Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 6 de Junio de 2003

Ponente:Aníbal Salas Céspedes
Fecha de Resolución: 6 de Junio de 2003
Emisor:Corte Suprema de Justicia (Pleno)
RESUMEN

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS INTERPUESTA POR LA FIRMA FORENSE RUBIO, ALVAREZ, SOLÍS & ABREGO Y LOS LICENCIADOS CARLOS CARRILLO Y ROGELIO SALTARÍN A FAVOR DE LOS SEÑORES AQUILINO DE LA GUARDIA, CARLOS DE LA GUARDIA Y EPIMENIDES DÍAZ, RESPECTIVAMENTE CONTRA LA FISCALÍA DÉCIMOCUARTA DE CIRCUITO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ. (APELACIÓN)

 

VISTOS:

Procedente del Segundo Tribunal Superior de Justicia, ingresó al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en grado de apelación, las acciones de Habeas Corpus acumuladas interpuestas por la Firma Forense RUBIO, A., S. &A., y los licenciados C.C. y ROGELIO SALTARÍN a favor de los señores AQUILINO DE LA GUARDIA, C. DE LA GUARDIA y EPIMENIDES DÍAZ, respectivamente, contra la Fiscalía Décimocuarta de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá.

LA RESOLUCIÓN APELADA

El Segundo Tribunal Superior de Justicia mediante sentencia de 30 de diciembre de 2002, declaró legal la medida cautelar personal de detención preventiva dictada por la Fiscalía Décimocuarta de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá contra CARLOS DE LA GUARDIA ROMERO, A. DE LA GUARDIA ROMERO y E.D.S., por la presunta comisión del delito contra la Economía Nacional (Quiebra Fraudulenta), al estimar que el proceso es conocido por autoridad competente; la conducta reprochable, a pesar de tener pena mínima de dos años de prisión, reúne una serie de factores de excepcional relevancia, que permiten según la discrecionalidad ejercida por el Ministerio Público, decretar la medida; que contra los imputados existen piezas que les vinculan al hecho punible investigado; y la detención preventiva fue decretada mediante una resolución por escrito.

Entre otras motivaciones se consigna en el fallo impugnado que, del sumario surge la posible comisión de un delito grave, como lo es la quiebra dolosa de un grupo empresarial, que causó un lesión patrimonial de Bl. 12,099,295.18 en contra de diversas instituciones bancarias, según reveló un informe de auditoría imparcial del Ministerio Público.

Señala igualmente que la agencia del Ministerio Público que tiene a cargo el sumario, ha efectuado la instrucción bajo los parámetros estrictamente legales, cumpliendo así con el deber que le impone la ley.

El fallo impugnado, apoyándose en el artículo 1562 del Código de Comercio y en sendas jurisprudencias de esta Corporación Judicial, descarta la tesis ensayada por los defensores técnicos de los imputados, en cuanto a que para poder iniciar el sumario resulta indispensable la calificación definitiva de la quiebra.

Finalmente se señala que la vinculación subjetiva de los justiciables surge de la declaración jurada del curador de la quiebra, quien solicitó que la misma se declare fraudulenta en base a la imposibilidad de accesar a los libros contables de las empresas fallidas, así como el informe rendido por auditores del Ministerio Público debidamente ratificado, que evidencia irregularidades en el manejo de dichas empresas con detrimento económico de múltiples entidades bancarias por más de doce millones de dólares, amén de que existe peligro evidente de que los imputados intenten sustraerse de la acción de la justicia, ya que ha demostrado poco o ningún interés por los procesos civiles y penales a los que se encuentran sujetos.

DISCONFORMIDAD DE LOS APELANTES

La firma RUBIO, ALVAREZ, SOLÍS & ABREGO en su condición de defensores técnicos del señor AQUILINO DE LA GUARDIA solicita que se revoque el fallo del Segundo Tribunal, y en su defecto se declare ilegal la orden de detención girada contra su defendido, en base a los siguientes argumentos:

- El proceso civil de quiebra se encuentra suspendido en virtud de la admisión de una Acción de Amparo de Garantías Constitucionales presentada ante el Primer Tribunal Superior de Justicia, (actualmente surtiéndose apelación), además de la interposición ante la autoridad civil de la causa de una demanda de reposición, lo cual no permite la consecución de proceso penal alguno hasta tanto la quiebra no esté calificada de manera definitiva.

