa, consideró que las pruebas aportadas no eran suficientes para demostrar que las incidencias fueron imprevisibles, irresistibles, extraordinarias y además externos a la empresa y a la propia red.

      En efecto, la Administración determinó que la empresa debía aportar las pruebas conducentes para demostrar sus alegaciones. En relación a la conducencia de la prueba, el jurista J.F., en su obra la Teoría de la Prueba, señala que esto significa que la prueba se contrae al objeto del proceso, es decir, al thema probandum, esto es que sea "pertinente". Se rechaza la prueba que carece de toda conexión con los hechos afirmados por las partes." (FÁBREGA, J.. Teoría General de la Prueba. Ediciones Jurídicas G.I.. 2da. Edición. Página 234)

      No nos corresponde verificar si se dio una valoración adecuada, sino si se realizó la actividad valorativa, y con base a ello, se adoptó una decisión.

      Hay que tener en cuenta que la labor del Tribunal es ejercer un control judicial de legalidad sobre la actuación de la Administración, pues el ejercicio valorativo, le corresponde a la Administración quien es el organismo técnico, especializado para determinar en primera instancia, como se hizo en el caso que nos ocupa, la forma en que se debe acreditar el caso fortuito y fuerza mayor, para que se de paso a la eximencia de responsabilidad; esto en ponderación con las obligaciones que la empresa adquirió con las concesiones del servicio público, de garantizar que la prestación del mismo se realice de forma contínua, eficiente y de calidad, como se le advierte a la empresa en el punto 7.13, así:

      "7.13 Se debe resaltar que es obligación de la EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CHIRIQUÍ, S. (EDECHI) adoptar las medidas necesarias para mantener los niveles de confiabilidad y calidad del servicio de energía que corresponde a su concesión, como programas permanentes de poda en sectores de la línea, limpieza cuando la contaminación lo amerite, etc."

      Esta observación que le hace la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, es de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 12 del Texto Único de la Ley 6 de 1997, relativo a los deberes y obligaciones de las empresas prestatarias del servicio de electricidad, donde es necesario que tales compañías garanticen que el servicio que ellas brindan se efectúen de manera continua y eficiente. Así las cosas, la prenombrada disposición señala lo siguiente:

      Artículo 12. Deberes y obligaciones. Los prestadores del servicio público de electricidad tendrán los siguientes deberes y obligaciones, sin perjuicio de los que establezcan otras disposiciones legales:

    4. Asegurar que el servicio se preste en forma contínua y eficiente y sin abuso de la posición dominante que la entidad pueda tener frente al cliente o frente a terceros.

    5. ...." (El resaltado es de la S.)

      De igual manera, esta acotación que le hace el Ente Regulador a la empresa distribuidora en el acto impugnado, constituye una obligación prevista en el Contrato de Concesión suscrito entre el Estado y la Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S. (EDECHI), específicamente en la Cláusula 17ª del Contrato de Concesión No. 69-13 de 2 de octubre de 2013, , que señala:

      "CLÁUSULA 17ª. PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO. El CONCESIONARIO deberá prestar el SERVICIO PÚBLICO, dentro de su Zona de Concesión, en forma regular y contínua conforme a las mejores prácticas de la industria y de acuerdo a los niveles de calidad establecidos por la normativa vigente, teniendo los clientes y grandes clientes los derechos establecidos o que se establezcan en las leyes y/o resoluciones pertinentes. En particular esto incluye efectuar las inversiones técnicas y económicamente eficientes y realizar el mantenimiento necesario para garantizar los valores objetivos correspondientes a los niveles de calidad establecidos." (El resaltado es de la S.)

      Cabe agregar también la cláusula 35ª del Contrato de Concesión No. 69-13, antes mencionado, la cual hace referencia a las normas de calidad de servicio, así:

      CLÁUSULA 35ª. NORMAS DE CALIDAD DEL SERVICIO. El CONCESIONARIO se obliga a (i) dar cumplimiento a los niveles y metas de calidad de servicio en los términos y condiciones establecidos en las normas y regulación vigentes incluidas en el RD, (ii) conservar y mantener sus instalaciones en condiciones adecuadas para un eficiente funcionamiento, y (iii) garantizar la calidad, seguridad y continuidad de los servicios contenidos en el presente CONTRATO por el término de éste.

