Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 5 de Septiembre de 2003

Ponente:César Pereira Burgos
Fecha de Resolución: 5 de Septiembre de 2003
Emisor:Corte Suprema de Justicia (Pleno)
RESUMEN

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROMOVIDO POR LA LICENCIADA ILKA YAZMEL TELLO GRANADOS, EN REPRESENTACIÓN DE JORGE LUIS GRANADOS, CONTRA LA RESOLUCIÓN Nº5-I-T DEL 29 DE ABRIL DE 2003, PROFERIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ

 
CONTENIDO

VISTOS:

Conoce el Pleno de la Corte Suprema de Justicia de la acción de amparo de garantías constitucionales formulada por la licenciada I.Y.T.G., quien actúa en representación legal de J.L.G., contra la orden de hacer contenida en la Resolución Nº5-I-T de 29 de abril de 2003, emitida por el Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia.

El acto censurado con la presente iniciativa constitucional resuelve revocar la Resolución Nº268-02F de 28 de noviembre de 2002, proferida por el Juzgado Segundo de Niñez y Adolescencia de Panamá, y en su lugar, ordena que la niña

D.P.G.V. sea reintegrada a su hogar materno.

Cabe destacar que la acción subjetiva fue admitida por el despacho sustanciador mediante resolución judicial calendada 17 de junio de 2003, medida judicial en la que también se ordenó la suspensión inmediata de los efectos de la orden impugnada, tal como lo prevé el artículo 2621 del Código Judicial.

La ritualidad procesal asignada a este tipo de iniciativa indica que lo que sigue en derecho es emitir una decisión de fondo sobre la controversia constitucional planteada, para lo cual se atienden las siguientes consideraciones.

ARGUMENTOS DEL AMPARISTA

En el libelo de formalización de la acción de amparo de garantías constitucionales, se plantea la argumentación fáctica de que la orden censurada "viola el debido proceso en dos (2) vías y conceptos muy claros que son: 1. Niega la facultad a la Juez de Primera Instancia de velar y proteger, así como el de conceder preferencia al interés superior del menor o la menor. 2. Indirectamente, al revocar el A.J., coloca a nuestro mandante ante una desigualdad de cónyuges ante la Guarda y Crianza, violando así el artículo 53 de la Constitución Nacional que prevee la igualdad de derecho entre los cónyuges en materia de Guarda y Crianza" (f.4 del cuaderno de amparo).

Al desarrollar la sección de las disposiciones constitucionales que se consideran infringidas, la actora señala que la orden impugnada ha vulnerado los artículos 52, 53 y 55 de la Constitución Nacional. A este respecto, la demandante explica que la resolución emitida por el Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia, desatiende claros preceptos de derecho de familia que indican que los jueces y autoridades administrativas, al conocer los asuntos familiares, concederán preferencia al interés superior del menor, toda vez que su decisión obvió tomar en cuenta la opinión y sentir de la menor objeto del proceso de familia (f.5 del cuaderno de amparo). De igual manera, se sostiene que "la figura de reintegro en si, no aparece en nuestra legislación nacional sino como una medida cautelar improvisada por el Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia con la finalidad de auxiliar a algunos de los progenitores...Ello es incorrecto" y que en este caso se creó un estado de desigualdad en perjuicio del padre de la menor, por no atenderse que "los Agentes del Ministerio Público como la Defensora de Menor consideraron que debía mantenerse y confirmarse la Resolución de primera instancia ya que existían suficientes elementos probatorios considerando el bienestar de la niña" (f.6 del cuaderno de amparo).

ANTECEDENTES DEL CASO

El examen de las constancias procesales permite conocer que el proceso de familia que ocasiona la resolución impugnada con el presente amparo de garantías constitucional, data de 1998 en virtud de solicitud de reglamentación de visitas propuesta por J.L.G. contra D.V. y en favor de la menor D.P.G.V.. Inicialmente el régimen de visitas estipulado por la juzgadora de instancia no fue cumplido por D.V., lo que motivó incluso que se le declarara en desacato y se decretara en su contra orden de apremio corporal. Sin embargo, luego de ello, lo decidido se atiende sin inconvenientes, incluso tiempo después queda, tácitamente, sin efectos por la decisión voluntaria de los padres de la menor de restablecer su relación conyugal y convivencia común.

