Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 19 de Junio de 2006

PonenteAlberto Cigarruista Cortez
Fecha de Resolución19 de Junio de 2006
EmisorCorte Suprema de Justicia (Panama)

VISTOS:

Es de conocimiento del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, la acción de Amparo de Garantías Constitucionales promovida por la licenciada M.D., apoderada judicial del señor J.D.F., representante legal de la empresa PRODUCTOS DIVERSOS S.A.(PRODISA), contra la Sentencia 52-PJCD-5-2005 de 19 de diciembre de 2005 proferida por la Junta de Conciliación y Decisión Nº5.

Mediante la sentencia descrita, se condenó a la empresa amparista, a pagar a la señora D.E.R. por despido injustificado, más de cinco mil balboas en concepto de salarios caídos e indemnización.

Se indica entre los hechos fundamento de la pretensión constitucional, que en el momento de la presentación de la demanda, se dejó claramente establecido que el despido era por causas de naturaleza económica, razón por la cual la Junta de Conciliación y Decisión carecía de competencia para dilucidar la controversia sometida a su consideración. Hecho que constituye una vulneración al debido proceso legal comprendido en el artículo 32 de la Constitución Nacional, tal y como ha sido reconocido por esta Corporación de Justicia, agrega la amparista.

Consideraciones y Decisión del Pleno:

Promovida la presente acción constitucional, procede esta Corporación de Justicia a pronunciarse respecto a la admisibilidad de la misma, tomando en consideración el cumplimiento de los requisitos de forma que para ello ha estipulado la ley, y reconocidos por la jurisprudencia patria.

De un análisis global de la acción de Amparo de Garantías Constitucionales que nos ocupa, se puede verificar que en el presente caso se cumplen con una serie de requisitos, como lo son el haber agotado los medios de impugnación, que en el caso que nos ocupa, era el de apelación ante el Tribunal Superior de Trabajo, la gravedad e inminencia del daño, la interposición de remedios legales como el incidente por falta de competencia, entre otros.

No obstante ello, conviene manifestar que si bien tanto los hechos fundamento de la pretensión, como el concepto de infracción de la norma constitucional (artículo 32 de la Constitución Nacional) hacen alusión a la vulneración del debido proceso, no hay que perder de vista que este criterio se basa en la falta de competencia de la Junta de Conciliación y Decisión paraconocer de demandas por despido injustificado por causas económicas. Ante este hecho, nos remitimos a las pruebas que constan en el expediente, y se pudo verificar en la resolución objeto de la acción constitucional, que la hoy amparista al inicio de la audiencia promovió incidente de nulidad por falta de competencia, el cual se resolvió admitiéndolo parcialmente en cuanto a la cuantía, pero no así en relación al despido injustificado, por lo que se puede verificar que la Junta de Conciliación hizo un pronunciamiento de fondo en relación al incidente, por lo que el mismo no fue ignorado, tal y como hace ver la recurrente a foja 4 del expediente. En ese orden de ideas, también se logra verificar que al resolverse el recurso de apelación por parte del Tribunal Superior de Trabajo, dicho ente también se pronunció en cuanto a la supuesta falta de competencia de la Junta de Conciliación para decidir la causa, indicando, "que debe manifestar esta Superioridad, que las Juntas de Conciliación y Decisión son las competentes para conocer de los procesos de despido.......Si la empresa, alegaba razones económicas para despedir a la trabajadora, debió cumplir con el proceso administrativo ante la Dirección General de Trabajo, para probar ante esta instancia la situación económica, ya que no se puede invocar razones económicas en un despido, pues el mismo será injustificado, o será sin causa justificada, como procedió a señalarlo la Junta de Conciliación y Decisión". Se evidencia pues, que tanto la Junta de Conciliación y Decisión, como el Tribunal Superior de Trabajo, resolvieron y se pronunciaron respecto al incidente de nulidad propuesto por falta de competencia, indicando las razones por las cuales, sí se tenía competencia para conocer de ello. De lo antes dicho se puede verificar que de admitirse la acción de Amparo de Garantías constitucionales que nos ocupa, el estudio, análisis y decisión de la Corte Suprema de Justicia, estaría única y exclusivamente dirigida en cuanto a si la Junta de Conciliación efectivamente tiene competencia para decidir la demanda promovida en un inicio.

Es decir, que en primer lugar tendría esta Corporación de Justicia que revisar el análisis y juicio crítico y jurídico tanto de la Junta de Conciliación como del Tribunal Superior de Trabajo, que los condujeron a arribar a determinada decisión. Circunstancia esta que a todas luces se aleja del objeto de la acción de A., tal y como se ha manifestado en reiteradas ocasiones por parte de este Máximo Tribunal de Justicia como a continuación detallamos:

"Es necesario insistir que la acción extraordinaria de amparo no es un mecanismo procesal que pueda ser utilizado para activar una tercera instancia, de manera que se pueda obtener de la jurisdicción constitucional un nuevo análisis de los elementos de convicción propios de la causa, o que se adentre en consideraciones sobre interpretación de la ley, tareas que corresponden exclusivamente al juez de la causa y al tribunal ad quem, en los términos que establece la ley" (Fallo de 30 de octubre de 1998).

