Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 14 de Julio de 2005

Ponente:Esmeralda Arosemena de Troitiño
Fecha de Resolución:14 de Julio de 2005
Emisor:Corte Suprema de Justicia (Pleno)

VISTOS:

Cursa ante el Pleno de esta Corporación de Justicia, la acción de Amparo de Garantías Constitucionales promovida por el Licdo. V.A.B., en representación de la UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, en contra de la providencia de fecha 27 de mayo de 2005, dictada por la PROCURADORA GENERAL DE LA NACIÓN, L.. A.M.G.R., en la que ordena la práctica de una Diligencia Exhibitoria en distintas dependencias administrativas de la Universidad de Panamá.

A través de su escrito, el amparista cuestiona la constitucionalidad de la referida providencia, manifestando, como hechos de la iniciativa constitucional, el cierre de la Universidad, la improcedencia del uso de la diligencia exhibitoria por parte del Ministerio Público, y la temeridad en los fundamentos invocados por el agente instructor al motivar el acto impugnado.

En lo que atañe a las garantías fundamentales infringidas, el amparista afirma que la orden vulnera, de forma directa, el artículo 18 de la Constitución Nacional, ya que en su emisión, la funcionara acusada se extralimitó y se apartó del principio de legalidad, al ordenar realizar una diligencia exhibitoria, que, según el amparista, es exclusiva de la esfera civil.

Así mismo, cuestiona la constitucionalidad de la orden impugnada, con base en el artículo 220 de la Constitución Nacional, el cual sostiene fue violada de forma directa, cuando la Procuraduría decreta una diligencia exhibitoria en la Universidad de Panamá, estando ésta cerrada por decisión de su autoridades académicas.

Finalmente, indica el accionante que la orden dictada por la Procuraduría viola de forma directa el artículo 17 de la Constitución Nacional, pues la autoridad demandada, al presumir un posible encubrimiento de actos delictivos por las autoridades de la Universidad, incumple el deber constitucional de proteger la honra de los nacionales.

Admitida la acción constitucional, se requirió de la autoridad demandada, un informe sobre la actuación adelantada, en relación con los cargos de inconstitucionalidad arriba expuestos (fs. 19-20). En respuesta a lo anterior, la PROCURADORA GENERAL DE LA NACIÓN, L.. A.M.G.R., remitió un extenso informe sobre los hechos del presente negocio y acompañó copias de la referida actuación (fs. 21 y ss). Ahora bien, llegado el expediente a la etapa de resolver, procede el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, a consignar los aspectos fácticos y legales que motivan su decisión. En tal sentido, es pertinente señalar lo siguiente:

Del recorrido procesal, se desprende que son tres los argumentos que, a criterio del amparista, tornan inconstitucional la orden emitida por la Procuraduría: 1.) el uso de la diligencia exhibitoria por la Procuraduría, 2.) la práctica de esta diligencia en momentos en que la Universidad está cerrada, y 3.) la motivación que sustenta la resolución que la decreta.

En cuanto al primero de los cargos, en el sentido que la diligencia exhibitoria es una medida que compete única y exclusivamente a la jurisdicción civil, el Pleno estima que dicha afirmación no encuentra sustento legal en nuestro ordenamiento procesal, ya que de conformidad con el artículo 2046 del Código Judicial, impera en nuestro proceso penal, el sistema probatorio abierto, en tanto, para la comprobación del hecho punible, se permite la utilización de todas las fuentes y medios probatorios que no estén expresamente prohibidos por la ley, ni violen derechos humanos, ni sean contrarios a la moral o al orden público.

En tal sentido, existe numerosa jurisprudencia, tanto del Pleno como de la Sala Penal, en la que se reconoce la utilidad, idoneidad y pertinencia de la diligencia exhibitoria en procesos penales. A manera de ejemplo, vale citar lo expresado por la Sala Penal, en los siguientes términos:

"No puede soslayarse que en la normativa procesal que regula la investigación de los delitos, se contemplan mecanismos versátiles a través de los cuales el funcionario de instrucción puede acreditar los extremos necesarios para la demostración del delito y la vinculación de alguna persona. Tal es el caso de la Acción Exhibitoria de los libros y registros de contabilidad de las empresas, que en el caso bajo examen hubiere sido un elemento importante para establecer si en efecto, el acusado efectuaba tales descuentos y se apropiaba de las sumas correspondientes. (Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia del 19 de abril de 1999). (Énfasis del Pleno).

