Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 12 de Febrero de 2015

Ponente:Oydén Ortega Durán
Fecha de Resolución:12 de Febrero de 2015
Emisor:Pleno
 

VISTOS:

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia conoce de la Demanda de Inconstitucionalidad presentada por el Licenciado I.G.M.R., actuando en nombre y representación de R.E.F. contra la Resolución NO. (01080004-NA-A) de 1 de febrero de 2014, dictada por la Dirección Nacional de Organización Electoral del Tribunal Electoral, por la cual se admite la postulación de la señora M.L.D.M. al cargo de Vice-Presidenta de la República por el Partido Molirena y la Demanda de Inconstitucionalidad presentada por los L.M.J.G.H. y R.R.A.P. en su propio nombre y en ejercicio de la Acción pública de Inconstitucionalidad, contra las Resolución No. 01080006-NA-A de 1 de febrero de 2014 emitida por el Director Nacional de Organización Electoral del Tribunal Electoral concretamente en la parte por la cual se admite la postulación de la señora M.L. de M. como candidata al cargo de V. de la Republica por el Partido Cambio Democrático

Mediante Resolución fechada siete (7) de abril del 2014, se RESOLVIÓ acumular la Demanda de Inconstitucionalidad presentada por I.G.M.R. actuando en nombre y representación de R.E.F., para que se declare inconstitucional la Resolución NO. (01080004-NA-A) de 1 de febrero de 2014, dictada por la Dirección Nacional de Organización Electoral del Tribunal Electoral, por la cual se admite la postulación de la señora M.L.D.M. al cargo de Vice-Presidenta de la República por el Partido Molirena, bajo la ponencia del Magistrado O.O.D. con la Entrada No. 319-14 y la Demanda de Inconstitucionalidad presentada por MARIO JULIO GALINDO HUERTEMATE y R.A.P., actuando en nombre y representación, para que se declare inconstitucional la Resolución No. 01080006-NA-A de 1 de febrero de 2014 emitida por el Director Nacional de Organización Electoral del Tribunal Electoral concretamente en la parte por la cual se admite la postulación de la señora M.L. de M. como candidata al cargo de V. de la Republica por el Partido Cambio Democrático, bajo la ponencia del Magistrado O.O.D. con el expediente cuya Entrada es la NO. 326-14.

  1. RESOLUCIONES ACUSADAS DE INCONSTITUCIONALES

En el escrito de Demanda presentado por el Licenciado I.G.M.R., se solicita se declare la inconstitucionalidad de la Resolución No. (01080004-NA-A) de 1 de febrero de 2014 emitida por el Director Nacional de Organización Electoral del Tribunal Electoral, específicamente en la parte en la que se admitió la postulación al cargo de V. de la República de la señora M.L. de M., por parte del Movimiento de la Liberación Nacional (MOLIRENA) y que a continuación se cita:

"Resolución (01080004-NA-A)

(De 1 de febrero de 2014)

"Por la cual se admite la postulación presentada por el Partido MOVIMIENTO LIBERAL REPUBLICANO NACIONALISTA, a los cargos de presidente y vicepresidente de la república de Panamá"

La Dirección Nacional de Organización Electoral

En uso de sus facultades legales y reglamentarias

CONSIDERANDO:

Que mediante memorial, el Partido MOVIMIENTO LIBERAL REPUBLICANO NACIONALISTA presentó a las 10:24 de la Mañana de Sábado 1 de febrero de 2014, en la Dirección Nacional de Organización Electoral, la postulación a los cargos presidente y vicepresidente de la república de Panamá.

Que la postulación cumple con los requisitos previstos en el Código Electoral y el Decreto 7 de 13 de marzo de 2013, que reglamenta las Elecciones Generales del 4 de mayo de 2014, modificado por el Decreto 11 de 24 de mayo de 2013.

Que lo antes expuesto

RESUELVE:

PRIMERO

Admitir la postulación presentada por el Partido MOVIMIENTO LIBERAL REPUBLICANO NACIONALISTA, de los (las) candidatas (as), a presidente y vicepresidente de la república de Panamá, para las Elecciones Generales del 4 de mayo de 2014, que detallamos a continuación:

Nombre y apellido del (la) P. J.D.A.

Nombre con el que desea aparecer en la boleta de votación J O S E D O M I N G O A R I A S

Cédula 8-230-2506

Nombre y apellido del (la) V. M.I.D.C.L.B.

Nombre con el que desea aparecer en la boleta de votación M A R T A L I N A R E S D E M A R T I N E L L I

Cédula 8-239-406

SEGUNDO

Remitir copia de la presente resolución a la Secretaría General del Tribunal Electoral, a fin de que se publique el aviso de postulación por una sola vez en el Boletín del Tribunal Electoral.

TERCERO

Indicar en el aviso, que el F. General Electoral, cualquier ciudadano o partido político, podrá impugnar esta postulación, dentro de los 3 días hábiles siguientes a su única publicación en el Boletín del Tribunal Electoral.

Fundamento de Derecho

A.s 226, 244 y 246 del Código Electoral, artículos 33, 37, 80, 85 y 86 del Decreto 7 de 13 de marzo de 2013 y Decreto 11 de 24 de mayo de 2013.

Dado en la ciudad de Panamá, a uno (1) de febrero de dos mil catorce (2014).

P. y cúmplase.

..."

En tanto que, en el escrito de Demanda presentado por los L.M.J.G.H. y R.R.A.P., se solicita se declare la inconstitucionalidad de la Resolución No. 01080006-NA-A de 1 de febrero de 2014 emitida por el Director Nacional de Organización Electoral del Tribunal Electoral, específicamente en la parte en la que se admitió la postulación al cargo de V. de la República de la señora M.L. de M., por parte del Partido Cambio Democrático y que a continuación se cita:

"Resolución (01080006-NA-A)

(De 1 de febrero de 2014)

"Por la cual se admite la postulación presentada por el Partido CAMBIO DEMOCRATICO, a los cargos de presidente y vicepresidente de la república de Panamá"

La Dirección Nacional de Organización Electoral

En uso de sus facultades legales y reglamentarias

CONSIDERANDO:

Que mediante memorial, el Partido CAMBIO DEMOCRATICO presentó a las 13:40 de la tarde de Sábado 1 de febrero de 2014, en la Dirección Nacional de Organización Electoral, la postulación a los cargos presidente y vicepresidente de la república de Panamá.

Que la postulación cumple con los requisitos previstos en el Código Electoral y el Decreto 7 de 13 de marzo de 2013, que reglamenta las Elecciones Generales del 4 de mayo de 2014, modificado por el Decreto 11 de 24 de mayo de 2013.

Que lo antes expuesto

RESUELVE:

PRIMERO

Admitir la postulación presentada por el Partido CAMBIO DEMOCRATICO, de los (las) candidatas (as), a presidente y vicepresidente de la república de Panamá, para las Elecciones Generales del 4 de mayo de 2014, que detallamos a continuación:

Nombre y apellido del (la) P. J.D.A.

Nombre con el que desea aparecer en la boleta de votación J O S E D O M I N G O A R I A S

Cédula 8-230-2506

Nombre y apellido del (la) V. M.I.D.C.L.B.

Nombre con el que desea aparecer en la boleta de votación M A R T A L I N A R E S D E M A R T I N E L L I

Cédula 8-239-406

SEGUNDO

Remitir copia de la presente resolución a la Secretaría General del Tribunal Electoral, a fin de que se publique el aviso de postulación por una sola vez en el Boletín del Tribunal Electoral.

TERCERO

Indicar en el aviso, que el F. General Electoral, cualquier ciudadano o partido político, podrá impugnar esta postulación, dentro de los 3 días hábiles siguientes a su única publicación en el Boletín del Tribunal Electoral.

Fundamento de Derecho

A.s 226, 244 y 246 del Código Electoral, artículos 33, 37, 80, 85 y 86 del Decreto 7 de 13 de marzo de 2013 y Decreto 11 de 24 de mayo de 2013.

Dado en la ciudad de Panamá, a uno (1) de febrero de dos mil catorce (2014).

P. y cúmplase.

..."

  1. NORMAS CONSTITUCIONALES QUE SE CONSIDERAN INFRINGIDAS Y CONCEPTO DE LAS VIOLACIONES

    Señalaron los Activadores Constitucionales que la Resoluciones No. (01080004-NA-A) de 1 de febrero de 2014 emitida por el Director Nacional de Organización Electoral del Tribunal Electoral, concretamente en la parte por la cual se admite la postulación de la Señora M.L. de M. al cargo de V. de la República por el Partido Movimiento Liberal Republicano Nacionalista y la Resolución No. 01080006-NA-A de 1 de febrero de 2014 emitida por el Director Nacional de Organización Electoral del Tribunal Electoral concretamente en la parte por la cual se admite la postulación de la señora M.L. de M. como candidata al cargo de V. de la República por el Partido Cambio Democrático, son contrarias al A. 193, numeral 2 de la Constitución Política de la República de Panamá, en razón de violación directa por comisión, pues aunque de manera expresa no se mencione al cónyuge del P. de la República dentro de los impedimentos a que se refiere el numeral 2 del A. 193 de la Constitución, no significa que los impedimentos especificados en tal norma para los parientes del P. dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad no sean aplicables al cónyuge respectivo.

    El referido texto constitucional es del tenor siguiente:

    "ARTÍCULO 193. No podrá ser elegido V. de la República:

    1. ...

    2. Los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del P. de la República, para el período que sigue a aquél en que el P. de la República hubiere ejercido el cargo.

    3. ..."

    Argumentan los Recurrentes que lo que permite hablar de la condición de pariente por afinidad, es la existencia previa del vínculo matrimonial; agregando que, "si no hay matrimonio no hay parientes por afinidad", lo que significa, según los demandantes que, para los efectos constitucionales y legales, este parentesco surge cuando se formaliza el matrimonio. Agregan los accionantes que formalizado el matrimonio se da y surge el fundamento legal de la familia como lo deja previsto el A. 57 de la Constitución. De manera que, en opinión de los demandantes, los cónyuges vendrían a ser esa familia a que se refiere dicho A. y los parientes por afinidad constituirían la familia extendida de quienes legalmente han contraído ese matrimonio.

    Los Accionantes señalaron que, si bien la ley deja consignado que los cónyuges no son parientes entre si, no se puede negar que constituyen, sin duda alguna, una familia y por consiguiente, la familia de éstos por afinidad vendrían a ser los suegros y los cuñados. Que estos, en conjunto con los parientes por consanguinidad, constituyen un núcleo familiar. Siguen indicando los Recurrentes que el familiar más cercano del cónyuge es su propio cónyuge y por tanto, de su grupo o núcleo familiar; señalando que cuando un P. está casado, la persona más cercana a él es su cónyuge, no sus suegros, ni sus cuñados. Indican los Activadores Constitucionales que si los parientes por afinidad, o sea , sus suegros y sus cuñados, están inhabilitados para ser candidatos a la Presidencia de la República, por qué no lo va estar su cónyuge que viene a ser el miembro de su familia más cercano.

    Asimismo, señalan los Recurrentes que no tiene sentido y va contra toda lógica que se diga que los parientes por afinidad del P. de la República, en este caso, sus suegros y cuñados están impedidos para ser elegidos al cargo de V. de la República debido a que su familiaridad por afinidad con el P. de la República se lo impide; pero no obstante, el cónyuge, quien da origen a que exista tal vínculo de afinidad (suegros y cuñados) y que es además el familiar más cercano, y con quien está unido en matrimonio el P., sí podría ser elegido para ocupar la Vicepresidencia de la República y continuar en ejercicio del poder aún cuando sea uno de los familiares más cercano. Que dicha interpretación iría en contra del sentido de lo que se establece en el A. 193 de la Constitución, en relación con lo previsto en el A. 178, conforme a los cuales el P. de la República no puede reelegirse de forma inmediata como tampoco puede ser candidato al cargo de V. de la República sus familiares que se encuentren dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad.

    Los Accionantes indicaron que, si el Constituyente dispuso que, para hacer efectivo el principio de no reelección inmediata del P., sus familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad no puedan ser elegidos al cargo de V., a objeto de impedir la continuidad en el ejercicio del poder de un mismo núcleo o grupo familiar, la interpretación coherente y constitucionalmente correcta es que tal prohibición también alcance al cónyuge del P., puesto que con ello se preservan los valores de un gobierno Republicano, según los cuales los asuntos de éste deben ser una cosa de todos los que conforman la República y no de unos cuantos, mucho menos de unos cuantos familiares del P. de la República, entre los que está incluido sin duda alguna su cónyuge.

    Concluyen señalando que, de acuerdo con el sentido de lo previsto en el numeral 2 del A. 193 de la Constitución, en cuanto a prohibir la continuidad en el ejercicio del poder por los familiares cercanos al P. de la República, el cónyuge del P. no puede ser candidato a la Vicepresidencia, ya que esto es lo que viene a ser lo constitucionalmente correcto.

    En virtud de lo anterior, solicitaron se declare la inconstitucionalidad de la Resolución No. (01080004-NA-A) de 1 de febrero de 2014, emitida por el Director Nacional de Organización Electoral del Tribunal Electoral, concretamente la parte mediante la cual se admite la postulación al cargo de V. de la República a la Señora M.L. de M. por el Partido Movimiento Liberal Republicano Nacionalista y la Resolución No. 01080006-NA-A de 1 de febrero de 2014 emitida por el Director Nacional de Organización Electoral del Tribunal Electoral concretamente en la parte por la cual se admite la postulación de la señora M.L. de M. como candidata al cargo de V. de la Republica por el Partido Cambio Democrático.

  2. OPINIÓN DE LA PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN

    Mediante V.F. Nº 172 de 25 de abril de 2014, el Procurador de la Administración, Licenciado O.C. emitió su opinión acerca de la referida violación constitucional. En tal sentido señaló que: "NO SON INCONSTITUCIONALES las Resoluciones 01080004-NA-A y 01080006-NA-A de 1 de febrero de 2014, por medio de las cuales la Dirección Nacional de Organización Electoral admitió la postulación de J.D.A. al cargo de P. de la República y de M.I.D.C.L.B. al cargo de V. de la República para las elecciones generales del 4 de mayo de 2014, presentada por los partidos Movimiento Liberal Republicano Nacionalista y Cambio Democrático, ya que no infringen el artículo 193, numeral 2, ni algún otro de la Constitución Política de la República."

    Señaló el Procurador de la Administración que con sustento en los A.s 14 y 23 del Código de la Familia, queda claro que: "los cónyuges entre sí no son parientes por consanguinidad ni por afinidad, lo que significa que entre los esposos no existen ningún tipo de parentesco, pues, sus derechos y obligaciones nacen únicamente del vínculo o relación conyugal."

    Igualmente, indicó el Licenciado O.C. que, "los cónyuges no están comprendidos en el parentesco, se hace evidente en algunas disposiciones del Código Civil, entre éstas, las contenidas en el Título II, relativo a las reglas de la sucesión intestada, ya que desde el artículo 646 hasta el 684, que corresponden a los capítulos I, II, III, IV, V y VI, se regulan los derechos de los parientes entre sí, mientras que los artículos 685 a 691, los cuales pertenecen al capítulo VII, atañen a los derechos del cónyuge, de lo cual se desprende que al hacer tal distinción, este último no forma parte del parentesco".

    Considera el Procurador de la Administración que para que la prohibición contenida en el numeral 2 del A. 193 de la Constitución Política fuese aplicable a la cónyuge del P. de la República, la norma debió expresarlo así. Concluyó indicando el Licenciado O.C. que, al no mencionarse de manera expresa en el numeral 2 del A. 193 de la Constitución Política, que la cónyuge del P. de la República no forma parte de los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad ni segundo de afinidad, la cónyuge del P. de la República no se encontraría impedida para ser elegida como V. de la República en los comicios electorales del 4 de mayo del año en curso, al no infringir su postulación el texto de la norma constitucional invocada. Que cualquiera interpretación debe tener en cuenta el tenor literal de cada artículo.

  3. ALEGATOS DE LOS RECURRENTES

    Cumpliendo con las ritualidades procesales de este tipo de acciones de naturaleza constitucional se fijó en lista el negocio para que cualquiera persona interesada hiciera uso del derecho de argumentación, motivo por el cual el Licenciado I.G.M.R., presentó sus alegatos señalando que reitera los argumentos expuestos en la demanda.

    Además, indicó el Licenciado M.R. que, si bien como es de conocimiento público, que producto del Proceso Electoral del pasado 4 de mayo el año en curso la nómina ganadora para el cargo de P. y V. de la República, no fue la que postulara a la entonces primera dama, por la relevancia que el tema mantiene y por tratarse de un hecho de interés constitucional, lo procedente es que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia se pronuncie y deje sentada una posición jurisprudencial.

    Por su parte, los abogados M.J.G. y R.R.A., también presentaron alegatos indicando que salvo raras excepciones, ningún precepto constitucional puede ser interpretado solo en función de su texto literal, según lo propone equivocadamente la V.F.. Por tanto, discrepan de la interpretación que el Señor Procurador de la Administración le da al numeral 2 del A. 193 de la Constitución.

    Manifestaron los activadores constitucionales, G. y A., respectivamente, que la Constitución no puede ser interpretada como lo hace la V.F., sobre la base de que por faltar en los A.s 192 y 193 una alusión expresa al cónyuge del P., entonces dicho cónyuge si puede ser candidato a la Presidencia o a la Vicepresidencia.

    Argumentaron los letrados que el hecho que la Señora M. de M. no haya sido elegida por el pueblo para ocupar el cargo de V. de la República no es óbice para que el Pleno de la Cote Suprema de Justicia se pronuncie sobre su petición. Que lo que el Pleno debe decidir, conforme a su petitum, es si la candidatura de la señora M. de M. es o no violatoria del numeral 2 del A. 193 de la Constitución y no si su elección en caso de haberse materializado, lo que le habría permitido tomar posesión de ese cargo. Por tanto, la controversia implicada en el caso subjudice no ha desaparecido por razón del resultado de las elecciones recientemente celebradas. Por lo tanto, concluyeron señalando que se declare que es inconstitucional la Resolución No. 01080006-NA-A de 1 de febrero de 2014, emitida por el Director Nacional de Organización Electoral del Tribunal Electoral.

  4. CONSIDERACIONES Y DECISIÓN DEL PLENO

    Mediante Providencia de 9 de abril de 2014 se admitió la presente Acción de Inconstitucionalidad, por tanto, en cumplimiento de lo normado en el artículo 2563 del Código Judicial se remitió a la Procuraduría de la Administración para que esta emitiera concepto, lo que se cumplió por dicho funcionario al dictar su Vista N° 172 de 25 de abril de 2014 visible a fojas 43-54 del Cuadernillo de inconstitucionalidad. En tales circunstancias procede el Pleno a pronunciarse sobre esta Acción de Inconstitucionalidad.

    Para determinar cuál es el alcance del numeral 2 del A. 193 de la Constitución Nacional, tenemos que recurrir a una interpretación constitucional que sea compatible con las razones éticas y de transparencia que inspiraron su redacción. Es así, que aún cuando el A. de la Constitución Política citado no menciona al cónyuge del ciudadano que en su momento esté ocupando la Presidencia de la República, dentro de las personas que no podrán ser elegidas V., debe entenderse que dicho cónyuge, sí está comprendido en los supuestos enumerados. Afirmamos esto, puesto que si para tales efectos se mencionan, entre otros, a los parientes dentro del segundo grado de afinidad (suegros y cuñados), evidentemente el cónyuge tiene más afinidad con el P. de la República que aquellos.

    Veamos cuál es la definición que se da al término "afinidad" y lo que se concluye luego de una interpretación constitucional que al efecto se realice. En cuanto a la definición, según el Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales de M.O. se define la afinidad de la siguiente manera: "Parentesco que mediante el matrimonio se establece entre cada cónyuge y los deudos por consaguinidad del otro. C. da ese vocablo como equivalente a "alianza" y dice de ella que es el vínculo jurídico entre el pariente de uno de los cónyuges y el otro cónyuge, como yerno y suegra, nuera y suegro, cuñado y cuñada. La afinidad parental produce algunos efectos jurídicos. Constituye un impedimento matrimonial entre el cónyuge sobreviviente y los ascendientes y descendientes del premuerto. La obligación de prestar alimentos está limitada a la que recíprocamente se da entre el suegro o la suegra y el yerno o la nuera." (OSORIO, M., "Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales" 26ª Edición actualizada, corregida y aumentada por G.C. De Las Cuevas, Editorial Heliasta, 1999, pág.68).

    Por su parte, en el Diccionario esencial de la lengua española se indica que afinidad es: "1. Proximidad, analogía o semejanza de una cosa con otra. 2. Atracción o adecuación de caracteres , opiniones, gustos, etc., que existe entre dos o más personas. 3. Parentesco que mediante el matrimonio se establece entre cada cónyuge y los deudos por consanguinidad del otro." ("Diccionario Esencial de la Lengua Española", Real Academia Española, Espasa Calpe, S., 2006, Págs.38-39.). Según el Diccionario Enciclopédico la Afinidad es: "analogía de una cosa con otra". "Parentesco entre un cónyuge y los deudos del otro". Ese mismo Diccionario nos da la siguiente definición de la palabra afín, al decir: "próximo, contiguo. Que tiene afinidad con otra cosa. com. Pariente por afinidad". ("Diccionario Enciclopédico Nuevo Océano UNO", Editorial Grupo Océano, Barcelona-España, Edición 2007, Pág.31.)

    De las definiciones señaladas se puede apreciar que ambas hablan de alianza, analogía y proximidad, como sinónimo de afinidad. Desde luego, que tal afinidad también se produce por el vínculo del matrimonio, por lo que se debe concluir que el efecto de matrimonio no solo tiene trascendencia o consecuencia entre los parientes de uno y otro cónyuge, sino también entre las propias personas unidas por el matrimonio. Esto lo apreciamos al ver la definición de la palabra afín, que por su naturaleza se refiere a algo próximo, análogo, contiguo. También se refiere a la afinidad de una cosa con la otra.

    Pero veamos el tratamiento que han dado a la figura del V., las distintas Constituciones Políticas que ha tenido el Estado panameño a partir de 1904. Así tenemos, que mediante la Reforma Constitucional de 1983 se acordó la fórmula de elegir a dos V.P. conjuntamente con el P. de la República, tal como lo disponía la Constitución de 1946, siendo elegidos por sufragio popular directo y por mayoría de votos. Como se sabe, luego del Acto constitucional de 2004 se aprobó la elección de un solo V., tal como disponía la Constitución de 1972 antes de la reforma de 1983. Además, por virtud de la reforma constitucional de 1983 se estableció el período presidencial de cinco años, el que se ha mantenido hasta la fecha, a diferencia del período de cuatro años fijado en la Constitución de 1904 y 1946. Diferente también al período de seis años fijado originalmente en la Constitución de 1941 y posteriormente en la de 1972, antes de la Reforma constitucional de 1983. Se ha estimado adecuado el actual período presidencial de cinco años, si se considera que la persona elegida para el cargo de P. de la República no puede reelegirse inmediatamente, sino luego de dos períodos siguientes.

    Todo esto ha ido moldeando un nuevo Estado social y de derecho, el que debe permear al resto de las instituciones, para hacer efectivos los derechos fundamentales, en los cuales se inscribe el derecho a elegir y ser elegido.

    El Estado social, al decir de C.B.P. se define, "contrario a la concepción del liberalismo de los derechos fundamentales como un Estado intervencionista y la persona que presupone es un individuo carente, necesitado". Estas dos características, de acuerdo con B.P., han exigido un ajuste de la dogmática de los derechos fundamentales en diferentes aspectos. Las variaciones se presentan tanto en el nivel de las disposiciones, como en el de las normas adscritas de derecho fundamental". (B.P., "El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales", Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 3ª edición, Madrid, 2007, pág.362). Cuando se habla aquí de la concepción de los derechos fundamentales, este Pleno tiene muy presente que dentro de tales derechos está el de elegir y ser elegido.

    Un aspecto que debe destacarse, es que la Constitución Nacional cuida celosamente los requisitos de parentesco aún en el caso de los Ministros de Estado, ya que se exige que los mismos no sean parientes del P. de la República dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad e igualmente se prohíbe que no tengan entre ellos los grados de parentesco antes mencionados. No se registra en la historia republicana el caso en que la esposa de un P. haya ocupado el cargo de Ministro de Estado mientras ha durado el período presidencial de su esposo, respetándose de esta manera la prohibición que los Ministros no sean parientes del P. de la República dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad e igualmente se prohíbe que no tengan entre ellos los grados de parentesco antes mencionados.

    C.B.P. en su Libro "El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales", sostiene que los conflictos constitucionales ofrecen al intérprete una información bastante limitada, razón por la cual, sostiene, "es necesario que el J. complemente la interpretación constitucional con diversas apreciaciones analíticas, empíricas y normativas"; concluyendo que, "en los supuestos más extremos no existe por tanto una única respuesta correcta para este tipo de problemas analíticos, empíricos y normativos, sino una controversia entre diferentes apreciaciones que se fundamentan en argumentos de distinta índole". Al referirse al caso del Tribunal Constitucional español, este autor indica que "dicho Tribunal se ha ocupado de problemas jurídicos sustanciales referidos a los derechos fundamentales en muchas de sus sentencias. Que esta circunstancia no genera la convicción de que la solución de todos estos casos se identifique con la "única respuesta correcta" que emanaba de la Constitución para cada uno de ellos. Más Bien, por lo general se ha reconocido que en los casos difíciles, la indeterminación del texto constitucional autoriza diversas lecturas válidas del mismo y, en consecuencia, posibilita una amplia gama de soluciones". (B.P., C., C. obra citada, págs. 225-227)

    La interpretación constitucional, de acuerdo con el D.A.H. es necesaria siempre que se vaya a aplicar un texto que contiene normas constitucionales para resolver una controversia, tratándose de la interpretación constitucional de carácter judicial. Profundizando sobre el fundamento de la interpretación constitucional, señala: "la finalidad primaria de toda interpretación jurídica efectuada por el juez es extraer el sentido normativo del texto jurídico para aplicarlo a un caso concreto." (HOYOS, A.. "La Interpretación Constitucional", Editorial Temis, S., Santa Fe de Bogotá-Colombia, 1998, Pág. 11)

    Se trata, siguiendo al constitucionalista colombiano, I.V.C., de la necesidad que al momento de la interpretación constitucional, se siga un criterio sistemático, el cual "apunta a la interpretación de la norma en función del contexto del cual hace parte"; criterio según el cual, siguiendo a este autor, debe ponerse de presente la conexión interna de todas las instituciones y reglas jurídicas como un todo coherente. (V.C., I.". del derecho constitucional contemporáneo", Legis, Bogotá, México, Buenos Aires, Caracas, santiago, segunda edición, 2012, pág. 257).

    El autor boliviano G.M.R. en un A. titulado "Criterios de interpretación en la nueva Constitución de Bolivia",publicado en el A. de Derecho de la Fundación Konrad Adenauer No. 12, nos habla de la forma cómo se interpretan las normas de la Constitución de Bolivia. En parte de su Monografía nos dice:

    "Ello implica que, en la aplicación de los derechos y deberes consagrados en la norma fundamental, el constituyente ha definido dejar de lado su voluntad, como criterio de interpretación, para que aquellos sean interpretados según el espíritu de las normas internacionales sobre derechos humanos, siempre que hayan sido ratificados por el Estado boliviano. De allí surge la legitimidad de dichas normas en el sistema constitucional boliviano." (M.R., G., "Criterios de Interpretación en la Nueva Constitución de Bolivia",A. de Derecho Constitucional Latinoamericano, Fundación Konrad Adenauer Stiftung, 2012, Págs. 147-148) (Destaca el Pleno)

    Por su parte, C.B.P. le otorga al control de la constitucionalidad la virtualidad de actuar como un vehículo o instrumento muy eficaz en el mantenimiento de las nuevas instituciones y de las nuevas corrientes jurídicas que informan la vida del Derecho. Destaca además que, "muchas sentencias sobre constitucionalidad han logrado detener varios actos de evidente signo negativo de otros Órganos del Estado panameño". (PEDRESCHI, C.B.. "El Control de la Constitucionalidad en Panamá", Ediciones Guadarrama, L. de Rueda, 13-Madrid, 1965, Pág. 342)

