Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 6 de Diciembre de 2019

PonenteLuis Ramón Fábrega Sánchez
Fecha de Resolución 6 de Diciembre de 2019
EmisorTercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

Sala: Tercera de lo Contencioso Administrativo

Ponente: Luis Ramón Fábrega Sánchez

Fecha: 06 de diciembre de 2019

Materia: Acción contenciosa administrativa

Reparación directa, indemnización

Expediente: 285-16

VISTOS:

La firma J PADILLA ABOGADOS Y ASOCIADOS, actuando en nombre y representación de LESBIA J. SOLIS DE VILAMNY, ha presentado demanda contenciosa administrativa de indemnización, en contra el Estado Panameño (Municipio de Chitré), para que se le condene al pago DE B/.614.328.00, en concepto de daños y perjuicios ocasionados por la mala prestación del servicios públicos.

La presente demanda fue admitida, por medio de la Resolución de 27 de mayo de 2016 (f. 66), se le envió copia de la misma al Alcalde del Municipio de Chitré, para que rindiera su informe explicativo de conducta y se le corrió traslado de la misma al Procurador de la Administración.

HECHOS QUE FUNDAMENTAN LA DEMANDA.

Según la apoderada legal de la parte actora, se debe condenar a la República de Panamá o al estado por intermedio del Municipio de Chitré, por Responsabilidad administrativa en la mala prestación de sus funciones, ya que el Municipio de Chitré tenía la obligación de tutelar, salvaguardar, proteger los bienes ubicados dentro del Municipio y en cambio lo que hicieron fue todo lo contrario, ya que fue plenamente probado que la finca de nuestra mandante fue traslapada, en otra propiedad del Municipio de Chitré, con lo cual se causa un daño directo por parte del Estado por la Mala prestación del servicio público Municipal, lo que se traduce en prestación de servicios ineficaces y perjudiciales al usuario. El daño reclamado se valora en la suma de B/.614.328.00, más los gastos judiciales incurridos y que representa lo siguiente:

· El valor o costo actualizado de cada metro cuadrado que contiene la Finca 1604, traslapada, cuyo valor es de B/.135.00 por metro cuadrado, los cuales multiplicados por los 3792.148 m2 165 dm2, nos dan B/.511,940.00.

· Honorarios profesionales estimados en B/. 102,388.00, según contrato de honorarios profesionales firmado por nuestra representante.

· Gastos judiciales incurridos, por la Responsabilidad Administrativa por parte del Municipio de Chitré, ya que tenía la obligación de tutelar, salvaguardar y proteger los bienes inmuebles privados dentro del Municipio de Chitré, Provincia de H..

El demandante alega que dentro del proceso ordinario declarativo que interpuso ante el Juzgado Primero de Circuito Civil de H., se prueba y la Honorable juzgadora así lo acepta, de que si hubo traslape en la finca 1604, inscrita al tomo 309, folio 202, de propiedad de nuestra representada, no obstante, la señora juez desconoció totalmente en su sentencia, el artículo 1645 del Código Civil, citando lo siguiente:

...Las constancias probatorias dan fe de que la finca N0.280, inscrita al Tomo 114, Folio 206, de la Sección de la Propiedad Provincia de H., propiedad del Municipio de Chitré, con una superficie de 105 hectáreas más 0353 M2, DATA DE MARZO DE 1914, la cual se encuentra dentro de la finca 8290, inscrita al tomo 904, folio 74, contentivo de la nueva área y ejido de la ciudad de Chitré, con una superficie de 1203 hectáreas y 8700 metros cuadrados (ver plano N°232256) y que el Municipio de Chitré adjudica a M.S.C., un terreno con una superficie de 816 metros cuadrados, el 23 de junio de 1933, génesis de la finca 1604, mientras que la citada finca 8290, de la Sección de la propiedad, Provincia de H., propiedad del Municipio de Chitré, data de abril de 1962, la cual nos lleva a la convicción de que se dio el traslape, es decir, que la Finca 1604, inscrita al tomo 309, folio 302, propiedad de la demandante, se encuentra subsumida dentro de la finca 8290, inscrita al tomo 904, folio 74, propiedad del Municipio de Chitré

No obstante, deja de lado la adscripción de la responsabilidad directa que le correspondía a los funcionarios del Municipio de Chitré, por efecto de dicho traslape, tal como lo establece el artículo 1645 del Código Civil:

"Artículo 1645. La obligación que impone el Artículo 1644 es exigible no sólo por los actos u omisiones propios, sino por los de aquellas personas de quienes se debe responder.

El padre y la madre son responsables solidariamente de los perjuicios causados por los hijos menores o incapacitados que están bajo su autoridad y habitan en su compañía.

Los son igualmente los dueños o directores de un establecimiento o empresa respecto de los perjuicios causados por sus dependientes en el servicio de los ramos en que los tuvieran empleados, o con ocasión de sus funciones.

El Estado, las instituciones descentralizadas del Estado y el Municipio son responsables cuando el daño es causado por conducto del funcionario a quien propiamente corresponda la gestión practicada, dentro del ejercicio de sus funciones.

Son, por último, responsables los maestros o directores de artes y oficios respecto a los perjuicios causados por sus alumnos o aprendices, mientras permanezcan bajo custodia.

La responsabilidad de que trata este artículo cesará cuando las personas de derecho privado en él mencionadas prueben que emplearon toda la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño."

De igual forma, señala que la Honorable Juzgadora en su Sentencia confirmó que la Finca 1604, inscrita al tomo 309, folio 202, propiedad de nuestra representada, inicialmente tenía una superficie de 8164 metros cuadrados y que de la misma se han segregado lotes por venta y por prescripción adquisitiva de dominio, quedando actualmente con una superficie de 3972mts2-14dm2.

Por efecto del traslape efectivo de la Finca 1604 por efecto que fue subsumida por la finca 8290 de la propiedad de dicho municipio. Daños y perjuicios graves que surgieron por efecto de que nuestra representada, a aún a pesar de haber recibido en herencia la finca 1604 (objeto del traslape) no ha podido hacer nada con ella, ya que lo que recibió fue una nueva inscripción registrar de la finca, pues materialmente jamás se pudo ubicar en planos, producto del traslape acaecido, privándola de su tenencia, uso o disfrute de su inmueble.

Del informe de valuación que dieran los expertos sobre el valor de la finca 1604 al día de hoy, tenemos que la misma tiene un valor comercial de B/.135.00 por metro cuadrado, los cuales multiplicados por los 3792.148m2 165 dm2, nos da un resultado de B/. 511,940.00. Sobre los cuales y sobre la finca propiamente tal, nuestra representada no puede hacer absolutamente nada, por lo que es aquí donde se causa el daño por nosotros reclamado, el hecho que nuestra representada no pueda disponer de su propiedad, por el hecho que, dicho bien, se encuentra subsumido en otro perteneciente al Municipio de Chitré, tal cual se demostró en el proceso ordinario instaurado y conocido por el Juzgado Primero de lo Civil del Circuito de H..

La parte resolutiva de la Sentencia N°22 de 5 de mayo de 2015, emitida por la Juez Primera de Circuito Civil de H., que en el hecho primero menciona que declara probado que la finca 1604, inscrita al tomo 309, folio 202, con una superficie de 3,792.14m2 propiedad del demandante, se encuentra subsumida dentro de la finca 8290 inscrita al tomo 904, folio 74, propiedad del Municipio de Chitré y en el hecho segundo declara no probada la pretensión respecto a la indemnización por daños y perjuicios reclamados. Esta sentencia fue confirmada por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, Las Tablas, en su Sentencia Civil N°69 de 31 de julio de 2015 en recurso de apelación.

NORMAS INFRINGIDAS

El demandante señala como infringidas las normas siguientes:

· Se infringe el artículo 17, numerales 9, 20 y 23 de la Ley 106 de 8 de octubre de 1973 "Sobre Régimen Municipal", que a la letra dice:

Artículo 17: Los Consejos Municipales tendrán competencia exclusiva para el cumplimiento de las siguientes funciones:

...

9. Reglamentar el uso, arrendamiento, venta y adjudicación de solares o lotes y demás bienes municipales que se encuentren dentro de las áreas y ejidos de las poblaciones, y los demás terrenos municipales.

...

20. Deslindar las tierras que formen parte de los ejidos del Municipio y del corregimiento con la cooperación de la Junta Comunal respectiva.

...

23. Elaborar y aprobar los planos de ordenamiento territorial y desarrollo urbano a nivel local...

Este artículo y los numerales enunciados, han sido infringidos en concepto de violación directa por omisión, ya que al fijar una especial protección estatal en beneficio de los nacionales, la misma quedó violada al momento de que lo más importante era proteger el bien inmueble de nuestra representada, quedó vulnerado por el Municipio de Chitré, al hacer lo contrario que fue traslapar o desaparecer dicho bien, por lo que nuestra representada fue privada de esta protección especial estatal y el servicio público de tutela y protección de bienes ubicados en un Municipio Panameño, con el consecuente perjuicio económico causado.

· Infringe el artículo 1645 del Código Civil, como lo establece el artículo 1645 del Código Civil:

Artículo 1645. La obligación que impone el Artículo 1644 es exigible no sólo por los actos u omisiones propios, sino por los de aquellas personas de quienes se debe responder.

El padre y la madre son responsables solidariamente de los perjuicios causados por los hijos menores o incapacitados que están bajo su autoridad y habitan en su compañía.

Los son igualmente los dueños o directores de un establecimiento o empresa respecto de los perjuicios causados por sus dependientes en el servicio de los ramos en que los tuvieran empleados, o con ocasión de sus funciones.

El Estado, las instituciones descentralizadas del Estado y el Municipio son responsables cuando el daño es causado por conducto del funcionario a quien propiamente corresponda la gestión practicada, dentro del ejercicio de sus funciones.

Son, por último, responsables los maestros o directores de artes y oficios respecto a los perjuicios causados por sus alumnos o aprendices, mientras permanezcan bajo custodia.

La responsabilidad de que trata este artículo cesará cuando las personas de derecho privado en él mencionadas prueben que emplearon toda la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño.

Esta norma ha sido infringida en forma directa por omisión, al desconocer totalmente el texto de dicha norma, ya que no se tomó en cuenta la responsabilidad directa de los funcionarios del Estado, es decir del Municipio de Chitré, su Alcalde, su Junta Comunal y demás funcionarios, además la Ley no faculta a nadie para aceptar o disociar responsabilidades de los funcionarios del Municipio de Chitré, es decir, no puede aceptar como bueno que hubo traslape y desconocer los efectos de dicho traslape, como es el caso que nos ocupa, que fue la causa directa de los daños y perjuicios producidos a nuestra representada. Pues, es obvio que probado el traslape por parte del Municipio de Chitré, es inncesario ubicar quien, cuando y como se causó el mismo, pues se tutela y previene la no lesión o afectación del usuario o nacional en cuestión, probado el daño se debe indemnizar o resarcir el mismo en forma directa, por parte del Estado.

