Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 13 de Mayo de 2005

PonenteAlberto Cigarruista Cortez
Fecha de Resolución13 de Mayo de 2005
EmisorCorte Suprema de Justicia (Panama)

VISTOS:

El licenciado T.L.A., en su condición de apoderado judicial de GASPAR DE PUY BARRANCO, interpuso ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia acción de amparo de garantías constitucionales contra la orden de hacer contenida en el Auto 2ª No.125 de 25 de junio de 2004, dictada por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, dentro del proceso penal seguido contra R.S.S. y B.R.A. por el delito Contra la Fe Pública en perjuicio de su representado.

El auto atacado fue dictado en segunda instancia y, en su parte resolutiva, dispone reformar la resolución del juez a-quo "...en el sentido de admitir la declaración testimonial de E.C., según petición del apoderado judicial de R.S., y la CONFIRMA en todo lo demás" (fs. 38).

Por su parte, el accionante considera que la orden de hacer contenida en la resolución antes referida violenta el debido proceso consagrado en el artículo 32 de la Constitución Política de la República y repetido en el artículo 1944 del Código Judicial, toda vez que al admitir la prueba testimonial aducida por el apoderado del sindicado y dejar de admitir las pruebas anunciadas por la parte querellante, se produce "...un desequilibrio procesal a favor del sindicado y en perjuicio de una de las partes del proceso, con lo cual el trámite legal no se cumplido como lo manda laley y la Constitución Nacional.

Así, las razones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al amparo, dicen lo siguiente:

"Primero: En el proceso penal seguido contra R.S.S. y B.R.A., por el delito contra la Fe Pública en perjuicio del Licenciado GASPAR DE PUY BARRANCO, los apoderados de ambas partes presentaron sus de pruebas en el proceso tramitado en el Juzgado Tercero de Circuito de Colón, Ramo Penal.

Segundo

Los hechos fundamentales de la querella consisten en la estafa por miles de balboas hecho por el A.B.R. en la remodelación de la casa de mi representado y entre los actos punibles querellados derivados de la estafa está la emisión del cheque No.0334 de la Cuenta No.01-06-0890, por la suma de B/:2,040.32, girado por R.S., esposa del A.B.R., a favor de G. De Puy, que tenía como propósito devolver parte del costo de mano de obra que en forma deshonesta cobró el constructor sin justificación alguna, el cual el afectado no pudo hacer efectivo por ser cheque sin fondos, y sobre el cual el sindicado, A.B.R. alega que le entregó posteriormente el efectivo al querellante, sin que tal prueba estuviera acreditada en el proceso.

Tercero

El apoderado del sindicado presentó su escrito de pruebas, aduciendo el testimonio de un trabajador de aquél, E.C., para tratar de probar que en su presencia le entregó el dinero del reembolso al querellante, a pesar de que éste, al rendir su declaración manifestó que se encontraba sólo con el querellante. Tal prueba fue admitida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia en grado de apelación, más no las pruebas aducidas por el querellante que tenían como propósito no solamente probar la querella sino también desvirtuar los argumentos del sindicado.

Cuarto

El señor Juez Tercero del Circuito de Colón, Ramo Penal, dictó el Auto No.02 de 28 de enero de 2004, negando todas las pruebas aducidas por el querellante De Puy, entre ellas un peritaje legalmente procedente. Apelado este auto por ambas partes, toda vez que también se le negó al sindicado la prueba testimonial aducida, el Segundo Tribunal Superior dictó el Auto 2ª No.125 de 25 de junio de 2004, mediante el cual R. la resolución de primera instancia, en el sentido de ADMITIR la declaración testimonial de E.C., según petición del apoderado judicial de R.S., pero al confirmar el auto recurrido en todo lo demás, no consideró las pruebas no admitidas y apeladas por el apoderado del Licenciado De Puy -querellante- que son pruebas fundamentales y necesarias para sustentar la querella, con lo cual se le causó un grave perjuicio procesal al querellante al no poder demostrar el ilícito penal incurrido por el sindicado.

Quinto

Al admitir el Segundo Tribunal Superior la prueba testimonial aducida por el apoderado del sindicado, no obstante lo dispuesto en el artículo 844 del Código Judicial, y No Admitir las pruebas legal y oportunamente aducidas por el apoderado de la víctima del delito o querellante, no obstante que su inadmisión también fue apelada por el querellante en la primera instancia, el Segundo Tribunal establece un injusto desbalance o desequilibrio procesal y una falta de equidad que favorece únicamente al sindicado y perjudica los derechos procesales del querellante, que viola el debido proceso penal.

Sexto

Esta demanda de Amparo de Garantías Constitucionales interpuesta es procedente, por haberse agotado los medios y trámites previstos e (sic) la ley para la impugnación de la resolución judicial en referencia, cumpliéndose lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 2620 del Código Judicial" (fs.2-4).

Ahora bien, para determinar la admisibilidad del amparo, debe esta Superioridad verificar si la acción cumple con la formalidad que para tales efectos exige el artículo 2619 del Código Judicial y si concurren los presupuestos para su procedencia, según lo establece el artículo 2620 ibídem. Adicionalmente, si el acto contra el cual se acciona es susceptible de impugnación por medio de esta vía extraordinaria, tal como lo ha sostenido la jurisprudencia de esta Superioridad en reiteradas ocasiones.