- La decisión de indagar a su representado y someterlo a la aplicación de la medida cautelar más extrema, gira en base a que no se han encontrado los documentos del GRUPO ADELAG, lo cual - a su juicio - no se compadece con la realidad procesal, citando para tales efectos, la Diligencia de Inventario y Avalúo de los depósitos y repuestos y piezas del Antiguo Tecno-Auto, así como el Acta de la Junta General de Acreedores celebrada el 10 de octubre de 2001, que acreditan que la apoderada judicial de las empresas fallidas ha colaborado brindando información y documentación de dos de las empresas fallidas al Curador de la Quiebra, amén de que el pasado 6 de diciembre de 2002, el licenciado A.W., se apersonó al Juzgado Decimoséptimo de Circuito Civil a fin de entregar los documentos contables y administrativos del Grupo Adelag, según consta en acta notarial.

- No puede vincularse a su defendido por el sólo hecho de ser dignatario de la sociedad y trabajar en el extranjero, que no existe peligro de fuga porque quien reside en el extranjero no se puede fugar y siempre se ha hecho representar en el proceso en procura de aclarar la situación.

Por su parte, el licenciado CARLOS CARRILLO en su condición de procurador judicial del señor CARLOS DE LA GUARDIA ROMERO, sustentó su apelación en un extenso escrito que se puede sintetizar así:

- Su representado dentro de las empresas del grupo ADELAG era un mero director, el cual no tenía ingerencia en el manejo financiero, por lo que no procede la adopción de acciones penales en su contra.

- Las acciones legales adoptadas por el agente del Ministerio Público en contra de su defendido implican injerencia en la toma de decisiones sobre la calificación de la quiebra, asunto que es competencia privativa del Juez Civil, y que aún no se ha verificado.

- No se encuentran satisfechos los elementos para la adopción de una detención preventiva, como lo son: gravedad del delito, graves indicios de responsabilidad y exigencias cautelares (peligro de contaminación de pruebas, peligro de comisión de delitos graves y peligro de fuga). A juicio del apelante el delito no reviste gravedad, ya que, conlleva pena de duración corta; las declaraciones e informes que reposan en el expediente no acreditan la comisión del delito de quiebra, ni dolosa ni culposa; tampoco existe peligro de contaminación de pruebas, ya que todos los documentos relacionados con las operaciones de dichas empresas están en poder y custodia del curador de la quiebra; no existe peligro de comisión de delitos graves; fundamentar el peligro de fuga en el hecho de que su hermano se encuentra en el extranjero residiendo, implica aplicar una teoría objetiva de la responsabilidad, lo cual es ilegal.

- Antes de iniciarse la instrucción del sumario, debe existir una decisión del J. civil en el sentido de declarar si la quiebra ha sido fraudulenta, culposa o fortuita, esto según se desprende de los artículos 386 y 387 del Código Penal, en concordancia con el artículo 1556 del Código de Comercio, ya que, el artículo 1547 de este último texto legal quedó derogado por disposición del artículo 2636 del Código Judicial.

Cabe señalar que el licenciado R.S., al momento de notificarse de la sentencia de Habeas Corpus, anunció apelación (fs. 48 vuelta) y aún cuando la alzada no fue sustentada, corresponde a esta Superioridad pronunciarse oportunamente sobre el fondo, por la naturaleza del derecho debatido.

