Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 26 de Noviembre de 2019

PonenteLuis Ramón Fábrega Sánchez
Fecha de Resolución26 de Noviembre de 2019
EmisorTercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

Sala: Tercera de lo Contencioso Administrativo

Ponente: Luis Ramón Fábrega Sánchez

Fecha: 26 de noviembre de 2019

Materia: Acción contenciosa administrativa

Nulidad

Expediente: 966-19

VISTOS:

El Licenciado Cesar V., actuando en nombre y representación de V.S., J.G.R. de Z. y E.E.D., ha interpuesto Demanda Contencioso Administrativa de Nulidad para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N°20-15 de 3 de junio de 2015, emitida por la Corregiduría de Policía de las Margaritas de Chepo (Municipio de Chepo).

En esta etapa de admisión, este Despacho Sustanciador, procede al examen de los requisitos mínimos que debe cumplir toda Demanda Contencioso-Administrativa que se instaure ante la Sala Tercera, a fin de determinar su viabilidad.

Entonces, la Demanda Contencioso Administrativa de Nulidad está dirigida a que la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia declare la ilegalidad de una decisión adoptada la Corregiduría de Policía de las Margaritas de Chepo (Municipio de Chepo), la Resolución N°20-15 de 3 de junio de 2015, por medio de la cual la Corregidora de Descarga del Corregimiento de Chepo resolvió ordenar el lanzamiento por intruso de todos los demandados ocupantes de la finca 85354, propiedad del señor A.C..

Es importante indicar que, el acto impugnado tuvo sus inicios en un juicio de policía, específicamente un lanzamiento por intruso de la propiedad 85354, es por ello que a la presente demanda se le debe aplicar lo que establece el artículo 28 de la Ley N°135 de 1943, modificada por la Ley No.33 de 1946, el cual dispone lo siguiente:

"Artículo 28. No son acusables ante la jurisdicción contencioso-administrativa:

  1. Las resoluciones que se dicten en los juicios de Policía de naturaleza penal o civil.

    ...".

    De la citada norma se desprende que los juicios de policía civil, no pueden ser objeto de revisión por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, por ser un asunto regulado en el ámbito de la Policía Moral.

    El Fallo de 10 de enero de 2003, establece lo siguiente:

    "Nuestro Código Administrativo divide la policía en varias categorías y subcategorías, que han sido anteriormente revisadas por la Corte, para los efectos de deslindar competencias:

    "La Policía se divide en las categorías de policía moral y policía material. La primera tiene por objeto mantener el orden, la paz y la seguridad. En cambio la policía material comprende lo relativo a la salubridad y el ornato, la comodidad y el beneficio material de las poblaciones y los campos. Así lo prescribe el artículo 859 del Código Administrativo...

    ...Por otra parte, los juicios de policía de naturaleza penal y civil, a que se refiere el artículo 28 de la Ley 135 de 1943 (que los excluye de la jurisdicción contencioso administrativa), son procesos que pertenecen a la esfera de la policía moral.

    Esta se divide en Policía Preventiva, Policía Represiva, Policía Judicial y Policía Correccional (artículo 860 del Código Administrativo).

    Los juicios de policía de naturaleza penal y civil, que se mencionan en la Ley 135 de 1943, pertenecen a la sub categoría de policía correccional, de la categoría de policía moral.

    Están regulados como "Procedimientos Correccionales" y "Controversias Civiles de Policía en General", en los artículos 1708 a 1745 del Código Administrativo. A los mismos se refiere también el artículo 1368 del Código Judicial."

    En reiteradas ocasiones, esta Superioridad ha manifestado que los conflictos vecinales no son atendibles en la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por tratarse de un juicio de naturaleza civil de policía, a los que les es aplicable los Capítulos I y II del Título V del Libro III del Código Administrativo, los que de manera respectiva se denominan "Procedimientos Correccionales" y "Controversias Civiles de Policía en General", entre los que puede mencionarse el Auto de 30 de octubre de 2003, que en su parte pertinente expresa lo siguiente:

    El Magistrado Sustanciador procede a revisar el libelo de demanda, con el objeto de comprobar que cumple con los requisitos legales necesarios para su admisión.

    De conformidad con lo antes expuesto, el suscrito estima que la demanda no puede ser admitida, toda vez que el acto impugnado es una resolución dictada dentro de un juicio civil de policía. En efecto, se advierte que el proceso se fundamenta en la violación del Acuerdo Municipal Nº116 de 9 de julio de 1996, consistente en la construcción de una pared de bloques de 2.45m x 0.32m fuera de la línea de propiedad del señor MÉNDEZ LAY, obstaculizando las aguas pluviales de la casa Nº6 propiedad del señor OMAR CHING.

    En ese sentido, el artículo 28 de la Ley 135 de 1943 dispone en su numeral 2 que no son acusables ante esta jurisdicción 'las resoluciones que se dicten en los juicios de policía de naturaleza penal o civil'. Obsérvese que la citada norma alude a 'los juicios de policía de naturaleza penal o civil' con lo cual se está refiriendo a las dos grandes categorías de procesos o controversias de policía reguladas en el Código Administrativo, específicamente, en los Capítulos I y II del Libro III que se refieren a los 'Procedimientos Correccionales' y las 'Controversias Civiles de Policía en General', respectivamente

    El Fallo de 01 de noviembre de 2018, establece que:

    "...En este sentido, se observa que el acto impugnado es de aquellos que no son acusables ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, toda vez que la controversia planteada tiene origen en un proceso de desalojo instaurado entre... ante la Corregiduría R.A. a nivel de juicio de Policía Civil y el acto demandado, la Resolución N° R.A. 008-13 de 31 de enero de 2013, dictado por la Gobernación de la Provincia de Panamá, es un recurso extraordinario de revisión administrativa que RESUELVE: DEVOLVER el expediente que contiene el Proceso de controversia Civil en donde son partes... a la Corregiduría de Policía de R.A., para que proceda de acuerdo a lo resuelto por este despacho provincial.

    El artículo 28 de la Ley 135 de 1943 modificado por la Ley 33 de 1946, en su numeral 2 preceptúa lo siguiente:

    'Artículo 28. No son acusables ante la jurisdicción contencioso- administrativa:

  2. Las resoluciones que se dicten en los juicios de Policía de naturaleza penal o civil.

    ...'.

    ...En ese sentido cabe indicar que, ante el claro incumplimiento de los requisitos de forma que debe reunir toda Demanda Contenciosa Administrativa que se presente en esta jurisdicción, resulta aplicable lo preceptuado por el artículo 50 de la Ley 135 de 1943, modificada por la Ley 33 de 1946, según el cual 'No se dará curso a la demanda que carezca de alguna de las anteriores formalidades...', por lo tanto, la demanda es inadmisible y así debe declararse."

    Por las razones mencionadas anteriormente, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley N°135 de 1943, no es posible darle curso a la presente demanda y así pasamos a declararlo.

    En consecuencia, el Magistrado Sustanciador, en representación de la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción..."

    También es importante destacar que, el contenido del artículo 44 de la Ley 135 de 1943, indica que con toda Demanda Contenciosa Administrativa de Plena Jurisdicción o Nulidad, debe presentarse copia del acto acusado con constancia de su notificación, debiendo entenderse que conforme las disposiciones del Código Judicial aplicado supletoriamente en el proceso Contencioso Administrativo, dicha copia debe estar debidamente autenticada para su validez probatoria.

    La Sala Tercera ha señalado de manera reiterada que al interponer una demanda la parte actora debe cumplir, dentro de las formalidades requeridas por la ley para interponer acciones ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, con lo establecido en el artículo 44 de la Ley 135 de 1943, en concordancia con el artículo 833 del Código Judicial, que rezan así:

    "Artículo 44. A la demanda deberá acompañar el actor una copia del acto acusado, con las constancias de su publicación, notificación o ejecución, según los casos.

    Artículo 833. Los documentos se aportarán al proceso en originales o en copias, de conformidad con lo dispuesto en este Código. Las copias podrán consistir en transcripción o reproducción mecánica, química o por cualquier otro medio científico. Las reproducciones deberán ser autenticadas por el funcionario público encargado de la custodia del original, a menos que sean compulsadas del original o en copia auténtica en inspección judicial y salvo que la Ley disponga otra cosa." (El subrayado es nuestro)

    El fallo de 5 de octubre de 2009 indica que:

    "II. DECISIÓN DE LA SALA

    Una vez analizados los argumentos vertidos, así como las consideraciones que sirvieron de marco para que el Magistrado Sustanciador admitiese la acción presentada, este Tribunal de Segunda Instancia procede a resolver el recurso incoado, previa las siguientes consideraciones.

    En lo medular, la posición del defensor del acto demandado, se centra en que la demanda no cumplió con lo establecido en el artículo 44 de la Ley 135 de 1943, modificada por la Ley 33 de 1946.

    Este Tribunal de Segunda Instancia observa que, el demandante no adjunta al líbelo de demanda copia debidamente autenticada del acto administrativo que contiene las expresiones tachadas de nulas, por ilegales. En este marco, esta M. ha reiterado que al presentarse una demanda, la parte actora debe cumplir, dentro de las formalidades requeridas por la Ley para incoar acciones ante la Sala Contencioso-Administrativo, con lo establecido en el artículo 44 de la Ley 135 de 1943, en concordancia con el artículo 786 del Código Judicial, que a la letra dicen:

    Artículo 44. A la demanda deberá acompañar el actor una copia del acto acusado, con las constancias de su publicación, notificación o ejecución, según los casos.

    En precedentes de esta Superioridad, se ha señalado lo siguiente:

  3. Auto de 1 de agosto de 2005.

    "...

    Al examinar la demanda para su admisibilidad, se advierte que la parte actora omitió la presentación de la copia del acto acusado, incumpliendo de esta forma con el requisito establecido en el artículo 44 de la Ley 135 de 1943 que señala que "a la demanda deberá acompañar el actor una copia del acto acusado, con las constancias de su publicación, notificación o ejecución, según los casos".

    En esta misma línea de pensamiento, es conveniente señalar lo que estipula el artículo 786 del Código Judicial que a la letra dice:

    "Toda ley, decreto ley, decreto de gabinete, acuerdo, ordenanza, reglamento, resolución, dictamen, informe, fallo, documento o acto de cualquier género, emanado de alguna autoridad o funcionario de cualquier Órgano del Estado o de un municipio de cualquier entidad autónoma, semiautónoma o descentralizada y publicado en los Anales del Órgano Legislativo, en la Gaceta Oficial, en el Registro Judicial, en el Registro de la Propiedad Industrial, en cualquier recopilación o edición de carácter oficial o de la Universidad Nacional, hará plena prueba en cuanto a la existencia y contenido del documento. Se presumirá que los jueces tienen conocimiento de los actos o documentos oficiales así publicados y valdrán en demandas, peticiones, alegatos y otras afirmaciones de las partes, sin necesidad de que consten en el proceso. El juez podrá hacer las averiguaciones que desee para verificar la existencia o contenido de tales actos.

    Las partes podrán, no obstante, aportar el respectivo documento o acto si así lo desearen.

    Exceptúase el caso en que el acto en cuestión sea objeto de la demanda, en el cual se aportará conforme a las normas comunes (el subrayado es de la Sala)".

    Por tanto, si bien el demandante manifestó a la Sala que la Resolución 5-2004 de 7 de mayo de 2004 que fue impugnada, aparece publicada en la Gaceta Oficial 25,076, el hecho de que la aportación de la copia del acto acusado sea un requisito para la presentación de la demanda, ello impide a esta Superioridad darle curso a la misma, de conformidad con lo señalado el artículo 50 de la Ley 135 de 1943 que dice: "No se dará curso a la demanda que carezca de alguna de las anteriores formalidades, y su presentación no interrumpe los términos señalados para la prescripción de la acción".

    En virtud de las consideraciones señaladas y con fundamento en lo anteriormente expuesto, lamentablemente, lo procedente es negarle el trámite a la presente demanda.

    ..."

    Por lo antes expuesto, el Tribunal Ad-Quem estima que no debe dársele curso legal a la demanda presentada, acorde a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 135 de 1943, por lo que procede a revocar el auto venido en apelación.

    En consecuencia, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, PREVIA REVOCATORIA del Auto de 2 de abril de 2009, NO ADMITEN la demanda contencioso administrativa de nulidad, interpuesta...."

    Sin embargo, el demandante, no aportó copia autenticada del acto demandado, incumpliéndose con este requisito esencial de admisión.

    En virtud de las consideraciones anteriores, y de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley N°135 de 1943, modificado por el artículo 31 de la Ley N°33 de 1946, según el cual: "No se dará curso a la demanda que carezca de alguna de las anteriores formalidades...", se concluye que la demanda presentada en contra de la Resolución N°20-15 de 3 de junio de 2015, emitida por la Corregiduría de Policía de las Margaritas de Chepo (Municipio de Chepo), no puede ser admitida.

    En consecuencia, el Magistrado Sustanciador, en representación de la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la Demanda Contencioso Administrativa de Nulidad, interpuesta por el Licenciado Cesar V., actuando en nombre y representación de V.S., J.G.R. de Z. y E.E.D., para que se declare nula por ilegal la Resolución N°20-15 de 3 de junio de 2015, emitida por la Corregiduría de Policía de las Margaritas de Chepo (Municipio de Chepo).

    N.,

    LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ

    KATIA ROSAS (Secretaria)

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