El nexo de causalidad se prueba en base a que el Estado está obligado a proteger su vida, su honra y bienes de los nacionales y al incurrir el Municipio de Chitré, en el traslape de la finca de propiedad de nuestra representada, le causó daños y perjuicios directos, por la mala prestación del servicio público de guarda y tutela de los bienes inmuebles de los usuarios del Municipio de Chitré, y por lo tanto el Estado tiene que responder en forma directa por estos daños y perjuicios originados por la mala prestación de su deber de protección sobre los derechos y bienes de nacionales, es decir, los de nuestra representada.

La cuantía de la demanda es de B/. 614,328.00, que representa el valor de la finca 1604 traslapada, más los honorarios legales de abogados que nuestra representada tendrá que cubrir por su reclamación, en busca de justicia indemnizatoria.

A foja 24 consta poder otorgado por O.M., actuando como Alcalde del Distrito de Chitré, a través del cual le otorgó poder a la licenciada J.S.F. como abogada principal y a foja 25, mencionó lo siguiente:

"PRIMER HECHO: Es cierto. Aclaramos la juzgadora acepta que hubo un TRASLAPE, mediante sentencia en firme, pero en la misma no responsabilizo al Municipio de Chitré de tal hecho, ya que no quedo plenamente probado que fuera responsabilidad del mismo.

...en efecto, la demandante yerra de manera puntual al fundamentar la SUPUESTA Y ALEGADA responsabilidad del Municipio de Chitré en el error topográfico que se conoce como "traslape" que ocurrió con la Finca No.8290, inscrita al Tomo 904, Folio 74 de la Sección de la Propiedad, provincia de H. del Registro Público sobre la Finca No. 1604, inscrita al tomo 309, Folio 202 de la Sección de Propiedad, provincia de H., del Registro Público, propiedad de la demandante, en las disposiciones legales que esgrime en esta parte de su demanda, porque tales normas no hacen ninguna relación a la creación de las fincas ejidales en las cuales el Municipio es virtualmente un "Convidado de Piedra" ya que es la Nación quien decide todos los detalles sobre la cantidad, linderos y superficie de las tierras nacionales que le adjudicará en calidad de ejidos a un Municipio determinado.

Este procedimiento está claramente detallado en el Código Fiscal, Libro I, De los Bienes Nacionales, Título IV, De las Tierras Baldías, Capítulo V, Del procedimiento para las adjudicaciones, Sección II, Del Procedimiento para las Adjudicaciones a los Municipios, del artículo 179 al artículo 186.

De la lectura de tales normas legales del Código Fiscal salta a la vista sin menor esfuerzo que es la Nación quien tiene en sus manos, por obvias razones, ya que es la propietaria de las tierras baldías que va a donar al Municipio, quien toma las decisiones fundamentales en un proceso de adjudicación como lo es la determinación de superficie, medidas y linderos.

En dichas normas resulta igualmente que el proceso de agrimensura por el cual se constituyó finalmente la Finca No.8290 estuvo exclusivamente en manos de la Nación, a través de C.F. y Reforma Agraria, o sea, que el traslape no lo provocó el Municipio de Chitré sino que fue un error topográfico acaecido al momento de que la Nación levantó los planos de los nuevos ejidos del Distrito de Chitré que estarían constituidos por la Finca No.8290.

Hay que destacar que todo indica que la anuencia tácita o expresa, según sea el caso, del propietario original de la finca No.1604 fue invariable a lo largo tanto del proceso de conformación de los nuevos ejidos del Distrito de Chitré, como a lo largo de todos los procesos de adjudicación hecho por el Municipio de Chitré de las tierras que entendía con justa razón que eran parte de sus ejidos.

En efecto, el proceso de adjudicación a los Municipios contenidos en el Código Fiscal exige un término de notificación de 15 días por edicto fijado en la sede provincial de C.F. y en la respectiva Alcaldía Municipal y su publicación en la Gaceta Oficial para que los colindantes que se tienen por afectados con el levantamiento del plano de los ejidos hagan valer sus derechos.

Igual salvaguarda contempla el Acuerdo Municipal N°25 de 6 de agosto de 1966 por el cual el Consejo Municipal de Chitré reglamenta la adjudicación de los terrenos pertenecientes al área de la ciudad de Chitré. Huelga decir que los planos de las adjudicaciones que se le presentan al Municipio por parte de los solares municipales ostentan el correspondiente sello de previa aprobación de parte de C.F. que, como es sabido y que contempla en las normas legales pertinentes, comprueba que los mismos justamente no presentan irregularidades ni posibles traslapes ya que dicha dependencia del antiguo Ministerio de Hacienda y Tesoro, posteriormente de Economía y Finanzas y actualmente de la Autoridad Nacional de Tierras (ANATI) mantiene en sus archivos copias de todas las fincas de la Nación, las municipales y las particulares para así controlar el proceso histórico de ulteriores segregaciones sea correcto y no adolezca de deficiencias. En otras palabras, C.F. dio su aprobación y visto bueno a las segregaciones en planos de la finca No. 8290 que fue haciendo "B.F." el Municipio de Chitré y que lamentablemente fueron afectando cierta porción de la Finca N°1604..."

DECISIÓN DE LA SALA TERCERA.

Una vez surtidos los trámites correspondientes, la Sala Tercera procede a resolver la presente controversia.

De acuerdo al criterio de la apoderada legal de la parte actora, se debe condenar a la República de Panamá o al Estado por intermedio del Municipio de Chitré tenía la obligación de tutelar, salvaguardar, proteger los bienes ubicados dentro del Municipio y en cambio lo que hicieron fue todo lo contrario, ya que fue plenamente probado que la finca de nuestra mandante fue traslapada, en otra propiedad del Municipio de Chitré, con lo cual se causa un daño directo por parte del Estado por la Mala prestación del servicio público Municipal, lo que se traduce en prestación de servicios ineficaces y perjudiciales al usuario. El daño reclamado se valora en la suma de B/.614.328.00, más los gastos judiciales incurridos y que representa lo siguiente:

· El valor o costo actualizado de cada metro cuadrado que contiene la Finca 1604, traslapada, cuyo valor es de B/.135.00 por metro cuadrado, los cuales multiplicados por los 3792.148 m2 165 dm2, nos dan B/. 511,940.00.

· Honorarios profesionales estimados en B/. 102,388.00, según contrato de honorarios profesionales firmado por nuestra representante.

· Gastos judiciales incurridos, por la Responsabilidad Administrativa por parte del Municipio de Chitré, ya que tenía la obligación de tutelar, salvaguardar y proteger los bienes inmuebles privados dentro del Municipio de Chitré, Provincia de H..

El demandante alega que dentro del proceso ordinario declarativo que interpuso ante el Juzgado Primero de Circuito Civil de H., se prueba y la Honorable juzgadora así lo acepta, de que si hubo traslape en la finca 1604, inscrita al tomo 309, folio 202, de propiedad de nuestra representada, no obstante, la señora juez desconoció totalmente en su sentencia, el artículo 1645 del Código Civil, citando lo siguiente:

...Las constancias probatorias dan fe de que la finca N0.280, inscrita al Tomo 114, Folio 206, de la Sección de la Propiedad Provincia de H., propiedad del Municipio de Chitré, con una superficie de 105 hectáreas más 0353 M2, DATA DE MARZO DE 1914, la cual se encuentra dentro de la finca 8290, inscrita al tomo 904, folio 74, contentivo de la nueva área y ejido de la ciudad de Chitré, con una superficie de 1203 hectáreas y 8700 metros cuadrados (ver plano N°232256) y que el Municipio de Chitré adjudica a M.S.C., un terreno con una superficie de 816 metros cuadrados, el 23 de junio de 1933, génesis de la finca 1604, mientras que la citada finca 8290, de la Sección de la propiedad, Provincia de H., propiedad del Municipio de Chitré, data de abril de 1962, la cual nos lleva a la convicción de que se dio el traslape, es decir, que la Finca 1604, inscrita al tomo 309, folio 302, propiedad de la demandante, se encuentra subsumida dentro de la finca 8290, inscrita al tomo 904, folio 74, propiedad del Municipio de Chitré

No obstante, deja de lado la adscripción de la responsabilidad directa que le correspondía a los funcionarios del Municipio de Chitré, por efecto de dicho traslape, tal como lo establece el artículo 1645 del Código Civil.

Es importante destacar que, la Ley 106 de 1973, en sus artículos 98 y 103, señala lo siguiente:

ARTICULO 98: Todos los bienes municipales que no sean necesarios para un uso o servicios públicos, podrán venderse o arrendarse por medio de licitación pública, siguiendo las normas que para los bienes nacionales tienen establecidos el Código Fiscal y las leyes que lo reforman. Se exceptúan los terrenos adquiridos por el Municipio para área de ejidos, los cuales serán vendidos o arrendados de conformidad con lo que establezca la Ley y los Acuerdos Municipales.

ARTICULO 103: Los ocupantes de lotes o solares municipales con construcciones anteriores a la vigencia de la Ley 8 de 1954, tienen derecho a que se les adjudique el lote o solar ocupados por el cual pagarán al municipio lo que resulte del avalúo de dos (2) peritos designados uno por el Auditor Municipal y el otro por el Tesorero Municipal.

En este caso en particular, la demandante si tenía un derecho acreditado debía solicitar el derecho a que se les adjudique el lote o solar ocupados por el cual pagarán al municipio lo que resulte del avalúo de dos (2) peritos designados uno por el Auditor Municipal y el otro por el Tesorero Municipal.

Ahora bien, el Acuerdo Municipal N°25 de 6 de agosto de 1966, por el cual el Consejo Municipal de Chitré reglamenta la adjudicación de los terrenos pertenecientes al área de la ciudad de Chitré, en expediente no se aprecia constancia que se hubiere formulado solicitud por escrito pidiendo la adjudicación del terreno, no figura la certificación del Agrimensor Municipal donde se acreditara que el solar solicitado era municipal y adjudicable, ni el concepto del P.M. sobre la procedencia o no de la adjudicación.

