Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 1 de Febrero de 2007

PonenteVictor L. Benavides P.
Fecha de Resolución 1 de Febrero de 2007
EmisorCorte Suprema de Justicia (Pleno)

VISTOS:

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia, conoce de la Acción Constitucional de Habeas Corpus, interpuesta por el Licenciado R.F.C.A., a favor de J.J.G. y contra de la orden de detención preventiva decretada por el Administrador Regional de Aduanas, Zona Oriental.

I-LA ACCIÓN DE HABEAS CORPUS

Mediante memorial presentado en la Secretaria General de esta Judicatura, el Licenciado R.C. promueve acción constitucional de habeas Corpus a favor de su representado J.J.D.G., quien a la fecha, cumple detención preventiva, decretada por el Administrador Regional de Aduanas, Zona Oriental.

En lo medular de la acción, el promovente señala, que la providencia No. AL-ARA-030 de 24 de octubre de 2005, por medio del cual el Administrador Regional de Aduanas, Zona Oriental, ordena la detención preventiva de su apoderado, es a todas luces violatoria de los artículos 22 y 32 de la Constitución Política.

A su concepto, ello es así, dado que el acto atacado, afirma que existen graves indicios de culpabilidad en contra del imputado con el delito aduanero de los previstos en la Ley 16 de 29 de agosto de 1979, lo cual dio lugar a que, la autoridad decretara la detención preventiva. Lo expresado, a juicio del accionante, infringe el principio constitucional de presunción de inocencia, dado que mal puede mantenérsele privado de libertad, sin todavía haberse resuelto objetivamente sobre su responsabilidad.

En cuanto a la violación del artículo 32 de la Constitución Política, argumenta que la libertad corporal de D.G., se sustenta en una Ley Derogada. En ese sentido, textualmente expresa lo siguiente:

"Es menester señalar que la Ley 16 de 29 de agosto de 1979, fue derogada por el artículo 22 de la Ley No. 97 de 21 de diciembre de 1998, promulgada en la Gaceta Oficial No. 23, 698 de miércoles 23 de diciembre de 1998. Lo que no está claro es si el mismo artículo 22 de la precitada ley 97, también deroga la Ley No. 30 del 8 de noviembre de 1984, pero aunque ello no sea así, esta ley vulnera el artículo 32 de la Constitución, arriba reproducida en lo pertinente a que "Nadie puede ser juzgado sino por autoridad competente.". El funcionario acusado, al decidir privar de la libertad a J.J.D.G., fundamentado en la ley 16 de 29 de agosto de 1979, derogada por cierto, y con base en el artículo 45 de la Ley 30 de 8 de noviembre de 1984..." (f.5).

Finalmente el demandante, en su razonamiento expresa que la detención preventiva, viola el artículo 32 de la Constitución Política, ya que la autoridad jurisdiccional, asumió las investigaciones penales en contra de su representado, en atención al delito aduanero de contrabando; no obstante, ese hecho, al mismo tiempo es instruido por la Fiscalía Segunda, por Delito Contra el Patrimonio en la modalidad de Hurto, de ahí, que la autoridad de aduanas, no debe continuar con las investigaciones, ya que ello, constituye, un doble juzgamiento, lo cual, a criterio del actor, vulnera flagrantemente el contenido de la norma fundamental citada, que establece lo referente al debido proceso legal.

II-NFORME DE LA AUTORIDAD DEMANDADA:

De conformidad con el artículo 2585 del Código Judicial, mediante proveído de 6 de marzo de este año, se concedió el mandamiento de Habeas Corpus, para que la autoridad demandada, rindiera informe en el cual anote las exigencias descritas en el artículo 2591 del Código Judicial, así como también, para que el privado de libertad sea puesto a ordenes de este Tribunal Constitucional.

Así pues, a través de Nota No. 710-01-224-ARAZO-Al de 7 de marzo de 2006, el Administrador Regional de Aduanas, Zona Oriental, contestó el mandamiento de Habeas Corpus, poniendo además, al privado de libertad a disposición de esta judicatura y remitiendo copia autenticada del infolio penal.

