Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 21 de Febrero de 2003

Ponente:Graciela J. Dixon C.
Fecha de Resolución:21 de Febrero de 2003
Emisor:Corte Suprema de Justicia (Pleno)

VISTOS:

En grado de apelación conoce el Pleno de la Corte Suprema de Justicia la sentencia de 20 de agosto de 2002 emitida por el Primer Tribunal Superior de Justicia, que decide la acción de amparo de garantías constitucionales interpuesta por el licenciado E.R.M., en representación del señor J.G.C..

ANTECEDENTES

El 20 de julio de 2001, la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral secuestró los bienes de la empresa COMPAÑIA ISTMICA DE PLASTICOS, S.A., por encontrarse en peligro de cierre o quiebra inminente.

Posteriormente la Caja de Ahorros solicitó ante el Juzgado Segundo de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá la declaratoria de quiebra de la citada empresa, toda vez que había incumplido las obligaciones comerciales adquiridas con esa entidad bancaria. Mediante Auto No. 47 de 9 de enero de 2002 la jueza Segunda de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, licenciada M.C.D.A., decretó la quiebra, el embargo y depósito de los bienes de la COMPAÑIA ISTMICA DE PLASTICOS, S.A. (Ver folio 14 del cuadernillo).

El amparista cuestiona la decisión de la jueza civil, toda vez que los bienes de la empresa se encontraban secuestrados para el 9 de enero de 2002 por las autoridades de trabajo, no obstante al presentar su acción de amparo de garantías constitucionales esta fue inadmitida por el Primer Tribunal Superior de Justicia, toda vez que se incumplió con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 2615 del Código Judicial, es decir, no se evacuó el requisito concerniente al agotamiento de los trámites y recursos que concede la ley, decisión que impugna a través de este recurso de apelación, por lo que entra el Pleno a desatar la alzada.

RESOLUCION RECURRIDA:

Mediante sentencia de 20 de agosto de 2002 el Primer Tribunal Superior de Justicia no admitió la acción de amparo de garantías constitucionales interpuesta por el licenciado EDUARDO RIOS MOLINAR contra el Auto No. 47 de 9 de enero de 2002 proferido por el Juzgado Segundo de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, por considerar que la acción impetrada incumplía con el requisito de admisibilidad contenido en el numeral 2 del artículo 2615 del Código Judicial.

El fallo visible a folios 59 y siguientes del cuadernillo sostiene que la demanda de amparo fue incoada por quien tiene interés en la revocación de la orden impugnada, pues el amparista alega tener depositados los bienes y la administración de la empresa para responder por sus prestaciones laborales, es decir, censura que al decretarse la quiebra los bienes se encontraban previamente secuestrados y depositados por la jurisdicción laboral.

Continúa señalando el fallo recurrido que en estos casos:

"...cuando se depositan bienes previamente depositados, el artículo 560 del Código Judicial contempla el Incidente de Rescisión de Depósito, el cual debe ser presentado con los requisitos exigidos en dicha norma ante el Tribunal que decretó el segundo secuestro, incidente que el amparista no ha demostrado que haya agotado.

Es decir pues, que el amparista no ha acreditado haber agotado los medios y trámites previstos en la Ley para la impugnación del embargo objeto de este recurso, requisito indispensable para que pueda proceder la acción de amparo, tal como lo exige el numeral 2 del artículo 2615 del Código Judicial."

Sostiene el Ad-Quo que al no haber agotado el amparista el medio de impugnación que consagra la ley para ese tipo de actuaciones, la demanda de amparo no puede ser admitida.

FUNDAMENTO DE LA APELACION:

El recurso de apelación se encuentra visible a folios 63 y siguientes del cuadernillo de amparo. El letrado R.M. solicita al Pleno se revoque la resolución de 20 de agosto de 2002 emitida por el Primer Tribunal Superior de Justicia, se admita la acción de amparo propuesta y se ordene que se revoque la orden que se impugna por esta vía, pues la actuación del Juzgado Segundo de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá infringe los artículos 32, 42, 67, 73 y 74 de la Constitución Política de la República de Panamá.

Expresa el recurrente que la acción de amparo propuesta ante el Ad-Quo fue inadmitida bajo el fundamento de que no se agotaron los medios y trámites que concede la ley para enervar los efectos de la orden de hacer, sin embargo ello no es aplicable en esta oportunidad, toda vez que el incidente de rescisión contenido en el artículo 560 del Código Judicial regula lo relativo a la materia de secuestro y ello es procedente cuando "...existe un depósito de cosa secuestrada con anterioridad; cuando existe un depósito de cosa embargada con anterioridad y; cuando existe una hipoteca inscrita con anterioridad al secuestro cuya rescisión se pretende." (Folio 64 del cuadernillo).

Continuó expresando el recurrente que el artículo 1549 del Código de Comercio señala que contra la resolución que decreta la quiebra sólo es oponible el recurso de reposición, no obstante fue rechazado por el juez de la causa, toda vez que su cliente no es representante ni heredero del quebrado.