El citado acuerdo Municipal establece lo siguiente:

"ART. 1º. Los lotes ubicados dentro de la Finca No.8290, inscrita al Folio74, Tomo 904, Asiento 1, Sección de H.d.R. de la Propiedad perteneciente al Municipio de Chitré, sobre las cuales no exista derecho de propiedad anterior que deben ser respetados de acuerdo con el Código Fiscal y leyes concordantes sobre tierra tierras, podrán ser solicitadas a título de plena propiedad por adjudicaciones gratuitas o por ventas, por personas naturales o jurídicas con capacidad para adquirir bienes, cumpliendo las formalidades que se expresan en este Acuerdo.

Art. 2º. Los ocupantes actuales de lotes o solares municipales con construcciones anteriores a la vigencia de la Ley Octava de 1954, tienen derecho a que se les adjudique el lote o solar ocupado, siempre que no tenga una capacidad mayor de seiscientos metros cuadrados, (600 mts2) -(Artículo 112, Ley 8 de febrero de 1954)

Artículo 9o. Acogida la solicitud, si estuviere conforme con lo dispuesto en el Artículo anterior, se dará traslado por 48 horas de término al P.M. para que emita su opinión y a los colindantes si los hubiere. La Alcaldía hará publicar la solicitud mediante la fijación de edictos en las diferentes tablillas de aviso durante 15 días calendarios; deberá ser publicada, además, una vez en Gaceta Oficial y en un periódico de circulación nacional por tres (3) veces consecutivas.

Art 10. Si alguno o varios de sus colindantes se oponen a la mesura, el agrimensor municipal, en asocio del P.M. estudiarán las quejas presentadas con miras a una avenencia sobre el terreno; si no hubiere avenencia, el agrimensor municipal, en asocio con el agrimensor que va a hacer la mesura, practicarán una inspección ocular con el fin de establecer a quien le asiste la razón y exponerlo así a los interesados, siempre con miras a una avenencia.

Art.18. En toda actuación que tenga por objeto la adjudicación de tierras baldías en propiedad o en arrendamiento podrá haber oposición que se anunciara por escrito ante la Alcaldía Municipal.

Art. 35. En la Alcaldía Municipal se hará un censo de todos los solare segregados de las áreas del Distrito de Chitré, con indicación del número que corresponde a cada solar, según los planos respectivos, ubicación, linderos y medidas de dichos lotes, y en un libro aparte se llevará un registro de las adjudicaciones que se hagan a partir de la vigencia de este acuerdo. Tanto en el censo, como en el registro que se habla, se indicará también el dueño (nombre) de esos lotes."

De acuerdo al citado, se establece un procedimiento para oponerse a las adjudicaciones, las cuales tienen su debido proceso y forma solicitarse, por lo tanto, si bien es cierto hay una sentencia que reconoce que la finca de la demandante se encuentra subsumida dentro de la finca que es propiedad del Municipio de Chitré, también es importante mencionar que el dueño original de la propiedad, tenía todos los derechos de defender su propiedad y la ley le otorgó los procedimientos para llevarlo a cabo, sin embargo, no consta en el expediente que se hayan opuesto a las adjudicaciones realizadas de los ejidos municipales.

Ahora bien, el demandante señala que, se infringe el artículo 17, numerales 9, 20 y 23 de la Ley 106 de 8 de octubre de 1973 "Sobre Régimen Municipal", que a la letra dice:

Artículo 17: Los Consejos Municipales tendrán competencia exclusiva para el cumplimiento de las siguientes funciones:

...

9. Reglamentar el uso, arrendamiento, venta y adjudicación de solares o lotes y demás bienes municipales que se encuentren dentro de las áreas y ejidos de las poblaciones, y los demás terrenos municipales.

...

20. Deslindar las tierras que formen parte de los ejidos del Municipio y del corregimiento con la cooperación de la Junta Comunal respectiva.

...

23. Elaborar y aprobar los planos de ordenamiento territorial y desarrollo urbano a nivel local...

Este artículo y los numerales enunciados, han sido infringidos en concepto de violación directa por omisión, ya que al fijar una especial protección estatal en beneficio de los nacionales, la misma quedó violada al momento de que lo más importante era proteger el bien inmueble de nuestra representada, quedó vulnerado por el Municipio de Chitré, al hacer lo contrario que fue traslapar o desaparecer dicho bien, por lo que nuestra representada fue privada de esta protección especial estatal y el servicio público de tutela y protección de bienes ubicados en un Municipio Panameño, con el consecuente perjuicio económico causado. Sobre este punto, a foja 24 consta poder otorgado por O.M., actuando como Alcalde del Distrito de Chitré, a través del cual le otorgó poder a la licenciada J.S.F. como abogada principal y a foja 25, mencionó lo siguiente:

"PRIMER HECHO: Es cierto. Aclaramos la juzgadora acepta que hubo un TRASLAPE, mediante sentencia en firme, pero en la misma no responsabilizo al Municipio de Chitré de tal hecho, ya que no quedo plenamente probado que fuera responsabilidad del mismo.

...en efecto, la demandante yerra de manera puntual al fundamentar la SUPUESTA Y ALEGADA responsabilidad del Municipio de Chitré en el error topográfico que se conoce como "traslape" que ocurrió con la Finca No.8290, inscrita al Tomo 904, Folio 74 de la Sección de la Propiedad, provincia de H. del Registro Público sobre la Finca No. 1604, inscrita al tomo 309, Folio 202 de la Sección de Propiedad, provincia de H., del Registro Público, propiedad de la demandante, en las disposiciones legales que esgrime en esta parte de su demanda, porque tales normas no hacen ninguna relación a la creación de las fincas ejidales en las cuales el Municipio es virtualmente un "Convidado de Piedra" ya que es la Nación quien decide todos los detalles sobre la cantidad, linderos y superficie de las tierras nacionales que le adjudicará en calidad de ejidos a un Municipio determinado.

Este procedimiento está claramente detallado en el Código Fiscal, Libro I, De los Bienes Nacionales, Título IV, De las Tierras Baldías, Capítulo V, Del procedimiento para las adjudicaciones, Sección II, Del Procedimiento para las Adjudicaciones a los Municipios, del artículo 179 al artículo 186.

De la lectura de tales normas legales del Código Fiscal salta a la vista sin menor esfuerzo que es la Nación quien tiene en sus manos, por obvias razones, ya que es la propietaria de las tierras baldías que va a donar al Municipio, quien toma las decisiones fundamentales en un proceso de adjudicación como lo es la determinación de superficie, medidas y linderos.

En dichas normas resulta igualmente que el proceso de agrimensura por el cual se constituyó finalmente la Finca No.8290 estuvo exclusivamente en manos de la Nación, a través de C.F. y Reforma Agraria, o sea, que el traslape no lo provocó el Municipio de Chitré, sino que fue un error topográfico acaecido al momento de que la Nación levantó los planos de los nuevos ejidos del Distrito de Chitré que estarían constituidos por la Finca No.8290.

Hay que destacar que todo indica que la anuencia tácita o expresa, según sea el caso, del propietario original de la finca No.1604 fue invariable a lo largo tanto del proceso de conformación de los nuevos ejidos del Distrito de Chitré, como a lo largo de todos los procesos de adjudicación hecho por el Municipio de Chitré de las tierras que entendía con justa razón que eran parte de sus ejidos.

En efecto, el proceso de adjudicación a los Municipios contenidos en el Código Fiscal exige un término de notificación de 15 días por edicto fijado en la sede provincial de C.F. y en la respectiva Alcaldía Municipal y su publicación en la Gaceta Oficial para que los colindantes que se tienen por afectados con el levantamiento del plano de los ejidos hagan valer sus derechos.

Igual salvaguarda contempla el Acuerdo Municipal N°25 de 6 de agosto de 1966 por el cual el Consejo Municipal de Chitré reglamenta la adjudicación de los terrenos pertenecientes al área de la ciudad de Chitré. Huelga decir que los planos de las adjudicaciones que se le presentan al Municipio por parte de los solares municipales ostentan el correspondiente sello de previa aprobación de parte de C.F. que, como es sabido y que contempla en las normas legales pertinentes, comprueba que los mismos justamente no presentan irregularidades ni posibles traslapes ya que dicha dependencia del antiguo Ministerio de Hacienda y Tesoro, posteriormente de Economía y Finanzas y actualmente de la Autoridad Nacional de Tierras (ANATI) mantiene en sus archivos copias de todas las fincas de la Nación, las municipales y las particulares para así controlar el proceso histórico de ulteriores segregaciones sea correcto y no adolezca de deficiencias. En otras palabras, C.F. dio su aprobación y visto bueno a las segregaciones en planos de la finca No. 8290 que fue haciendo "B.F." el Municipio de Chitré y que lamentablemente fueron afectando cierta porción de la Finca N°1604..."

Por lo tanto, no es posible determinar que dicho traslape es responsabilidad del Municipio de Chitré, con un Acuerdo para la adjudicación de lotes que es el Acuerdo N°25 de 31 de agosto de 1966, que deja claro los puntos que fueron citados y el procedimiento para las oposiciones que debió presentar el dueño original de dicha propiedad, que la demandante ha adquirido por sucesión, aunado al hecho que en las constancias procesales no consta que se hayan opuesto a las adjudicaciones de los ejidos municipales del Municipio de Chitré.

Igualmente, menciona que, infringe el artículo 1645 del Código Civil, como lo establece el artículo 1645 del Código Civil:

"Artículo 1645. La obligación que impone el Artículo 1644 es exigible no sólo por los actos u omisiones propios, sino por los de aquellas personas de quienes se debe responder.

El padre y la madre son responsables solidariamente de los perjuicios causados por los hijos menores o incapacitados que están bajo su autoridad y habitan en su compañía.

Los son igualmente los dueños o directores de un establecimiento o empresa respecto de los perjuicios causados por sus dependientes en el servicio de los ramos en que los tuvieran empleados, o con ocasión de sus funciones.

El Estado, las instituciones descentralizadas del Estado y el Municipio son responsables cuando el daño es causado por conducto del funcionario a quien propiamente corresponda la gestión practicada, dentro del ejercicio de sus funciones.

Son, por último, responsables los maestros o directores de artes y oficios respecto a los perjuicios causados por sus alumnos o aprendices, mientras permanezcan bajo custodia.

La responsabilidad de que trata este artículo cesará cuando las personas de derecho privado en él mencionadas prueben que emplearon toda la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño."

