Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 2 de Enero de 2015

PonenteAbel Augusto Zamorano
Fecha de Resolución 2 de Enero de 2015
EmisorPleno

VISTOS:

El Licenciado C.A.M., actuando en nombre y representación de I.B. De León, ha solicitado al Pleno de la Corte Suprema de Justicia que declare la inconstitucionalidad de la Resolución de 12 de julio de 2006, proferida por la entonces Procuradora General de la Nación, A.M.G.R., que autorizó al F.A. de la República para que grabara, filmara y registrara conversaciones telefónicas dentro de una investigación que adelantaba el F.A. por la posible comisión de un delito contra la administración pública, lo que a su juicio, contradice el contenido de los artículos 29 y 32 de la Constitución Política.

En esta etapa lo procedente es examinar si la demanda presentada, cumple con los requisitos formales exigidos por la ley, en los artículos 101, 665, 2560 y 2561 del Código Judicial, pero antes estimamos importante que la Corte Suprema de Justicia se refiera a un aspecto que imposibilita la continuación del trámite, en aras de obtener un pronunciamiento de fondo.

Interesa destacar al Pleno, en relación con el conflicto constitucional que se plantea, que su origen se remonta al análisis de la Resolución de 12 de julio de 2006, proferida por la entonces Procuradora General de la Nación, A.M.G.R., que autorizó al F.A. de la República para que grabara, filmara y registrara conversaciones telefónicas dentro de una investigación que adelantaba el F.A. por la posible comisión de un delito contra la administración pública, y ello nos lleva a señalar que dicho acto atacado se dictó en el marco de una situación individual, dentro de la fase de investigación o sumarial que corresponde al Ministerio Público, quien cuenta con la facultad de ordenar la práctica de esas diligencias con la finalidad de obtener evidencias que vinculen al imputado con el hecho que se le endilga. Sin embargo, en esas evidencias, que son pertinentes, se denuncia que existe una violación a la Constitución Política, por ser la resolución que ordena su práctica contraria a la norma suprema nuestra.

Ahora bien, muy a pesar que la Constitución Política en su artículo 206, establece entre sus atribuciones constitucionales y legales "La guarda de la integridad de la Constitución para lo cual la Corte en Pleno conocerá y decidirá, con audiencia del Procurador General de la Nación o del Procurador de la Administración, sobre la inconstitucionalidad de las Leyes, decretos, acuerdos, resoluciones y demás actos que por razones de fondo o de forma impugne ante ella cualquier persona... ", no es posible pronunciarnos sobre la admisibilidad de la presente demanda y resolver el fondo de la cuestión, pues la acción de inconstitucionalidad debe interponerse contra un acto del cual no haya institución procesal que defienda del mismo, ya sea a través de los recursos ordinarios, o acciones como el amparo de garantías constitucionales, hábeas corpus (para la libertad personal), etc.; y en esta demanda lo que se ataca son actos individuales, por lo cual, se desnaturalizaría el carácter extraordinario de la acción constitucional presentada, que no es viable para impugnar actos de investigación en un proceso penal.

A juicio del Pleno, el accionante incurrió en un yerro al presentar la demanda en esta vía constitucional para ejercer o reivindicar su derecho, toda vez que las garantías individuales a las que hace referencia se protegen a través de otros mecanismos específicos debidamente regulados en la Ley, en este caso, la acción de amparo de garantías constitucionales, mas no mediante la acción de inconstitucionalidad. Recordemos que la demanda de inconstitucionalidad, se utiliza como herramienta de protección contra todo acto, siempre que las particularidades de la situación jurídica ameriten determinar si se ha originado o no alguna infracción en el plano constitucional, siempre que se cumplan los presupuestos para el análisis pertinentes, sin entrar a "dilucidar intereses de parte, porque lo que se tutela es la Constitución como norma suprema del ordenamiento jurídico, sin que ello signifique que no se pueda aducir la defensa de derechos constitucionales".(BATISTA, A. y Otros, Acciones y Recursos Extraordinarios, p. 120)

En esa resolución atacada, lo único que puede hacer inconstitucional dentro de las diligencias ordenadas es el hecho que se ordenó grabar la conversación telefónica de una persona sin cumplir las formalidades del artículo 29 de nuestra Constitución Política, y ya la Corte se ha pronunciado en otro proceso respecto a ese punto ((Cfr. Resolución de diecisiete de julio de 2007), donde señaló siguiente:

"Como se puede apreciar, la intercepción o grabación de llamadas telefónicas puede darse, pero siempre en cumplimiento de lo que establezca el Texto Constitucional que, como vimos, actualmente le confiere esa potestad a la autoridad judicial, en el caso de intervenciones telefónicas. De lo contrario y, según lo señala la propia Carta Magna, la intervención llevada a cabo por una autoridad distinta, impide que las pruebas recabadas puedan ser utilizadas en cualquier proceso, sin perjuicio de las responsabilidades penales en que incurran los autores.

