Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 4 de Febrero de 2005

Ponente:Jorge Federico Lee
Fecha de Resolución: 4 de Febrero de 2005
Emisor:Corte Suprema de Justicia (Pleno)
RESUMEN

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR EL LICENCIADO MANUEL DE JESÚS TEJADA NAVARRO, EN REPRESENTACIÓN DE CARLOS ESTÉVEZ HERMIDA Y CARLOS ESTÉVEZ GONZÁLEZ, CONTRA EL AUTO Nº 119-S.I. DE 19 DE OCTUBRE DE 2004, EMITIDO POR EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

 

VISTOS:

Conoce el Pleno de la acción de amparo de garantías constitucionales propuesta por los señores C.E.H. y C.E.G., mediante apoderado judicial, contra el Auto Nº 119-S.I., de 19 de octubre de 2004 emitido por el Segundo Tribunal Superior de Justicia.

Corresponde al Pleno decidir la admisión de la acción formalizada mediante escrito visible a fs 3-19.

El libelo hace mención de la orden impugnada, la autoridad demandada, los hechos de la demanda y la garantía fundamental supuestamente infringida por el acto demandado en amparo, a saber, el artículo 32 de la Constitución Política. Sin embargo, de la lectura de los hechos de la demanda así como de la explicación del concepto de infracción de la norma fundamental citada con tal carácter, se desprende que las objeciones formuladas por el accionante contra la resolución impugnada se contraen al plano de la mera legalidad.

En efecto, advierte la Corte que los cargos que se formulan contra la resolución atacada en amparo dicen tener relación con la interpretación del artículo 1547 del Código de Comercio, tal como se desprende del hecho décimo de la demanda de amparo que contiene lo medular de la disconformidad de los demandantes. Conviene transcribir el referido hecho:

DÉCIMO

En la resolución objeto del amparo no se hace una correcta interpretación del artículo 1547 del Código de Comercio, toda vez que la normativa jurídica aplicable a esta materia, (en cuanto al momento en que debe remitirse por parte del Juez Civil las actuaciones al Ministerio Público para la investigación penal), no debe estudiarse en forma aislada sino en su conjunto, de esta manera se debe valorar todas las disposiciones legales que regulen la controversia. El artículo 1547 del Código de Comercio elabora en principio el camino que debe seguir el Juez Civil al realizar la declaratoria de quiebra; no obstante, dicha disposición es concordante con el artículo 1556 del Código de Comercio que le indica al Juez Civil que la remisión de la declaratoria de quiebra al Ministerio Público debe hacerla bajo ciertos parámetros y no de forma absoluta. el primer párrafo del artículo 1556 del Código de Comercio dice: "Declara la quiebra, si hubiere indicios de responsabilidad penal, el Juez mandará a testimoniar lo conducente a fin de promover causa criminal contra el quebrado y sus cómplices, si los hubiera, por el posible delito de quiebra culpable o fraudulenta". (el subrayado es nuestro).

El artículo 1556 del Código de Comercio transcrito prevé que la remisión del estado de declaratoria de quiebra al Ministerio Público se hará si existen indicios de responsabilidad penal que la quiebra es culpable o fraudulenta. Bajo esas circunstancias debe preguntarse si el Juez Civil puede deducir solamente con la demanda que existen indicios de responsabilidad penal por la posible comisión del delito de quiebra culpable o fraudulenta. La respuesta es obvia, en esa incipiente etapa del proceso, no es posible determinar si existen esos indicios.

Ante esta situación, el legislador patrio en forma inteligente resuelve el problema planteado en el artículo 1556 del Código de Comercio mediante la incorporación del artículo 1881 del Código Judicial, que regula el procedimiento de la quiebra, y desarrolla en forma clara el principio contenido en el artículo 1556 del Código de Comercio, estableciendo que al momento que el Juez Civil entra a calificar la quiebra, luego de conocer el concepto de curador, si encuentra que existe mérito para considerarla fraudulenta, es en ese momento que remite las actuaciones al Ministerio Público para que inicie la investigación penal. Jurídicamente hablando por las razones antes expresadas, el Juez Civil no puede remitir antes de ese momento procesal, las actuaciones al Ministerio Público para que inicie las investigaciones, como ha ocurrido en el caso que nos ocupa, puesto que hasta ese momento es imposible que advierta que se trata de una quiebra culpable o fraudulenta, la cual tiene una responsabilidad penal." (Resaltado del actor) (fs. 8-9)

La situación anterior obviamente que no se compadece con la finalidad de la acción de amparo instituida como remedio procesal frente a violaciones de carácter constitucional exclusivamente (siempre que impliquen desconocimiento de garantías de orden fundamental), no infracciones legales como las que denuncia el accionante.

En virtud de las consideraciones anteriores debe el Pleno inadmitir la acción ensayada.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la acción constitucional de amparo de garantías propuesta por el licenciado M.D.J.T.N. en representación de los señores C.E.H. y C.E.G., contra el Auto Nº119-S.I., proferido por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, el 19 de octubre de 2004.

N..

JORGE FEDERICO LEE

ANÍBAL SALAS CÉSPEDES -- WINSTON SPADAFORA FRANCO -- J.A.T. --A.A.A. L. -- ESMERALDA AROSEMENA DE TROITIÑO -- VIRGILIO TRUJILLO L. -- ROBERTO GONZALEZ R. ARTURO HOYOS

CARLOS H. CUESTAS G. (Secretario General)