      El CONCESIONARIO no podrá invocar ignorancia sobre los aspectos relacionados con la prestación del SERVICIO PÚBLICO en la Zona de Concesión, como causal de incumplimiento a las obligaciones derivadas de este CONTRATO.

      De los anteriores planteamientos se deduce que, en este tipo de procedimiento, y frente a las obligaciones que tiene la empresa prestadora del servicio público, a nivel legal y contractual, le incumbe a la parte acreditar los hechos que afirma existieron, para sustentar que los mismos pueden ser enmarcados como fuerza mayor o caso fortuito, y en ese sentido la ASEP como ente técnico determinó que las pruebas aportadas, no fueron suficientes para acreditar que las interrupciones que se dieron en el mes de julio de 2014, se enmarcaban en dichas eximencias.

      Siendo así las cosas, al no poder sustentar en debida forma, las solicitudes de eximencias de responsabilidad por motivos de fuerza mayor o caso fortuito, el mismo Contrato de Concesión No. 69-13, advierte las consecuencias que se derivan de la no prestación del servicio de forma continua y de calidad, así:

      "CLÁUSULA 41ª. RESPONSABILIDADES. El CONCESIONARIO será responsable por todos los daños y perjuicios causados a terceros y/o bienes, propiedades de éstos, inclusive si el daño es a la AUTORIDAD y/o bienes propiedad de la misma, como consecuencia de la prestación deficiente del SERVICIO PÚBLICO y/o incumplimiento de las obligaciones contenidas en la LEY y en el CONTRATO.

      Sin perjuicio de las responsabilidad de carácter penal y civil que puedan ser exigidas al CONCESIONARIO, éste podrá ser sancionado por la AUTORIDAD, con multas y otras sanciones según lo previsto en el presente CONTRATO."

      Por consiguiente, somos del criterio que se resalta en el acto impugnado la obligación de la concesionaria de justificar, a través de pruebas suficientes, que las interrupciones del servicio de electricidad se debieron a la presencia de circunstancias fuera de su control, es decir, por razones de fuerza mayor o caso fortuito, y al ser evidente que la actividad valorativa por parte de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos fue ejercida, en relación a las pruebas aportadas por la empresa EDECHI, este Tribunal debe concluir que los cargos de infracción en relación a los artículos 1, 8, 10 y 11 de la Resolución AN No. 3712-Elec de 28 de julio de 2010, modificada por la Resolución AN No. 4196-Elec de 25 de enero de 2011, deben ser desestimados.

      - Los artículos 34, 38, 146, 155, numeral 1 del artículo 201 de la Ley 38 de 31 de julio de 2000. El actor al desarrollar el concepto de infracción de los artículos mencionados, se circunscribe su disconformidad a que la ASEP al negar las solicitudes de eximencias que justifican los episodios de interrupción, no cumplió con dar a su negativa, la motivación y explicación mínima, racional, proporcional, congruente y objetiva de los elementos probatorios y jurídicos del caso concreto. Tampoco hizo una relación de los hechos y el derecho que da fundamento a su decisión, es decir, no se evidencia una motivación suficiente, lo que a consideración del actor, causa la ilegalidad de la resolución.

      Ante la situación planteada, debemos cuestionarnos qué comprende motivar un decisión adecuadamente?

      Teniendo en cuenta dicha interrogante, hemos de empezar proporcionando una definición del concepto MOTIVAR, citando lo que nos expone el jurista G. de Enterría cuando indica que "motivar un acto administrativo es reconducir la decisión que en el mismo se contiene una regla de derecho que autoriza tal decisión o de cuya aplicación surge. Por ello, motivar un acto obliga a fijar, en primer término, los hechos de cuya consideración se parte y a incluir tales hechos en el supuesto de una norma jurídica; y en su lugar, a razonar como tal norma jurídica impone la resolución que se adopta en la parte dispositiva del acto."