Por otro lado, resulta evidente que habría que hacer un análisis meramente legal de las normas que determinan la competencia de las Juntas de Conciliación y Decisión, y así poder determinar el alcance y verdadero sentido de esas normas legales. Situación que coloca el estudio a realizar por esta Corporación de Justicia, en el plano de la legalidad; lo que también escapa del conocimiento de la acción de Amparo de Garantías Constitucionales. En adición al hecho que se pretende que este Tribunal de Justicia, vuelva a conocer un asunto que ya ha sido resuelto por los dos juzgadores en alusión. Las dos situaciones a las que hemos hecho referencia en las líneas que preceden, se pueden verificar en los pronunciamientos que a continuación detallamos:

"Bajo este contexto, es evidente que el problema planteado se ubica dentro de un marco de disposiciones de carácter legal, no constitucional, ya que ante tales argumentos, lo prudente sería la confrontación de ambos instrumentos, lo que no puede hacerse por vía de una acción de amparo". (A. de Garantías Constitucionales. Fallo de 28 de junio de 2000. M.A.A.A.).

"La amparista señala que la orden impugnada viola el artículo 32 de la Constitución Política.

Si bien el debido proceso consagrado en el artículo 32 de la Constitución Política incluye la garantía de ser juzgado por la autoridad competente, que en los procesos judiciales corresponde al juez natural de la causa, en el presente caso el Primer Tribunal Superior de Justicia, en segunda instancia, resolvió negar el incidente de falta de competencia propuesto, estableciendo la competencia del Juez de Circuito para conocer de la causa. Por tanto, la competencia ha sido determinada y lo actuado por este funcionario judicial no podrá ser anulado (art. 672 numeral 2 del C.J.).

En este sentido, esta Corporación de Justicia expresó en la sentencia dictada por el Pleno el 25 de junio de 1993, lo siguiente:

'Así las cosas, si bien es cierto entonces que, en el caso que ocupa al Pleno de la Corte, se han agotado todos los medios y trámites para la impugnación de la resolución dictada por la Junta de Conciliación y Decisión demandada, no menos lo es, que el Tribunal de amparo a pesar de que en el caso de las resoluciones judiciales la ley procedimental exige el agotamiento previo de las vías judiciales de impugnación, le está vedado incursionar en aquellos aspectos del proceso que tiendan a ensayar un nuevo examen de valoración diferente del realizado por el prudente poder decisorio del sentenciador del proceso de que se trate, sobre cuestiones litigiosas fundamentadas en la ley como ocurre en el caso que se contempla, en relación con el aspecto de la competencia de la Junta demandada para conocer del aludido proceso laboral, cuestión decidida en la resolución contentiva de la orden de hacer impugnada.

Por ello, no obstante los atendibles argumentos de la empresa demandante, lo cierto es que, en el caso concreto, el Pleno de la Corte se vería obligado a examinar aspectos sobre una cuestión litigiosa resuelta por la Junta sentenciadora a la luz de los juicios de valores que la llevaron a desestimar la falta de competencia alegada por la parte demandada; y por ende adscribir la competencia del caso fundándose en las normativas contemplada por el Libro IV del Código de Trabajo, sobre esta materia.

De suerte que, en armonía con el anterior criterio, procesalmente hablando hay que admitir que la impugnada orden no puede violar el principio programático del artículo 17, ni la garantía del debido proceso legal estatuída por el artículo 32, de la Constitución Nacional; toda vez que, inclusive el artículo 676 del Código Judicial, entre los casos en que la falta de competencia no produce nulidad, contempla el del inciso 2 que dice: "Si ha habido reclamación y se ha declarado sin lugar". Por lo que no existe, en consecuencia la menor duda que esa institución es idéntica a la ocurrida en el caso de la acusada orden contenida en la resolución dictada por la Junta de Conciliación y Decisión Nº 10.' (Registro Judicial de junio de 1993, págs. 43 y 44; donde dice artículo 676 del Código Judicial debe leerse artículo 723 del Código Judicial).

El amparo de garantías es una acción extraordinaria que tiene como fin la revocatoria de órdenes arbitrarias emanadas de la autoridad, y no, como pretende el amparista, una tercera instancia a través de la cual se puede revocar la decisión del Primer Tribunal Superior que resolvió en segunda instancia el incidente de nulidad por falta de competencia. De conformidad con nuestro ordenamiento jurídico, cuando se ha resuelto un conflicto de competencia, la actuación del Juez declarado competente no puede anularse. Ante este realidad procesal debe concluirse que la demanda examinada es notoriamente improcedente y no debe admitirse de acuerdo con el artículo 2611 del Código Judicial". (Fallo de 22 de abril de 1999).

Atendiendo a los defectos antes enumerados, lo que en derecho corresponde, es no admitir la acción constitucional que nos ocupa, y a ello se procede.

En mérito de lo expuesto, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la acción de Amparo de Garantías Constitucionales promovida por la licenciada M.D., apoderada judicial del señor J.D.F., representante legal de la empresa PRODUCTOS DIVERSOS S.A.(PRODISA), contra la Sentencia 52-PJCD-5-2005 de 19 de diciembre de 2005, proferida por la Junta de Conciliación y Decisión Nº5.

N..

ALBERTO CIGARRUISTA CORTEZ

ROBERTO GONZALEZ R. -- HARLEY J. MITCHELL D. -- ANÍBAL SALAS CÉSPEDES -- WINSTON SPADAFORA FRANCO -- J.A.T. --A.A.A. L. -- ESMERALDA AROSEMENA DE TROITIÑO -- VICTOR L. BENAVIDES P.

YANIXSA Y. YUEN C. (Secretaria General)

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