El Informe de la Autoridad acusada, en lo medular consigna que en efecto dicho despacho decretó mediante providencia motivada, la detención preventiva del señor J.J.D.G., en virtud de las siguientes consideraciones:

Primero

El señor J.J.D.G., conductor de la Mula Mack 89, con placa 328809, de transporte T.M., fue detectado el día 19 de octubre de 1005, por un inspector del Puerto de Balboas, quien al comparar lo descrito en la documentación de aduanas con los datos del contenedor MAEU-576048-8, procendente de la Zona Libre de Colón, del puerto de De France Field detectó que los sellos de seguridad o marchamos (sello No 1132599, sello naviero Maersk ML- LA0301845, el sello de alambre No 1308749 y el sello de Melarens Int`l No 95226, estaban violados, y el precinto o sello de aduanas, estaba pegado con goma.

Segundo

Posteriormente, comprueban inspectores fiscales aduaneros, en presencia de dueño del contenedor, el del transporte, el inspector del seguro, el dueño de la carga, y el inspector de averías, que de un Total SEISCIENTOS OCHENTA (680) B., habían sustraído la cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y CINCO (575) Bultos de Monitores o pantallas para computadoras, ya que sólo encuentran CINTO QUINCE (115) Bultos, mercancías cuyo consignatario es la empresa LG ELECTRONICS PANAMÁ, S.A., no nacionalizadas, es decir, que no tenían sus impuestos, derechos, tasas, y gravámenes aduaneros cancelados.

Tercero

El señor J.J.D.G., manifestó en su Declaración Indagatoria rendida el día 21 de octubre de 2005, en el Despacho del funcionario de instrucción sumarial aduanero, ignorar o desconocer el paradero de las mercancías descritas y en consecuencia, las mismas se encuentran ilícitamente en nuestro país, toda vez que no han sido pagados los impuestos, derechos y demás gravámenes aduaneros, lo cual constituye acreditado el hecho punible, razón por la cual se ordenó su detención preventiva, debido a los graves indicios de culpabilidad que existen en su contra, de conformidad con lo investigado y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley No 30 de 8 de noviembre de 1984" (fs. 105-107).

III-CONSIDERACIONES DEL PLENO

Una vez cumplido con los trámites procesales inherentes a este tipo de causas, el Tribunal de Habeas Corpus, procede con el análisis de fondo, no sin antes señalar que el estudio de la acción constitucional, sólo va encaminado a determinar la legalidad o no de la providencia que decretó la detención preventiva, conforme lo exige el artículo 21de la Constitución Política, y las normas Penales Aduaneras, y no así, al estudio de los aspectos relacionados al hecho antijurídico, que corresponden únicamente a la jurisdicción penal de la materia

Antes de iniciar con el examen de lugar, conviene precisar que el accionante, en fecha anterior acudió a este Tribunal Constitucional, a través de acción de Habeas Corpus, dentro del mismo proceso penal aduanero que se le sigue al señor D.G.. En dicho momento, el Pleno de la Corte Suprema, a través de Fallo de 1 de febrero de 2006, resolvió declarar legal la detención preventiva que pesa sobre su representado.

Con relación a lo anterior, el Pleno, se ve compelido a señalar que a la fecha, la situación jurídico penal del imputado D.G., dentro de la investigación que se le sigue, no ha variado en lo absoluto, a la presentada, al momento en que esta Corporación de Justicia, examinó la primera acción de Habeas Corpus.

Ello significa, que a la postre se mantienen los elementos probatorios e indicios que vinculan al imputado con el hecho instruido, los cuales de por si, fueron suficientes, para que la autoridad optara en su momento, por la restricción de libertad, y, ellos, son también, lógicamente categóricos, como para que este Tribunal, pueda observar, que a la fecha, la medida cautelar de detención preventiva que cumple el señor D.G., es jurídicamente permisible.

Los hechos imputados al señor D.G., están recogidos en la Ley No 30 de 8 de noviembre de 1984, en sus artículos 15 y 16, en lo referente al "contrabando". Sobre ese aparte, debe tomarse en cuenta que las infracciones aduaneras, comprenden, entre otras cosas, como bien lo manifiesta el jurista mexicano "a vía de ejemplo la obligación del transportista en cuanto a cruzar la frontera aduanera por los puntos habilitados; presentar a las autoridades aduaneras los manifiestos, listas y demás documentos que amparan al medio de transporte, las mercaderías, los pasajeros y tripulantes y que viajan en el; movilizándose por la ruta legal hacía la aduana de destino, en el lugar, forma y hora establecida por la aduana, etcétera" (WITKER, J.. Derecho Tributario Aduanero. Editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, 1999. P.. 289).