Ello nos obliga a realizar un estudio lógico jurídico sobre qué debe entenderse por autoridad judicial, a fin de determinar si la autorización que realizó la Procuradora General de la Nación para intervenir y grabar las conversaciones telefónicas que se dieran mediante un número plural de teléfonos, por medio de la Resolución de 17 de agosto de 2005, vulnera nuestro ordenamiento constitucional.

...

Se puede apreciar con toda claridad que al hablar de autoridad judicial, nos referimos exclusivamente a aquellas facultades inherentes a la investidura del cargo de juez o magistrado como parte de un tribunal competente para conocer determinada causa jurisdiccional, en su función de administrar justicia. En ese sentido, el Capítulo 1º, del Título VII, de la Constitución Política, referente al Órgano Judicial, en el artículo 202 establece que "El Órgano Judicial está constituido por la Corte Suprema de Justicia, los tribunales y los juzgados que la Ley establezca".

La anterior norma constitucional excluye como parte del Órgano Judicial al Procurador o Procuradora General de la Nación, indicando en el Capítulo 2º de dicho Título VII de la Constitución Política, que el Procurador o Procuradora General de la Nación forma parte de una institución denominada Ministerio Público, entidad que tiene como función la instrucción sumarial y la defensa de los intereses del Estado y de la sociedad.

En abono a lo anotado, el tercer párrafo del artículo 3 del Código Judicial, explica y aclara que si bien los funcionarios o agentes del Ministerio Público participan en la administración de justicia, lo hacen "en calidad de funcionarios de instrucción mediante el ejercicio de la acción penal", excluyéndolos, como se indicó anteriormente, de la calidad de una autoridad judicial o administradores de justicia, ya que esa misión está encomendada a los jueces y magistrados del Órgano Judicial.

...

Como ha quedado evidenciado con el estudio realizado, las intervenciones telefónicas constituye, a partir del Acto Legislativo No. 1 de 2004, una potestad de la autoridad judicial. Conviene precisar a manera de comentario, que en el Proyecto de Reformas al Código de Procedimiento Penal, se desprende que la facultad de intervenciones telefónicas sería una atribución, como autoridad judicial, del juez o magistrado de garantías con lo cual viene a reforzar aún más la decisión que en esta resolución se está tomando.

...

En lo que respecta a Panamá y, como hemos visto, cualquier intervención llevada a cabo sin la autorización del juez o magistrado competente que pretenda ser utilizada en un proceso, constituye una prueba ilícitamente obtenida y, todo lo que se produzca a razón de ello, también llevará la misma suerte...

Aunado a lo anterior, podemos decir que las pruebas así obtenidas, es decir, una intervención telefónica llevada a cabo u ordenada por una autoridad distinta que no sea la judicial, además de ser ilícita, como se manifestó, si es en violación de un derecho fundamental la convierte igualmente en inconstitucional y esa situación, es insubsanable.

...

Con base en las consideraciones anteriores, debe concluirse que la Resolución S/N de 17 de agosto de 2005, vulnera tanto el artículo 29 como el 32 de la Constitución Política, toda vez que la Procuradora General de la Nación, A.M.G.R., no ostenta la condición de autoridad judicial, sino, por el contrario, es una funcionaria de instrucción sumarial y, por lo tanto, no tiene la facultad de ordenar intervenciones telefónicas.

...

Con base en todo lo anotado, esta Superioridad se ve obligada a precisar que con la declaratoria de inconstitucionalidad del acto censurado, resulta oportuno aclarar los efectos que produce este pronunciamiento del Pleno de la Corte. En ese sentido, esta Corporación de Justicia ha señalado de manera uniforme, en los casos de jurisdicción constitucional objetiva en que lo que se demanda no es una norma legal, sino un acto de carácter individualizado, como ocurre en el presente caso, la posibilidad de otorgarle efectos retrospectivos o ex-tunc a la sentencia de inconstitucionalidad, con la finalidad que, efectivamente, puedan repararse los agravios causados. Así, la Corte ha indicado que:

"Si se permite que un acto jurisdiccional pueda ser demandado como inconstitucional, es obvio que puede ser declarado inconstitucional. Sostener que la decisión de la Corte en estos casos no produce efectos retroactivos y que sólo produce efectos hacia el futuro, traería como consecuencia que la declaratoria de inconstitucionalidad sea totalmente intrascendente, inocua" (Sentencia de 3 de agosto de 1990).

...

Sobre este particular aspecto, huelga decir que este pronunciamiento no se está adentrando a examinar aspectos sustanciales y de fondo del proceso penal en donde se efectuó la intervención telefónica. El Órgano Judicial y, sobre todo, esta Corporación de Justicia reitera su interés en combatir los delitos de alto perfil o que provengan del crimen organizado, que la resolución aquí proferida se refiere única y exclusivamente a la inconstitucionalidad de la orden de escucha telefónica y, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia como guardiana de la integridad de la Constitución está confrontando dicha resolución con el artículo 29 de la Carta Política."

Pero, insistimos, por un lado, la constitucionalidad o no de esta acción debe ser dilucida a través de los canales correspondientes, y por otro, la acción de inconstitucionalidad no es un medio de impugnación adicional dentro de un proceso, sino una acción autónoma que le da vida a un proceso nuevo e independiente, y que sólo debe interponerse frente a actos definitivos, ejecutoriados y que no puedan impugnarse por otros medios. En esta oportunidad es claro que existe otro cauce idóneo que necesariamente debía utilizar el accionante para protegerse del acto demandado.

