Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 9 de Noviembre de 2015

PonenteAbel Augusto Zamorano
Fecha de Resolución 9 de Noviembre de 2015
EmisorPleno

VISTOS: Conoce el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, de la Acción de Inconstitucionalidad interpuesta por el Licenciado A.Q.D., en ejercicio de la Acción Pública prevista en el numeral 1 del artículo 206 de la Constitución Política de la República de Panamá, en contra del Acta No.22 de la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales de la Asamblea Nacional, correspondiente al 27 de noviembre de 2014, que ratifica a G.R.L., como F. General de Cuentas, por ser dicha acta infractora de la Constitución. La demanda en cuestión se fundamenta en los siguientes hechos: "Primero: Mediante Ley 67 de 14 de noviembre de 2008 (Gaceta Oficial No. 26169, de jueves 20 de noviembre de 2008), se desarrolla la Jurisdicción de Cuentas y F. de esa jurisdicción en los artículos No. 7 y 20. En el artículo 8 se indica que los Magistrados del Tribunal de Cuentas: "Tendrán los mismos derechos, emolumentos y prerrogativas que los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia." Segundo: El artículo No. 7 de la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008 establece los requisitos para ser Magistrado del Tribunal de Cuentas, mientras que el artículo 20 de dicha Ley indica que para ser F. de Cuentas se debe cumplir con los mismos requisitos que se exigen para ser Magistrado del Tribunal de Cuentas. Tercero: Que el Acta No. 22 de la Comisión de Credenciales, de la Asamblea Nacional, correspondiente al 27 de noviembre de 2014, vulnera lo normado en el artículo 204 numeral 1 de la Constitución Política que establece que para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia se requiere: "Ser panameño por nacimiento" Cuarto: Ya que la Ley que crea el Tribunal de Cuentas establece que los Magistrados del Tribunal de Cuentas tendrán los mismos derechos, emolumentos y prerrogativas que los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y que el F. de Cuentas debe cumplir con los mismos requisitos que para ser Magistrado del Tribunal de Cuentas. Tercero: El Acta No. 22 de la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional, de fecha 27 de noviembre de 2014, que ratifica a G.R., como F. de Cuentas, viola de manera directa, los artículos 19 y 204, numeral 1 de la Constitución Política." El acto que se acusa de inconstitucional es el Acta No.22 de 27 de noviembre de 2014, de la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales de la Asamblea Nacional, en lo concerniente a la ratificación del Licenciado G.R.L., como F. de Cuentas. (fojas 30 a 47) Las disposiciones constitucionales que se consideran infringidas y el concepto de la infracción son los siguientes: El demandante considera que se viola en forma directa, por omisión, el artículo 204, numeral 1 de la Constitución Política, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 204: Para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia se requiere: 1. Ser panameño por nacimiento 2. ..." Aduce el jurista que la violación se da en virtud de que el artículo 8 de la Ley No.67 de 14 de noviembre de 2008, que desarrolla la Jurisdicción de Cuentas y reforma la Ley No.32 de 1984, Orgánica de la C.ía General de la República, establece que: "Los Magistrados del Tribunal de Cuentas gozarán de los mismos derechos, emolumentos y prerrogativas reconocidas a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia." Afirma que si los Magistrados del Tribunal de Cuentas y el F. de Cuentas por ley gozan de los mismos derechos, emolumentos y prerrogativas que un Magistrado de la Corte Suprema, deben cumplir con los mismos requisitos que un Magistrado de la Corte Suprema de Justicia para ser nombrados. Así entonces, considera el actor constitucional que el artículo 7 de la Ley No.67 de 14 de noviembre de 2008, copió textualmente el artículo 204 de la Constitución, pero deliberadamente obvió el requisito de ser panameño por nacimiento. Agrega que si la Constitución Política exige para cargos de jerarquía el ser panameño por nacimiento, no puede eximirse a la jurisdicción de Cuentas de estos requisitos básicos para ocupar dichos cargos, pues se trata de un postulado que reserva los puestos de alto nivel solamente a quienes por nacimiento, más no por naturalización son los que se sienten identificados plenamente con la patria; sin embargo, quien ocupa actualmente el cargo de F. de Cuentas, G.R.L., no es panameño por nacimiento, es colombiano naturalizado panameño, con cédula de identidad personal No.N-18-573, panameño naturalizado, como lo confirma el sitio web de la Defensoría del Pueblo, Nodo de Transparencia donde se refleja posición, cédula, nombre y cargo del F. de Cuentas, sitio web: . Asimismo considera violado de manera directa, por comisión, el artículo 19 de la Constitución nacional cuyo tenor es el siguiente: "Artículo 19: No habrá fueros o privilegios ni discriminación por razón de raza, nacimiento, discapacidad, clase social, sexo, religión o ideas políticas." Lo anterior en virtud de que a su criterio, a los Magistrados del Tribunal de Cuentas y al F. de Cuentas se le otorgan los mismos derechos, emolumentos y prerrogativas reconocidas a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pero existe en la Ley No.67 de 14 de noviembre de 2008 fueros y privilegios pues se le permite ser Magistrado o F. de Cuentas sin cumplir con el requisito exigido a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia que deben ser panameños por nacimiento. Luego que la presente demanda de Inconstitucionalidad fuera admitida por el Magistrado Ponente, a la misma se le dio traslado