Esta norma ha sido infringida en forma directa por omisión, al desconocer totalmente el texto de dicha norma, ya que no se tomó en cuenta la responsabilidad directa de los funcionarios del Estado, es decir del Municipio de Chitré, su Alcalde, su Junta Comunal y demás funcionarios, además la Ley no faculta a nadie para aceptar o disociar responsabilidades de los funcionarios del Municipio de Chitré, es decir, no puede aceptar como bueno que hubo traslape y desconocer los efectos de dicho traslape, como es el caso que nos ocupa, que fue la causa directa de los daños y perjuicios producidos a nuestra representada. Pues, es obvio que probado el traslape por parte del Municipio de Chitré, es inncesario ubicar quien, cuando y como se causó el mismo, pues se tutela y previene la no lesión o afectación del usuario o nacional en cuestión, probado el daño se debe indemnizar o resarcir el mismo en forma directa, por parte del Estado.

Sobre el particular, los terrenos adquiridos por el Municipio para área y ejidos, las cuales serán vendidos o arrendados de conformidad con lo que establezca esta ley y los Acuerdos Municipales". En otras palabras, la venta o arrendamiento de dichos terrenos debe hacerse con arreglo a la reglamentación que establezcan los Consejos Municipales a través de los Acuerdos respectivos, en virtud de la facultad que les confiere el numeral 9° del artículo 17 de la Ley 106 de 1973 (Modificada por la Ley 52 de 1984).

Entonces, elconcepto de ejido, se entiende como tierras destinadas a núcleos urbanos, relativo a la extensión de la población, dado el alto índice de crecimiento poblacional, así se desprende del artículo 141 del Código Fiscal.

Artículo 141. La adjudicación y el uso de las tierras comprendidas en el área y ejidos de las poblaciones serán reglamentadas por los respectivos Consejos Municipales de acuerdo con las leyes sobre la materia. En todo caso se respetarán los derechos de los ocupantes con edificios construidos dentro del área de las poblaciones.

PARÁGRAFO 1: Aún cuando los Municipios no hayan obtenido los títulos de sus áreas o ejidos según este Código, la adjudicación y el uso de las tierras ocupadas por núcleos urbanos se regirán por los reglamentos Municipales de acuerdo con las leyes sobre la materia.

PARÁGRAFO 2: Sin embargo, podrá el Ministerio de Hacienda y Tesoro adjudicar a particulares lotes en plena propiedad dentro de las tierras reservadas a los Municipios descritos en el artículo 140, si se reúnen las siguientes condiciones: 1. Que tal adjudicación haya sido solicitada por el Municipio respectivo. 2. Que se trate de un ocupante que acredite sus derechos posesorios. 3. Que el lote que se vaya adjudicar no tenga un área mayor de 1.000 metros cuadrados. 4. Que dicho lote se ajunte, por su localización y dimensiones a la futura notificación (sic) del núcleo poblado que será objeto de reglamentación por el Municipio. 5. Que sobre dicho lote se vaya a construir una vivienda financiada por una entidad sin fines de lucro, que trabaje con fondos suministrados por organismos nacionales o internacionales, según proyecto de contrato respectivo que se le presente al Ministerio. 6. Que el pago del lote de terreno adjudicado se haga al Municipio respectivo, cuando éste dicte la reglamentación correspondiente. Artículo reestablecido por el Artículo 9 del Decreto Ley 12 de 20 de febrero de 1964, publicado en la Gaceta Oficial 15,068 de 27 de febrero de 1964 y modificado por el Artículo 2 del Decreto de Gabinete 79 de 18 de diciembre de 1968, publicado en la Gaceta Oficial 16,273 de 7 de enero de 1969.

Artículo 142. También tienen derecho los Municipios cuando son cabeceras de Provincia, a la adjudicación, por una sola vez, para destinarlas a la enseñanza de la Agricultura, hasta de trescientas hectáreas (300 Hect.) baldías a juicio del Órgano Ejecutivo según la extensión territorial y, las posibilidades económicas de los Municipios interesados y cualesquiera otros factores que deben ser tenidos en cuenta sobre el particular. Estas tierras no podrán enajenarlas los Municipios sin la autorización del Órgano Ejecutivo. Artículo reestablecido por el Artículo 10 del Decreto Ley 12 de 20 de febrero de 1964, publicado en la Gaceta Oficial 15,068 de 27 de febrero de 1964.

Además, la citada norma también resalta el procedimiento siguiente citándolo así:

Capítulo V

Del Procedimiento para las Adjudicaciones

Sección II Del Procedimiento para las Adjudicaciones a los Municipios

Artículo 179. Las solicitudes de los Municipios para que se les adjudique gratuitamente el dominio de tierras baldías necesarias para áreas y ejidos de sus poblaciones, serán dirigidas al Ministerio de Hacienda y Tesoro, el cual, por conducto del funcionario encargado directamente del ramo de tierras, las sustanciará y resolverá. Artículo reestablecido por el Artículo 13 del Decreto Ley 12 de 20 de febrero de 1964, publicado en la Gaceta Oficial 15,068 de 27 de febrero de 1964. Posteriormente fue modificado por el Artículo 3 del Decreto de Gabinete 79 de 18 de diciembre de 1968, publicado en la Gaceta Oficial 16,273 de 7 de enero de 1969.

Artículo 180. La Municipalidad que haga la solicitud, deberá presentar los siguientes documentos debidamente autenticados: a. Copia del Acuerdo del Consejo Municipal en que consta la decisión de adquirir el dominio de las tierras para área y ejidos de la población respectiva; b. Constancia del número de habitantes de la cabecera del Distrito o de la población organizada cuya área y ejidos se piden; y c. Constancia del número de casas de habitación que haya en el poblado de que se trata.

Los documentos a que se refieren los dos últimos acápites deberán ser expedidos por la Dirección de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República en base a los resultados del último censo. Una segunda copia del acuerdo mencionado en el acápite a) de este Artículo deberá ser enviada a la Comisión de Reforma Agraria para su información. Artículo reestablecido por el Artículo 14 del Decreto Ley 12 de 20 de febrero de 1964, publicado en la Gaceta Oficial 15,068 de 27 de febrero de 1964. Posteriormente fue modificado por el Artículo 4 del Decreto de Gabinete 79 de 18 de diciembre de 1968, publicado en la Gaceta Oficial 16,273 de 7 de enero de 1969. Artículo 181. El Funcionario Sustanciador, después de recibir la solicitud, procederá a hacer los estudios necesarios en base a las cifras a que se refieren los acápites b) y c) del Artículo anterior y a lo establecido en el artículo 140, de este Código y luego practicará una inspección ocular en la población respectiva, para definir los límites del área de la población tomando en cuenta las características físicas de la zona y las tendencias de crecimiento de dicha población. El área de los ejidos se determinará de acuerdo con los resultados del estudio anterior y a lo que establece el artículo 140, de este Código. Para el mejor cumplimiento de este artículo el Departamento de Tierras del Ministerio de Hacienda y Tesoro y la Comisión de la Reforma Agraria, actuarán en forma conjunta y coordinada. Artículo reestablecido por el Artículo 15 del Decreto Ley 12 de 20 de febrero de 1964, publicado en la Gaceta Oficial 15,068 de 27 de febrero de 1964. Posteriormente fue modificado por el Artículo 5 del Decreto de Gabinete 79 de 18 de diciembre de 1968, publicado en la Gaceta Oficial 16,273 de 7 de enero de 1969.

Artículo 182. En los planos que se levanten se hará la distancia entre la parte del área ocupada por los pobladores actuales y la destinada a los pobladores futuros y se señalará la extensión y el perímetro de los ejidos. Artículo reestablecido por el Artículo 16 del Decreto Ley 12 de 20 de febrero de 1964, publicado en la Gaceta Oficial 15,068 de 27 de febrero de 1964.

Artículo 183. El Agrimensor legalmente autorizado que haya levantado los planos los presentará al Funcionario Sustanciador con un informe en el cual describirá el terreno e indicará sus linderos, su cabida y demás circunstancias del mismo. Un extracto de este informe y de la solicitud se hará público mediante edictos que se fijarán por quince días en la Oficina del Funcionario Sustanciador, en la Alcaldía del respectivo Distrito o en la Corregiduría cuando se trate de un núcleo poblado que no sea cabecera del Distrito y copia del mismo se publicará por una vez en la Gaceta Oficial, dejándose constancia en el expediente del cumplimiento de estos requisitos. Artículo reestablecido por el Artículo 17 del Decreto Ley 12 de 20 de febrero de 1964, publicado en la Gaceta Oficial 15,068 de 27 de febrero de 1964. Posteriormente fue modificado por el Artículo 6 del Decreto de Gabinete 79 de 18 de diciembre de 1968, publicado en la Gaceta Oficial 16,273 de 7 de enero de 1969.

Artículo 184. Dentro del término de la fijación de los edictos el Funcionario Sustanciador, por sí o por medio de los A. de los respectivos Distritos, hará conocer la solicitud a los colindantes si los hubiere. Artículo reestablecido por el Artículo 18 del Decreto Ley 12 de 20 de febrero de 1964, publicado en la Gaceta Oficial 15,068 de 27 de febrero de 1964. Artículo 185. Quince días después de la última publicación del edicto, si no ha habido oposición, se decretará la adjudicación definitiva al Municipio, de la tierra solicitada y se ordenará el otorgamiento de la correspondiente Escritura Pública. Artículo reestablecido por el Artículo 19 del Decreto Ley 12 de 20 de febrero de 1964, publicado en la Gaceta Oficial 15,068 de 27 de febrero de 1964. Posteriormente fue modificado por el Artículo 7 del Decreto de Gabinete 79 de 18 de diciembre de 1968, publicado en la Gaceta Oficial 16,273 de 7 de enero de 1969. Artículo 186. Para las adjudicaciones a los Municipios cabeceras de Provincia, de tierras destinadas a la enseñanza de la agricultura, se seguirá procedimiento análogo al señalado en esta Sección, en todo lo que sea aplicable. Artículo reestablecido por el Artículo 20 del Decreto Ley 12 de 20 de febrero de 1964, publicado en la Gaceta Oficial 15,068 de 27 de febrero de 1964.

Este procedimiento es claro con la notificación por edicto, para que los dueños de alguna propiedad, en este caso, si se tenía conocimiento que la finca citada por la demandante se encontraba traslapada al momento de solicitarse adjudicaciones, entonces debió presentar los procesos correspondientes, puesto que desde el Acuerdo Municipal N°25 de 31 de agosto de 1966, el titular de la propiedad, debió presentar sus objeciones y recursos que la ley le otorgaba para oponerse a las adjudicaciones que se solicitaron, sobre el lote que se encuentra traslapado.