No obstante con posterioridad, en el mes de julio de 2002, la relación de pareja de los padres de la menor vuelve a resquebrajarse. Ahora con el consecuente resultado de que J.L.G., mediante representante legal, presenta demanda de guarda, crianza y educación contra D.V. y en favor de la menor D.P.G.V., proceso que es acumulado por la juzgadora de la causa, con el anterior de reglamentación de visitas, mediante resolución calendada 13 de septiembre de 2002 (f.391 de los antecedentes).

La iniciativa presentada por J.L.G. se fundamentó en la argumentación fáctica de que la niña estaba siendo objeto de malos tratos por parte de su madre. De ahí también surge la denuncia de maltrato a menores presentada contra D.V., iniciativa que valga la pena decir, fue desestimada por el Juzgado Segundo de N. y Adolescencia del Primer Circuito Judicial de Panamá mediante Resolución Nº365 PRO de 3 de septiembre de 2002 (f.826 de los antecedentes). Es importante señalar que en esta última resolución judicial también se le niega la solicitud de guarda y crianza provisional a D.V. y establece de manera provisional que la niña D.P.G.V. permanezca con su madre los días que le corresponda descanso laboral.

Ahora bien, la acciones judiciales desplegadas por J.L.G. también motivaron actuación por parte de D.V., quien acude a las instalaciones del Centro de Recepción de Denuncias de la Policía Técnica Judicial y propone denuncia criminal contra su esposo J.L.G., por delito de violencia doméstica (fs.418.422 de los antecedentes). En el plano del derecho de familia, presenta solicitud de guarda y crianza de la menor D.P.G.V., al igual que solicitud de reintegro basado en que J.L.G. se llevó a la menor sin autorización y es la madre la que tiene la custodia de hecho (fs.440-442 y 455-456 de los antecedentes).

La citada solicitud de reintegro fue negada por el Juzgado Segundo de N. y Adolescencia mediante Resolución Nº268-02 F de 28 de noviembre de 2002" (fs.870-871). Esa resolución fue apelada por la apoderada judicial de D.V., lo que motivó el ingreso del negocio al Tribunal Superior de Niñez y

Adolescencia, despacho judicial que mediante Resolución Nº5-I-T de 29 de abril de 2003 decide revocar la medida jurisdiccional apelada y en su lugar, ordena que la niña D.P.G.V. sea reintegrada a su hogar materno (f.912 de los antecedentes).

Esta última resolución judicial es la que censura con la acción de amparo de garantías constitucionales que ahora se considera.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE

Presentadas las generalidades de esta acción constitucional, procede el Pleno de la Corte ha determinar si la orden contenida en la resolución judicial censurada es violatoria de alguna de las garantías que nuestra Carta Fundamental consagra. En esa labor jurídica, se destaca que la demandante manifiesta que han sido transgredidos los artículos 52, 53 y 55 de la Constitución Nacional.

A propósito de la infracción del artículo 52 constitucional, cabe señalar que versa sobre la obligación del Estado de proteger la salud física, mental y moral de los menores y garantizar el derecho de éstos a la alimentación, la salud, la educación y la seguridad y previsión sociales. Esta adecuación constitucional que otorga una serie de derechos a los menores, es lo que sintetizadamente se conoce como el principio del interés superior del menor y es precisamente, hacia la infracción de este principio que se dirige la proposición de la iniciativa constitucional que hoy se examina.

Criterios jurisprudenciales emitidos por esta Corporación de Justicia indican que la protección constitucional de los derechos de los menores forman parte de los derechos humanos de segunda generación mencionados de forma general en el supracitado artículo 52 de la Constitución Nacional y, por esta razón, el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño constituye un complemento a este texto constitucional, al establecer que en todas las medidas que se adopten institucionalmente, por autoridades o tribunales concernientes a niños, debe prevalecer el interés superior del menor, concepto que implica el derecho del niño a una protección especial y a la primacía de sus intereses (Cfr. Registros Judiciales de julio de 1998, pág.30 y enero de 2000, pág.18).