a la Procuradora General de la Nación, por el término de 10 días, para que emitiera su concepto. En respuesta a la solicitud antes hecha, la Procuradora General de la Nación, Licenciada Kenia Porcell D., mediante Vista Nº22 de 11 de junio de 2015, expresó su opinión en el sentido de que el Acta No.22 de 27 de noviembre de 2014, emitida por la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales de la Asamblea Nacional, no vulnera los artículos 19 y 204, numeral 1, de la Constitución Política, por lo que solicita al Pleno no declararse su inconstitucionalidad. (Cfr. fojas 61 a 72). El criterio esbozado por la Procuradora General de la Nación se resume en lo medular de la siguiente manera: "...En primera instancia, observo en los artículos 299 y 300 de nuestra Carta de Derechos Fundamentales, la definición de servidores públicos, quienes son las personas nombradas temporal o permanentemente en cargos del Órgano Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de los Municipios, entidades autónomas y semiautónomas; y en general, las que perciban remuneración del Estado. Como requisitos para acceder a estos cargos, dichas personas serán de nacionalidad panameña sin discriminación de raza, sexo, religión o creencia y militancia política. Ahora bien, la nacionalidad panameña se ubica delimitada en nuestra Carta Fundamental, habida cuenta que el artículo 8 de la misma, contempla que la nacionalidad panameña se adquiere por nacimiento, naturalización o disposición constitucional. ...Como apoyo al planteamiento esbozado, en torno a nuestra opinión jurídica sobre la temática constitucional, es oportuno citar jurisprudencia reciente de la más alta Magistratura del Estado, en atención al tema de la nacionalidad, para ello realizo la siguiente transcripción: "La lectura concordada de las normas anteriores con el artículo 300 de la Carta Magna, permite concluir que cuando esta norma establece que los servidores públicos serán de nacionalidad panameña, sin distinción de raza, sexo, religión o creencia y militancia política, debe entenderse que estos nacionales panameños pueden ser cualesquiera de aquellos a los que se refiere el artículo 8 de la Constitución (por nacimiento, naturalización y disposición legal); principalmente tomando en consideración que la propia Constitución contiene una prohibición expresa a la discriminación entre panameños. En consecuencia, no resulta difícil colegir que las frases contenidas en el numeral 1 del artículo 42 de la Ley 18 de 3 de junio de 1997, Orgánica de la Policía Nacional, que se refieren a los requisitos para ejercer el cargo de Director General de la Policía Nacional, que han sido demandadas de inconstitucionales, desde el punto de vista de este Tribunal Constitucional, son contrarias a la letra y espíritu de la Constitución Política. Ello es así por cuanto que restringen el acceso al cargo de Director General de la Policía Nacional, únicamente a los panameños por nacimiento o por naturalización con residencia en el país de 15 años, luego de obtenida la carta de naturaleza, y excluye a todos los demás panameños que no ostentan estas condiciones De esta forma los panameños por disposición constitucional (artículo 11 de la Carta Política), y los panameños por naturalización que tengan menos de 15 años de residencia luego de obtenida la carta de naturaleza, no pueden aspirar a ocupar el cargo de Director de la Policía Nacional, exclusión que resulta contraria a la disposición constitucional del artículo 300. ...En esta línea de pensamiento, cabe plantear que "...el tratamiento no discriminatorio implica un tratamiento igualitario de las personas, naturales o jurídicas, que se encuentren en una misma situación, objetivamente considerado y, por ello, cae fuera de su marco desigualdades naturales o que responden a situaciones diferenciadas; pero, en adición, que el trato discriminatorio ha de estar referido a situaciones individuales o individualizadas." (Resolución de 16 de julio de 1999. M.P.R.A.F.Z.) Tomando en consideración las conceptualizaciones que enmarcan la materia tratada, es preciso mirar que el Tribunal de Cuentas ha sido establecido a través de la instauración de su jurisdicción en la Constitución Política, mediante una norma programática que instituye que la creación y funcionamiento de dicho tribunal lo determina la ley, al tenor de lo regulado en el artículo 281 de la Carta Magna. De tal suerte que, en el análisis de interpretación de la Constitución que corresponde ante la activación propuesta, queda por sentado que el constituyente no indicó, de forma precisa, cuáles serían los requisitos para poder ser nombrado como Magistrado o F. de la jurisdicción de Cuentas. Por tanto, delegó esta asignación en el Legislador; quien, en esa medida, puede determinar las condiciones que deben poseer las personas que quieran tener acceso a tales cargos. En razón de lo antes expuesto, haciendo uso del principio de supremacía de la Constitución, que se infiere del ejercicio de la guarda de la integridad de la misma, se constata que tanto el Magistrado, como el F. de Cuentas, son por definición constitucional servidores públicos, es atendible entonces a la ocupación de sus cargos, el contenido del artículo 300 de nuestra Carta Magna, que legitima a quien ostente una posición al servicio del Estado, cuando sea panameño, con independencia a la forma en que adquiera la nacionalidad, sin distingos..." Después de haberse obtenido la opinión de la Procuradora General de la Nación se fijó edicto para que, tanto el demandante, como las demás personas que a bien tuvieren, se pronunciaran por escrito, del caso in comento. De esta manera, fueron varias las personas que allegaron al proceso, sus