Es importante resaltar que la Ley 38 de 2000, en su artículo 34, también ha dejado claro lo siguiente:

"ARTICULO 34: Las actuaciones administrativas en todas la entidades públicas se efectuarán con arreglo a normas de informalidad, imparcialidad, uniformidad, economía, celeridad y eficacia, garantizando la realización oportuna de la función administrativa, sin menoscabo del debido proceso legal, con objetividad y con apego al principio de estricta legalidad. Los Ministros y Ministras de Estado, los Directoras y las Directora de entidades descentralizadas, Gobernadores y Gobernadoras, A. y A.as y demás Jefes y Jefas de Despacho velarán, respecto de las dependencias que dirija, por el cumplimiento de esta disposición.

Las actuaciones de los servidores públicos deberán estar presididas por los principios de lealtad al Estado, honestidad y eficiencia, y estarán obligados a dedicar el máximo de sus capacidades a la labor asignada."

Entonces, al determinarse los ejidos del Municipio de Chitré y de acuerdo a las constancias que tenían, no había registro de un traslape, por lo tanto, determinar que, su actuación no ha sido "bona fides", es un error, pues se ha llevado a cabo el procedimiento contemplado en la ley, además que con las normas citadas del Código Fiscal se establece la definición de ejido municipal y cómo se conforma, por lo tanto, no se puede determinar que el Municipio de Chitré sea responsable del traslape, a pesar que en un juicio ordinario se haya reconocido el traslape de la mencionada finca.

Si bien es cierto, se ha acreditado un daño, también es cierto que no existen las constancias en el expediente que permitan determinar que éste se produjo como consecuencia de la mala prestación de un servicio público.

La presente demanda fue sustentada en el artículo 97, numeral 10 del Código Judicial, que reza así:

Artículo 97. (98) A la Sala Tercera le están atribuidos los procesos que se originen por actos, omisiones, prestaciones defectuosas o deficientes de los servidores públicos, resoluciones, órdenes o disposiciones que ejecuten, adopten, expidan o en que incurran en ejercicio de sus funciones o pretextando ejercerlas, los funcionarios públicos o autoridades nacionales, provinciales, municipales y de las entidades públicas autónomas o semiautónomas.

En consecuencia, la Sala Tercera conocerá en materia administrativa de lo siguiente:

· ...

8. De las indemnizaciones de que deban responder personalmente los funcionarios del Estado, y de las restantes entidades públicas, por razón de daños o perjuicios causados por actos que esta misma Sala reforme o anule;

9. De las indemnizaciones por razón de la responsabilidad del Estado, y de las restantes entidades públicas, en virtud de daños o perjuicios que originen las infracciones en que incurra en el ejercicio de sus funciones o con pretexto de ejercerlas cualquier funcionario o entidad que haya proferido el acto administrativo impugnado;

10. De las indemnizaciones de que sean responsables directos el Estado y las restantes entidades públicas, por el mal funcionamiento de los servicios públicos a ellos adscritos;"

Es cierto que, a través de un proceso ordinario se reconoció que la finca 1604, propiedad de la demandante se encuentra subsumida dentro de la finca N°8290, propiedad del Municipio de Chitré, sin embargo, no se ha comprobado que haya sido por una mala prestación del servicio por parte del Municipio de Chitré, debido a que hay procedimientos establecidos en el Código Fiscal y en el Acuerdo N°25 de 31 de agosto de 1966, por lo tanto, si se ha ejecutado el debido proceso en los casos de adjudicaciones de los ejidos municipales, además, no consta las oposiciones a las adjudicaciones solicitadas, mal se puede decir que el Municipio de Chitré es responsable por el mal funcionamiento de los servicios públicos que se encuentran adscritos al Municipio de Chitré. Igualmente, como ya fue citado no hay pruebas en el expediente que acrediten la falta o falla en el servicio público brindado por parte del Municipio de Chitré, al contrario con los procedimientos establecidos para las adjudicaciones se reitera el significado e implicación de un debido proceso, donde no constan oposiciones a las adjudicaciones que se llevaron a cabo, ni por parte del dueño original, ni la parte demandante., queda demostrado que la parte demandante no demostró el nexo de causalidad para acreditar la responsabilidad de la demandada.

Sobre este tema, es pertinente citar el fallo de 17 de noviembre de 2015, que señala lo siguiente:

"...V. DECISIÓN DE LA SALA

Verificados los trámites establecidos por Ley, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo procede a resolver la presente controversia.

...Luego de leído detalladamente los antecedentes y las pruebas aportadas en la presente acción contencioso administrativa de Indemnización, a la Sala no le queda duda que, yerra el apoderado judicial y no le asiste la razón al demandante. Veamos:

En reiteradas ocasiones la Sala ha señalado que, según lo ha reconocido la doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal, para que surja la responsabilidad extracontractual del Estado, resulta imprescindible la concurrencia de: la falta del servicio público por irregularidad, ineficiencia o ausencia del mismo; el daño o perjuicio; y, la relación de causalidad directa entre la falla del servicio público y el daño.

...Dicho en otras palabras, cuando se hace referencia a la responsabilidad por falla del servicio público por irregularidad, o la existencia de una conducta culposa o negligente, es necesario probar la misma, lo cual implica demostrar que la administración actuó de manera contraria a la regularidad administrativa, que lo hizo de manera ilegal, contrariando postulados de buen servicio público o adecuada función administrativa; lo que significa, que la responsabilidad subjetiva comporta un sinnúmero de circunstancias que la determina, y de esta manera, es preciso indicar que la doctrina tradicional planteada por P.D.(. y jurista francés; especialista en derecho público y profesor de Derecho en la Facultad de Derecho de la ), en el sentido que la anormalidad en el actuar de la administración se evidencia en que la misma actuó mal, tardíamente o no actuó, debe ser superada y hablarse que la existencia de actuaciones irregulares de las entidades públicas; lo cual implica, la posibilidad de extender los eventos de falla del servicio, por cuanto en la irregularidad es posible involucrar toda actuación de las personas jurídicas públicas, que se aleje del buen servicio, siempre que se identifiquen parámetros mínimos de correcta actividad administrativa.

En este sentido, cuando nos referimos a la falta o falla del servicio público debemos enfocarlo --cuando se dé--, en el hecho dañoso causado por la violación del contenido obligacional a cargo del Estado, contenido obligacional que se puede derivar de textos específicos como los son las leyes, reglamentos o estatutos que establecen las obligaciones y deberes del Estado y sus servidores, también de deberes específicos impuestos a los funcionarios y el Estado, o de la función genérica que tiene éste y se encuentra consagrada en la Constitución Política en el artículo 17, el cual establece "Las autoridades de la República están instituidas para proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales y a los extranjeros que estén bajo su jurisdicción; asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales, y cumplir y hacer cumplir la Constitución y la Ley".

Este elemento es de vital importancia razón por la cual el afectado al momento de pretender una indemnización, debe probar la ocurrencia de dicha falla, pues en caso de que no lo haga, sus pretensiones serán desechadas y no logrará la indemnización. Es un requisito muy exigente, que el actor suministre la prueba plena de las condiciones de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos que se suponen fueron la causa del perjuicio, es decir, el demandante no sólo debe probar cómo se produjeron los hechos que supone constitutivos de la falla, sino cuándo y dónde ocurrieron ellos.

Respecto del ya mencionado "DAÑO o PERJUICIO" causado al demandante, también alegado por el activista, consideramos que es este, otro de los elementos necesarios que debe existir y probarse su constitución, para que se configure la supuesta responsabilidad extracontractual del Estado.

...Se desprende con meridiana claridad que, tres son los requisitos que consagra el ut supra citado artículo para exigir del Estado la indemnización de los perjuicios que por su acción u omisión haya causado a los particulares, a saber:a) La existencia de un daño antijurídico;b) Que dicho daño haya sido ocasionado por la acción o la omisión de la autoridad pública (nexo causal);c) Que dicho daño sea imputable al Estado.

· Daño antijurídico

Para algunos autores, este concepto fue desarrollado principalmente por la doctrina Española; la calificación de un principio en justo o injusto depende de la existencia o no de causas de justificación (civil) en la acción personal del sujeto a quien se impute tal perjuicio. La causa de justificación ha de ser expresa y concreta y consistirá siempre en un título que legitime el perjuicio contemplado.

Otros apuntan a que el daño o perjuicio es aquél provocado a una persona que no tiene el deber jurídico de soportarlo; no obstante, en el caso que nos ocupa, en el que el demandante alega supuestos daños materiales, físicos y morales sufridos como consecuencia del accidente donde resultó lesionado el señor G.S.M., no obedece a la actividad de los miembros de la Policía Nacional, sino únicamente al cabo segundo B.C..

· Causalidad Material (Nexo causal)

Para que el Estado indemnice los perjuicios causados por ese daño, es necesario que además de ser antijurídico, este haya sido causado por una acción u omisión de las autoridades públicas, esto es, que el daño se produjo como consecuencia de una conducta desarrollada por la autoridad pública o como consecuencia de una omisión o ausencia en el cumplimiento de sus funciones, es decir, que la administración haya dejado de actuar cuando su obligación era hacerlo y por tal razón genera un daño.

En este sentido, para que proceda un reclamo indemnizatorio como el que hoy nos ocupa, también debe estar plenamente acreditada la relación de causalidad directa entre la acción u omisión de la Administración y el daño generado. Todo obedece únicamente a la responsabilidad del señor C. lo que se infiere que no existe un nexo causal entre el daño causado y la conducta omisa o culposa atribuible a la Policía Nacional o alguno de sus funcionarios.

· Imputabilidad al Estado

Como anteriormente se anotó, este es otro de los requisitos o elementos necesarios para conseguir del Estado la indemnización de los perjuicios que su acción u omisión cause.

Entre la actuación imputable a la administración y el daño causado, debe existir una relación de causalidad, lo cual quiere decir que el daño debe ser el efecto o el resultado de aquella actuación; no obstante para que exista esa relación de causalidad, el hecho o actuación debe ser apto o idóneo para causar dicho daño. Así las cosas, como consecuencia de la necesidad de este nexo, si el daño no pude imputarse a la actuación de la administración, no habrá responsabilidad de ella, como sucede cuando el daño es producido por fuerza mayor o caso fortuito, por el hecho de un tercero o por culpa de la víctima.

Al no constituirse ni probarse los supuestos cargos de ilegalidad señalados por el demandante y, ante la ausencia de una falla en la prestación del servicio público que la Ley le atribuye a la Policía Nacional y de una relación de causalidad directa entre las acciones u omisiones alegadas por el recurrente y el hecho generador del daño sufrido, lo procedente es negar la indemnización solicitada por la parte que demanda.

Luego de este análisis jurídico, se desprende con claridad que, el activista no dependía en ningún momento de la finalización de un proceso en la esfera penal en contra del señor B.C.L., para poder acceder a la jurisdicción contenciosa administrativa, pues el mismo lo hizo a través de una acción de reparación directa o indemnización. (Cfr. Artículo 97, numeral 10 del Código Judicial).