      De lo expuesto se advierte que el contenido de la motivación se refiere principalmente los fundamentos de hecho y de derecho que justifican la emisión del acto administrativo, no resultando admisible el simple señalamiento de las normas legales aplicables, sino que debe ser lo suficientemente explicita y con un análisis de la situación que permitan que el acto se baste a sí mismo; habrá de ser lo suficientemente claro, y que incluso justifique el contenido u objeto de la decisión.

      Basándonos en los aspectos doctrinales la motivación debe justificar, ante el destinatario del acto en cuestión, que la Administración ha apreciado los verdaderos y correctos antecedentes de hecho existentes y conocidos, así como ha considerado el derecho aplicable al caso particular y, que como consecuencia de todo ello, ha resuelto de la única manera posible, lo que se ha expresado en el acto administrativo.

      Sin embargo, la exigencia de una motivación "suficiente" como la que alega el actor, dependerá a las características del caso concreto, es decir, según los diversos tipos de actos o las circunstancias especiales en que se dicta. Para M. es del criterio que cuando la norma legal o reglamentaria aplicable es suficiente comprensiva, su mera referencia puede surtir efectos de motivación.

      La motivación no puede tener el mismo contenido y extensión respecto de todo tipo de actos. El aspecto casuístico del contenido de la motivación es, entonces, inevitable, pues cada decisión administrativa es única y diferente a las otras-salvo que nos encontremos en los casos de los actos en masa-. El contenido de la motivación (más bien el contenido de la resolución administrativa) debe siempre adecuarse a las peculiaridades del caso, según una racional ponderación de los hechos, por lo que su extensión y suficiencia variarán dependiendo de la situación concreta.

      Y es que el jurista M.M. considera que "la motivación debe contener una relación de las circunstancias de hecho y de derecho que determinaron la emanación del acto. Es la motivación ideal o perfecta. Pero no es necesaria una relación analítica o circunstanciada; basta una relación sucinta, siempre que sea ilustrativa. En dos palabras: la motivación idónea o eficaz requiere que ella sea "suficiente" para apreciar con exactitud los motivos determinantes del acto." (MARIENHOFF, M.. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo II. Editorial Abeledo-Perrot. Año 1993, páginas 335-336)

      La suficiencia de la motivación en referencia, en nada tiene que ver con su extensión; pues una motivación breve pero que contenga un discurso justificativo adecuado respecto la emisión del acto debe también ser considerada suficiente. Como nos señala J.R.: "La motivación, pues, no se acredita con una prolija y larga explicación necesariamente, sino con los argumentos apropiados al caso concreto, que en muchos casos podrán realizarse en breves líneas. Será la naturaleza de cada acto la que determine la extensión de la motivación"

      Por las consideraciones doctrinales expuestas, esta S. procede a analizar los actos administrativos objeto de impugnación, determinando que la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos al proferir los mismos, motivó de forma idónea o eficaz, es decir, suficiente, pues se puede apreciar las razones o los motivos que determinaron el rechazo de las solicitudes de eximencias presentadas por la EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CHIRIQUÍ, S. (EDECHI, S.).

      Se arriba a dicha conclusión, pues de la lectura de la Resolución AN No. 10192-Elec de 11 de julio de 2016, el Administrador General de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, expone el fundamento en derecho para proceder a la evaluación de las pruebas de las SETECIENTOS DIECINUEVE (719) solicitudes de eximencias presentadas, lo cual dio como resultado que se aceptasen DOS (2) solicitudes de eximencias y rechazarse SETECIENTOS DIECISIETE (717).

      Así mismo en los puntos 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 y 7.10 se establecen las razones que motivaron a la entidad el rechazo de las incidencias presentadas, en los siguientes términos:

      "7.2 Relacionado con las CUATROCIENTAS SETENTA Y UNO (471) incidencias rechazadas identificadas en el Anexo A de la presente Resolución como "caso 1", las pruebas aportadas por la EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CHIRIQUÍ, S. (EDECHI), no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.

      7.3 En cuanto a las VEINTINUEVE (29) incidencias rechazadas identificadas en el Anexo A de la presente Resolución como "caso 2", las pruebas aportadas no son suficientes, ya que la EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN DE CHIRIQUÍ, S. (EDECHI) solo presentó como evidencia Declaraciones Juradas del personal que labora en dicha empresa distribuidora, referentes a cada evento.

      7.4 En referencia a los CIENTO TREINTA Y CUATRO (134) eventos rechazados identificados en el Anexo A de la presente Resolución como "caso 3", las pruebas aportadas por la EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CHIRIQUI, S. (EDECHI) indican que el evento fue ocasionado por falta de poda.

      7.5 En cuanto a los DIECINUEVE (19) eventos rechazados identificados en el Anexo A de la presente Resolución como "caso 4", las pruebas presentadas por la EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S. (EDECHI), demuestran que los cables eléctricos no se encontraban a la altura necesaria para evitar los acontecimientos, por lo que quedó comprobado que la distribuidora no adoptó las medidas previsoras necesarias para evitar las incidencias o al menos minimizarlas.

      7.6 Respecto a las DOCE (12) incidencias rechazadas identificadas en el Anexo A de la presente Resolución como "caso 5", las pruebas presentadas por la EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S. (EDECHI) no evidencian que adoptó las medidas previsoras necesarias para evitar las incidencias o al menos minimizarlas, ya que demuestran contaminación acumulada en la superficie de los aisladores.

      7.7 Con respecto a los ONCE (11) eventos identificados en el Anexo A de la presente Resolución como "caso 6", la prueba aportada no demuestra que la EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CHIRIQUÍ, S. (EDECHI) utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho.

      7.8 En cuanto a las VEINTINUEVE (29) incidencias identificadas en el Anexo A de la presente Resolución como "caso 7", las pruebas aportadas no son suficientes ya que la EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CHIRIQUÍ, S. (EDECHI) solo presentó como evidencia Declaraciones Juradas del personal que labora en dicha empresa distribuidora referentes a cada evento y/o fotos; por consiguiente, no quedó evidenciado plenamente que los acontecimientos fueron irresistibles y producidos por terceros.

      7.9 En referencia a UNA (1) incidencia rechazada identificada en el Anexo A de la presente Resolución como "caso 9", las pruebas aportadas por la EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CHIRIQUÍ, S. (EDECHI) no demuestran plenamente que los acontecimientos fueron imprevisibles, irresistibles, extraordinarios y además, externos a la empresa y a la propia red.

      7.10 Al respecto de ONCE (11) incidencias identificadas en el Anexo A de la presente Resolución como "caso 10", el evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por la EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CHIRIQUÍ, S. (EDECHI).

      ..." (fojas 25 a 26)

      Para finalmente concluir en los puntos 7.11 y 7.12, en primer lugar que "el caudal probatorio aportado por la empresa no demostró plenamente que las incidencias que se rechazan por esta Autoridad reguladora, fueron imprevisibles, irresistibles, extraordinarias y además externas a la empresa y a la propia red" y en segundo lugar, "que la empresa no evidenció la relación de causa y efecto entre las incidencias que se rechazan y el cumplimento de la obligación de distribuir energía eléctrica, de conformidad con las normas de calidad del servicio técnico y del servicio comercial". (foja 26)

      En el Anexo A de la Resolución AN No. 10192 de 11 de julio de 2016, emitida por el Administrador General de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, visible a fojas 27 a 57, la entidad demandada, de manera individualizada, expone el motivo del rechazo de cada solicitud de interrupción que fuese presentada por EDECHI, correspondiente a los entorpecimientos del servicio público de electricidad que se suscitaron en el mes de julio de 2014.

      Atendiendo a todo lo antes señalado, este Tribunal estima que la motivación realizada por la Administración, la cual consistió en una explicación precisa y clara de los motivos que la condujeron a rechazar las solicitudes de eximencias presentadas por EDECHI, le permiten al administrado comprender el razonamiento de la entidad demandada, para la emisión del acto administrativo que es objeto de examen; por ende, es evidente que la autoridad demandada realizó un ejercicio valorativo de las pruebas aportadas en cada una de las solicitudes, en consecuencia, se desestiman los cargos de ilegalidad invocados en relación a los artículos 34, 38, 146, 155, numeral 1 del artículo 201 de la Ley 38 de 31 de julio de 2000.

      -En relación a la supuesta infracción que alude el actor, es respecto al artículo 13 del Código Civil, el cual establece que la aplicación de leyes por analogía, de doctrina constitucional, reglas generales de derecho y la costumbre, en la eventualidad que no haya ley exactamente aplicable a una determinada controversia.

      La disconformidad que manifiesta el actor con relación a la presunta violación del artículo 13 del Código Civil, se orienta al principio de los actos propios y sustenta indicando que "la ASEP a través de EL ACTO ORIGINARIO y su confirmatorio, desarrolla una conducta contradictora con sus actuaciones precedentes, al rechaza (sic) por consideraciones frívolas y sin mayor motivación, las solicitudes de eximencias presentadas por EDECHI argumentando la falta de medios probatorios, cuando EDECHI apoyo (sic) sus solicitudes de eximencias en los Anexos B, C y D, aprobados por la propia ASEP, como medios probatorios para este tipo de procesos,...". (foja 20)

      Sobre este principio esta S. Contencioso Administrativa, ha advertido que la teoría de los actos propios, viene referida a actuaciones de la administración que se encuentren en firme, es decir, que estén ejecutoriadas; un acto administrativo que adopta una decisión, de conformidad con el procedimiento administrativo, es susceptible de impugnación, lo que implica que no adquiere la condición de ejecutoría o de acto en firme, hasta que no culmine la vía gubernativa.

      La referencia de los actos propios que hace la parte actora, como cargo de violación, va en la dirección de que es la propia autoridad la que establece cuáles son los medios de prueba que deben ser utilizados, y a juicio de los actores, va en contra de sus propios actos al considerar que las pruebas aportadas, a través de los medios preestablecidos, no acreditan el caso fortuito o fuerza mayor en las solicitudes de eximencias.

      Establecer el medio de prueba, luego analizar las pruebas aportadas por la empresa, de ninguna forma puede encajar sobre el análisis de la teoría de los actos propios pues, al ejercer la facultad de regulación lo que hace la autoridad es señalar cuáles son los medios de prueba que deben utilizarse para acreditar que la interrupción del servicio público se enmarca en un caso fortuito o fuerza mayor; en cambio, presentada la solicitud para que ello sea declarado, y así obtener la eximencia de responsabilidad, lo que hace la Autoridad es un ejercicio valorativo de las pruebas aportadas por la empresa prestadora del servicio público, en cada solicitud.

      Siendo así las cosas, esta Corporación de Justicia, estima que este cargo de violación no está llamado a prosperar, porque el ente regulador actuó conforme a lo dispuesto en la normativa aplicable al caso que es la Resolución AN No. 3712-Elec de 28 de julio de 2010, modificada por la Resolución AN No. 4196-Elec de 25 de enero de 2011, que determina los medios de pruebas que debe utilizar la empresa prestadora del servicio público para sustentar cada una de las solicitudes que se presenten ante el ente regulador, pues es la autoridad competente para hacer el ejercicio de valorar cada una de las pruebas aportadas, de conformidad con los medios de pruebas aprobados.

      Dada las condiciones que anteceden y con fundamento en los razonamientos esbozados en la presente decisión, esta Corporación de Justicia arriba a la conclusión que lo consecuente es desestimar los argumentos planteados por la Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S., a través de sus apoderados judiciales.

      En mérito de lo expuesto, la S. Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES NULA, POR ILEGAL, la Resolución AN No. 10192-Elec de 11 de julio de 2016, proferida por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, su acto confirmatorio, y en consecuencia, se niegan las demás declaraciones, dentro de la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por la firma forense GALINDO, ARIAS & LOPEZ, en nombre y representación de la EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA CHIRIQUÍ, S. (EDECHI).

      N.,

      ABEL AUGUSTO ZAMORANO

      CECILIO A. CEDALISE RIQUELME -- LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ

      KATIA ROSAS (Secretaria)