Es visto en el proceso llevado por el Administrador Regional de Aduanas, que la mercancía llevada por D.G., presentaba ciertas alteraciones y en otras había un faltante considerable de ellas; a todo lo cual, se adiciona que dichas mercaderías no habían cumplido con los importes que exige el ordenamiento jurídico panameño. Ello entonces, vine a constituir, sin lugar a dudas la comisión de un ilícito aduanero, que por sus matices especiales, recogidos en legislación independiente, a la Ley Procesal Penal común, hacen procedente la detención ahora acusada de ilegal.

El texto legal supra citado, señala en el artículo 45 lo siguiente:

Artículo 45. Los sindicados en un delito aduanero, si existiere plena prueba de éste o graves indicios de culpabilidad, podrán ser detenidos preventivamente hasta tanto consignen fianza para obtener su libertad provisional o varíe la situación procesal que amerite dejar sin efecto la medida.

En atención a que el expediente recopila los elementos necesarios que prueban la comisión de un hecho punible aduanero y que igualmente se demuestra que el señor GARIBALDI tiene vinculación con dicho delito; la detención preventiva impuesta por el Administrador de Aduanas es totalmente legal y en razón a ello debe mantenerse tal medida.

Con relación a la responsabilidad penal aduanera que le cabe al conductor del vehículo es importante precisar lo siguiente:

El artículo 37 del texto legal precitado, señala que "se considera como autores o coautores de los delitos de contrabando y defraudación aduanera a las personas que toman parte directa en su ejecución o que coadyuven intencionalmente y en forma decisiva en su comisión".

El Conductor al igual que el Propietario o Empresa responsable de las mercancías, se convierte en sujeto activo cuando se trata de la comisión de delitos aduaneros. Y no sólo eso, sino que ante la ocurrencia de un hecho de esta naturaleza, es decir contrabando el Conductor viene entonces a estimarse como autor del hecho antijurídico, sin perjuicio de la participación o autoría conexa de otros sujetos.

Con la alteración de sellos fiscales o aduaneros se da pie a la introducción o extracción de mercancía a territorio nacional o internacional, obviando los controles y el pago de los gravámenes aduaneros correspondiente.

Tal como se aprecia en el expediente de marras, no sólo ocurrió la violación de sellos, sino que también hace falta una considerable suma de mercancía. El artículo 16 numeral 5 de la Ley 30 de 1984, distingue que constituye delito de contrabando la sustitución, disposición o desviación de los bultos ha transportar sin conocimiento y autorización de las Autoridades de Aduana. Sellos o precintos aduaneros son "dispositivos de seguridad que coloca la aduana para asegurar la inviolabilidad de las puertas de medios de transporte en la aplicación de ciertos regímenes (traslado, transito aduanero, en particular), generalmente con fin de prevenir o permitir la constatación de cualquier daño a la integridad de los bultos o de los dispositivos de los cierres de vehículos o de los equipos de transporte. Pueden servir también de medio de identificación de las mercancías" ().

Le corresponde a las autoridades aduaneras, la fiscalización, control y autorización del transporte de mercancías internacionales y nacionales conforme lo dispone la Legislación Aduanera, para que en dicha operación se cumpla con el pago de los impuestos, tasas y gravámenes y se mantenga registro de las cargas entradas y salidas.

Así pues, es imperante tomar en cuenta que la jurisdicción penal aduanera, es de corte riguroso y especial, aunque se consolida supletoriamente con las normas atinentes, determinadas en el Código Judicial. No obstante, la jurisprudencia de esta Corporación de Justicia, ha sido consecuente, en afirmar que la autoridad aduanera, puede perfectamente aplicar la medida precautoria de detención, sin tener que considerar otras prevenciones, como las señaladas en el artículo 2140 del Código Judicial. Eso atienda, a que la Ley 30 de 1984, sólo dispone de dos medios cautelares, que son detención preventiva y fianza, lo cual resulta así, por cuanto dicho proceso, distinto al ordinario, busca proteger entre otras cosas, los derechos ciudadanos, surgidos de las tasas arancelarias y fiscales que administra el Estado, de ahí, que la legislación citada, permita que la acción penal no tenga efectos, en ocasión de que el sujeto pague al Tesoro Nacional, de forma cónsona al valor de las mercaderías objeto del delito.