Por lo expuesto, la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA NO PROBADA la excepción de petición antes de tiempo, interpuesta por el Procurador de la Administración, y NO ACCEDE a las pretensiones contenidas en la demanda contencioso administrativa de indemnización, interpuesta por el licenciado J.F., en representación de G.A.S.M. para que se condene al Estado panameño, al pago de la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS QUINCE CON TREINTA Y SEIS CENTÉSIMOS (B/.352,915.36), en concepto de daños y perjuicios causados por infracciones incurridas por la Procuraduría General de la Nación y/o Policía Nacional y declara que el Estado panameño, NO ES RESPONSABLE a pagarle a la parte actora la suma reclamada."

Sobre este tema la explicación es clara, pues la responsabilidad por falla del servicio público por irregularidad, o la existencia de una conducta culposa o negligente, debe ser probada dentro del proceso, de este modo deben aportarse las pruebas que demuestren que el Municipio de Chitré actuó contrario a las normas, sin embargo, en este caso no se ha demostrado que el daño se haya causado por la violación a la ley y los procedimientos. El Estado solo está obligado a pagar si el daño es antijurídico y que se haya producido por la acción u omisión de las normas del Municipio de Chitré, que no hubiese ejecutado los procedimientos correctos y a causa de ello se hubiese causado el daño.

En el presente caso, no existe un nexo causal entre el daño causado y la conducta omisa o culposa atribuible al Municipio de Chitré. El daño no es imputable a esta entidad estatal, no siendo responsabilidad de está el daño, y en este caso el daño ha sido producido por la culpa de la víctima, que debía ejecutar todos los recursos legales establecidos en la ley para ejercer y defender sus derechos, acciones que no fueron presentadas.

El pago de la indemnización solicitada no es viable porque, primeramente, el daño alegado por el demandante no fue debidamente acreditado en el expediente, y el demandante debía comprobar fehacientemente cada uno de los daños materiales alegados y su cuantía, al verificar el caudal probatorio dentro del expediente no constan pruebas que acrediten dicho daño material. Sin embargo, tampoco hay caudal probatorio que demuestre que El Estado Panameño a través del Municipio de Chitré sea responsable.

Dentro del caudal probatorio aportado dentro del expediente constan la copia autenticada de la Sentencia Civil N°22 de 5 de mayo de 2015, proferida por el Juzgado Primero del Circuito Civil de H., a través de la cual se declaró probado que la Finca N°1604, inscrita al tomo 309, folio 202, con una superficie de 3,792.14 M2, propiedad de la demandante, se encuentra subsumida dentro de la Finca N°8290, inscrita al Tomo 904, Folio 74, propiedad del Municipio de Chitré. Y además declara no probada la pretensión respecto a la indemnización por daños y perjuicios reclamados. Asimismo, el demandante aportó copia autenticada de la Sentencia Civil N°69 de 31 de julio de 2015, a través de la cual el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, manifestó que confirmaba la Sentencia N°22 de 5 de mayo de 2015. Con estas pruebas se demostró si bien hay un daño, este no es imputable al Estado Panameño, como fue mencionado en párrafos anteriores.

Es importante, hacer un análisis de los puntos siguientes: 1. La falla del servicio público por irregularidad, ineficiencia o ausencia del mismo. 2. El daño o perjuicio. 3. La relación de causalidad directa entre la falla del servicio y el daño.

  1. LA FALLA DEL SERVICIO PÚBLICO POR IRREGULARIDAD, INEFICIENCIA O AUSENCIA DEL MISMO.

En este punto, es importante mencionar que al aplicarse las normas y procedimientos establecidos en los casos determinados, se demostró que el Municipio de Chitré, respetó y llevó a cabo las normas aplicables a las solicitudes de adjudicación, por lo tanto, no se acreditó la falla o falta de servicio público es el elemento generador de esta prestación defectuosa o deficiente del servicio público. En ese sentido podemos citar que la falta de servicio es:

"...la falta de servicio ... se produce si sus órganos no actúan, debiendo hacerlo, si su actuación es tardía o si ellos funcionan defectuosamente causando perjuicio a los usuarios o destinatarios del servicio y si bien no se requiere individualizar ni perseguir al funcionario cuya acción u omisión origina la falta, se debe invocar y acreditar la existencia de esa falta"...( Corte Suprema Chile, Casación Nº 3.427, "F.G.R. y otra con Fisco deChile", Sentencia de 8 de mayo de 2002:http://www.cde.cl/wps/wcm/connect/06cf32004fbf790bbc99bf46ce4e7365/12.pdf?MOD=AJPERES.)

La Ley 106 de 1973, en sus artículos 98 y 103, señala lo siguiente:

ARTICULO 98: Todos los bienes municipales que no sean necesarios para un uso o servicios públicos, podrán venderse o arrendarse por medio de licitación pública, siguiendo las normas que para los bienes nacionales tienen establecidos el Código Fiscal y las leyes que lo reforman. Se exceptúan los terrenos adquiridos por el Municipio para área de ejidos, los cuales serán vendidos o arrendados de conformidad con lo que establezca la Ley y los Acuerdos Municipales.

ARTICULO 103: Los ocupantes de lotes o solares municipales con construcciones anteriores a la vigencia de la Ley 8 de 1954, tienen derecho a que se les adjudique el lote o solar ocupados por el cual pagarán al municipio lo que resulte del avalúo de dos (2) peritos designados uno por el Auditor Municipal y el otro por el Tesorero Municipal.

En este caso en particular, la demandante si tenía un derecho acreditado debía solicitar el derecho a que se les adjudique el lote o solar ocupados por el cual pagarán al municipio lo que resulte del avalúo de dos (2) peritos designados uno por el Auditor Municipal y el otro por el Tesorero Municipal. Asimismo, el Acuerdo Municipal N°25 de 6 de agosto de 1966, por el cual el Consejo Municipal de Chitré reglamenta la adjudicación de los terrenos pertenecientes al área de la ciudad de Chitré, en expediente no se aprecia constancia que se hubiere formulado solicitud por escrito pidiendo la adjudicación del terreno, no figura la certificación del Agrimensor Municipal donde se acreditara que el solar solicitado era municipal y adjudicable, ni el concepto del P.M. sobre la procedencia o no de la adjudicación.

Entonces, se establece un procedimiento para oponerse a las adjudicaciones, las cuales tienen su debido proceso y forma solicitarse, por lo tanto, si bien es cierto hay una sentencia que reconoce que la finca de la demandante se encuentra subsumida dentro de la finca que es propiedad del Municipio de Chitré, también es importante mencionar que el dueño original de la propiedad, tenía todos los derechos de defender su propiedad y la ley le otorgó los procedimientos para llevarlo a cabo, sin embargo, no consta en el expediente que se hayan opuesto a las adjudicaciones realizadas de los ejidos municipales.

En este caso la falta del servicio es el funcionamiento anormal de un servicio público o la deficiencia de este servicio, que causo un daño antijurídico, es de primordial importancia que se compruebe el nexo causal entre la falta o deficiencia del servicio y el daño que se ha ocasionado. Lo cual no fue comprobado en el presente caso.

B.- EL DAÑO O PERJUICIO.

El daño es definido por C. de la manera siguiente:

": (C.) En sentido amplio, toda suerte de mal material o moral. Más particularmente, el detrimento, perjuicio o menoscabo que por acción de otro se recibe en la persona o en los bienes. El daño puede provenir de dolo, de culpa o de caso fortuito, según el grado de malicia, negligencia o casualidad entre el autor y el efecto. En principio, el daño doloso obliga al resarcimiento y acarrea una sanción penal; el culposo suele llevar consigo tan sólo indemnización; y el fortuito exime en la generalidad de los casos, dentro de la complejidad de esta materia." ()

Si bien es cierto, se acredita el daño alegado por la parte demandante, no fue demostrado fehacientemente en el expediente. Al no tener las pruebas que el Municipio de Chitré es el responsable, no puede este responder por este daño al haber actuado con la estricta legalidad que las adjudicaciones requerían. Sobre este punto, a foja 24 consta poder otorgado por O.M., actuando como Alcalde del Distrito de Chitré, a través del cual le otorgó poder a la licenciada J.S.F. como abogada principal y a foja 25, mencionó lo siguiente:

"PRIMER HECHO: Es cierto. Aclaramos la juzgadora acepta que hubo un TRASLAPE, mediante sentencia en firme, pero en la misma no responsabilizo al Municipio de Chitré de tal hecho, ya que no quedo plenamente probado que fuera responsabilidad del mismo.

...en efecto, la demandante yerra de manera puntual al fundamentar la SUPUESTA Y ALEGADA responsabilidad del Municipio de Chitré en el error topográfico que se conoce como "traslape" que ocurrió con la Finca No.8290, inscrita al Tomo 904, Folio 74 de la Sección de la Propiedad, provincia de H. del Registro Público sobre la Finca No. 1604, inscrita al tomo 309, Folio 202 de la Sección de Propiedad, provincia de H., del Registro Público, propiedad de la demandante, en las disposiciones legales que esgrime en esta parte de su demanda, porque tales normas no hacen ninguna relación a la creación de las fincas ejidales en las cuales el Municipio es virtualmente un "Convidado de Piedra" ya que es la Nación quien decide todos los detalles sobre la cantidad, linderos y superficie de las tierras nacionales que le adjudicará en calidad de ejidos a un Municipio determinado.

Este procedimiento está claramente detallado en el Código Fiscal, Libro I, De los Bienes Nacionales, Título IV, De las Tierras Baldías, Capítulo V, Del procedimiento para las adjudicaciones, Sección II, Del Procedimiento para las Adjudicaciones a los Municipios, del artículo 179 al artículo 186.

De la lectura de tales normas legales del Código Fiscal salta a la vista sin menor esfuerzo que es la Nación quien tiene en sus manos, por obvias razones, ya que es la propietaria de las tierras baldías que va a donar al Municipio, quien toma las decisiones fundamentales en un proceso de adjudicación como lo es la determinación de superficie, medidas y linderos.

En dichas normas resulta igualmente que el proceso de agrimensura por el cual se constituyó finalmente la Finca No.8290 estuvo exclusivamente en manos de la Nación, a través de C.F. y Reforma Agraria, o sea, que el traslape no lo provocó el Municipio de Chitré sino que fue un error topográfico acaecido al momento de que la Nación levantó los planos de los nuevos ejidos del Distrito de Chitré que estarían constituidos por la Finca No.8290.