    En su Monografía "¿Puede el cónyuge del presidente de la República ser candidato a ocupar la Presidencia?, (Lo constitucionalmente correcto)", el constitucionalista R.G.M., sustenta la tesis que el cónyuge del presidente de la República no puede ser candidato a la Presidencia. Como parte de sus argumentos expresa que, "el hecho que de manera expresa no se mencione al cónyuge en el artículo 192 de la Constitución, no significa que el impedimento en tal norma establecido no alcance a este". Señala además: "Esta aseveración la fundamentamos, a su vez, en base a la siguiente argumentación. Lo que permite hablar de parientes por afinidad, a diferencia de lo que ocurre con los parientes consanguíneos, es un hecho cierto e incontrastable: la existencia previa del vínculo matrimonial. Si no hay matrimonio no hay parientes por afinidad, así de simple. Lo que significa que, para los efectos constitucionales y legales, este parentesco surge cuando se formaliza el matrimonio. Dispone, en ese sentido, el artículo 57 de la Constitución, que "el matrimonio es el fundamento legal de la familia". Los cónyuges vendrían a ser esa familia a la que se refiere dicho artículo, y los parientes por afinidad, constituirían la familia extendida de quienes legalmente han contraído ese matrimonio. (G.M., R., "¿Puede el cónyuge del presidente de la República ser candidato a ocupar la Presidencia? (Lo constitucionalmente correcto)", Litho Editorial Chen, S., Panamá 2013, (págs. 60-61).

    Según los aspectos doctrinales expuestos en materia de interpretación constitucional, los autores se refieren a la interpretación sistemática de la Constitución, conforme la cual, la Constitución se debe interpretar como un todo, puesto que sus normas no deben interpretarse de manera aislada. Por consiguiente, lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 193 de nuestra Carta Magna, que se refiere a los requisitos para ser V. de la República, no debe ser interpretado con independencia del resto de las otras disposiciones constitucionales que guardan relación con situaciones análogas. En este sentido, hemos de tener presente lo que establece el A. 57 de la Constitución Nacional en cuanto a la institución del matrimonio, al señalar que: "el matrimonio es el fundamento legal de la familia".

    La interpretación que debe efectuar este Pleno va más allá del Derecho que pudiera tener el ciudadano de elegir y ser elegido, dado el hecho que no se trata en este caso, del derecho que tenga o no la esposa de quien en su momento detente la Presidencia de la República, para ser candidata a V.. La interpretación constitucional a que está obligado el Pleno de esta Corporación debe guardar íntima relación con el principio de transparencia y objetividad en el manejo de la cosa pública, como premisa incuestionable en un Estado social y constitucional de derecho, dentro del cual debe garantizarse la realización de elecciones libres y puras. Es así que como parte del análisis que ha de efectuarse del numeral 2. del artículo 193 de la Constitución Nacional, para determinar el derecho que pueda tener la esposa del P. a ser candidata a V., se debe considerar el derecho de la ciudadanía a la realización de comicios o elecciones libres, puras y sin coacción de ninguna naturaleza, de acuerdo a lo dispuesto en el A. 136 de la Constitución Nacional que obliga a las Autoridades a garantizar la libertad y honradez del sufragio, para lo cual este mismo A. prohíbe "el apoyo oficial, directo o indirecto, a candidatos a puestos de elección popular, aún cuando fueren velados los medios empleados a tal fin".

    Por consiguiente, los ciudadanos deben tener la certeza que se cumple con lo normado en el A. 136 Constitucional citado, lo que no se garantizaría en una elección donde la esposa del P. de turno sea candidata a V. de la República. No debe existir duda en que, si están prohibidos los apoyos enunciados en el A. del texto constitucional citado, con mayor razón debe estar prohibido el apoyo a la persona más cercana al P., que es su cónyuge.

    Dentro de un Estado Social y Constitucional de derecho las libertades de los individuos son garantizadas como derechos inherentes a toda persona. De allí, que la libertad individual es posible, siempre que existan derechos individuales previamente establecidos y las garantías para hacer valer los mismos. En este aspecto, suele hablarse de dos tipos de libertad: la libertad civil y la libertad política. La primera, se refiere al conjunto de derechos que tienen los individuos para proteger su vida y la segunda, o sea, la libertad política, se refiere a los derechos del ciudadano frente al gobierno del Estado, para elegir y fiscalizar a sus gobernantes y para ser elegido. Ambas libertades son igualmente importantes, ya que no podrían ejercerse una sin el ejercicio de la otra.

    Las elecciones libres son consideradas como esenciales para el fortalecimiento de la democracia, lo que debe comprometer tanto a las Instituciones, Partidos Políticos y a los ciudadanos en general; siendo el proceso electoral o sufragio, el medio para el escogimiento de la mayoría de los cargos públicos, particularmente, dentro del Órgano Ejecutivo, Órgano Legislativo y otros puestos de elección popular. Por ello, la Constitución Política de la República de Panamá, al referirse al sufragio, expresa que el mismo es un derecho y un deber de todos los ciudadanos. En este contexto, en opinión del Pleno, es que debe efectuarse una correcta interpretación del numeral 2. del A. 193 de la Constitución Nacional, en que se ha considerado como violado por las Resoluciones impugnadas dentro de esta Acción constitucional.