ANTECEDENTES DEL CASO

El voluminoso expediente que sirve de antecedentes consta de 2,390 fojas distribuidas en cinco tomos permite conocer que mediante oficio N° 2965 de 4 de septiembre de 2001, y de conformidad con el artículo 1547 del Código de Comercio, el Juez Decimoséptimo de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, puso en conocimiento del Ministerio Público, para que investigara si se había dado o no delincuencia, que dentro del proceso civil de quiebra que adelanta ese despacho, se había dictado el Auto N° 1592 de 23 de agosto de 2001, a través del cual se había declarado en formal estado de quiebra y en calidad de "Por Ahora" a las sociedades Financiera "EL ROBLE, S. A.", "El TRIÁNGULO,S.A.; "TECNO-AUTO,S.A."; "EL ELÉCTRICO INTERNACIONAL, S.A."; y la sociedad "ADELAG, S.A. entre otras. Dentro del referido Auto se prohibió a los representantes legales de las empresas fallidas, señores AQUILINO DE LA GUARDIA y E.D.S., ausentarse del domicilio de la quiebra, sin licencia previa del despacho, con apercibimiento de incurrir en desacato.

Atendiendo solicitud del BANCO ALIADO, BANCO ATLÁNTICO y LLOYDS TSB BANK, plc., el Juzgado de la causa dicta el Auto N° 611 de 18 de marzo de 2002 (fs. 1434-1453) por medio del cual se amplía la quiebra e incluye como quebrados en calidad de "por ahora" a los señores AQUILINO DE LA GUARDIA Y CARLOS DE LA GUARDIA, en su calidad de fiadores solidarios y a título personal de todas las obligaciones principales y accesorias contraídas por financiera "EL ROBLE", estableciéndose en dicho auto la prohibición para ambos quebrados de ausentarse del domicilio de la quiebra, sopena de incurrir en desacato, para lo cual se ordenó oficiar a la Dirección Nacional de Migración.

De igual forma, mediante Auto N° 1635 de 5 de septiembre de 2002, visible de fojas 2327 a 2346 se amplió nuevamente el Auto original que declaró la quiebra, en el sentido de incluir en ese estado y en calidad de "por ahora" al señor E.D.S., en su condición de fiador solidario y a título personal de Financiera "EL ROBLE", fijando el 14 de septiembre de 2001, como la fecha en que se caracteriza el estado de quiebra, imponiéndole además la prohibición de ausentarse del domicilio de la quiebra sin autorización del Juez, con el apercibimiento de incurrir en desacato.

Iniciadas las sumarias en averiguación, el agente de instrucción ordena una serie de diligencias tendientes a esclarecer si hubo o no delito y determinar sus autores o partícipes, dentro de las que destacan la Declaración Jurada del Curador de la Quiebra (fs. 1537-1541), así como el Informe 037-02 realizado por la Dirección de Auditoría Interna de la Procuraduría General de la Nación sobre operaciones del Grupo ADELAG, S.A.(fs. 1704-1860), el cual se encuentra debidamente ratificado por los auditores que lo suscribieron (fs.1861-1868).

La agente del Ministerio Público encargada de las investigaciones, luego de valorar las piezas procesales, expidió la Resolución de 11 de diciembre de 2002, por medio de la cual ordenó la declaración indagatoria de AQUILINO DE LA GUARDIA ROMERO, C. DE LA GUARDIA ROMERO y E.D.S., así como su detención preventiva e impedimento de salida del país (fs. 1871-1879), decisión que ha sido atacada a través de la acción constitucional de Habeas Corpus.

DECISIÓN DEL PLENO

Corresponde al Pleno examinar la resolución apelada, a fin de determinar si la misma se ajusta o no a derecho, conforme a las constancias probatorias que obran en el infolio, es decir, si la orden de detención girada en contra de los beneficiarios de esta extraordinaria acción ha sido expedida de acuerdo a los parámetros establecidos en los artículos 2140 y 2152 del Código Judicial.

En primer término se observa que se trata de tres acciones acumuladas de Habeas Corpus preventivos, modalidad de tutela de la libertad ambulatoria que fue reconocida por esta Corporación de Justicia, a través de la sentencia de 18 de noviembre de 1991, que expresamente estableció "que el mandamiento de H.C. constituye la vía procesal idónea para enervar las órdenes de detención arbitrarias o ilegales aún en los supuestos en que la referida orden no se haya hecho efectiva".

