Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 20 de Junio de 2014

PonenteLuis Mario Carrasco M.
Fecha de Resolución20 de Junio de 2014
EmisorPleno

VISTOS: ANTECEDENTES El Proceso penal dentro del cual se dictó el acto recurrido tuvo su origen en la compulsa de copias recibida por la Personería Municipal del Distrito de D., en torno a la querella presentada por la firma SAMUDIO & SAMUDIO en contra de los funcionarios de la Junta de Conciliación y Decisión, R.A.B. y ANDREA DEL ROSARIO GUERRERO SERRANO, por delito contra la administración pública, consistente en haber firmado una sentencia laboral el 5 de abril de 2010, luego de habérseles vencido su periodo como conciliadores de la JUNTA DE CONCILIACIÓN Y DECISIÓN N° 11 con sede en la Provincia de Chiriquí, desde el 30 de marzo de 2010. Mediante SENTENCIA N° 35 DEL 13 DE JULIO DE 2012, dictada por el JUZGADO PRIMERO MUNICIPAL DE D., RAMO PENAL, el hoy demandante R.A.B., fue absuelto en primera instancia. Sin embargo, el TRIBUNAL DE APELACIONES Y CONSULTAS DE CIRCUITO, RAMO PENAL, de la PROVINCIA DE CHIRIQUI al conocer de la apelación, previa revocatoria de la resolución de primera instancia, declaró penalmente responsable a R.A.B. por el Delito de Usurpación de Funciones Públicas y lo condenó a dieciséis (16) meses de prisión. (Cfr. f. 2 del cuadernillo de la demanda de inconstitucionalidad). Para sustentar su decisión el Tribunal de Apelaciones argumentó que "...el tipo penal del artículo 359 solamente exige un dolo eventual no directo, lo que vimos se concretizó en la conducta esgrimida por los procesados, adultos, imputables, con preparación académica más allá de la básica, pues el mismo razonamiento de una persona con esa condición les indica que firmar con fecha donde no se tiene facultad, es una acción ilícita, máxime que tal como lo aceptaron al rendir indagatoria, estaban plenamente conscientes del período para el cual ejercieron como jueces"(Cfr. f. 18 del cuadernillo de demanda de inconstitucionalidad). De igual modo, agrega que "Los justiciables adujeron que no sabían que firmar la sentencia después de que dejaron de ser jueces; sin embargo la ignorancia de la ley, no exime de responsabilidad criminal", por lo que estimó que los hechos declarados como probados, son constitutivos del DELITO DE USURPACION DE FUNCIONES, tipificado en el artículo 359 del Código Penal, "...por cuanto que, sin nombramiento continuaron ejerciendo funciones para el 5 de abril de 2010, aunque su nombramiento había vencido para el día 31 de marzo de 2010" (Cfr. f. 20 del cuadernillo de demanda de inconstitucionalidad. Lo subrayado es lo que se demanda como inconstitucional). LA DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD El recurrente sostiene que la motivación de la Sentencia Nº 9 de 25 de Septiembre de 2013, dictada por el TRIBUNAL DE APELACIONES Y CONSULTAS DE CIRCUITO, RAMO PENAL, de la PROVINCIA DE CHIRIQUI recurrida, vulnera el artículo 46 de la constitución que es del tenor siguiente: Artículo 46 C.N. Las leyes no tienen efecto retroactivo, excepto las de orden público o de interés social cuando en el las así se exprese, En materia criminal la ley favorable al reo tiene siempre preferencia y retroactividad, aun cuando hubiese sentencia ejecutoriada". En cuanto al concepto de la infracción, expresa que "La violación al texto constitucional, en concepto de interpretación errónea, que se hace al último párrafo del artículo 46 antes transcrito, se da debido que al intentar fundamentar la parte motiva de la resolución judicial atacada constitucionalmente, el operador judicial de Segunda Instancia lo hace otorgándole un sentido jurídico que no tiene a la frase: 'sin embargo, la ignorancia de la ley, no exime de la responsabilidad criminal' " (Cfr. f. 9 de la demanda de inconstitucionalidad). Explica el activador procesal que esa frase era parte del artículo 6 del código penal de 1982, pero fue eliminado a través de la ley 14 de mayo 2008 que adopta el nuevo código penal, que si excluye la culpabilidad del procesado ante supuestos de ignorancia o error de la norma penal, como lo son el error de tipo y el error de prohibición (artículos 31 y 39 del código penal del 2008). Por ello, solicita que se declare inconstitucional la frase "sin embargo la ignorancia de la ley, no exime de responsabilidad criminal," contenida en la parte motiva o fundamentativa de la Sentencia No. 9, del 25 de septiembre de 2013, emitida por el Tribunal de Apelaciones y Consultas de Circuito Penal de la provincia de Chiriquí", ya que desnaturaliza los propósitos dogmáticos del nuevo código penal del 2008. CONSIDERACIONES Y DECISIÓN DEL PLENO Visto lo anterior, corresponde determinar si la demanda que nos ocupa, satisface los requisitos necesarios para su admisibilidad, de conformidad con lo establecido en la Constitución Nacional, la ley y la jurisprudencia. En efecto, se constata que la demanda reúne los requisitos comunes a toda demanda que establece el artículo 665 del Código Judicial y se encuentra dirigida contra una Sentencia de segunda instancia, lo cual resulta compatible con lo dispuesto en el artículo 2559 del Código Judicial, que permite que la acción de inconstitucionalidad la interponga cualquier persona por razones de fondo o forma contra "..leyes, decretos de gabinete, decretos leyes, decretos, acuerdos, resoluciones y demás actos provenientes de autoridad que considere inconstitucionales...". No obstante, la lectura del libelo de demanda de inconstitucionalidad permite comprobar que el recurrente no pretende que se declare inconstitucional la Sentencia de Segunda Instancia N° 9 de 25 de septiembre de 2013, dictada por el Tribunal de Apelaciones y Consulta del Circuito de la Provincia de Chiriquí, Ramo Penal, sino una frase de la argumentación del Tribunal, contenida en su parte motiva porque, a su juicio, resulta ofensiva a una norma constitucional. En este sentido, es importante tener presente que, si bien nuestro ordenamiento constitucional admite el control de actos jurisdiccionales individualizados, dichos actos deben implicar, al menos, la probable afectación de un derecho constitucionalmente reconocido. Como quiera que en el caso que nos ocupa, la pretensión del recurrente se aparta de la finalidad de la demanda de inconstitucionalidad dirigida contra actos individualizados y persigue más bien una finalidad académica, la iniciativa constitucional bajo examen resulta inadmisible y así pasa a declararlo. PARTE RESOLUTIVA En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, P., administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda de inconstitucionalidad promovida por el licenciado J.B.O., actuando en nombre y representación de R.A.B., contra la Sentencia Nº 9 de 25 DE SEPTIEMBRE DE 2013, dictada por el TRIBUNAL DE APELACIONES Y CONSULTAS DE CIRCUITO, RAMO PENAL, de la PROVINCIA DE CHIRIQUI. N., LUIS MARIO CARRASCO M. HARLEY J. MITCHELL D. -- ALEJANDRO MONCADA LUNA -- GISELA AGURTO AYALA -- WILFREDO SÁENZ FERNÁNDEZ -- VICTOR L. BENAVIDES P. -- SECUNDINO MENDIETA -- HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ -- EFRÉN C. TELLO C YANIXSA Y. YUEN C. (Secretaria General)

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR