Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 3 de Marzo de 2015

PonenteJosé Eduardo Ayu Prado Canals
Fecha de Resolución 3 de Marzo de 2015
EmisorPleno

VISTOS: Conoce el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, de la Acción de Inconstitucionalidad promovida por la Licda. DELNIRA PRECIADO, en su propio nombre y representación contra la Resolución No. 68 de 20 de abril de 2011, emitida por el Consejo de Gabinete, donde se propone al Licenciado H.A.D. como Magistrado de la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia. En la etapa procesal en la que se encuentra el presente negocio constitucional, el Pleno procede a realizar un examen de la demanda para establecer si cumple con los requisitos legales y jurisprudenciales para efectuar la admisión del mismo. Se tiene entonces que la activadora constitucional señala en su libelo de demanda, que la resolución acusada vulnera los artículos 17 y 203 de la Constitución Nacional, de forma directa por omisión. Ahora bien, esta Máxima Corporación de Justicia al realizar un examen del libelo de la demanda bajo estudio, puede advertir que ésta presenta dos defectos que impiden su admisibilidad, los cuales pasamos a detallar. Con relación al primer defecto, el Pleno manifiesta que el acto demandado lo constituye la Resolución No. 68 de 20 de abril de 2011, por el cual considera la activadora constitucional que se efectuó el nombramiento delLicenciado H.A.D., como Magistrado de la Corte Suprema de Justicia; pero somos del criterio que la activadora constitucional, se equivoca en identificar el acto por el cual se dio definitivamente el nombramiento del Magistrado H.D., al perder de vista que si bien el P. de la República y el Consejo de Gabinete, pueden acordar el nombramiento de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo a la facultad constitucional consagrada en el artículo 200 numeral 2 de la Constitución Nacional, esto no constituye un nombramiento como el de los Ministros de Estados, donde la decisión del P. de la República por sí sola en atención al artículo 183 numeral 1, constituye propiamente un nombramiento de dichos funcionarios; mientras que en el caso de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, lo que realiza el P. y el Consejo de Gabinete, viene a ser una propuesta o designación que requiere ser remitida a otro Órgano del Estado (Asamblea Legislativa), quien tiene la potestad de aprobar o improbar dicha nominación, atendiendo a una facultad administrativa otorgada por la Constitución y que constituye el procedimiento por el cual se nombra a un miembro de la Corte Suprema de Justicia. Lo anterior quiere decir, que la actuación que realiza el P. de la República y el Consejo de Gabinete respecto al nombramiento de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, debe entenderse que esto constituye una especie de propuesta o nominación, que puede realizar el Ejecutivo, en uso de sus facultades constitucionales, pero que requiere ser sometida a la aprobación de la Asamblea Legislativa, para lo cual dicho órgano del Estado está obligado a realizar un examen de la propuesta, y entonces decidir al final si aprueba o no esa designación, que se traduce entonces en el caso de dar su aprobación, en el nombramiento de un Magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Ante los señalamientos vertidos en los párrafos que anteceden, se hace necesario analizar lo establecido en el Diccionario Esencial de la Lengua Española, donde se abordan los conceptos de las palabras "Nombrar" y "Nominar", cuyo tenor es el siguiente. "Nombrar... 2. Elegir o señalar a alguien para un cargo, un empleo u otra cosa.", mientras que "Nominar... 