respectivas opiniones, en contra de la postura planteada por el recurrente. El Licenciado JULIO E.L.F., actuando en su propio nombre y representación presentó alegato de oposición, en calidad de tercero, exponiendo sus alegaciones y solicitando a este Tribunal Constitucional se desestime y rechace la presente demanda de Inconstitucionalidad; entre los fundamentos medulares de su solicitud tenemos: "...El Título XI de nuestra Constitución Política se refiere a "Los Servidores Públicos". Dice el artículo 300 que "Los servidores públicos serán de nacionalidad panameña sin discriminación de raza, sexo, religión o creencia y militancia política..." Ahora bien ¿Quiénes tienen "nacionalidad panameña"? Esto lo esclarece el artículo 8 de la Carta Magna, al indicar que "La nacionalidad panameña se adquiere por el nacimiento, por la naturalización o por disposición constitucional". En principio por regla general, todo servidor público de "nacionalidad panameña" podría ocupar cualquier cargo público, no importa si la nacionalidad la tenga por nacimiento, por naturalización o por disposición constitucional. Sin embargo, la propia Constitución establece excepciones. Las excepciones están específicamente consagradas en la propia Constitución Política en el artículo 179 (para ser P. y Vicepresidente de la República), en el artículo 196 (para ser Ministro de Estado), en el artículo 204 (para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia), en el artículo 221 (para ser Procurador General de la Nación) y en el artículo 279 (para ser C. y S. de la República). Es decir, para estos cargos específicos es requerido obligatoriamente, ser "panameño por nacimiento" ...El artículo 281 establece la "Jurisdicción de Cuentas" la cual, se compondrá de tres Magistrados designados por los órganos Legislativo, Ejecutivo y por la Corte Suprema de Justicia. Y será la ley, de acuerdo a lo que añade el artículo 281 al final, la que "determinará la creación y funcionamiento del Tribunal de Cuentas". En este sentido la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008 en el numeral 1 del artículo 7, señala como uno de los requisitos para ser Magistrado del Tribunal de Cuentas, el de solamente ser panameño...Asimilando el artículo 20 de la presente ley que establece que el F. de Cuentas, tiene los mismos requisitos, incluyendo por ende el de "ser panameño" para ejercer tal cargo..." En igual sentido, la firma forense MORGAN & MORGAN en calidad de terceros, ha presentado ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, sus alegatos, con respecto a la situación que se ventila en estos momentos. Así las cosas, tenemos que la firma forense en mención indicó: "...Es gravemente errónea esa deducción del demandante porque los derechos, emolumentos y prerrogativas de que gozan los funcionarios de los dos (2) organismos jurisdiccionales mencionados no los coloca en un mismo nivel dentro de la estructura institucional del Estado, siendo que la Corte Suprema de Justicia es el nivel más alto de toda la estructura jurisdiccional de la Nación panameña, con capacidad de resolver los más significativos y trascendentales asuntos que conciernen a la vida constitucional, institucional, socio - política y económica de la Nación y de sus habitantes, sin que contra los actos de esa jurisdicción exista otra autoridad más elevada que pueda desconocerlas, revocarlas o disminuirlas, capacidad o grado de autoridad que está muy por encima de los que gozan los integrantes del Tribunal de Cuentas y la F.ía allí adscrita, cuyos actos y capacidad jurisdiccional no va más allá de la de exigir responsabilidades respecto del manejo de recursos del Estado y cuyas decisiones están siempre subordinadas a lo que la Corte Suprema de Justicia pudiese determinar, cuando hasta esa alta corporación se elevan recursos que impugnen actos de la jurisdicción ahora examinada. Dentro de este contexto constitucional e institucional, salta a la vista que es razonable y válido que la ley establezca requisitos para los funcionarios de la jurisdicción de cuentas que sean menos exigentes que los que se establecen para los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el Procurador General de la Nación, funcionario cuya jerarquía va equiparada con la de los anteriores..." Por lo anterior, la mencionada firma MORGAN & MORGAN solicita a los Magistrados que integran el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, que declaren que no es inconstitucional el acto impugnado por el abogado A.Q.D.. Siguiendo con este orden de ideas, el Licenciado A.Q.D., propulsor de la demanda de Inconstitucionalidad in examine, presentó sus alegatos y en los mismos reiteró los hechos y los argumentos vertidos en la demanda en el sentido de que se declare inconstitucional el acto acusado. CONSIDERACIONES DEL PLENO Antes de entrar a resolver el fondo de esta acción pública de Inconstitucionalidad es importante señalar que la nacionalidad es para toda sociedad en donde funcione un sistema constitucional y democrático la idea de civilidad que brota de una sociedad de hombres libres que se relacionan entre sí de manera permanente en la sociedad o comunidad en la que conviven. De allí que ese carácter de nacional sin importar la condición en que se adquiere conlleva de la persona su más alto grado de participación en las actividades y decisiones del Estado y, más concretamente en el ejercicio del sufragio en las elecciones generales y en los referéndum de reforma a la Constitución. En ese mismo sentido, debe el Pleno manifestar que la permanencia de un individuo a la comunidad humana estatalmente organizada así como la participación en la comunidad política, se ha venido presentando en nuestros tiempos