Sostiene igualmente el licenciado R.M. que la orden de hacer que se impugna es la que decreta la quiebra por lo que al haberse agotado los medios y trámites que concede la ley para impugnar la resolución de que se trate contenido en el numeral 2 del artículo 2615 del Código Judicial procede la admisión de la presente demanda de amparo.

CONSIDERACIONES DEL PLENO:

Antes de adentrarnos a desatar la controversia constitucional sometida a la consideración del Tribunal de Amparo es necesario efectuar algunos comentarios con respecto a la sentencia de 20 de agosto de 2002, proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia, los cuales guardan relación con los requisitos de admisibilidad que debe contener una demanda de amparo.

Sostiene el fallo impugnado que la demanda de amparo promovida por el licenciado EDUARDO RIOS MOLINAR en representación del señor J.G.C. cumple (a excepción del numeral 2 del artículo 2615 del Código judicial) con los requisitos que señala la ley para la presentación de un amparo de garantías constitucionales.

Al respecto y por razones didácticas el Pleno observa que la presunta orden de hacer impugnada a través del amparo fue emitida el 9 de enero de 2002 (folio 14), y la demanda fue presentada el día 13 de agosto de 2002 (folio 13 del cuadernillo), es decir, siete meses después, lo que significa que no se encuentra presente el requisito de gravedad e inminencia del daño, indispensable en este tipo de acciones.

Con relación a este aspecto el Tribunal de Amparo ha emitido profusa jurisprudencia en el sentido, que la gravedad e inminencia del daño es un requisito de procedibilidad para demandar la revocación inmediata de la orden pues es urgente proteger el derecho constitucional que se estima conculcado, mas al presentarse una demanda de amparo cinco meses después de la emisión de la presunta orden de hacer, a todas luces se acredita la ausencia de este requisito.

Por otro lado, llama la atención del Tribunal de Amparo que la acción propuesta identifica como concepto de la infracción de los artículos 32, 46 y 67 del Texto Constitucional el error de hecho en la existencia y en la apreciación de la prueba. Conceptos de infracción propios del recurso de casación, por lo que resultan ajenos a las acciones de amparo, cuyos conceptos de infracción se materializan a través de la violación directa, interpretación errónea o indebida aplicación.

Al respecto se citan las sentencias de 15 de abril de 2002 y 10 de agosto de 2002, que a la letra dicen:

"...el concepto de la violación debe expresar la forma en que han sido violados los derechos constitucionales invocados como infringidos, lo que requiere de una explicación que permita al Pleno evaluar el fondo de la vulneración que se invoca, pero ello ha sido obviado por el peticionario y con respecto al concepto de la infracción no ha indicado si, la vulneración fue en concepto de violación directa, interpretación errónea o indebida aplicación. (Ver sentencias de 15 de abril de 2002 y 10 de agosto de 2002, respectivamente)

Ahora bien con respecto al recurso de apelación impetrado por el licenciado E.R.M., el Pleno observa que su interés es revocar la sentencia de 20 de agosto de 2002 emitida por el Primer Tribunal Superior de Justicia, se admita la demanda y se ordene la revocación de la orden que se impugne por esta vía.

No obstante, al revisar la sentencia emitida por el Ad-Quo visible a folios 59 y siguientes del cuadernillo de amparo el Pleno comparte los criterios en ella vertidos, por cuanto que el amparista no cumplió con el requisito especial contenido en el numeral 2 del artículo 2615 del Código Judicial, el cual textualmente preceptúa que para acceder a una acción constitucional de esta naturaleza deben agotarse los medios y trámites previstos en la ley para la impugnación de la resolución judicial de que se trate.

Sobre el particular es importante destacar que el solo hecho de no agotar los recursos procesales estatuídos para impugnar una resolución determinada es suficiente motivo para no acceder a la admisibilidad de la presente acción de amparo, como reiteradamente ha señalado el Pleno de esta Corporación Judicial, en las sentencias de 2 de julio de 1998, 5 de agosto de 1996, 26 de septiembre de 1994, 13 de enero de 1994, 27 de enero de 1993, 21 de febrero de 1992, 2 de mayo de 1990 entre otros copiosos pronunciamientos.

Este criterio se ha sostenido debido a que de existir una vía procesal más idónea, puede revisarse la actuación impugnada de manera amplia y profunda, practicándose pruebas y realizandose todos los trámites pertinentes para satisfacer la pretensión del demandante según sea el caso, o de lo contrario se permitiría una situación de desventaja contra el mismo recurrente. Sentencia de 21 de octubre de 1998

El recurrente tenía a su disposición el incidente de rescisión de depósito, tal cual lo dispone el artículo 560 del Código Judicial. Al respecto sostiene el numeral 1 de la referida disposición procesal que se rescindirá el depósito de una cosa, con la sola audiencia del secuestrante:

Si al tribunal que decretó el secuestro se le presenta copia auténtica de la diligencia de un depósito de fecha anterior al decretado en el proceso en que se verificó el depósito; al pie de dicha copia debe aparecer una certificación autorizada por el respectivo juez y su secretario, con expresión de la fecha en que conste que el depósito a que la diligencia se refiere existe aún.