No obstante, es importante señalar que encontrándose en lectura el proyecto de resolución preparado por el sustanciador, se recibió en la Secretaría General, el escrito presentado por el apoderado judicial del señor E.D.S., a través del cual informa a esta Superioridad que mediante Resolución de 15 de mayo de 2003, la Fiscalía Décimocuarta de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, ordenó reemplazarle su detención preventiva por otras medidas cautelares de índole personal, por lo que solicita se declare "sustracción de materia", en cuanto a su defendido se refiere. En atención entonces a que ha desaparecido el objeto de la acción, la Corte procede a decretar el cese de procedimiento, en cuanto a la acción presentada a favor del señor E.D. se refiere.

Como cuestión también preliminar, resulta necesario pronunciarse brevemente al tema de la "prejudicialidad" sobre la cual descansan la mayor parte de las argumentaciones de los apelantes, y que guarda relación con "la especial situación que se presenta cuando, ante una decisión de fondo que ha de tomarse en un proceso, se dan preexistentes otras situaciones en procesos jurídicos de otra naturaleza, que pueden tener influencia decisiva, en lo que vaya a resolverse" (GIL MILLER, P.J.. Diccionario Jurídico Penal. Ediciones Librería del Profesional. Bogotá, 1981, pág. 303).

En el caso sub júdice, las sumarias en averiguación se iniciaron, a raíz del acto de comunicación (oficio 2569 de 4 de septiembre de 2001), que realizara por mandato del artículo 1547 del Código de Comercio el Juez Decimoséptimo de Circuito Civil al agente del Ministerio Público, a fin de que adelantara las investigaciones de rigor, con el propósito de determinar si hubo o no delito dentro de la quiebra declarada contra ciertas sociedades y personas naturales, aún cuando la misma tenga la calidad de "por ahora", lo cual en opinión de los recurrentes no es posible, ya que, resulta indispensable para el inicio del sumario, que el J. civil haya calificado la quiebra, ya sea como fraudulenta, culposa o fortuita.

Las copias autenticadas del proceso civil que obra como prueba dentro del sumario, permite colegir que se trata de la quiebra de varias sociedades cuya naturaleza es eminentemente comercial, por lo que corresponde la aplicación de las disposiciones contempladas en el Libro Tercero del Código de Comercio titulado "De la Quiebra" (art.1534 -1656). Dentro de esta normativa se encuentra el artículo 1547 que expresamente dispone:

Artículo 1547. La declaratoria de quiebra será transcrita al representante del Ministerio Público y al Juez competente del lugar, junto con todos los datos conocidos que conduzcan a establecer si ha habido delincuencia.

...

En tanto que el artículo 1556 del mismo texto legal señala:

"Artículo 1556. Declarada la quiebra, si hubiere indicios de responsabilidad penal, el Juez mandará a testimoniar lo conducente a fin de promover causa criminal contra el quebrado y sus cómplices, si los hubiera, por el posible delito de quiebra culpable o fraudulenta.

..."

De las normas transcritas se colige que el legislador impone al juzgador la obligación de poner en conocimiento del funcionario instructor, la declaración de quiebra en dos momentos procesales distintos, el primero cuando se declara la quiebra en calidad de "por ahora", en cuyo caso se inician las investigaciones como sumarias en averiguación, como sucedió en caso bajo examen, y el segundo, al calificarse la quiebra, bien sea como culpable o fraudulenta, en dicho supuesto la acción penal se ejercerá directamente contra el quebrado y sus cómplices, si los hubiera.

La obligación del Juez, de poner en conocimiento de la autoridad competente, la posible comisión de un delito, se ve reforzada por el artículo 1996 del Código Judicial.

Por su parte, el artículo 1562 del Código de Comercio, no admite margen de dudas, en cuanto a la autonomía de ambas acciones al indicar:

"Artículo 1562: La instrucción y demás actos de procedimiento penal por el delito o delitos a que diere lugar la quiebra, se tramitarán independientemente de ésta y por los trámites ordinarios del Código Judicial.