Hay que destacar que todo indica que la anuencia tácita o expresa, según sea el caso, del propietario original de la finca No.1604 fue invariable a lo largo tanto del proceso de conformación de los nuevos ejidos del Distrito de Chitré, como a lo largo de todos los procesos de adjudicación hecho por el Municipio de Chitré de las tierras que entendía con justa razón que eran parte de sus ejidos.

En efecto, el proceso de adjudicación a los Municipios contenidos en el Código Fiscal exige un término de notificación de 15 días por edicto fijado en la sede provincial de C.F. y en la respectiva Alcaldía Municipal y su publicación en la Gaceta Oficial para que los colindantes que se tienen por afectados con el levantamiento del plano de los ejidos hagan valer sus derechos.

Igual salvaguarda contempla el Acuerdo Municipal N°25 de 6 de agosto de 1966 por el cual el Consejo Municipal de Chitré reglamenta la adjudicación de los terrenos pertenecientes al área de la ciudad de Chitré. Huelga decir que los planos de las adjudicaciones que se le presentan al Municipio por parte de los solares municipales ostentan el correspondiente sello de previa aprobación de parte de C.F. que, como es sabido y que contempla en las normas legales pertinentes, comprueba que los mismos justamente no presentan irregularidades ni posibles traslapes ya que dicha dependencia del antiguo Ministerio de Hacienda y Tesoro, posteriormente de Economía y Finanzas y actualmente de la Autoridad Nacional de Tierras (ANATI) mantiene en sus archivos copias de todas las fincas de la Nación, las municipales y las particulares para así controlar el proceso histórico de ulteriores segregaciones sea correcto y no adolezca de deficiencias. En otras palabras, C.F. dio su aprobación y visto bueno a las segregaciones en planos de la finca No. 8290 que fue haciendo "B.F." el Municipio de Chitré y que lamentablemente fueron afectando cierta porción de la Finca N°1604..."

En este caso, no puede determinarse que, dicho traslape es responsabilidad del Municipio de Chitré, con un Acuerdo para la adjudicación de lotes que es el Acuerdo N°25 de 31 de agosto de 1966, que deja claro los puntos que fueron citados y el procedimiento para las oposiciones que debió presentar el dueño original de dicha propiedad, que la demandante ha adquirido por sucesión, aunado al hecho que en las constancias procesales no consta que se hayan opuesto a las adjudicaciones de los ejidos municipales del Municipio de Chitré.

C.- LA RELACIÓN DE CAUSALIDAD DIRECTA ENTRE LA FALLA DEL SERVICIO PÚBLICO Y EL DAÑO.

El nexo causal o la relación de causalidad directa son el vínculo, unión, nudo, relación o lazo que existe entre la falta del servicio público y el daño que se ha ocasionado o generado. Es la atribución jurídica del daño, esta debe hacerse a la administración pública y es necesario determinar si realmente la actuación de la administración tuvo o no el vínculo con la omisión o el servicio prestado. Esta imputación de causalidad directa dependerá de la acción o la omisión en la entidad demandada.

Esencialmente se debe probar que los daños producidos fueron el resultado de la acción o la omisión de la entidad estatal que se está demandando, pues estamos frente a una presunción iuris tantum, es decir, aquella que se establece por y que admite prueba en contra, es decir, permite probar la inexistencia de un hecho o derecho.

En este caso, para que el Estado indemnice los perjuicios causados por el daño alegado, este debió haberse causado por acción u omisión de las autoridades públicas, pues debe ser producto de la actividad llevada a cabo por la autoridad pública, por lo tanto, se debe acreditar una omisión o ausencia en el cumplimiento de sus funciones, es decir, debió haber dejado de actuar como lo establece la norma y ello causo un daño a la parte actora.

Ahora bien, para que exista la relación de causalidad, el hecho o actuación debe ser apto o idóneo para causar dicho daño, es así como la necesidad de este nexo, es importante para determinar si el daño es imputable a la administración y de no comprobarse dicha actuación, no habrá responsabilidad por parte del Estado.

En este sentido, para que proceda un reclamo indemnizatorio como el que hoy nos ocupa, también debe estar plenamente acreditada la relación de causalidad directa entre la acción u omisión de la Administración y el daño generado. Entonces, una falta al servicio público, ineficiente o atribuible al Estado Panameño debe traer una consecuencia. Y es así como la relación de causalidad entre el llamado de actuar deficiente del Estado Panameño y el daño sufrido no se encuentran acreditados en el expediente. Para ello debe haber una relación de causalidad, es decir que el daño debe ser el resultado de la actuación, en este caso.

Los terrenos adquiridos por el Municipio para área y ejidos, las cuales serán vendidos o arrendados de conformidad con lo que establezca esta ley y los Acuerdos Municipales". En otras palabras, la venta o arrendamiento de dichos terrenos debe hacerse con arreglo a la reglamentación que establezcan los Consejos Municipales a través de los Acuerdos respectivos, en virtud de la facultad que les confiere el numeral 9° del artículo 17 de la Ley 106 de 1973 (Modificada por la Ley 52 de 1984). Entonces, el concepto de ejido, se entiende como tierras destinadas a núcleos urbanos, relativo a la extensión de la población, dado el alto índice de crecimiento poblacional, así se desprende del artículo 141 del Código Fiscal.

En este caso, la norma aplicable establece los procedimiento claramente y con la notificación por edicto, para que los dueños de alguna propiedad, en este caso, si se tenía conocimiento que la finca citada por la demandante se encontraba traslapada al momento de solicitarse adjudicaciones, entonces debió presentar los procesos correspondientes, puesto que desde el Acuerdo Municipal N°25 de 31 de agosto de 1966, el titular de la propiedad, debió presentar sus objeciones y recursos que la ley le otorgaba para oponerse a las adjudicaciones que se solicitaron, sobre el lote que se encuentra traslapado.

Es así como, si no se puede imputar la actuación al Estado Panameño, mucho menos puede determinarse que el Estado es responsable, sin pruebas que acrediten ese hecho. En este caso en específico, la parte demandante era la encargada de suministrar y demostrar todos los hechos que alegaba en la demanda presentada y el nexo causal para acreditar la responsabilidad del Municipio de Chitré, no fue demostrado.

En relación con el nexo de causalidad, el fallo de 16 de abril de 2010 indica:

"DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO J.F. CAMPOS ESPINOSA EN REPRESENTACIÓN DE L.G.M.R., PARA QUE SE CONDENE A LA AUTORIDAD DEL TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE Y AL ESTADO PANAMEÑO, AL PAGO DE DIEZ MILLONES DE DÓLARES (B/10.000.000.00), EN CONCEPTO POR DAÑOS Y PERJUICIOS MATERIALES Y MORALES CAUSADOS POR LA MUERTE DE LA SEÑORA ROSA RODRÍGUEZ VARGAS (Q. E. P. D).

...

Presupuestos de Responsabilidad de la Administración

Ahora bien, para que pueda configurarse la responsabilidad de la Administración, resulta indispensable determinar si el daño y perjuicio tiene su origen en que la infracción en que se incurrió haya sido responsabilidad directa del Estado, a la luz de lo estipulado en el numeral 10 del artículo 97 del Código Judicial. Es decir, se requiere el nexo causal entre la actuación que se infiere a la Administración, producto de una infracción, y el daño causado.

En este sentido, en Sentencia de 25 de febrero de 2000, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, hace referencia al nexo de causalidad en los siguientes términos:

"Cuando se habla de la relación de causalidad como presupuesto de la responsabilidad, lo que debe entenderse es que el actuar de quien esté obligado a indemnizar haya sido la causa de la ocurrencia del daño, o sea, que entre el comportamiento del agente y el daño acaecido exista una relación de causa a efecto"

...

Esta postura bien pudiera resumirse en lo siguiente: Para que una persona sea responsable de un daño es necesario concluir que, de no haber sido por la conducta de dicha persona, el perjuicio sufrido por el demandante no habría ocurrido. En otras palabras, la conducta del demandado tendría que constituir la condición necesaria, real o eficiente del daño del demandante..."(Subraya la Corte)

Igualmente la doctrina ha señalado respecto al nexo de causalidad, lo siguiente:

"La responsabilidad patrimonial de la Administración exige que exista una relación de causa a efecto entre la actividad administrativa y el resultado dañoso, erigiéndose este nexo causal en elemento fundamental y requisito sine qua non para poder declarar procedente la responsabilidad>> (S. de 1 de junio de 1999 Art. 6708. Ponente: M.G., que los daños >> (S. de 27 de mayo de 1999 Ar. 5081. Ponente: LECUMBERRI). El daño, dice la S. de 19 de enero de 1987 (Ar. 426), insistiendo en reiterada jurisprudencia, que cita se refiere a la >" (G.P., JESÚS, RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, SEGUNDA EDICIÓN, EDITORIAL CIVITAS, MADRID, ESPAÑA, PÁGINA 372.)a. El daño o lesión

..

En consecuencia, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley: DECLARA que la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, y el Estado panameño no son responsables al pago de diez millones de dólares (B/.10,000,000.00), en concepto de daños y perjuicios materiales y morales causados por la muerte de la señora R.R.V. (Q.E.P.D). "

Entonces, al determinarse los ejidos del Municipio de Chitré y de acuerdo a las constancias que tenían, no había registro de un traslape, por lo tanto, determinar que, su actuación no ha sido "bona fides", es un error, pues se ha llevado a cabo el procedimiento contemplado en la ley, además que con las normas citadas del Código Fiscal se establece la definición de ejido municipal y cómo se conforma, por lo tanto, no se puede determinar que el Municipio de Chitré sea responsable del traslape, a pesar que en un juicio ordinario se haya reconocido el traslape de la mencionada finca. Si bien es cierto, se ha acreditado un daño, también es cierto que no existen las constancias en el expediente que permitan determinar que este se produjo como consecuencia de la mala prestación de un servicio público. No se demostró en el expediente que la demandante hubiese ejercido las acciones legales permitidas por ley para defender los derechos alegados en la presente demanda.

En este sentido, mediante Sentencia de 25 de febrero de 2000, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, hace referencia al nexo de causalidad en los siguientes términos:

Cuando se habla de la relación de causalidad como presupuesto de la responsabilidad, lo que debe entenderse es que el actuar de quien esté obligado a indemnizar haya sido la causa de la ocurrencia del daño, o sea, que entre el comportamiento del agente y el daño acaecido exista una relación de causa a efecto.