de una manera indiferenciada en cuanto a este concepto de nacional seguido de ciudadanía. Estos conceptos que se enmarcan dentro del carácter previo de su necesidad jurídica que se ha construido a partir de sujetos que son sometidos a dicho ordenamiento. Desde esta perspectiva, la nacionalidad y la ciudadanía son institutos jurídicos meramente contingentes, y su presencia en el ordenamiento jurídico dependería de la voluntad exclusiva del constituyente y el legislador. Y aunque parece difícil imaginar, por razones meramente prácticas, que un ordenamiento tenga concebido normas que son exigibles únicamente para sus nacionales que le otorga a los mismos por determinadas exigencias (aunque no exclusivo) el de ocupar determinadas posiciones establecidas en dicho ordenamiento para establecer desde la perspectiva de la legitimidad democrática un ejercicio del poder público la necesidad de que sean ciertos ciudadanos los que ocupen dichas designaciones en el Estado. Esa distinción se establece en la Constitución Política del Estado donde se expresa esa nítida diferencia entre los nacionales por nacimiento y por naturalización de allí que fuera de ese ordenamiento no es permitido al legislador establecer restricciones a cargos por la ley, pues la Constitución es la norma que únicamente puede hacer estas distinciones y esa diferencia que se establece en la Carta Magna es obra de la teoría política del constituyente. Pero esta distinción que sólo opera a nivel de norma constitucional no contradice en el otro aspecto que estos ciudadanos que adquieren la nacionalidad panameña por el ius solis o el ius sanguinis o por carta de naturaleza, al final todos identificados por la lengua española, la cultura panameña y la lealtad política contribuyamos en mayor o menor grado al crecimiento de la nación; pues a través de estos elementos étnicos culturales comunes a todos como integrantes de la comunidad, ya sea porque se presuponen al nacer (nacionalidad originaria) o bien se requieren mínimamente (nacionalidad adquirida o derivada) cuando nos integramos al colectivo del país lo hacemos bajo el concepto ciudadano; y es precisamente este último aspecto el que nos permite desarrollar el principio democrático, pues el elemento subjetivo del individuo de su voluntad de habitar en este país y con ello adquirir la nacionalidad panameña y sujetarse a su ordenamiento jurídico, en cuya elaboración pueden participar, es lo que conlleva al constituyente a establecer que algunas categorías de participación política se les permita como en este caso, el hecho de poder ser integrantes de la jurisdicción de Cuentas pues el constituyente no le fijó límite constitucional de ser panameño por nacimiento. En este sentido, la ciudadanía moderna presenta en los textos constitucionales democráticos la concepción del vínculo que les permite a través del ejercicio de los derechos fundamentales, sobre todo los de carácter político participativo una praxis cívica funcionalmente orientada a preservar el marco constitucional de un proceso comunicativo que la hace posible - y como señala J.H. "es esa pluralidad cultural de los sujetos y los grupos que se hallan sujetos a ese marco Constitucional; de la ciudadanía, la expresión de la plena pertenencia del individuo a la comunidad." No debe caber duda, que los argumentos indicados por el demandante así como la opinión jurídica de la Procuraduría General de la Nación y de los terceros interesados, procede el Pleno, actuando como Tribunal Constitucional a resolver la Acción de Inconstitucionalidad propuesta por el Licenciado A.Q.D.. En primer lugar y como quiera que el demandante hizo referencia a los conceptos de nacionalidad y de naturalización, en relación a la posibilidad de que panameños naturalizados puedan ocupar ciertos cargos públicos con mando y jurisdicción, estima prudente el Pleno hacer algunas reflexiones en cuanto a los citados conceptos en el derecho constitucional patrio. De esta forma y como cuestión previa, advierte el Pleno que el concepto de nacionalidad está íntimamente relacionado con el de nación; es decir, la identidad con un conglomerado social que se identifica por diferentes características comunes. Por ello es que al revisar la historia se encuentra con frecuencia el término nacionalidad vinculado con la evolución misma de la nación (vínculo natural) y la consolidación del Estado como ente jurídico (vínculo jurídico y político). Para el ilustre Constitucionalista panameño, D.C.Q., la concepción de nacionalidad involucra a una colectividad humana similar, toda vez que el pueblo panameño habla un mismo idioma, posee un origen étnico y detenta determinados elementos culturales colectivos que lo diferencian de otros pueblos, incluso en relación al resto de los demás nacionales de otros países hispanoamericanos. Afirmaba el D.Q., que nuestra Constitución emplea el término nacionalidad sólo en su sentido jurídico, y en ese sentido ésta constituye un vínculo de una o más personas con un Estado. Así entonces, es nacional de un Estado toda persona que pertenece, por así decirlo, a dicho Estado, que es miembro de éste y que por tanto, tiene frente al mismo ciertos derechos y deberes. (Cfr. Q.C.. Derecho Constitucional. Tomo I.I.A.L.. S.J., Costa Rica, 1967, páginas 44 y 46) Por su parte el concepto de nacionalidad por naturalización o por adopción, como también se le denomina en la doctrina constitucional, se corresponde con la intención de una persona de entrar a formar parte de un Estado o territorio, bajo cuya soberanía no nació. En otras palabras, el proceso intencional o potestativo del reemplazo de una nacionalidad por otra, se denomina naturalización. En la práctica la expresión que se emplea para estos casos es la de naturalizados. De esta manera aquella persona que detentaba el estatus de extranjero, ahora entra a formar parte de la ciudadanía panameña, puesto que ha adquirido la calidad de nacional. Ahora bien, existen ciertos requerimientos que pueden ser solicitados por parte de cada Estado, que en el caso de Panamá, consisten precisamente en: residir durante un determinado período de tiempo dentro del país, así como la exigencia de mayoría de edad; la intención voluntaria de naturalizarse ligada a la renuncia expresa de su nacionalidad de origen, además de los conocimientos del idioma nacional, la geografía, historia y la organización política panameña. En este sentido el artículo 10 de nuestra Carta Magna establece: "Artículo 10. Pueden solicitar la nacionalidad panameña por naturalización: 1. Los extranjeros con cinco años consecutivos de residencia en el territorio de la República si, después de haber alcanzado su mayoría de edad, declaran su voluntad de naturalizarse, renuncian expresamente a su nacionalidad de origen o a la que tengan y comprueban que poseen el idioma español y conocimientos básicos de geografía, historia y organización política panameña. 2. Los extranjeros con tres años consecutivos de residencia en el territorio de la República que tengan hijos nacidos en ésta, de padre o madre panameños o cónyuge de nacionalidad panameña, si hacen la declaración y presentan la comprobación de que trata el aparte anterior. 3. Los nacionales por nacimiento, de España o de un Estado latinoamericano, si llenan los mismos requisitos que en su país de origen se exigen a los panameños para naturalizarse." En suma, la doctrina estima que la naturalización de extranjeros es un asunto esencialmente político y que cada Estado, representado por uno o más de sus órganos superiores, concede discrecionalmente la nacionalidad por adopción a un individuo cuando lo estima digno de ser miembro de la sociedad política que el Estado personifica (Cfr. J.B., J.J.. Manual de Derecho Constitucional P.. Tomo I. Panamá, Cultural Portobelo, 2010 páginas 104 y 105). Resulta importante destacar en este punto, que la presente demanda de Inconstitucionalidad versa esencialmente sobre el derecho o posibilidad que tienen los panameños naturalizados o por adopción de ocupar cargos públicos con mando y jurisdicción en Panamá. Este tema ha sido abordado por estudiosos del derecho constitucional panameño, como es el caso del D.A.R. en su Ensayo "Restricciones a la nacionalidad por adopción en el Derecho Constitucional P.", compilado por el D.J.F.P., en la obra Estudios de Derecho Constitucional P.. El citado ensayo explica el tratamiento constitucional, que desde inicios de la República, se la ha brindado a la posibilidad de que panameños naturalizados o por adopción ocupen cargos públicos. De esta manera el citado autor señala que el artículo 16 de la Constitución de 1904 proclamó el principio de igualdad ante la ley: "Todos los panameños y extranjeros son iguales ante la ley. No habrá fueros ni privilegios personales". Explica que la Constitución Política de febrero de 1904 manifestó una gran amplitud en materia de nacionalidad y ciudadanía. Como Panamá había permanecido adherida a Colombia desde 1821, al momento de producirse la secesión los nacidos en territorio istmeño eran panameños oriundos de un Departamento, el de Panamá, que formaba parte de Colombia. Así, entonces, en el distinguido grupo de próceres que gestaron la independencia de 1903, figuraban varios ciudadanos que habían nacido en Colombia, verbigracia el que luego pasó a ser nuestro primer P., el Dr. M.A.G.. Por esta razón, indica el insigne jurista que la Carta Magna que aprobó la Convención Nacional Constituyente de 1904, estipuló en su artículo 6 que se consideraban panameños "4. Los colombianos que habiendo tomado parte en la Independencia de la República de Panamá, hayan declarado su voluntad de serlo o así lo declaren ante el Consejo Municipal del Distrito en donde residan". Igualmente, como disposición transitoria el artículo 141 de la primera Constitución republicana expresaba que "Podrá ser elegido primer P. Constitucional de la República de Panamá, cualquier ciudadano que, sin ser panameño de nacimiento, hubiere tomado parte activa en la independencia de ella." El artículo 93 de la Constitución de 1904, al referirse a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia estipulaba en la parte que nos interesa que éstos deberían ser panameños por nacimiento o por adopción con más de quince años de residencia en la República. Las mismas calidades se exigían para ser Procurador General de la Nación, según lo prescribía el artículo 113. El 2 de enero de 1941, en la administración del Dr. A.A. se promulgan una gran cantidad de reformas a la Constitución de 1904, de tal manera que el texto de esas reformas se conoce como la Constitución de 1941. A pesar que el Texto de la Constitución de 1941 era eminentemente nacionalista, los constituyentes de la época reconocieron como ciudadanos capaces de elegir y de ser elegidos para puestos públicos de elección popular o cargos oficiales con mando y jurisdicción, a los panameños mayores de veintiún años, sin hacer distinción alguna entre panameños por nacimiento o por naturalización (Artículos 60 y 61). Sin embargo, exigió para ser P. de la República la calidad de panameños por nacimiento y haber cumplido treinta y cinco años de edad (artículo 106). Al tratar de los Diputados a la Asamblea Nacional (artículo 80) y de los Ministros de Estado (artículo 121) los constituyentes del 41, a pesar del nacionalismo característico del Texto Fundamental, demostraron una gran amplitud al exigir para estos cargos solamente las condiciones de ser "ciudadanos en ejercicio y haber cumplido veinticinco años de edad". Al crearse la figura del C. General de la Nación, no se le exigió a éste la calidad de panameño por nacimiento (artículo 155) lo que sí se requería para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia. A criterio del D.R.: "...la Nación panameña se ha distinguido siempre por estar abierta a los inmigrantes que han contribuido a nuestro desarrollo con su trabajo, su sangre y su amor a esta tierra que supo acogerlos...pues es esta convivencia prolongada con los panameños, su formación en nuestro suelo, es lo que les otorga fundamentalmente la condición de panameños. Son, en muchos casos, más nacionales que no pocos que, habiendo nacido aquí por accidente, o en el extranjero como hijos de padre o madre panameño, ni han vivido en esta Nación, ni les interesa la problemática del país...permitirle a esos panameños regresar a Panamá y ocupar cualquier cargo público y negárselo a quien lo único que no hizo en Panamá fue nacer, pero que en todo lo demás es panameño, nos parece una injusticia evidente a la vez que se le hace daño al país, privándole de los servicios que podrían prestarle magníficos profesionales cuya única patria es Panamá".(Cfr. "Restricciones a la nacionalidad por adopción en el Derecho Constitucional P.". R., A.. En Estudios de Derecho Constitucional P.. F.P., J.. Editorial Texto. S.J., Costa Rica, 1987, paginas 285 a 291) En la demanda de Inconstitucionalidad in examine, el Licenciado QUINTERO DIXON solicita a este Tribunal que declare inconstitucional el Acta No.22 de la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales de la Asamblea Nacional, correspondiente al 27 de noviembre de 2014, en la parte que corresponde al acto de ratificación del Licenciado G.A.R.L., como F. General de Cuentas por ser, a su criterio, violatoria de los artículos 19 y 204 numeral 1, de la Constitución Política. El jurista fundamenta los cargos de Inconstitucionalidad del acto atacado, en lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley No.67 de 14 de noviembre de 2008, que desarrolla la Jurisdicción de Cuentas el cual señala que "los Magistrados del Tribunal de Cuentas tendrán los mismos derechos, emolumentos y prerrogativas que los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia" y como quiera que los artículos 7 y 20 de la citada Ley establecen los requisitos para ser Magistrados y F. de Cuentas, a éstos deberá, en su opinión, exigírsele los mismos requisitos para ser Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, específicamente el de ser panameño por nacimiento, omisión que considera, hizo la ley de forma intencional, en violación a los artículos 19 y 204 numeral 1 de la Constitución Política. Agrega el demandante, que no se trata de una exigencia casual, sino de un postulado que reserva los puestos de alto nivel solamente a quienes por nacimiento más no por naturalización son los que se sienten plenamente identificados con la patria, y que actualmente quien ocupa el cargo de F. de Cuentas, no es panameño por nacimiento, sino colombiano, naturalizado panameño. (Resaltado del demandante) A juicio del Pleno, para poder determinar si en efecto el acto acusado de inconstitucional, efectivamente transgrede alguna norma de orden constitucional, se hace necesario analizar cuidadosamente lo que la propia Constitución define como nacionalidad panameña, particularmente luego de los cambios introducidos en la reforma de 2004. En ese sentido, el artículo 8 establece que la nacionalidad panameña se adquiere por nacimiento, por naturalización o bien por disposición constitucional. Respecto a la primera fórmula, en el artículo 9 se define cuando se es panameño (o panameña) por nacimiento, mientras que en el artículo 10 se identifica a los sujetos que pueden adquirir esta nacionalidad (panameña) por la vía de la naturalización. Por último, en el artículo 11 de la Constitución se incluye otro grupo de personas a quienes también se les reconoce la condición de panameños, siendo los nacidos en el extranjero y adoptados antes de cumplir siete años por nacionales panameños. La lectura concordada de las normas anteriores con el artículo 300 de la Carta Magna, permite concluir que cuando esta norma establece que los servidores públicos serán de nacionalidad panameña, sin distinción de raza, sexo, religión o creencia y militancia política, debe entenderse que estos nacionales panameños pueden ser cualesquiera de aquellos a los que se refiere el artículo 8 de la Constitución (por nacimiento, naturalización y disposición legal); principalmente tomando en consideración que la propia Constitución contiene una prohibición expresa a la discriminación entre panameños. En consecuencia, el Acta No.22 de la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales de la Asamblea Nacional, correspondiente al 27 de noviembre de 2014, en la parte que corresponde al acto de ratificación del Licenciado G.A.R.L., como F. General de Cuentas no violenta los alegados artículos 19 y 204, numeral 1 de la Constitución Política, ni otra norma de orden constitucional, pues la misma se ajusta a lo dispuesto en el artículo 300 de la Constitución. El artículo 300 de la Carta Magna sólo establece que los servidores públicos serán de nacionalidad panameña, sin distinción alguna en cuanto a la forma en que ésta se adquiere, salvo casos de excepción expresamente contemplados. Las referidas excepciones se encuentran taxativamente indicadas en la Carta Magna, que restringe a los panameños por nacimiento únicamente los cargos públicos de P. y Vicepresidente de la República, a los de Ministros de Estado, los de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a los Procuradores de la Nación y de la Administración, así como los cargos de Magistrados del Tribunal Electoral, el de F. Electoral y el de C. y S. General de la República. En este punto, coincide el Pleno con el criterio esbozado por la Procuradora General de la Nación al señalar que el Tribunal de Cuentas ha sido establecido a través de la instauración de su jurisdicción en la Constitución Política, mediante una norma programática que instituye que la creación y funcionamiento de dicho Tribunal lo determinará la ley, al tenor de lo regulado en el artículo 281 de la Carta Magna: "Artículo 281: Se establece la jurisdicción de Cuentas, con competencia y jurisdicción nacional, para juzgar las cuentas de los agentes y empleados de manejo, cuando surjan reparos de estas por razón de supuestas irregularidades. El Tribunal de Cuentas se compondrá de tres Magistrados, los cuales serán designados para un período de diez años así: uno por el Órgano Legislativo, otro por el Órgano Ejecutivo y el tercero por la Corte Suprema de Justicia. La Ley determinará la creación y funcionamiento del Tribunal de Cuentas." (Resaltado del Pleno) A la luz de lo que dispone el artículo transcrito, colige este Tribunal, que el constituyente no indicó, de forma precisa, cuáles serían los requisitos para poder ser nombrado como Magistrado o F. de la Jurisdicción de Cuentas, razón por la cual delegó esta asignación en el Legislador; quien, en esa medida, puede determinar las condiciones o requisitos que deben cumplir las personas que aspiren a dichos cargos, siempre que los mismos se ajusten a la letra y espíritu de la Constitución nacional. En cuanto al descontento manifestado por el actor constitucional con el contenido del artículo 8 de la Ley No.67 de 14 de noviembre de 2008, que le otorga a los Magistrados y al F. de Cuentas los mismos derechos, emolumentos y prerrogativas que a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, advierte el Pleno, que en este punto, el Licenciado QUINTERO DIXON, debió demandar el citado artículo y no el Acta de Ratificación del licenciado G.R., pues los requisitos para acceder al cargo de F. General de Cuentas no se fundamentan en el artículo 8; sino en los artículos 7 y 20 de la Ley No.67 de 2008, que como ya hemos señalado se ajustan a lo dispuesto en el artículo 300 de la Constitución nacional. A continuación el texto de ambas normas: "Artículo 7: Para ser Magistrado o Suplente de Magistrado del Tribunal de Cuentas se requiere: 1. Ser panameño 2. Haber cumplido treinta y cinco años de edad 3. H. en pleno goce de los derechos civiles y políticos 4. Ser graduado en derecho y haber inscrito el título universitario en la oficina que la ley señale. 5. Haber completado un período de diez años durante el cual haya ejercido indistintamente la profesión de abogado, cualquier cargo del Órgano Judicial, del Ministerio Público, del Tribunal Electoral, de la Defensoría del Pueblo u otro cargo público cuyo ejercicio requiera título universitario en Derecho, o haber sido profesor de Derecho o investigador jurídico en un establecimiento de enseñanza universitaria." "Artículo 20. Para ocupar el cargo de F. de Cuentas se debe cumplir con los mismos requisitos que se exigen para ser Magistrado del Tribunal de Cuentas. El suplente debe cumplir con iguales requisitos." Así entonces, si la Ley No.67 de 14 de noviembre de 2008, que desarrolla la Jurisdicción de Cuentas y que sirve de fundamento legal al nombramiento y ratificación del señor G.A.R.L., como F. General de Cuentas, restringiera, como sugiere el demandante, el acceso a los cargos de Magistrados y F. de Cuentas, únicamente a los panameños por nacimiento, excluyendo a todos los demás panameños que no ostentan estas condiciones, dicha exclusión, a juicio del Pleno, sería contraria a la disposición constitucional del artículo 300 y al principio contenido en el artículo 19. Sobre este tema ya esta Corporación de Justicia, ha emitido varias sentencias en las que declara inconstitucionales frases y/o normas legales que restringen la posibilidad de que ciudadanos que adquirieron la nacionalidad panameña por vías distintas al nacimiento, puedan ocupar cargos públicos. En este sentido se tiene la Sentencia de 30 de octubre de 1992 que declaró inconstitucional la frase "por nacimiento" contenida en el artículo 20 del Decreto Ley No.14 de 20 de agosto de 1954 como requisito para ocupar los cargos de Director y S. General de la Caja de Seguro Social. Otro fallo, de 7 de diciembre de 1994 hizo lo propio con la misma frase "por nacimiento" estatuida en los artículos 84, 122 y 152 del Código Judicial, que se exigía como presupuesto indispensable para ocupar los cargos de Secretario, S. de la Corte Suprema de Justicia, de sus Salas, así como para los Magistrados de los Tribunales Superiores y Jueces de Circuito. Finalmente, la Sentencia de 11 de noviembre de 2014 que declaró inconstitucionales las frases contenidas en el numeral 1 del artículo 42 de la Ley No.18 de 3 de junio de 1997, Orgánica de la Policía Nacional, que se referían a los requisitos para ejercer el cargo de Director General de la Policía Nacional, pues las mismas restringían el acceso al cargo de Director General de la Policía Nacional, únicamente a los panameños por nacimiento o por naturalización con residencia en el país de 15 años, luego de obtenida la carta de naturaleza, y excluía a todos los demás panameños que no ostentan estas condiciones. En razón de lo expuesto en líneas anteriores, el Pleno de esta Corporación Judicial considera que el acto acusado de inconstitucional, no vulnera derecho constitucional alguno y así debe