Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 21 de Diciembre de 2004

PonenteEsmeralda Arosemena de Troitiño
Fecha de Resolución21 de Diciembre de 2004
EmisorCorte Suprema de Justicia (Panama)

VISTOS:

Conoce el Pleno de la Corte Suprema de Justicia de acción de amparo de garantías constitucionales promovido por el licenciado O.C., quien actúa en nombre y representación de Prosegur Primera Agencia de Seguridad S. A. contra la orden de no hacer contenida en la resolución no. 19-DGT-03 del 29 de octubre de 2003, emitida por la Dirección General de Trabajo y confirmada mediante resolución No. D-M. 36/2004 de 14 de febrero de 2004, proferida por el Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral.

La demanda fue admitida por cuanto cumplía con los requisitos formales de admisibilidad contemplados en los artículos 2615 y 2619 del Código Judicial (f. 43).

El demandante sostiene que se ha infringido los artículos 18 y 32 de la Constitución Nacional, porque mediante petición debidamente formulada ante la Dirección General de Trabajo solicitaron autorización para despedir a 53 trabajadores por causas de naturaleza económica, sin embargo hubo un silencio administrativo, ya que transcurrieron los 60 días calendario que establece el artículo 215 del Código de Trabajo, que es el tiempo que tiene la Dirección General de

Trabajo para decidir la solicitud y no se pronunciaron sobre la solicitud incoada (f. 8).

En ese orden de ideas, advierte que la empresa estaba facultada para despedir a los 53 trabajadores, porque se había producido un silencio administrativo, por lo que solicita al Pleno de la Corte Suprema de Justicia que conceda el amparo de garantías, decrete extinguida la pretensión y la nulidad de las resoluciones no. 19-DGT-03 del 29 de octubre de 2003, emitida por la Dirección General de Trabajo y confirmada mediante resolución No. D-M. 36/2004 de 14 de febrero de 2004, proferida por el Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral(f. 17).

La autoridad demandada rindió el informe requerido, señalando que el amparista presentó solicitud para despedir a 53 trabajadores, argumentado para ello, causas de naturaleza económicas, presentado como pruebas copias de la planillas de la Caja de Seguro Social en la que aparecen un número superior a los 53 trabajadores, lo que trajo como consecuencia que esa Dirección se viera en la necesidad de notificar a cada uno de los trabajadores que aparecían en la planilla, pues así lo dispone el artículo 216 del Código de Trabajo (f. 45).

ANTECEDENTES DEL CASO.

Los antecedentes del caso dan cuenta que Prosegur Primera Agencia de Seguridad S. A. mediante apoderado judicial, presentó en la Dirección General de Trabajo el 9 de julio de 2003, autorización para despedir a 53 trabajadores, fundamentando para ello que había sido notificada por HSBC, que a partir del 26 de julio de 2003, suspendían el servicio que la empresa le venía suministrando, lo que representaba un ingreso mensual de B/.27,434.87. En ese sentido, advirtió que no podía mantener a los 53 trabajadores que ocupaban esas plazas que el contrato les brindaba, basándose en el artículo 213, numeral 3, acápite c, es decir por causas económicas (f. 3. Antecedentes).

La Dirección General de Trabajo procedió a notificar a cada uno de los trabajadores que aparecen en las copias de las planillas presentadas por la empresa, concluyendo el 3 de octubre de 2003, fecha en la que se desfija el edicto de notificación, de la solicitud formulada por Prosegur Primera Agencia de Seguridad S. A. (f. 60 vuelta).

De esa manera, mediante resolución de no. 19-DGT-03 de 29 de octubre de 2003, la Dirección General de Trabajo negó la solicitud de Prosegur Primera Agencia de Seguridad, S.A. para despedir a los 53 trabajadores, por considerar que el estudio de auditoría realizado se desprende que la empresa mantiene liquidez que le permite asumir el pago de sus pasivos, y también expresa que la actitud asumida por la empresa de despedir a los trabajadores sin la autorización de la Dirección General de Trabajo hacen que la solicitud pierda viabilidad (f. 62)

Esa decisión, fue sometida a recurso de apelación y el Director General de Trabajo mediante resolución No. D.M.: 3/2004 de 14 de febrero de 2004, confirmó en todas sus partes la resolución de primera instancia(f. 77).

DECISIÓN DE LA CORTE

Procede la Corte Suprema de Justicia a resolver la pretensión.

Como viene visto, se debate si la Dirección General de Trabajo cuenta con 60 días calendario para resolver la solicitud de autorización de despido o tiene un tiempo adicional, para resolver la pretensión que se apoya en el artículo 213 del Código de Trabajo.

En ese orden de ideas, el artículo 215 de del Código de Trabajo señala que:

Cuando el despido tuviese como causa una de las señaladas en el acápite c) del artículo 213, el empleador deberá comprobar la causa respectiva ante las autoridades administrativas de trabajo.

En los casos de que trata este artículo, el despido sin el cumplimiento de los requisitos señalados en el inciso anterior, se considerará de pleno derecho injustificado. Sin embargo, si al vencimiento del plazo de sesenta días calendarios, la autoridad administrativa de trabajo no ha resuelto la solicitud, el empleador podrá proceder al despido, el cual se considerará plenamente justificado quedando obligado al pago de la indemnización que establece el artículo 225.

Es importante advertir, que la Corte Suprema de Justicia con motivo de una advertencia de inconstitucionalidad, analizó el alcance y contenido del artículo 215 del Código de Trabajo, señalando que, en efecto la autoridad administrativa tiene únicamente 60 días calendario, indicando también el procedimiento que deben seguir las partes interesadas con la consecuencia de ese acto administrativo; siendo en este caso lo discutido, el momento a partir del cual se empieza a contar dicho término, para resolver la solicitud de autorización de despido por causas de naturaleza económica.

En ese sentido la Corte expresó:

"....

A tales efectos el empleador debe cumplir antes con ciertos requisitos, entre los cuales: solicitar a la autoridad administrativa de trabajo la nota en la que conste que no se ha pronunciado respecto a la petición formulada por la empresa y el tiempo transcurrido, es decir, acreditar la circunstancia del silencio. Además, debe notificar por escrito a los trabajadores la decisión de dar por terminada la relación laboral con las formalidades establecidas en el artículo 214 del Código de Trabajo.

...

Por consiguiente, si el empleador no cumple con las formalidades anteriormente expuestas, el trabajador despedido está facultado para demandar al empleador ante la Junta de Conciliación y Decisión o ante los Tribunales Seccionales de Trabajo y solicitar su reintegro a la empresa"(Cfr. Sentencia del Pleno de 29 de junio de 1993).

En otro orden de ideas, la Corte constata que en efecto el amparista no procedió conforme lo establece el artículo 215 del Código de Trabajo, ya que no acreditó el silencio administrativo, por parte de la Dirección General de Trabajo, en ese sentido sus reclamaciones carecen de asidero legal, porque actúo al margen de la ley. Ello es así, porque al acreditarse el silencio administrativo el cual se entiende como un consentimiento de la Dirección General de Trabajo para que la empresa despida a los 53 trabajadores, ese acto es susceptible de ser atacado por los interesados mediante un recurso de apelación ante el Director General de Trabajo (Cfr. Sentencia de 29 de junio de 1993).

En efecto, si el empleador no procedió conforme a la ley, mal puede argumentar que se ha producido un silencio administrativo, si no lo acreditó previamente.

Por otro lado, es importante señalar que, a efectos de resolver con prontitud, es recomendable que en la misma resolución que acoge la solicitud de autorización de despido, se ordene el estudio económico de la empresa, al tiempo que se procede con la correspondiente notificación a los trabajadores, de forma tal que este trámite no se postergue en espera del estudio económico, retardando la emisión de la decisión más allá del término previsto por la ley (60 días calendario), y que no corre hasta que se cumpla con las notificaciones a todos los trabajadores, tal como lo ha considerado el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en fallo de 20 de julio de 2004, que en lo pertinente, indica que:

"....., el Tribunal de Amparo coincide en que es a partir del instante en que fueron debidamente notificados todos los trabajadores susceptibles de ser afectados por la solicitud de autorización de despido, que empieza a correr el término de 60 días calendarios para que la autoridad se pronuncie sobre esa solicitud, previsto por el artículo 215 del Código de Trabajo."(Cfr. Sentencia del Pleno de 20 de julio de 2004).

En lo concerniente a la otra pretensión del amparista, referente a que se decrete extinguida la petición de despido por causas económicas, la Corte desestima su análisis, en primer lugar porque la Dirección General de Trabajo se pronunció sobre ellas y en segundo lugar porque no pueden ser debatidas en un proceso de rango constitucional, ya que son pretensiones evidentemente de tipo legal, debatibles en dicho plano.

En cuanto a los argumentos esgrimidos por la Dirección General de Trabajo, relacionados a que el empleador presentó una fotocopia de la planilla de la Caja de Seguro Social, con más de 500 trabajadores, lo que hacía difícil su notificación, la Corte advierte que como autoridad administrativa que tutela el derecho de los trabajadores y por consiguiente recae sobre ella un sinnúmero de peticiones que tiene que resolver, la hacen idónea, para examinar la solicitud, y exigirle al empleador que le indique taxativamente el nombre de los 53 trabajadores que deseba despedir por razones económicas, todo ello en beneficio del principio de economía procesal, ya que cuenta con un término fatal para resolverla.

En conclusión, a juicio de la Corte, el acto impugnado no infringe los artículos 18 y 32 de la Constitución Nacional.

Por las consideraciones anteriores la CORTE SUPREMA PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley DENIEGA el amparo de garantías constitucionales promovido por el licenciado O.C. apoderado Judicial de Prosegur Primera Agencia de Seguridad S.A., contra la orden de no hacer contendida en la resolución no. 19-DGT-03 del 29 de octubre de 2003, emitida por la Dirección General de Trabajo

Notifíquese y Cúmplase.

ESMERALDA AROSEMENA DE TROITIÑO

ALBERTO CIGARRUISTA CORTEZ -- GRACIELA J. DIXON C. -- JORGE FEDERICO LEE -- ARTURO HOYOS -- JOSÉ A. TROYANO -- ANÍBAL SALAS CÉSPEDES -- WINSTON SPADAFORA FRANCO -- ADÁN ARNULFO ARJONA L.

CARLOS H. CUESTAS G. (Secretario General)

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR