Sentencia Pleno de Supreme Court (Panama), Pleno, 19 de Noviembre de 2015

PonenteNelly Cedeño de Paredes
Fecha de Resolución19 de Noviembre de 2015
EmisorPleno

VISTOS: El licenciado A.A.P.R., actuando en nombre y representación de la sociedad INMOBILIARIA DE LAS ISLAS DEL PACÍFICO, S.A., ha presentado ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia Acción de Inconstitucionalidad en contra de la Sentencia No. 1/253-04 de 19 de enero de 2009, por medio de la cual el Juzgado Tercero del Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá resolvió lo siguiente: PRIMERO: DECLARA la NULIDAD ABSOLUTA de los siguientes actos, contratos e instrumentos públicos: · Escritura Pública No. 720 de 28 de febrero de 2002, expedida por la Notaría Pública Novena del Circuito de Panamá, donde se celebró contrato de arrendamiento con opción de compra y limitación de dominio sobre la Finca No. 4813, inscrita en el Documento 328332, Asiento 3 de la Sección de Propiedad de la Provincia de Panamá; · Contrato de Arrendamiento con opción de compra y limitación de dominio sobre la Finca No. 4813, inscrita al Documento 32328332, Asiento 3 de la Sección de Propiedad de la Provincia de Panamá, celebrado con VIVEROS DEVELOPMENT, INC., contenido en la Escritura Pública No. 720 de 28 de febrero de 2002; · Acta de reunión extraordinaria de los accionistas de I.V., S.A., realizada el 28 de febrero de 2002, contenido en la Escritura Pública No. 720 de 28 de febrero de 2002; · Escritura Pública No. 388 de 8 de octubre de 2002, expedida por la Notaría Pública Novena de Circuito de Panamá, mediante la cual se modificó el contrato de arrendamiento con opción de compra y limitación de dominio sobre la Finca No. 4813, inscrita en el Documento 32328332, Asiento 3 de la Sección de Propiedad de la Provincia de Panamá; · Contrato de arrendamiento con opción de compra y limitación de dominio sobre la Finca No. 4813, inscrita en el Documento 32328332, Asiento 3 de la Sección de Propiedad de la Provincia de Panamá, celebrado con VIVEROS DEVELOPMENT, INC., contenido en la Escritura Pública No. 3888 de 8 de octubre de 2002; · Acta de reunión extraordinaria de los accionistas de ISLA VIVERO, S.A., realizada el 1 de octubre de 2002, contenido en la Escritura Pública No. 3888 de 8 de octubre de 2002; · Escritura Pública No. 2171 de 23 de mayo de 2003, expedida por la Notaría Pública Novena del Circuito de Panamá, mediante la cual se protocolizó el acta de reunión extraordinaria de accionistas de I.V., S.A. celebrada el día 22 de marzo de 2004; · Acta de reunión extraordinaria de los accionistas de I.V., S.A., realizada el 1 de octubre de 2002, contenido en la Escritura Pública No. 2171 de 23 de mayo de 2003; · Escritura Pública No. 7694 de 2 de diciembre de 2003, expedida por la Notaría Pública Undécima del Circuito de Panamá, mediante la cual VIVEROS DEVELOPMENT, INC., en su condición de arrendatario de la Finca No. 4813, dio su consentimiento para que I.V., S.A., realizara la segregación de un globo de terreno; · Escritura Pública No. 7693 de 2 de diciembre de 2003, expedida por la Notaría Pública Novena del Circuito de Panamá, mediante la cual I.V., S.A. segrega un globo de terreno de la Finca No. 4813, y forma nuevas fincas, identificadas como No. 231421, 231422, 231423 y 231424; · Acta de reunión extraordinaria de los accionistas de I.V., S.A., donde se autoriza al señor R.C.I. para proceder a la segregación de la Finca No. 4813, contenida en la Escritura Pública No. 7693 de 2 de diciembre de 2003; · Escritura Pública No. 1641 de 10 de marzo de 2004, expedida por la Notaría Pública Undécima del Circuito de Panamá, mediante la cual I.V., S.A., vende las fincas No. 4813, 231421, 231422, 231423 y 231424 a la sociedad VIVEROS DEVELOPMENT, INC.; · Contrato de Compraventa celebrado entre I.V., S.A., VIVEROS DEVELOPMENT, INC., sobre las fincas 4813, 231421, 231422, 231423 y 231424, contenido en la Escritura Pública No. 1641 de 10 de marzo de 2004; · Contrato de préstamo garantizado con primera hipoteca y anticresis celebrado entre I.V., S.A. y VIVEROS DEVELOPMENT, INC., contenido en la Escritura Pública No. 1641 de 10 de marzo de 2004; · Acta de reunión extraordinaria de los accionistas de I.V., S.A., contenida en la Escritura Pública No. 1641 de 10 de marzo de 2004. SEGUNDO: Se CONDENA A I.V., S.A., VIVEROS DEVELOPMENT, INC., R.C.I., R.C.U. y R.L.G., al pago de UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA BALBOAS CON CERO CENTÉSIMOS (B/.1,833,660.00), en concepto de incumplimiento de los contratos de compraventa de las fincas de I.V., S.A., y de préstamo con garantía hipotecaria sobre dichas fincas. TERCERO: ......... CUARTO: .......... QUINTO: ......... SEXTO: CONDENA en COSTAS a I.V., S.A., VIVEROS DEVELOPMENT, INC, R.C.U. y R.L.G., por la suma de CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHENTA BALBOAS CON CERO CENTÉCIMOS (B/.471,080.00) a favor de N.B. o N.C.B.. ......." El promotor de la Acción constitucional luego de una exposición de los hechos más relevantes del Proceso Ordinario de mayor cuantía promovido por la señora N.B. o N.C.B. contra las sociedades I.V., S.A., cuyo representante legal es el señor R.C.I.; y VIVEROS DEVELOPMENT, INC., cuyo representante legal es el señor J.G., y contra los señores R.C.I., R.C.U. y R.L.G., enuncia la vulneración de los artículos 17, 32 y 44 de la Constitución Política de la República de Panamá. Así, el actor plantea, que su representada es propietaria de las fincas No. 231422, 231423 y 4831 de la Sección de Propiedad, provincia de Panamá, Registro Público de Panamá. Agrega que, con posterioridad a la adquisición por parte de su representada del inmueble referido, se desatan reclamaciones judiciales propuestas por N.C. o N.B. en contra de I.V., S.A., R.E.C.I., R.E.C.U., R.L.G. y VIVEROS DEVELOPMENT, INC. Expone el accionante que las reclamaciones realizadas por la demandante N.C.B. o N.B. contra la sociedad I.V., S.A. estuvieron dirigidas entre otras pretensiones, en contra de actos y transacciones celebradas entre I.V., S.A. y VIVEROS DEVELOPMENT, INC., concretamente sobre transacciones comerciales de segregaciones y compraventa verificadas por este empresa como vendedora inicial, supuestamente con apego a la ley, no obstante, su representada adquiere la propiedad de manos de VIVEROS DEVELOPMENT, INC., propiedad inscrita para la fecha de las operaciones entre ambas. Sigue señalando que, las transacciones realizadas por VIVEROS DEVELOPMENT, INC. con su representada, emanan de actos privados legítimos, elevados a instrumentos públicos en la forma y formalidad prescrita en el ordenamiento jurídico, atendiendo a la licitud de los mismos y en función de las capacidades legales de quienes los otorgaron. En este sentido, el actor manifiesta que la Sentencia No. 1/253-04 de 19 de enero de 2009, dictada por el Juzgado Tercero del Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, infringe los artículos 17, 44 y 32 de la Constitución Política de Panamá. En cuanto al artículo 17 de la Constitución Política de la República, el amparista estima que ha sido infringido dicha norma constitucional, de manera directa por omisión, al considerar que la resolución objeto de este recurso de inconstitucionalidad, pasa por alto su deber de reconocer, garantizar y asegurar la efectiva vigencia de los derechos reconocidos por la Constitución Nacional a su representada, pues no se tutelan los derechos adquiridos por ésta, dentro del conjunto de operaciones cuya nulidad absoluta se decreta, máxime cuando la omisión de sendas disposiciones procedimentales lo impidieron. Por otro lado, el recurrente también alega como norma infringida el artículo 44 de la Constitución Política. Advirtiendo que el concepto de la infracción se da por violación directa por omisión, ya que su representada, "al adquirir la propiedad contratada con VIVEROS DEVELOPMENT, INC., hecho éste desconocido por la sentencia pues lógicamente nunca logró conformar adecuadamente el proceso, ni tampoco logró enterarse de las circunstancias registrales que debidamente adheridas como pruebas hubiesen permitido la identificación de nuevos propietarios en virtud del tráfico inmobiliario, hecho elemental para concluir adecuadamente la causa, sin afectar derechos adquiridos por terceros ajenos a las reclamaciones y que en virtud de operaciones legítimas de conformidad con la ley panameña, debieron ser respetados en sus derechos de propiedad". De igual manera, señala el activador procesal, el artículo 32 de la Constitución Política como norma vulnerada, en concepto de violación directa por omisión, toda vez que "la sentencia objeto de este recurso de inconstitucionalidad, pasa por alto su deber de reconocer, garantizar y asegurar la efectiva vigencia de los derechos reconocidos por la Constitución Nacional a mi cliente". Por conocida la pretensión del actor, procede el Pleno de la Corte a pronunciarse sobre la admisibilidad de la iniciativa constitucional propuesta para lo cual debe atender los requisitos de forma contemplados en los artículos 101, 665 y 2559 y siguientes del Código Judicial, así como las posiciones jurisprudenciales que esta Superioridad tiene establecido en la materia. En cumplimiento de esa función de ley, la Corte advierte, preliminarmente, que el libelo de formalización de la acción autónoma de inconstitucionalidad, se dirige al Magistrado Presidente de esta Corporación de Justicia, tal como lo mandata el artículo 101 del Código Judicial. Asimismo, se aprecia que en el libelo se hacen constar las exigencias comunes a toda demanda, como la expresión de la clase de proceso, las identificación del demandante, el acto que se impugna y los hechos y disposiciones jurídicas en que se fundamenta la pretensión, descritas en el artículo 665 de la excerta legal antes mencionada. Ahora bien, en cuanto al requerimiento que concierne a los "hechos de la demanda", esta Superioridad observa que presenta un defecto formal que debe ser destacado y es que, en este aparte del memorial de la demanda, el accionante incursiona, únicamente, en la referencia de los hechos acontecidos en virtud del proceso ordinario de mayor cuantía promovido por la señora N.B. o N.C.B. contra las sociedades I.V., S.A., cuyo representante legal es el señor R.C.I.; y VIVEROS DEVELOPMENT, INC., cuyo representante legal es el señor J.G., y contra los señores R.C.I., R.C.U. y R.L.G., sin presentar una sola argumentación fáctica tendiente a explicar el cargo de infracción constitucional que se les atribuye al acto judicial censurado, como era su obligación, por cuanto la iniciativa procesal ensayada no permite alegaciones de índole legal propias de una instancia ordinaria del proceso, sino argumentaciones de carácter constitucional. De la mano con el anterior razonamiento, se advierte otro, que abona la postura de este tribunal sobre la inadecuada formulación de la demanda de inconstitucionalidad que ahora se examina. Y, es la demandante induce en los términos de sustentar la ilegalidad de resolución censurada, no su inconstitucionalidad. Esta última consideración se corrobora, con absoluta certeza, cuando se le da lectura completa a la sección de las normas constitucionales infringidas, permitiendo apreciar que el accionante censura la Sentencia No. 1/253-04 de 19 de enero de 2009, proferida por el Juzgado Tercero del Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, porque, a su juicio, la Juez no tuteló los derechos adquiridos de su representada dentro del conjunto de transacciones, actos u operaciones cuya nulidad absoluta decretó. Sin duda, estas alegaciones incursionan en el ámbito de la legalidad, lo que, de ninguna manera puede ser atendido, mediante el ejercicio de la iniciativa constitucional propuesta. Al respecto, vale rememorar lo indicado por la Corte Suprema de Justicia, la cual ha dejado claramente establecido lo siguiente: El control abstracto de la constitucionalidad en nuestro país es tan amplió que permite el control de actos, tal como lo indica el numeral 1 del artículo 206 de la Carta Fundamental. La doctrina constitucional comparada ha reconocido este carácter sui géneris de nuestro sistema: "Excepcionalmente,...como sucede en Panamá, el control no sólo se refiere a las leyes y demás actos estatales, lo que lo hace único en el derecho comparado". (BREWER-CARÍAS, A. R. El Sistema Mixto o Integral de Control de Constitucionalidad en Colombia y Venezuela, s.e., Caracas-Bogotá, 1995, p. 31) Lo anterior no implica, sin embargo, que cualquier sentencia judicial pueda sujetarse a dicho control. Se trata de una situación excepcional, toda vez que: "...la declaratoria de inconstitucionalidad de las decisiones jurisdiccionales tiene como efecto jurídico la nulidad constitucional de la resolución impugnada. Ello quiere decir, tal como lo ha señalado con antelación este alto tribunal, que la decisión declarada inconstitucional debe ser reemplazada dentro del proceso, si ha bien hubiere lugar, por otra resolución acorde con el ordenamiento jurídico y con la sentencia de inconstitucionalidad proferida por la Corte Suprema..." (Sentencia de 5 de junio de 1992) de no ejercerse con cautela este control, se terminaría desnaturalizando los procesos a los cuales dichas sentencias judiciales ponen término, al desconocerse en la práctica la competencia del juez natural, que es uno de los presupuestos de la tutela judicial efectiva. En el presente caso, tomando en cuenta que el demandante ha cuestionado la valoración probatoria hecha en segunda instancia dentro del respectivo proceso penal, este tribunal constitucional, respetuoso de la independencia judicial, no puede menos que rechazar la pretensión del demandante de convertirle en una tercera instancia de dicho proceso ordinario, lo cual es improcedente, tal como advirtió el señor P.. A juicio de esta superioridad, las razones expuestas son más que suficientes para no someter el acto jurisdiccional acusado al control abstracto de constitucionalidad. (Sentencia de 18 de agosto de 2009). En ese sentido, el autor panameño, D.R.G.M., en su obra Curso de Derecho Procesal Constitucional, establece lo siguiente: ... la finalidad del control de la constitucionalidad es, en última instancia, la defensa, tutela o protección del contenido normativo de la Constitución, debe quedar claro por lo mismo, que en el caso específico de la acción de inconstitucionalidad, ésta no es ni constituye su ejercicio una tercera instancia como si de un medio impugnativo más se tratase. El tema a debatir con la instauración de la acción es y no es otro que de naturaleza constitucional, no de aspecto, omisiones o errores que pueden ser remediados con los recursos, ya sea ordinarios o extraordinarios, previstos con ese objetivo. (Páginas 102-103. Editorial Litho Editorial Chen, S.A., Panamá, 2002). Por último, esta Corporación de Justicia ha señalado, vía jurisprudencia, que el carácter extraordinario de esta acción constitucional, sólo procede cuando se haya agotado todos los medios por lo que se pueda anular el acto cuya inconstitucionalidad se solicita, a fin de dilucidar los cargos que se plantea en esta acción, y en este caso dicho requisito no consta que haya sido agotado. Como quiera que la demanda de inconstitucionalidad examinada, adolece de vicios graves en cuanto a su correcta formalización, lo que procede en derecho es declarar su inadmisibilidad. Por las consideraciones antes expuestas, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la Acción de Inconstitucionalidad formulada por licenciado A.A.P.R., actuando en nombre y representación de la sociedad INMOBILIARIA DE LAS ISLAS DEL PACÍFICO, S.A., contra de la Sentencia No. 1/253-04 de 19 de enero de 2009, dictada por el Juzgado Tercero del Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá. N. y cúmplase. N.C. DE PAREDES HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA -- HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ -- LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ -- JERÓNIMO MEJÍA E. -- DELIA CARRIZO DE MARTÍNEZ -- ABEL AUGUSTO ZAMORANO -- OYDÉN ORTEGA DURÁN -- JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS YANIXSA Y. YUEN C. (Secretaria)

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