declararse. En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia-PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES INCONSTITUCIONAL el Acta No.22 de la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales de la Asamblea Nacional, correspondiente al 27 de noviembre de 2014, en la parte que corresponde al acto de ratificación del Licenciado G.A.R.L., como F. General de Cuentas. N., ABEL AUGUSTO ZAMORANO OYDÉN ORTEGA DURÁN -- JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS -- NELLY CEDEÑO DE PAREDES -- H.A.D.L.B. --H.A.D.G. -(Con Salvamento de Voto)- LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ -- LUIS MARIO CARRASCO -- HARLEY J. MITCHELL D. YANIXSA Y. YUEN C. (Secretaria) SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO H.A.D. Con el debido respeto, debo manifestar que no comparto la decisión del proyecto adoptada en la Demanda de Inconstitucionalidad promovida por el licenciado A.Q.D., para que se declare inconstitucional, el Acta No. 22 de la Comisión de Credenciales, Reglamento Interno, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales de la Asamblea Nacional, correspondiente al día 27 de noviembre de 2014, que ratifica a G.A.R.L. como F. General del Tribunal de Cuentas. La Ley 67 de 14 de noviembre de 2008, desarrolla la Jurisdicción de Cuentas, y en el artículo 7, enumera los requisitos exigidos para ser magistrado o suplente del Tribunal de Cuentas, señalándose en el numeral 1, "el ser panameño". Por su parte el artículo 20 del citado cuerpo legal, contempla los requisitos para ser F. dentro del Tribunal de Cuentas, estipulando que para dicho cargo se deben cumplir con los mismos requisitos exigidos para ser Magistrado del Tribunal de Cuentas. La citada Ley 67, en el artículo 8 dispone que los Magistrados del Tribunal de Cuentas: "Tendrán los mismos derechos, emolumentos y prerrogativas que los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia". Tal como se advierte de los argumentos del demandante, el acta censurada deviene en violatoria del artículo 204 de la Constitución Nacional, en razón de que quien ha sido ratificado en el cargo de F. del Tribunal de Cuentas, no es P. por nacimiento, sino Colombiano naturalizado P.. En ese sentido es dable sostener que tal como advierte el activador constitucional, la norma (Ley 67 de 14 de noviembre de 2008), establece los presupuestos para ocupar el cargo de Magistrado del Tribunal de Cuentas, dentro de los cuales se observa el ser panameño. En ese sentido la propia Ley establece que los Magistrados de dicho Tribunal, gozaran de los mismos derechos, emolumentos y prerrogativas reconocidas a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La interpretación literal de lo anterior, nos lleva a colegir que ante la equiparación realizada por la ley 67, de los mismos derechos, emolumentos y prerrogativas de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a los magistrados del Tribunal de Cuentas, estos últimos en consecuencia debe cumplir también con los mismos requerimientos o requisitos para ser nombrados como Magistrados de la Corte. Obsérvese que la norma, artículo 204 de la Constitución Política, de forma específica señala que: "Para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia se requiere: 1. Ser panameño por nacimiento...". Tal como se observa del anterior precepto, la norma constitucional señala como requisito para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, el ser panameño, pero de manera específica distingue que la nacionalidad del aspirante, debe tratarse de la calidad de un nacional por nacimiento. Lo anterior no nos permite dar aprobación al proyecto, habida cuenta que no se puede interpretar de forma distinta lo que ha sido estipulado por el legislador de forma determinada, es decir, el requerimiento de ser panameño por nacimiento, lo cual encuentra sustento en reservar los cargos de alto jerarquía a los nacionales por nacimiento, en razón del vínculo nato con el Estado y Patria Panameña. En ese sentido vale acotar, que si bien es un hecho conocido que la propia Constitución Política en su artículo 8, establece las formas legales para adquirir la nacionalidad panameña, las cuales son por nacimiento, por naturalización o por disposición Constitucional; no obstante es de resaltar que para el caso concreto el adquirir la nacionalidad por naturalización, no significa o traduce en que la persona que la obtenga o adquiera se considere como nacional por nacimiento, lo cual es un requisito para ser nombrado en el cargo de Magistrado del Tribunal de Cuentas. Por último acotamos, no coincidir con las consideraciones expuestas, sobre el artículo 300 de la Constitución Nacional, habida cuenta de que si bien dicha norma establece que los servidores públicos serán de nacionalidad panameña y al respecto no hace distinción alguna referente a qué tipo de nacionalidad es la que se exige; no menos cierto es que el propio Texto Constitucional advierte sobre las excepciones para ocupar determinados cargos públicos, y señala de forma concreta la reserva de ser nacional por nacimiento para ocupar determinados cargos. Las anteriores excepciones las encontramos en la Constitución Política, al reservar para los panameños por nacimiento determinados cargos públicos, entre los cuales destaca el de P. y el Vicepresidente de la República, los Ministro de Estado, así como también los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, entre otros cargos públicos; lo cual y sin entrar en este momento en el análisis de fondo de los importantes motivos que sustentan esta reserva para los nacionales por nacimiento, mismos que sería prudente discutir en el Pleno, son los que nos llevan a disentir del proyecto en lectura. Harry A. Díaz YANIXSA Y. YUEN (Secretaria General)