2. Designar a alguien para un cargo o cometido". (Diccionario Esencial de la Lengua Española. Real Academia Española. E.C., 2006, págs. 1032 - 1033.) De la cita que antecede, esta Corporación de Justicia puede señalar, que si bien la activadora constitucional intenta a través de este negocio constitucional que se examine si el nombramiento del Magistrado Díaz, es contrario a las precitadas normas constitucionales o cualquier otra disposición constitucional atendiendo a lo que establece el principio dispositivo atenuado recogido en el artículo 2566 del Código Judicial, que rige en materia de justicia constitucional adjetiva, no toma en cuenta que lo realizado por el P. y el Consejo de Gabinete, constituye una nominación de determinado profesional del derecho al cargo de Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, y que a su vez viene a ser un acto preparatorio que sólo es una propuesta que tiene que ser llevada ante la Asamblea Legislativa, quien inicialmente a través de la Comisión de Credenciales debe emitir un concepto al realizar un examen de credenciales y una opinión sobre dicha propuesta (Ver numeral 2 del artículo 50 del Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa); para luego ser remitida ante el Pleno de ese Órgano del Estado, el cual, por facultad constitucional procederá a aprobar o improbar por mayoría, dicha designación, y es entonces cuando se da el nombramiento de un Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, que en caso de ser aprobado no tendrá efecto hasta que se efectué la toma de posesión. De tal forma, que a criterio del Pleno, la activadora constitucional demanda un acto que no tiene un carácter definitivo, sino preparatorio o de mero trámite, ya que es proferido dentro de un procedimiento donde quien aprueba o no el mismo, es el Pleno de la Asamblea Nacional de Diputados, atendiendo a lo establecido en los artículos 161 numeral 4, 200 numeral 2 y 203 de la Constitución Nacional, cuyo tenor es el siguiente. "Artículo 161. Son funciones administrativas de la Asamblea Nacional: ... 4. Aprobar o improbar los nombramientos de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Procurador General de la Nación, del Procurador de la Administración y los demás que haga el Ejecutivo y que, por disposición de esta Constitución o la Ley, requieran la ratificación de la Asamblea Nacional. Los funcionarios que requieran ratificación no podrán tomar posesión de su cargo hasta tanto sean ratificados. ..." Las negritas son del Pleno. "Artículo 200. Son funciones del Consejo de Gabinete: ... 2. Acordar con el P. de la República los nombramientos de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Procurador General de la Nación, del Procurador de la Administración, y de sus respectivos suplentes, con sujeción a la aprobación de la Asamblea Nacional. ..." "Artículo 203. La Corte Suprema de Justicia estará compuesta del número de Magistrados que determine la Ley, nombrados mediante acuerdo del Consejo de Gabinete con sujeción a la aprobación del Órgano Legislativo, para un período de diez años. La falta absoluta de un Magistrado será cubierta mediante nuevo nombramiento para el resto del período. ... " Las Negritas son del Pleno. Resulta importante destacar, que este tema ya ha sido examinado por esta Corporación de Justicia, específicamente, dentro de la acción de amparo de derechos fundamentales propuesta por el Licenciado Florencio Barba Hart contra la orden de hacer contenida en la Resolución No. 158 de diciembre de 2009, proferida por el Consejo de Gabinete, donde se acuerda el nombramiento del Licenciado A.M.L.C. como Magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Veamos a continuación lo que se señaló al respecto: "Ha ingresado al Pleno de la Corte Suprema de Justicia el AMPARO DE DERECHOS FUNDAMENTALES presentado por el licenciado F.B.H., en su propio nombre y representación contra la Resolución de Gabinete N° 158 de 16 de diciembre de 2009, publicada en la Gaceta Oficial N° 28,429 de 17 de diciembre de 2009, por medio de la cual el CONSEJO DE GABINETE "...acuerda el nombramiento de A.M.L.C. como magistrado de la Corte Suprema de Justicia y somete dicha Resolución a la consideración de la Asamblea Nacional". (Cfr. f. 1 del expediente. El destacado es de la Corte). FUNDAMENTACION Y DECISIÓN DEL PLENO Corresponde en esta etapa procesal adentrarnos al examen del presente negocio a fin de determinar si reúne las condiciones para su admisibilidad. En tal sentido, observa esta Colegiatura que la iniciativa constitucional que nos ocupa, cumple con lo dispuesto en el artículo 101 del Código Judicial, que preceptúa que debe dirigirse al P. de la Corte. Además, el libelo satisface los requisitos formales mínimos comunes a toda demanda que establece el artículo 665 del Código Judicial y los especiales que establece el artículo 2619 del Código Judicial. No obstante, salta a la vista la existencia de una situación jurídica que, a juicio de esta Superioridad, hace improcedente el A.. Ello es así toda vez que la Resolución N° 158 de 16 de diciembre de 2009fue dictada dentro de un procedimiento dentro del cual no es un acto definitivo sino un acto preparatorio o de mero trámite. Esto se constata con la lectura del mismo libelo de A. y del artículo 3 de la propia resolución impugnada que claramente señalan que dicha resolución debe ser sometida a la consideración de la Honorable Asamblea Nacional. Lo anterior debe hacerse en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 161 y 200 de la Constitución Política de la República de Panamá, de los que se desprende que, una vez acordado el nombramiento de un magistrado de la Corte Suprema por parte del Consejo de Gabinete, el mismo debe ser sometido a la aprobación de la Asamblea Nacional. (Cfr. Artículo 200, numeral 2 de la Constitución). A juicio del Pleno, resulta evidente el carácter preparatorio de la resolución sub examine y, en consecuencia, al no tratarse de un acto definitivo, deja de cumplirse un presupuesto ineludible para que pueda examinarse la violación de derechos fundamentales en sede de A.. (Cfr. Sentencias de A. de 10 de diciembre de 2002 bajo la ponencia del Magistrado Arturo Hoyos; Sentencias del Pleno de 16 de abril de 2002 y 12 de agosto de 2004 bajo la ponencia del Magistrado J.A.T.. Ante las circunstancias antes expuestas, la Corte es del criterio que la presente demanda resulta improcedente y debe negarse su admisión con fundamento en el contenido del artículo 2620 del Código Judicial. PARTE RESOLUTIVA En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE el A. de Derechos Fundamentales presentado por el licenciado F.B.H., en su propio nombre y representación contra la Resolución de Gabinete N° 158 de 16 de diciembre de 2009, por medio de la cual el CONSEJO DE GABINETE acuerda el nombramiento de A.M.L.C. como magistrado de la Corte Suprema de Justicia y somete dicha Resolución a la consideración de la Asamblea Nacional. N., LUIS MARIO CARRASCO M. HARLEY J. MITCHELL D. -- ABEL AUGUSTO ZAMORANO -- OYDÉN ORTEGA DURÁN -- ANÍBAL SALAS CÉSPEDES -- WINSTON SPADAFORA FRANCO -- GISELA AGURTO AYALA -- VICTOR L. BENAVIDES P. -- ALBERTO CIGARRUISTA CORTEZ CARLOS H. CUESTAS G. (Secretario General)" Las Negritas son del Pleno. El segundo aspecto que ocasiona la inadmisibilidad de la presente demanda, es que a pesar que la activadora constitucional cumple con los requisitos comunes a toda demanda, contenidos en el artículo 665 del Código Judicial, además de cumplir con las formalidades exigidas en materia de Acciones de Inconstitucionalidades establecidas en el artículo 2560 lex cit, porque se puede contactar que se transcribe literalmente la resolución acusada de inconstitucional e indica las disposiciones constitucionales que se estiman infringidas; pero al confeccionar uno de los apartados más importantes que debe contener una demanda de este tipo (concepto de la infracción), esta Corporación de Justicia se percata que, no se expresa con claridad y amplitud cómo han sido infringidas las normas constitucionales que se aducen como infringidas, pues sólo se hace alusión, a que tales infracciones se dan por haber ejercido el Magistrado H.A.D., el cargo de Fiscal de Cuentas, durante el mismo período constitucional en el que fue designado como Magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Ahora bien, este Máximo Tribunal de Justicia mantiene el criterio respecto a que el concepto de la infracción, es de gran importancia al momento de analizar un proceso de esta naturaleza, ya que en el mismo el activador constitucional debe esforzarse por explicar adecuadamente al tribunal constitucional, la forma cómo considera que se dan las aducidas infracciones a normas constitucionales, situación que en el caso bajo examen no se da al desarrollar la Licenciada Delnira Preciado, el concepto de la infracción de ambas disposiciones constitucionales de forma sucinta. Lo planteado en los párrafos que anteceden, encuentra sustento en lo señalado en la Sentencia de 20 de febrero de 2003, y en el fallo de 11 de julio de 2012, en esta ocasión bajo ponencia del Magistrado L.R.F., donde se indicó lo siguiente: "Luego de la trascripción de las normas constitucionales consideradas como violadas por la ley acusada, procede el punto más importante de la demanda. La explicación del concepto de la infracción. La violación más común es la violación directa de la norma constitucional considerada como infringida, cuando la norma legal acusada permite o prohíbe algo que la norma constitucional no lo permite o no lo prohíbe. También puede existir violación de la Constitución por una interpretación errada de la Constitución al expresar en una ley situaciones equivocadas sobre el verdadero sentido de una norma constitucional. Este aspecto del concepto de la infracción es de (sic) los más importante y en este sentido el abogado debe esforzarse en explicar jurídicamente cómo es que se produce el choque entre la ley o el acto de autoridad demandado con la norma constitucional que se estima violada."(Cfr. MOLINO MOLA, E.. "LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL EN PANAMÁ", Primera edición 1998, p.425)" "El Pleno constata que no ha sido cumplida esta disposición procesal por el promotor de la advertencia, toda vez que se omitió indicar la fecha y número de Gaceta Oficial en que fue publicado el Código Judicial, texto contentivo de la norma advertida de inconstitucional. En cuanto al concepto de la infracción, el mismo no logra desarrollar de forma correcta una explicación lógica de cómo la norma acusada de inconstitucional violenta el texto constitucional, por lo cual no se cumple con el requisito de esgrimir el concepto de la infracción contemplado en el artículo 2560 del Código Judicial. Al respecto del tema, el Pleno de la Corte Suprema en resolución de fecha 30 de julio de 2008, expresó lo siguiente: "... En tal sentido, la jurisprudencia de este tribunal (cfr. fallos de 29 de agosto de 2003, 5 de abril de 2004, 3 de mayo de 2005, 14 de agosto de 2007), así como la doctrina, han insistido en que la sección correspondiente a la expresión del concepto de infracción de la norma, constituye uno de los espacios de mayor relevancia en la construcción de la acción de inconstitucionalidad, pues se reserva para que el activador constitucional pueda desarrollar el discurso en el que se describe de manera diáfana, lógica y congruente, la forma o la manera a partir de la cual se genera la antinomia entre la norma constitucional y cualquier otra ley, decreto, reglamento, resolución o acto de carácter público, susceptible de ser revisado en sede constitucional. Luego de la transcripción de las normas constitucionales consideradas como violadas por la ley acusada, procede el punto más importante de la demanda. La explicación del concepto de la infracción... Este aspecto del concepto de la infracción es de lo más importante y en este sentido el abogado debe esforzarse en explicar jurídicamente cómo es que se produce el choque entre la ley o el acto de autoridad demandado con la norma constitucional que se estima violada". (MOLINO MOLA, E.. "La Jurisdicción Constitucional en Panamá". Primera Edición 1998. Biblioteca Jurídica Diké. Pág 425). ...". En atención a las dos faltas en que incurre el activador constitucional, las cuales consisten primero en equivocarse al identificar el acto definitivo que produce el nombramiento de un Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, así como la errada construcción del concepto de la infracción, al alejarse de lo establecido en la última línea del numeral 2 del artículo 2560 del Código Judicial, por lo que esta Corporación de Justicia es del criterio, que el negocio constitucional bajo examen resulta inadmisible. En consecuencia, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la Acción de Inconstitucionalidad promovida por la Licda. DELNIRA PRECIADO, actuando en su propio nombre y representación contra la Resolución de Gabinete No. 68 de 20 de abril de 2011, proferida por el Consejo de Gabinete, y donde se propone al Licenciado H.A.D. como Magistrado de la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia. N. y Cúmplase. JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS VICTOR L. BENAVIDES P. -- HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA -- . WILFREDO SAENZ FERNANDEZ -- LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ -- JERÓNIMO MEJÍA E. -- HARLEY J. MITCHELL D. -- ABEL AGUSTO ZAMORANO -- OYDÉN ORTEGA DURÁN YANIXSA Y. YUEN C. (Secretaria General)