En el negocio que ahora nos ocupa, se advierte que la custodia de la niña D.P.G.V. ha desatado un verdadera disputa legal entre sus padres, quienes se han valido de toda clase de artimañas, demandas de familia, recursos e incluso denuncias penales, para conseguir la guarda, crianza y educación de la niña, inclusive a costas de la tranquilidad emocional de la menor, sin atender las repercusiones negativas de afectividad y comportamiento que ésta pueda sufrir a consecuencia de tantas controversias y polémicas. La actitud de los padres en este caso es reprochable, pues ni siquiera han atendido con regularidad, el mandato impuesto por los tribunales de la causa, de asistir a terapias para padres separados, a fin de recibir las orientaciones y procurar lograr un mejor ambiente afectivo para la niña. Al contrario, insisten en sostener posiciones antagónicas y de conflicto. Por ello, sería recomendable que la autoridad judicial de la causa, en su debido momento procesal, considere o valore, de continuar los padres con esa actitud, por el bienestar de la menor, la aplicación de medidas extremas tales como la suspensión de la comunicación con los progenitores o la colocación en hogar sustituto. Lo expuesto debe entenderse no como una disposición o mandato judicial, sino como un necesario comentario o llamado de atención que hace la Corte preocupada porque en este caso, se garantice la supremacía del interés superior de la menor.

En la labor de constatar si la resolución censurada con el amparo riñe con el principio del interés superior del menor, que es la materia sometida a consideración de este tribunal, se estima conveniente adelantar que dicha medida tiene la particularidad de que accede a una solicitud de reintegro propuesta por D.V. en favor de su menor hija D.P.G.V. y contra su esposo J.L.G.. La decisión jurídica de reintegrar a la menor a su hogar materno, fue el resultado de la consideración motiva medular de que no existen "factores que amenacen la seguridad e integridad de la niña, y en aras de proteger su derecho a permanecer en su entorno habitual" (f.912 de los antecedentes).

No obstante lo anterior, el Pleno advierte que la medida atacada con el amparo no es cónsono ni con la regulación legal que se establece sobre la figura del reintegro, ni con el principio del interés superior del menor que se desprende del texto del artículo 52 constitucional. En esa línea de pensamiento, vale resaltar en primer término que el reintegro es una petición que se encuentra consagrada en el artículo 322 del Código de la Familia, según el cual los padres pueden impetrar el auxilio de la autoridad competente, para lograr la restitución de su hijo a la casa paterna o la que ellos hayan señalado o señalen. La manera como viene redactada la disposición legal indica la improcedencia de su reconocimiento en el caso que ahora nos ocupa, pues las constancias procesales permiten conocer que previo a la situación que ocasionara la separación de hecho de los esposos Granados, la guarda y crianza de la niña D.P.G.V. era compartida por ambos padres, debido a que la menor convivía con ellos dos en la residencia familiar.

En segundo lugar, y este es el cargo que realmente indica la viabilidad del amparo propuesto, se observa que la orden impugnada fue emitida desatendiendo el principio del interés superior de la menor D.P.G.V.. Esto por la consideración de varias circunstancias. Primero, que el examen de los antecedentes pone de relieve que cuando el padre de la menor J.L.G. abandona la casa, es la propia niña la que le manifiesta su intención de irse con

él, no debido a una reacción antojadiza de la niña, sino por comentarios de maltratos que recibía por parte de su madre.

De otra parte, en el expediente constan sendos manuscritos redactados por la niña D.P.G.V., en los que señala que su madre D.V. la agrede física y verbalmente y en otras externa frases de cariño hacia la figura de su padre (fs.398-401 de los antecedentes). Estos maltratos que recibía la niña también se consultan en entrevista psicológica realizada a la menor por un equipo interdisciplinario del Juzgado Segundo de N. y Adolescencia del Primer Circuito Judicial de Panamá (fs.458-459 de los antecedentes). En esa diligencia también se dejó establecido su inclinación de vivir con su padre, al igual que lo hizo en visita supervisada entre ella y su madre D.V. (fs.774-775 de los antecedentes).

A propósito de las presuntas agresiones atribuidas a la madre de la menor, debe dejarse claro que si bien el juez de la causa desestimó la figura del maltrato, lo cierto es que quedó acreditado un comportamiento inadecuado por parte de D.V. en el método de educación de su menor hija, suceso que las constancias de autos indican que nunca se le ha atribuido a su padre J.L.G.. Además, la niña abiertamente y desde el principio, mostró su ánimo de querer convivir con su padre y visitar a su madre. Sobre este último punto, se recuerda que el artículo 12 de la Convención Sobre los Derechos del Niño, preceptúa con claridad que el niño tiene derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que le afecten.

Por último, también se debe considerar que la seguridad de la niña se garantiza mejor, residiendo con su padre, pues si bien tanto J.L.G. como D.V., por motivos de trabajo (ambos laboran en la Compañía Panameña de Aviación) continuamente se ausentan de sus respectivas residencias, lo cierto es que existe constancia en el expediente que J.L.G. se encuentra residiendo en casa de su hermana, que es jubilada y permanece con regularidad en la casa y cuando está de viaje, es ella quien queda a cargo de la niña; mientras que el caso de D.V. es distinto, pues en su ausencia quien tiene el deber de cuidado de la niña es una empleada doméstica.

Todo lo expuesto demuestra que la medida que se examina fue proferida con desatención de la norma que regula la procedencia del reintegro en materia de familia y del interés superior del menor, con lo que resultan infringidos el debido proceso y el texto del artículo 52 de la Carta Magna. De ahí que lo que siga en derecho sea revocar la orden censurada y consecuentemente, mantener la medida de instancia adoptada por el Juzgado Segundo de N. y Adolescencia mediante Resolución Nº268-02 F de 28 de noviembre de 2002, que decidió negar el incidente de reintegro, tras realizar un adecuado juicio de valor sobre la causa, considerando que "al momento de producirse el abandono del hogar por parte del señor Granados, la niña D.P. se encontraba al cuidado de los dos y ésta a manifestado su deseo de permanecer con su papá" (fs.870-871).

Por las consideraciones que anteceden, el PLENO DE LA CORTE SUPREMA administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley CONCEDE el amparo de garantías constitucionales propuesto por la licenciada I.Y.T.G., en representación legal de J.L.G., y por tanto REVOCA la Resolución Nº5-I-T de 29 de abril de 2003, emitida por el Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia.

N. y cúmplase.

CÉSAR PEREIRA BURGOS

ANÍBAL SALAS CÉSPEDES (Con Salvamento de Voto) -- W.S. FRANCO -- JOSÉ A. TROYANO -- ADÁN ARNULFO ARJONA L. -- VIRGILIO TRUJILLO -- ROBERTO GONZALEZ R. -- ROGELIO A. FÁBREGA ZARAK -- ARTURO HOYOS

CARLOS H. CUESTAS G. (Secretario General)

SALVAMENTO DE VOTO DE

ANÍBAL SALAS CÉSPEDES

Respetuosamente, en esta ocasión disiento de la decisión adoptada mayoritariamente dentro del presente Amparo de Garantías Constitucionales, mediante el cual, previa concesión de la acción, se revoca la Resolución N° 5-I-T de 29 de abril de 2003, emitida por el Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia.

A continuación expongo las consideraciones en que se apoya mi disensión:

En primer lugar, estimo que la acción presentada debió declararse no viable, en la medida en que el acto atacado por vía constitucional, es decir la Resolución N° 5-I-T de 29 de abril de 2003, no hace tránsito a cosa juzgada, por ende, no es susceptible de ser impugnada a través de la acción de Amparo, pues dicha resolución ha sido dictada en segunda instancia dentro de un incidente de reintegro, como medida provisional, mientras se resuelve el proceso de guarda y crianza que se ventila entre ambos progenitores ante el Juzgado Segundo de Niñez y Adolescencia del Primer Circuito Judicial de Panamá.