En síntesis, el proceso penal aduanero se surte de acuerdo con la Ley 16 de 1979, con lo establecido por el Título II, III y IV del Libro Séptimo del Código Fiscal. Mientras que el régimen impositivo penal aduanero, se encuentra regulado en la Ley No 30 de 1984, a través de la cual se toman medidas sobre el Contrabando y la Defraudación Aduanera. Por tanto, debe este Tribunal Constitucional, adicionalmente, señalar que las normas que rigen el régimen penal aduanero, declarados por el actor, como derogadas por el artículo 22 de la Ley No 97 de 21 de diciembre de 1998, mantienen plena vigencia. Pues bien, la norma comentada por el accionante, deroga las normas atinentes al estatus organizativo de las entidades, direcciones y departamentos del Ministerio de Economía y Finanzas, y no así preceptos de derecho sustancial o procedimental, contemplado en ellas, como lo es el caso de la Ley 16 de 29 de agosto de 1979, por la cual se crea la Dirección General de Aduanas.

Por otro lado la Legislación de Aduanas tipifica las contravenciones penales al régimen aduanero en Faltas y Delitos. Los Delitos aduaneros sólo son dos, a saber: Defraudación aduanera y Contrabando. Ambos son considerados por dicho instrumento legal, como graves. En ese sentido, contempla dicho derecho que estos delitos ameritan la detención preventiva.

La legislación aduanera sólo contempla entre medidas cautelares y de excarcelación las siguientes: Detención preventiva y fianza de excarcelación. La jurisprudencia nacional a considerado que la Legislación de Aduanas es especial y que en virtud a ello, no pueden ser estimadas en su totalidad las reglas de procedimiento contenidas en el Código Judicial, más aún cuando, estas no guardan relación con el espíritu de la Ley de Aduana.

La Ley Penal Aduanera, tiene por objeto central la represión de quien delinque para la recuperación de los impuestos, tasas y gravámenes dejados de percibir por el Estado. Resulta ilusorio para el Estado que el sujeto que cometa cualquiera de los delitos o faltas aduaneras cumpla con una medida flexible que por su naturaleza no lo obligue a satisfacer su responsabilidad con los tributos aduaneros.

Como es claro los fines de la Ley Penal Aduanera son muy distintos a los fines de la Ley penal ordinaria, dado que la primera persigue que el sujeto asuma la responsabilidad tributaria, mientras que el segundo, reprimir al sujeto para entre otras cosas, proteger a la sociedad, y readaptar y resocializar al sujeto.

De los razonamientos antes expresados, conviene citar, a fin de complementar lo referido, los siguientes precedentes jurisprudenciales:

  1. Fallo de 9 de junio de 1999.

    "Es de recordar que para el ilícito Aduanero se ha establecido en nuestra legislación una jurisdicción especial, en vías de reprimir las figuras lesivas de contrabando y defraudación, facultándose a la Dirección de Aduanas para la implementación de sanciones y medidas precautorias, como lo es la detención preventiva. La Corte ha venido reconociendo la existencia de esta jurisdicción especial aduanera, y la imperatividad de aplicar la normativa especial que permite la detención preventiva a aquellos sindicados por un delito penal aduanero o tributario.

    En este sentido, existe un tratamiento diferente para la detención preventiva que se regula en el Libro Tercero del Código Judicial y la prevista en la regulación aduanera. Esta última se hace operante con la plena prueba del delito aduanero y graves indicios de culpabilidad; mientras que en materia procesal penal esta medida cautelar es excepcional ya que sólo procede cuando el delito tiene contemplada pena mínima superior a dos años de prisión y las otras medidas cautelares resulten inoperantes.

    En estas circunstancias, la Corte se ve precisada a reconocer la facultad legal que le asiste al Administrador Regional de Aduanas para ordenar la detención preventiva del señor C.N., por cumplirse los requisitos establecidos en el artículo 45 de la Ley 30 de 1984" (Habeas Corpus promovido a favor de C.A.N.N., en contra del Administrador Regional de Aduanas, Zona Oriental).

  2. Fallo de 21 de octubre de 2002.

    "La Corte ha señalado anteriormente que para el ilícito aduanero se ha establecido una jurisdicción especial, a fin de reprimir el contrabando y la defraudación, facultándose a la Dirección de Aduanas para la implantación de sanciones y medidas, como lo es la detención preventiva, teniendo esta regulación prevalencia sobre la regulación en materia penal ordinaria. Al respecto podemos señalar fallo de la Corte Suprema de Justicia fechado 19 de agosto de 1998, bajo la ponencia del Magistrado E.M.M., en el cual se establece lo siguiente:

    Al efecto es de insistir, en que existe un tratamiento diferente para la detención preventiva que se regula en el Libro Tercero del Código Judicial y la prevista en la regulación aduanera. Esta última se hace operante con la plena prueba del delito aduanero y graves indicios de culpabilidad; mientras que en materia procesal penal esta medida cautelar es excepcional ya que sólo procede cuando el delito tiene contemplada pena mínima superior a dos años de prisión y las otras medidas cautelares resulten inoperantes"" (Habeas Corpus propuesto L.. A.R., a favor de J.C.E., contra el Administrador Regional de Aduanas de la Zona Oriental).

    En adición a lo anterior, el Fallo de 31 de mayo de 1994, emitido por el Pleno, en conocimiento de Acción de Inconstitucionalidad en contra del artículo 45 de la Ley 30 de 8 de noviembre de 1994, se refirió en los siguientes términos:

    "El Pleno comparte la opinión emitida por el señor P. General de la Nación, en el sentido de que la norma precitada no viola ninguna garantía constitucional, ya que la misma establece un tratamiento, en el caso aduanero, diferente a la detención preventiva en materia penal. En efecto, las medidas cautelares tienen como propósito que la persona presuntamente implicada en el ilícito, se mantenga a órdenes dé la autoridad competente. En el Derecho Penal para que se de la detención preventiva, debe ajustarse la misma a delitos que tengan penas mínima de dos años de prisión o cuando el autor del ilícito haya sido sorprendido cometiendo el mismo.

    En el Ilícito Aduanero o T. en nuestro país se ha establecido una jurisdicción especial para reprimir el alto índice de contrabando, facultándose a la Dirección General de Aduanas la implementación de sanciones indemnizatorias para resarcir al fisco y la aplicación de penas que incluyen la de privación de libertad del individuo, en los casos más graves.

    El Pleno no puede aceptar el criterio expuesto por el impugnador acerca de la supuesta violación del debido proceso, al considerar que la detención preventiva contenida en el artículo 45 de la Ley 30 de 8 de noviembre de 1984, en los delitos aduaneros, es contraria al principio establecido en el procedimiento penal ordinario. Ello pudiera ser materia de una reforma legislativa para armonizar ambas legislaciones, tal cual sugiere el representante del Ministerio Público. Sin embargo, esta norma ni infiere en la garantía del juzgamiento por motivos previamente señalados en la ley ante autoridad competente, ni por otro lado, se opone al procedimiento legal preestablecido, en donde se permiten los medios o recursos de impugnación y se consideran las oportunidades para presentar pruebas y contrapruebas" (Acción de Inconstitucionalidad propuesta por el Licenciado J.P.C. en contra de una frase del artículo 1254 y el segundo párrafo del artículo 1261 del Código fiscal y el artículo 45 de la Ley 30 de 8 de noviembre de 1994).

    Como bien queda claro, la orden de detención preventiva acusada, no presenta vicios de injuricidad, ni mucho menos, atenta o vulnera, las máximas garantías constitucionales y legales previstas en nuestro derecho positivo. De manera que, el Pleno de esta Corporación de Justicia, estima con fundamento en los planteamientos de hecho y derecho, previamente explicados, que la medida cautelar de detención preventiva, aplicada al imputado J.J.D.G., es Legal.

    IV-PARTE RESOLUTIVA:

    En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley DECLARA LEGAL la detención preventiva decretada por el Administrador Regional de Aduanas, Zona Oriental, mediante providencia No AL-ARA-030 de 24 de octubre de 2005.

    N..

    VICTOR L. BENAVIDES P.

    ALBERTO CIGARRUISTA CORTEZ -- GRACIELA J. DIXON C. -- HARLEY J. MITCHELL D. -- ANÍBAL SALAS CÉSPEDES -- WINSTON SPADAFORA FRANCO -- J.A.T. --A.A.A. L. -- ESMERALDA AROSEMENA DE TROITIÑO

    YANIXSA Y. YUEN C. (Secretaria General)