    El A. 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de Naciones Unidas, aprobado por la República de Panamá mediante Ley N° 14 de 1975, cuida celosamente que los ciudadanos puedan participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes librementeelegidos; estableciendo que esta participación se realice en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores. (Destaca el Pleno)

    Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, conocida como Pacto de San José, aprobada por Panamá mediante la Ley N° 15 de 1977, dispone, en salvaguarda de los ciudadanos, que los mismos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:

    "a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto quegarantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y

    1. ........................................................" (Destaca el Pleno)

    Lo preceptuado en los Tratados sobre derechos humanos citados, dan aún más fuerza a la interpretación, según la cual se llega a la conclusión que las Resoluciones impugnadas como inconstitucionales, violan el numeral 2 del artículo 193 de la Constitución Nacional, al permitirse la postulación de la esposa del P. de la República para que pueda ser candidata al cargo de V. de la República. No olvidemos, que luego de la Reforma Constitucional de 2004 se agregó un párrafo al A. 17 de la Constitución Nacional que eleva a la categoría de normas constitucionales a los Tratados sobre derechos humanos, al señalar que:

    Los derechos y garantías que consagra esta Constitución, deben considerarse como mínimos y no excluyentes de otros que incidan sobre los derechos fundamentales y la dignidad de la persona.

    Así lo reitera la jurisprudencia de esta Corporación de Justicia, en la que se preconiza el reconocimiento que hace la Constitución Nacional de los derechos humanos. Efectivamente, en fallo de 21 de agosto de 2008, se dice lo siguiente:

    "la vigencia de tales derechos, solo tiene lugar cuando existe un sistema de protección judicial que los tutele efectivamente, lo que permite que la normatividad de la constitución tenga vigencia, con lo cual se asegura el mantenimiento de la supremacía constitucional y se preserva el Estado de Derecho".

    Se indica finalmente en esta Sentencia que:

    "los derechos fundamentales tutelables a través de un amparo pueden estar reconocidos en la Constitución, en los Tratados y Convenios Internacionales sobre derechos humanos vigentes en Panamá o en la ley, tal y como sabiamente lo establece el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos".

    Si bien es importante el derecho que tiene una persona para ser elegida, tal prerrogativa debe verse en función del derecho del resto de los ciudadanos a elegir a sus funcionarios, tal como lo dispone el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuyos A.s esenciales citamos líneas arriba. Pero esta elección, al tenor de dichos Instrumentos internacionales, debe realizarse en elecciones que garanticen la libre expresión de la voluntad de los electores. Esta elección, según el A. 136 de nuestra Carta Magna, debe igualmente ser transparente y libre de coacciones, lo que no se logra, si en contraposición al artículo 136, se permite el "apoyo oficial, directo o indirecto a candidatos a puestos de elección popular", como podría darse si el candidato a V. fuera la esposa del P. en ejercicio, a pesar que el mencionado A. "obliga a las autoridades a garantizar la libertad y honradez del sufragio".

    Esta Corporación es conciente que su obligación como Tribunal Constitucional y único intérprete de la Constitución Nacional, debe ser la de dictar sentencias sobre constitucionalidad que logren detener los actos de las Autoridades cuando dichos actos son de evidente signos negativos, haciendo buena la prédica doctrinaria del Dr. C.B.P. en la cita previamente expuesta.

    En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA: QUE SON INCONSTITUCIONALES, la Resolución No. (01080004-NA-A) de 1 de febrero de 2014 emitida por el Director Nacional de Organización Electoral del Tribunal Electoral, específicamente en la parte en la que se admitió la postulación al cargo de V. de la República de la señora M.L. de M., por parte del Movimiento de la Liberación Nacional (MOLIRENA) y la Resolución No. 01080006-NA-A de 1 de febrero de 2014 emitida por el Director Nacional de Organización Electoral del Tribunal Electoral, específicamente en la parte en la que se admitió la postulación al cargo de V. de la República de la señora M.L. de M., por parte del Partido Cambio Democrático, por vulnerar el numeral 2 del A. 193 de la Constitución Nacional.

    Notifíquese Y PUBLÍQUESE EN LA GACETA OFICIAL.

    OYDÉN ORTEGA DURÁN

    JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS--VICTOR L. BENAVIDES P.--SECUNDINO MENDIETA G--HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ--LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ--- JERÓNIMO MEJÍA E.--HARLEY J. MITCHELL D---ABEL AUGUSTO ZAMORANO

    YANIXSA Y. YUEN C. (Secretaria General)