La resolución que ponga fin al procedimiento en lo penal, será comunicada al Juez de la quiebra, quien agregará a los autos certificación de dicho fallo" (El subrayado es de la Corte)

Ante los argumentos de que los propios tipos penales (art. 386 y 387 del Código Penal) exigen la declaración previa de quiebra dolosa o fraudulenta o culposa o culpable, según el Código de Comercio, debemos traer a colación lo estatuído en el artículo 1968 del Código Judicial:

"Artículo 1968: Cuando alguno de los elementos del delito dependa de la decisión de un proceso extrapenal, no se dictará la sentencia hasta que sea decidido aquél. No obstante, si transcurriere un año desde la suspensión y no se hubieren decidido definitivamente las cuestiones que la motivaron, se dictará el fallo correspondiente".

Esta Superioridad reitera lo manifestado en el fallo del Pleno de 27 de diciembre de 1993, en cuanto a que "para que la jurisdicción penal pueda conocer un proceso por el delito de quiebra no es necesario que exista previamente un pronunciamiento del juez civil que exprese que la quiebra es fraudulenta, pues para tales menesteres tan sólo basta la declaratoria de quiebra, sin calificativo, del juez civil."

Aclarado este punto, se procede a determinar en base a lo actuado, si las pruebas allegadas al infolio permiten deducir la posible comisión de un delito contra la Economía Nacional, particularmente la configuración de algunos de las conductas tipificadas en el Capítulo V del Código penal "Quiebra e Insolvencia" y la probable vinculación de sus autores.

Consta en autos copias autenticadas de los Autos N° 1542 de 23 de agosto de 2001 (fs. 2-11); Auto N° 611 de 18 de marzo de 2002 (fs. 1434-1453), Auto N° 1635 de 5 de septiembre de 2002), mediante los cuales se declara la quiebra en calidad de "por ahora" de un cúmulo de sociedades dentro de las que destacan "FINANCIERA EL ROBLE S.A.", "EL TRIÁNGULO S.A.", "TECNO-AUTO S.A.", "ADELAG.S.A, entre otras, sociedades en las que aparecen como dignatarios los señores AQUILINO DE LA GUARDIA ROMERO, C. DE LA GUARDIA ROMERO y E.D.S., quienes también fueron declarados en quiebra, por sus condiciones de fiadores solidarios, y a título personal de las sociedades fallidas.

Las anteriores pruebas aunadas a la declaración jurada del licenciado N.A., C. designado en la quiebra, y el informe de auditoría rendido por los peritos del Ministerio Público, en los que se hace constar que no fue posible ubicar los documentos (libros y registros) contables de las empresas fallidas, permite inferir la posible comisión del delito de quiebra, en su modalidad dolosa o fraudulenta (art. 1558,numeral 1del Código de Comercio).

En cuanto a los indicios de responsabilidad que pesan contra los justiciables AQUILINO DE LA GUARDIA ROMERO y CARLOS DE LA GUARDIA ROMERO, podemos señalar que ambos fueron declarados en quiebra en calidad de "por ahora" mediante el Auto N° 611 de 18 de marzo de 2002, emitido por el Juzgado Decimoséptimo de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, en su condición de fiadores solidarios, y a título personal de las sociedades declaradas en quiebra, imponiéndose a ambos la prohibición de ausentarse del domicilio de la quiebra, sin licencia del Juez, sopena de incurrir en desacato.

Consta de fojas 1537 a 1541, la declaración jurada rendida por el Curador de la Quiebra, licenciado N.A. en la que manifiesta que a pesar de haber realizado esfuerzos para obtener información acerca de la contabilidad y del manejo de las empresas y personas naturales fallidas, los mismos han resultado infructuosos. Agrega el declarante que al apersonarse a las oficinas e instalaciones donde operaban las empresas quebradas, no se encontraron documentos que guardaran relación con el estado financiero o contable de las empresas.

Finalmente sostiene en su deposición que se ha dado incumplimiento por parte de los quebrados de varias disposiciones legales desde el momento en que se declaró la quiebra, como lo es el hecho de haberse ausentado del país el señor AQUILINO DE LA GUARDIA, en adición a no haber presentado los libros de contabilidad o inventarios de las empresas fallidas.

Consecuente con lo anterior, el licenciado A., conforme lo faculta la ley, presentó escrito visible de fojas 1550 a 1554, solicitando al Juez Civil de la causa que califique la quiebra de los señores AQUILINO y CARLOS DE LA GUARDIA ROMERO como fraudulenta.

El informe de Auditoría distinguido con el número 037-02 (fs. 1704- 1860), realizado por el Departamento de Auditoría de la Procuraduría General de la Nación sobre operaciones del GRUPO ADELAG, S.A.( el cual se encuentra debidamente ratificado bajo gravedad de juramento), a pesar de haber consignado que no se ubicaron los documentos contables ni administrativos del Grupo ADELAG y sus subsidiarias, concluye que sí hubo una lesión patrimonial en perjuicio de distintas entidades bancarias por el orden de Bl. 12,099,295.18.

Dentro del referido informe, se incorporó en el anexo N° 4 (fs. 1750-1751), copia del Edicto N° 11-01 de 3 de julio de 2001, mediante el cual se notifica la Resolución N° 244-01 de 28 de junio de 2001, por medio de la cual la Comisión Nacional de Valores impone a los señores AQUILINO DE LA GUARDIA ROMERO, EPIMENIDES DÍAZ Y CARLOS DE LA GUARDIA, en su calidad de dignatarios de las empresas con valores registrados, elevadas multas por violaciones múltiples al Decreto-Ley 1 de 1999, particularmente a los artículos 200 y 203, éste último guarda relación con la falsificación de libros, de registros de contabilidad o de información financiera.

Si bien es cierto el señor AQUILINO DE LA GUARDIA, confirió poder de representación dentro de la causa penal, lo ha hecho desde el extranjero, tal como consta a fojas 1462 del infolio, lo que coincide con lo declarado por el curador, en cuanto a la violación de la prohibición legal de abandonar el domicilio de la quiebra, lo cual se traduce en el peligro evidente de que se sustraiga a la acción de la justicia penal, presupuesto que permite por sí sólo la adopción de la más grave de las medidas cautelares.

En tanto que el señor CARLOS DE LA GUARDIA, sólo se presentó personalmente ante el agente instructor, al momento de otorgar poder, y al parecer tampoco ha podido ser localizado para los fines de la indagatoria, a pesar de que a través del oficio 4333 de 11 de diciembre de 2002, se solicitó al Director de la Policía, su detención y traslado a la agencia de instrucción.

Siendo esa la situación esta Superioridad comparte la decisión adoptada por el Segundo Tribunal Superior en la sentencia apelada, en cuanto a que la resolución que ordena la detención preventiva de los imputados CARLOS y AQUILINO DE LA GUARDIA cumple a cabalidad con los presupuestos establecidos en los artículos 2140 y 2152 del Código Judicial, pues fue dictada por autoridad competente, mediante diligencia fechada 11 de diciembre de 2002, en donde se expresa el hecho imputado, el cual conlleva una pena mínima de dos años, contiene una explicación de los elementos de prueba que pesan contra cada uno de los encartados, por lo que corresponde confirmar la resolución apelada, no sin antes dejar plasmado el Pleno, que la quiebra no es estimada un asunto de interés privado, sino de interés público y social, dada la trascendencia de sus resultados, el Estado tiene interés especial en el mantenimiento de las empresas como tutor de los intereses colectivos, de allí la gravedad del ilícito investigado.

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, resuelve lo siguiente:

  1. CONFIRMA la Resolución de 30 de diciembre de 2002, proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, mediante la cual DECLARA LEGAL la orden de detención preventiva girada contra los señores AQUILINO DE LA GUARDIA ROMERO y CARLOS DE LA GUARDIA ROMERO.

  2. DECLARA EL CESE DE PROCEDIMIENTO en cuanto a la acción de Habeas Corpus presentada a favor del señor E.D.S..

N. y D..

ANÍBAL SALAS CÉSPEDES

WINSTON SPADAFORA FRANCO -- JOSÉ A. TROYANO -- ADÁN ARNULFO ARJONA L. -- ALBERTO CIGARRUISTA CORTEZ -- GRACIELA J. DIXON C. -- ROGELIO A. FÁBREGA ZARAK -- ARTURO HOYOS -- CÉSAR PEREIRA BURGOS

CARLOS H. CUESTAS G. (Secretario General)