Este Tribunal ha mantenido el criterio que no procede esta extraordinaria acción contra resoluciones que tengan una estabilidad temporal. Así este Pleno en resolución de 3 de marzo de 2000 señaló:

En el caso que nos ocupa, la Corte efectivamente señaló que el amparo no es el medio idóneo para tratar de enervar las resoluciones en los que se diluciden situaciones de menores, ya que la naturaleza de dichas resoluciones conlleva estabilidad temporal condicionada debido a que tales relaciones son dinámicas y pueden variar con el paso del tiempo. En consecuencia, una resolución en materia de tutela de menores puede modificarse si surge algún elemento que amerite revisión, y por tanto, su carácter no es absolutamente definitivo

De igual forma, en resolución de 30 de octubre de 1998, se manifestó:

"... Debe tomarse en consideración que las decisiones de los Juzgados Seccionales de Menores no hacen tránsito a cosa juzgada; que estos juzgadores pueden practicar medidas precautorias urgentes cuando sea necesario; y por inmediación procesal son ellos los que tienen los elementos de juicio necesarios para resolver el conflicto planteado."

Por otro lado, en el último párrafo de la foja 9 de la resolución disentida se señala que "Todo lo expuesto demuestra que la medida que se examina fue proferida con desatención de la norma que regula la procedencia del reintegro en materia de familia y del interés superior del menor, con lo que resultan infringidos el debido proceso y el texto del artículo 52 de la Carta Magna"

A nuestro juicio, la concesión del amparo no puede apoyarse en la violación del debido proceso, ya que, si bien, es cierto en el hecho quinto del libelo de amparo, se menciona que la resolución impugnada viola el debido proceso en dos vías o conceptos muy claros, en el apartado relativo a las disposiciones constitucionales infringidas y el concepto en que lo han sido, la amparista omite invocar, transcribir y menos aún explicar violación alguna del artículo 32 de la Constitución, contentivo de dicha garantía, pues se limita a indicar como violados los artículos 52,53 y 55 de la Carta Magna.

En materia de amparo rige el principio dispositivo o de justicia rogada, el cual limita la competencia del Tribunal de amparo al estudio y pronunciamiento sobre la situación estrictamente planteada en la demanda, sin que le sea permitido entrar a considerar disposiciones constitucionales no aducidas como infringidas, ni entrar a examinar aspectos distintos de los expuestos y reclamados en el amparo. (Cfr. Sentencias del Pleno de 18 de abril de 1994; 22 de abril de 1994 y de 7 de enero de 1997).

Finalmente, en mi opinión el artículo 52 de la Constitución, es una norma de naturaleza programática, que no consagra per se un derecho particular susceptible de ser infringido, aún cuando para su mejor examen en precedentes judiciales se haya complementado dicho texto con el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño (Ley N° 15 de 6 de noviembre de 1990), que sí consagra diáfanamente el cardinal principio del interés superior del menor.

Y es que resulta riesgoso, que esta Corporación Judicial, en sede de amparo, so pretexto de honrar el principio del "interés superior del menor" se convierta en una tercera instancia de la Jurisdicción Especializada de N. y Adolescencia, con facultades para reexaminar o reevaluar el caudal probatorio que obre en un proceso privativo de esa jurisdicción, tal como sucede en la presente resolución.

Sobre este extremo, el Pleno en sentencia de 29 de enero de 2001, bajo la ponencia del Magistrado A.A.A., puntualizó:

Como es sabido, en esta clase de procesos la Corte no puede revisar los aspectos relativos a las pruebas y juicios que sirvieron de fundamento a un tribunal competente para emitir un fallo en un negocio determinado, puesto que con ello esta Corporación de Justicia asumiría la posición de tribunal de instancia y rebasaría su atribución específica de control constitucional, mediante la confrontación de la orden impugnada con los preceptos constitucionales que contienen las garantías que se estiman violadas.

...

Con esta decisión, el Pleno no está desconociendo la situación del menor, sino, por el contrario, está reconociendo que, por la especificidad y lo delicado de la materia sometida a consideración, le corresponde a los Tribunales especializados examinar con detalle los temas atinentes a las relaciones familiares. Son los tribunales de familia a quienes les corresponde evaluar los elementos de prueba, y demás circunstancias particulares del caso concreto.

Como quiera entonces, que las observaciones que originalmente presenté al proyecto de resolución, no fueron compartidas por la mayoría de los Honorables Magistrados, estimo que lo procedente es SALVAR EL VOTO, como en efecto lo hago.

Fecha Ut Supra.

Aníbal Salas Céspedes

Carlos H. Cuestas G. (Secretario General)