El artículo 561 consagra que tienen derecho a solicitar la rescisión a que se refiere el artículo 560, el acreedor en el otro juicio, el rematante, la persona a quien por sentencia se haya declarado que tiene derecho a la cosa y al depositario primitivo.

Como bien anota el amparista ante el inminente peligro de cierre y quiebra de la COMPAÑIA ISTMICA DE PLASTICOS la empresa fue secuestrada por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, con el fin de resguardar las prestaciones de sus trabajadores, por lo que al ser el amparista acreedor en el primer juicio era perfectamente viable la interposición de este incidente ante el Juzgado Segundo de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá que decretó la quiebra de la referida persona jurídica.

Ahora bien sostiene el recurrente que ello no era permisible, toda vez que la acción de secuestro y embargo de los bienes de la COMPAÑIA ISTMICA DE PLASTICOS, S.A. responde a un juicio universal de quiebra y la legislación procesal sólo permite la interposición del incidente de reposición, el cual fue ensayado, resultando rechazado por el juez que adelanta la quiebra.

Al respecto es importante comentar que para la doctrina, MALAGARRIGA citado por M.O., la quiebra es el estado al que son llevados mediante declaración judicial, determinados deudores que han cesado en sus pagos y que no han logrado o no han estado en condiciones de lograr una solución preventiva, estado que, si no se resuelve en un avenimiento o en un concordato, determina una realización forzada de los bienes para, con el producto de dicha realización, satisfacer, en lo posible, primero los gastos originados y luego las deudas del quebrado. (Confrontar a M.O., Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, editorial Heliasta, Argentina 1998, pág. 827)

Nuestra legislación positiva, específicamente el artículo 1549 del Código de Comercio indica que el auto que declare la quiebra quedará ejecutoriado de pleno derecho y sólo es posible solicitar la reposición dentro de los ocho días siguientes a dicha declaratoria por parte del quebrado, por sus representantes o herederos, por lo que no puede ser promovido por el amparista, pues el es un trabajador de la empresa.

Con relación a ello es importante acotar que al momento de la distribución de los bienes del quebrado o concursado, los acreedores pueden ser de diversas clases en atención a lo privilegiado de su crédito, existiendo en consecuencia un orden de prelación que es atentamente vigilado por el juez de la causa.

Por otro lado el artículo 1849 del Código Judicial consagra el privilegio que tienen todos aquellos acreedores hipotecarios, pignoraticios, los que tuvieren derecho de retención y todos los que gozaren de igual derecho que los anteriores en cosa determinada para requerir su cobro sobre los acreedores comunes, pudiendo ser esta la condición jurídica de la Caja de Ahorros con respecto a la maquinaria otorgada a la COMPAÑIA ISTMICA DE PLASTICOS, S.A.. Cabe anotar sin embargo que los trabajadores del quebrado también tienen un condición de privilegio en la masa del fallido.

Al respecto recordemos que la inconformidad del amparista radica en el hecho que al decretarse un segundo secuestro sobre los bienes de la empresa quebrada pudieran verse afectados las prestaciones de los trabajadores de la misma y en especial las de su representado. Por ello es oportuno transcribir lo dispuesto en el artículo 166 del Código de Trabajo:

En caso de quiebra o insolvencia del empleador, el importe de los salarios, prestaciones e indemnizaciones adeudadas a los trabajadores gozaran de prelación sobre cualquier otro crédito incluido los preferentes y los que existan a favor del Estado y la Caja de Seguro Social, salvo los garantizados con derechos reales sobre determinados bienes. El crédito preferente de que gozan los trabajadores surte efectos sobre todos los bienes del empleador.

Como se aprecia las prestaciones laborales al igual que los créditos garantizados con derechos reales sobre determinados bienes tienen un orden de prelación con respecto a la masa por lo que el amparista debe solicitar el reconocimiento de ese derecho en la jurisdicción ordinaria respectiva, quien tendrá que ponderar la prevalencia de unos derechos sobre otros.

Expresado lo anterior, el Pleno concluye que lo procedente es confirmar la sentencia de 20 de agosto de 2002 proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia.

PARTE RESOLUTIVA:

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, PLENO administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de 20 de agosto de 2002 emitida por el Primer Tribunal Superior de Justicia.

N.,

(fdo.) G.J.D.C.

(fdo.) R.A.F.Z. (fdo.)

J. F.P.

(fdo.) C.P.B. (fdo.) ANÍBAL

SALAS CÉSPEDES

(fdo.) W.S. FRANCO (fdo.) JOSÉ A.

TROYANO

(fdo.) A.A.A. L. (fdo.) A.C.C.

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.

Secretario General