En ese orden, se advierte que, en la acción se indica la disposición constitucional que se estima infringida y el concepto en que lo ha sido (artículo 32, Constitución Nacional). Asimismo, que con el libelo se acompañó copia autenticada del Auto 2ª No.125 de 25 de junio de 2004, contentiva de la orden de hacer que se impugnan. Esa resolución, nos permite apreciar que lo que se impugna a través de esta acción se circunscribe al hecho que el Segundo Tribunal Superior de Justicia, al resolver las apelaciones formuladas contra la resolución de 28 de enero de 2004, dictada por el Juez Tercero de Circuito de Colón, Ramo Penal, en el proceso penal seguido a R.S.S. y B.R.A., por el delito contra la Fe Pública, que resolvía escritos de pruebas presentados por ambas partes, dispuso reformar la misma y admitir una prueba testimonial aducida por una de ellas, confirmándola en todo lo demás.

Lo anterior, no tiene rango constitucional para que pueda ser considerado a través de la presente acción, ya que la disconformidad del amparista radica esencialmente en la valoración efectuada por el Tribunal para decidir acerca de la admisión de pruebas presentadas por ambas partes y en reiteradas ocasiones esta Corporación ha manifestado que la acción de amparo de garantías constitucionales no es la vía idónea para debatir cuestiones de carácter legal acerca de las decisiones de los funcionarios judiciales pues ello "traería como consecuencia desvirtuar el propósito de esta acción autónoma y extraordinaria, que es el de tutelar los derechos individuales y sociales consagrados en la Constitución Nacional". (Fallo de 27 de julio de 1997; de 22 de agosto de 1996, Registro Judicial, agosto de 1996, págs. 24-26).

El trámite legal consagrado en el artículo 32 de la Constitución Nacional no ha sido violado en el presente caso, pues el proceso penal se abrió a pruebas en su momento y ambas partes tuvieron la oportunidad de aducir las que estimaban convenientes a sus intereses, como así respectivamente lo hicieron, pruebas que posteriormente fueron valoradas tanto por el juzgador primario como por el Tribunal, en segunda instancia, conforme a las normas legales y a la sana crítica, decidiéndose, como correspondía, acerca de los escritos de pruebas presentados por las partes.

Como señala el Dr. ARTURO HOYOS en su obra "EL DEBIDO PROCESO", página 72, esta Corporación "ha manifestado que en los casos en que, como en el proceso laboral y ahora en el nuevo proceso civil, rige el sistema de evaluación de las pruebas de acuerdo con las reglas de la sana crítica no se producen violaciones de la garantía constitucional del debido proceso legal por cuestiones relacionadas con valoración de las pruebas ..." porque sostiene la Corte, cita el Dr. HOYOS, "el debate acerca del valor de las pruebas queda circunscrito a la interpretación y aplicación de las disposiciones legales pertinentes a las mismas ... lo que ubica cualquier error jurídico en este caso en el ámbito de la legalidad, sin que ello pueda trascender a la violación de normas constitucionales".

De igual manera, el Dr. E.M.M., en su obra LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL EN PANAMA, al referirse sobre el tema "A. como tercera instancia", expresa que no se pueden valorar pruebas en amparo y cita jurisprudencia de la Corte, al respecto, cuya parte medular expresa:

"La Corte ha sostenido en innumerables fallos, que la acción de amparo no es una tercera instancia en la que se pueda entrar a evaluar las pruebas aducidas por las partes para el reconocimiento de sus pretensiones procesales. La acción de amparo es una acción autónoma, de naturaleza constitucional, tendiente a tutelar los derechos individuales y sociales consagrados en la Constitución Nacional. En lo que respecta al cumplimiento del debido proceso en relación con el derecho de presentar pruebas y contradecirlas, lo que se protege es el derecho de aducirlas y practicarlas, pero la labor de darles el mérito legal, dentro del proceso le corresponde sólo al proceso ordinario, y como ya se ha dicho, en el proceso extraordinario de amparo la evaluación probatoria es completamente extraña a su naturaleza. Sentencia de 15 de enero de 1993, ponente M.M." (pág. 579-580).

De lo anterior, se colige, pues, que la orden de hacer que se impugna por esta vía, por tratarse de un asunto de carácter legal, que escapa del ámbito constitucional, a la luz de lo establecido en el artículo 2620 del Código Judicial, es manifiestamente improcedente, por lo cual esta acción extraordinaria no debe ser admitida.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, P., administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la acción de amparo de garantías constitucionales interpuesta por el licenciado TEOFANES LÓPEZ AVILA, en representación de GASPAR DE PUY BARRANCO, contra la orden de hacer contenida en el Auto 2ª No.125 de 25 de junio de 2004, dictada por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial.

N. y archívese.

ALBERTO CIGARRUISTA CORTEZ

GRACIELA J. DIXON C. -- ARTURO HOYOS -- JORGE FEDERICO LEE -- ANÍBAL SALAS CÉSPEDES -- WINSTON SPADAFORA FRANCO -- J.A.T. --A.A.A. L. -- ESMERALDA AROSEMENA DE TROITIÑO

YANIXA Y. YUEN C. (Secretaria General)

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