Es a través de un proceso ordinario que se reconoció que la finca 1604, propiedad de la demandante se encuentra subsumida dentro de la finca N°8290, propiedad del Municipio de Chitré, sin embargo, no se ha comprobado que haya sido por una mala prestación del servicio por parte del Municipio de Chitré, debido a que hay procedimientos establecidos en el Código Fiscal y en el Acuerdo N°25 de 31 de agosto de 1966, por lo tanto, si se ha ejecutado el debido proceso en los casos de adjudicaciones de los ejidos municipales, además, no consta las oposiciones a las adjudicaciones solicitadas, mal se puede decir que el Municipio de Chitré es responsable por el mal funcionamiento de los servicios públicos que se encuentran adscritos al Municipio de Chitré. Además, no se demostró en el expediente que se haya acreditado la falta o falla en el servicio público brindado por parte del Municipio de Chitré, al contrario con los procedimientos establecidos para las adjudicaciones se reitera el significado e implicación de un debido proceso, donde no constan oposiciones a las adjudicaciones que se llevaron a cabo, ni por parte del dueño original, ni la parte demandante. Tampoco hay caudal probatorio que demuestre que El Estado Panameño a través del Municipio de Chitré sea responsable.

Ahora bien, es importante mencionar que en el presente proceso, se encuentra pendiente de resolver el incidente identificado con la entrada 285-16-A, incidente de Desacato presentado por la firma J.P., actuando en nombre y representación de L.S., ya que la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI) ha ignorado en tres ocasiones la contestación de los oficios 3063 de 30 de diciembre de 2016, 357 de 8 de febrero de 2017, 512 de 6 de marzo de 2017, 780 de 10 de abril de 2017 y 2221 de 7 de junio de 2017; en este caso en específico es aplicable el contenido del artículo 703 del Código Judicial que establece lo siguiente:

Artículo 703. (692)Los incidentes no interrumpen el curso del proceso ni ninguno de sus términos, salvo que su resultado pueda influir en la decisión, caso en el cual el término para dictar sentencia no comenzará a contarse sino desde que el incidente sea resuelto.

Los incidentes cuyos resultados no influyen en la decisión, que no estuvieron fallados al tiempo de dictarse sentencia, serán declarados desiertos.

Por ende, debe ordenarse el archivo del citado incidente.

De acuerdo a lo estipulado en el artículo 784 del Código Judicial, es preciso indicar lo siguiente:

Artículo 784: Incumbe a las partes probar los hechos o datos que constituyen el supuesto de hecho de las normas que le son favorables.

Por lo cual, la carga probatoria se encuentra asignada a la parte demandante, quien debe aportar al proceso las pruebas de los hechos necesarios para construir los hechos que ha enunciado, no se acreditaron, ni una relación de causalidad directa entre la falla del servicio administrativo y el daño causado, pues el Municipio de Chitré ha llevado a cabo el debido proceso citado y expresado por las normas mencionadas en los párrafos anteriores, por ende, el demandante acredita un daño, pero no así, el hecho que el Municipio de Chitré sea el responsable por la mala prestación del servicio en los casos de solicitudes de adjudicaciones de ejidos municipales, en los que no constan registros de traslapes y tampoco oposiciones desde el año 1966 que se aprobó el citado Acuerdo Municipal N°25.

Por lo tanto, no se han configurado los elementos para considerar que se ha producido una prestación deficiente y defectuosa del servicio público, pues el Municipio de Chitré ha aplicado las normas del Código Fiscal, el Acuerdo N°25 de 31 de agosto de 1966, por lo tanto, no se ha logrado demostrar que se hayan violado o que se hayan cumplido con los tres (3) criterios mencionados.

Finalmente, el fallo de 25 de julio de 2016, al respecto indica lo siguiente:

"DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE REPARACIÓN DIRECTA, INTERPUESTA POR LA FIRMA GALINDO, ARIAS & LÓPEZ, EN REPRESENTACIÓN DE M. INTERNACIONAL, S.A., PARA QUE SE CONDENE A LA AUTORIDAD NACIONAL DE ADUANAS (ESTADO PANAMEÑO), AL PAGO DE B/.163,442.25, EN CONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS POR LA PRESTACIÓN DEFICIENTE DEL SERVICIO PÚBLICO ASIGNADO A ESA ENTIDAD

VISTOS:

...

ANTECEDENTES

...La Firma forense GALINDO, ARIAS & LOPEZ, presentó en nombre y representación de M. INTERNACIONAL, S.A. una demanda Contenciosa-Administrativa de reparación directa en contra de la Autoridad Nacional de Aduanas, para que se condene al Estado panameño por la prestación deficiente del servicio público, y se ordene pagar B/.163,442.25, en concepto de daños y perjuicios que recibió Sociedad Anónima demandante, como consecuencia del decomiso de mercancía a ella perteneciente, y su consecuente destrucción total. Para ello, la recurrente fundamenta la interposición del escrito antes mencionado en base a los siguientes hechos o circunstancias: ...

  1. CONSIDERACIONES DE LA SALA:

    ...Expuestos los planteamientos de la presente L., le corresponde a esta Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia entrar a dilucidar el presente proceso a fin de determinar si es procedente o no acceder a la demanda de reparación directa formulada por la empresa M. INTERNACIONAL, S.A., en contra de la Autoridad Nacional de Aduanas.

    4.- Es importante destacar que la providencia emitida por la Autoridad Nacional de Aduanas, específicamente la Administración Regional de Aduanas, de la Zona Norte, con fecha C., 28 de abril de 2010 (Cfr. f. 354-355 del expediente judicial), señaló puntualmente lo siguiente:

    "(...) Analizadas las constancias procesales, contenidas en la presente sumaria, se observa a fojas 11-13, el Informe de Inspección de Campo, efectuado por el Departamento de Calidad Sanitaria del Ambiente del Sistema Regional de Salud de C., de fecha 24 de marzo de 2010, señalándose en lo medular de su conclusión que: los cigarrillos presentan "leves puntitos achocolatados" y "no cumplen con la ley 13 de 24 de enero de 2008", en lo que se refiere a las advertencias sanitarias. (El resaltado es nuestro).

    El informe de Inspección de Campo, antes mencionada establece hechos que se subsumen en lo normado por el numeral 9 del artículo 16 de la Ley 30 de 1984, que señala:

    Artículo 16. Constituyen delito de contrabando los siguientes hechos:

    (...)

    9. La tenencia o introducción de productos de tabaco al territorio aduanero de la República de Panamá, sin que se hayan pago los impuestos correspondientes a su introducción, o que no cumplan con regulaciones sanitarias y normas de salud vigentes en la República de Panamá. Los productos de tabaco que se encuentren en esta situación serán decomisados y destruidos por la Autoridad Nacional de Aduanas, la policía Nacional o el Ministerio de Salud, indistintamente. (El resaltado es nuestro).

    Resulta palmario entonces que en atención al informe de Inspección de Campo, antes señalado, y lo que preceptúa el numeral 9 del artículo 16 de la Ley 30 de 1984, procede entonces disponer el comiso definitivo y destrucción de los paquetes de cigarrillos contenidos en el contenedor MRKU-054289-6, ubicado en el puerto de Manzanillo Internacional Terminal, S.A. Por otro lado, y siendo que la presente investigación, no ha sido agotada, debe igualmente disponerse la devolución del expediente a la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera, Zona Norte, a efectos de que el funcionario instructor le reciba declaración indagatoria a quienes resulten inculpados en el hecho penal aduanero, antes señalado.

    ...Así las cosas, para determinar la responsabilidad extracontractual del Estado, se hace necesario entrar a determinar los elementos propios que configuran esta situación o condición, siendo éstos los siguientes:

    A.- La falla del servicio público por irregularidad, ineficiencia o ausencia del mismo.

    B.- El daño o perjuicio.

    C.- La relación de causalidad directa entre la falla del servicio público y el daño.

    En consecuencia, esta Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo y Laboral de la Corte Suprema de Justicia, le corresponderá entrar a determinar si se cumplieron cada uno de éstos elementos, a la luz de lo establecido dentro de la jurisprudencia patria, a través de la Sentencia de 24 de mayo de 2010, de éste mismo Despacho.

    A.- Sobre la falla del servicio público por irregularidad, ineficiencia o ausencia del mismo:

    Para considerar la existencia de una falla, irregularidad, ausencia o ineficiencia del servicio público, se deberá en el presente proceso evidenciar algún tipo de actuación que se haya realizado al margen de lo que establece la Ley o los reglamentos...

    ...En consecuencia, no quedándole otra vía u otro camino a la Administración Pública, para hacer cumplir la ley, y frente al peligro que los cigarrillos se encontraban dentro del territorio de la República de Panamá, sin existir documentación que comprobara que los mismos tenían otro destino; la Autoridad Nacional de Aduanas a efectos de no vulnerar las disposiciones legales en materia de salud y sanitaria, procede a su decomiso y destrucción. Así las cosas, difícilmente puede configurarse la existencia de daños y perjuicios sobre la mercancía de M. INTERNACIONAL, S.A., por lo que no se evidencia una prestación deficiente del servicio público.

  2. PARTE RESOLUTIVA:

    En consecuencia, la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA que el Estado panameño, por conducto de la Autoridad Nacional de Aduanas, NO ESTÁ OBLIGADO al pago de B/.163,442.25, en concepto de daños y perjuicios a la sociedad M. INTERNACIONAL, S.A., causados por la prestación deficiente del servicio público.

    N."

    Entonces, dentro de la presente causa, se ha comprobado que no se ha producido ninguna falla de la administración, a cargo del Municipio de Chitré. En relación con la responsabilidad del Estado, para la imputación de un daño antijurídico a la administración, debe aportarse el caudal probatorio que acredite cada uno de los hechos alegados dentro de la demanda presentada y en ese caso, no fue acreditada, por lo que no se puede acceder a las pretensiones esbozadas en la demanda de indemnización presentada. Por lo tanto, no se han configurado los elementos para considerar que se ha producido una prestación deficiente y defectuosa del servicio público.

    PARTE RESOLUTIVA

    En consecuencia, la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ACCEDE, a la pretensión de la firma J PADILLA ABOGADOS Y ASOCIADOS, actuando en nombre y representación de LESBIA J. SOLIS DE VILAMNY, ha presentado demanda contenciosa administrativa de indemnización, en contra el Estado Panameño (Municipio de Chitré), para que se le condene al pago de B/.614.328.00, en concepto de daños y perjuicios ocasionados por la mala prestación de servicios públicos y se ORDENA EL ARCHIVO del Incidente de Desacato, presentado por la firma J.P., actuando en nombre y representación de L.S., identificado con la entrada 285-16-A.

    N.,

    LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ

    ABEL AUGUSTO ZAMORANO -- CECILIO A. CEDALISE RIQUELME

    KATIA ROSAS (Secretaria)

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