Y es que el criterio anterior, además de sustentarse en la norma supra citada (art. 2046), se apoya también en lo establecido en al artículo 1947 del Código Judicial, en cuanto que dispone la aplicación supletoria de la normativa procesal civil, a las materias que no tengan regulación expresa en el Libro III de procedimiento penal, entre las cuales está el tema probatorio y toda su dinámica de aportación, recepción, admisión y valoración.

Verificada la posibilidad de acudir a la vía de la diligencia exhibitoria en los procesos penales, sólo queda precisar que el Ministerio Público, como autoridad constitucional y legalmente facultada y obligada a investigar y perseguir los delitos, es competente para dictar u ordenar la práctica de la medida aquí impugnada.

En relación con el segundo argumento del amparista, consistente en la práctica de esta diligencia en momentos en que la Universidad está cerrada por decisión del Consejo Académico, considera esta Corporación de justicia, que no existe impedimento legal ni constitucional que limite el ejercicio de la actividad estatal, tendente a la persecución e investigación de los delitos, por razones administrativas u horarias, pues así lo prescribe el artículo 2083 del Código Judicial; salvo las disposiciones que regulan la práctica de allanamientos, en caso de que éste sea requerido (art. 2178 del C.J.). Ahora bien, por la documentación que remitió la autoridad acusada, se pudo conocer que ante la imposibilidad de contar con personal de la Universidad que apoyara al agente fiscal en la obtención de los documentos, se procedió a asegurar el área y postergar la práctica de la diligencia, actuación que demuestra que la diligencia no se había llevado a cabo sin la colaboración de las autoridades de la Universidad

En relación con el tercer argumento del amparista, en el sentido de cuestionar la motivación que sustenta la resolución que decreta la diligencia exhibitoria, por ser ésta presuntamente infractora del artículo 18 de la Constitución Nacional, se desprende de la demanda de amparo, que el accionante, en representación de las autoridades de la Universidad, se considera afectado en su honra por la justificación que el Ministerio Público expuso en la resolución, al señalar la necesidad de acudir a la vía de la diligencia exhibitoria.

Para el Pleno, resultan ajustados y acorde a los parámetros normales, los hechos que el Ministerio Público expuso como razones que justificaban la medida, pues se identificó el temor de la eventual pérdida de las pruebas, y se especificaron los documentos y sitios que se examinarían; hecho que no implica cuestionar la honorabilidad del Rector o de las demás autoridades administrativas, sino el reconocimiento de que los documentos no reposan bajo la custodia directa de él, y es deber del Ministerio Público, acopiar las pruebas oportunamente.

De allí que, siendo consistentes con lo expresado a foja 6, en la demanda de amparo, las autoridades universitarias, reconociendo que el Ministerio Público tiene el deber de investigar los delitos, no pueden condicionar su cooperación, al medio de aseguramiento de pruebas que la autoridad estime prudente utilizar, en tanto no esté expresamente prohibido por la ley, ni viole derechos humanos, ni sea contrario a la moral o al orden público.

No se puede soslayar la prestancia y renombre que ostenta la Universidad de Panamá en el ámbito académico, político y social del país, por lo que la investigación debe ser vista por sus autoridades, como una oportunidad para ratificar su compromiso y empeño con la transparencia, y se determine rápidamente sí existen méritos para continuar con la investigación, o por el contrario, se trataba de una denuncia infundada.

Finalmente, en cuanto a las normas citadas como infringidas con la actuación de la Procuradora, no se aprecia de los hechos ni de la resolución impugnada, que con ésta se hayan violentado las tres normas constitucionales citadas, pues fuera de que se trata de normas de contenido programático, lo actuado por la Procuraduría atiende precisamente al deber que dichas normas le asignan.

Por lo antes expuesto, el PLENO DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CONCEDE la acción de Amparo de Garantías Constitucionales promovida por el Licdo. V.A.B., en representación de la UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, en contra de la providencia de fecha 27 de mayo de 2005, dictada por la PROCURADORA GENERAL DE LA NACIÓN, L.. A.M.G.R..

N. y archívese.

ESMERALDA AROSEMENA DE TROITIÑO

ALBERTO CIGARRUISTA CORTEZ -- GRACIELA J. DIXON C. -- ARTURO HOYOS -- JORGE FEDERICO LEE -- ANÍBAL SALAS CÉSPEDES -- WINSTON SPADAFORA FRANCO -- JOSÉ A. TROYANO -- ADÁN ARNULFO ARJONA L.

YANIXSA Y. YUEN C. (Secretaria General)