En cuanto a la referencia que se formula en la demanda sobre la inconstitucionalidad por violación a la garantía del debido proceso, instituido por el artículo 32 de la Constitución Política, es oportuno señalar que la garantía del debido proceso que incorpora la Constitución Política en su articulo 32 como institución fundamental garantizadora de los derechos fundamentales, en todas nuestras Cartas Constitucionales, ha sido objeto de copiosa jurisprudencia por parte de este Pleno, y consiste en "una institucisn instrumental en virtud de la cual debe asegurarse a las partes en todo proceso - legalmente establecido y que se desarrolle sin dilaciones injustificadas - oportunidad razonable de ser oídas por un tribunal competente, predeterminado por la ley, independiente e imparcial, de pronunciarse respecto de las pretensiones y manifestaciones de la parte contraria, de aportar pruebas lícitas relacionadas con el objeto del proceso y de contradecir las aportadas por el contraparte, de hacer uno de los medios de impugnación consagrados por ley contra resoluciones judiciales motivadas y conformes a derecho, de tal manera que las personas puedan defender efectivamente sus derechos " (HOYOS, A., "El Debido Proceso", Editorial Temis, S. A. Santa Fe de Bogotá- Colombia, 1996, pág. 54).

Dentro de ese contexto, esta Corporación ha sostenido que no es viable la revisión integral de una causa, mediante un proceso constitucional como el que nos ocupa, y en jurisprudencia reiterada se ha pronunciado en el sentido de que "la violación del debido proceso únicamente ocurre cuando se desconocen o pretermitan tramites esenciales del proceso que, efectivamente, conlleven a la indefensión de los derechos de cualquiera de las partes" (Cfr. Sentencia de 13 de septiembre de 1996). Entonces, precisa recordar, incluso, que el amparo sería un mecanismo procesal extraordinario de protección de derechos fundamentales que busca la protección efectiva y rápida de los derechos constitucionales que han sido vulnerados por la emisión de un acto de autoridad pública que por la gravedad e inminencia del daño requieren de una pronta reparación.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, sostiene que el recurso de amparo es adecuado para tutelar los derechos humanos de los individuos; siendo este idóneo para proteger la situación jurídica infringida por ser aplicable a los actos de autoridad que implican amenaza, restricción o violación de derechos protegidos (Corte IDH. Caso De la Masacre de las Dos Erres vs. Guatemala. Excepción preliminar, Fondo, R. y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211. Párrafo 121).

En Panamá, este mecanismo está regulado a nivel constitucional y legal, requiriéndose para su procedencia que el acto de autoridad pública haya infringido algún derecho fundamental previsto en la Constitución o Convenios Internacionales sobre Derechos Humanos suscritos y ratificados por el país. Frente a este escenario jurídico, reitera el Pleno que la acción de inconstitucionalidad es un proceso independiente y no una tercera instancia fijada como un medio más de impugnación dentro de un proceso, teniendo en cuenta que el acto acusado de inconstitucionalidad es de carácter preparatorio, es decir, no tiene la calidad de acto principal y mucho menos definitivo; además que, se deduce del artículo 54 de la Constitución Política, que es la acción de amparo de garantías constitucionales la que correspondía ejercitar en la medida en que el acto impugnado es de carácter individual, esto es, que se expidió contra determinada persona. De allí que, no sea viable su revisión por esta vía constitucional.

Por las consideraciones anteriores, la Corte Suprema de Justicia, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA NO VIABLE la demanda de inconstitucionalidad incoada por Licenciado C.A.M., actuando en nombre y representación de I.B. De León, por haber equivocado la vía para la defensa o tutela de sus derechos, y ORDENA EL ARCHIVO INMEDIATO.

N., archívese y publíquese,

ABEL AUGUSTO ZAMORANO

O.O.D.- (Con Voto Razonado) JOSÉ EDUARDO AYU P.C.V.L.B.P.S.M.H.A.D.G.L.R.F.S. (Con Salvamento de Voto) J.M. E (Con Voto Razonado) H.J.M.D. (Con Voto Razonado)

YANIXSA Y. YUEN C. (Secretaria General)

VOTO RAZONADO DEL MAGISTRADO O.O.D..

Respetuosamente debo manifestar que, a pesar de estar de acuerdo con la parte resolutiva de la presente Resolución del Pleno de esta Corporación de Justicia, mediante la cual "DECLARA NO VIABLE la demanda de inconstitucionalidad incoada por el Licenciado C.A.M., actuando en nombre y representación de I.B. De León, por haber equivocado la vía para la defensa o tutela de sus derechos, y ordena el archivo inmediato",no comparto la afirmación que se realiza en la parte final del cuarto párrafo de la quinta página de la Resolución comentada que dispone que "además que, se deduce del artículo 54 de la Constitución Política, que es la acción de amparo de garantías constitucionales la que correspondía ejercitar en la medida en que el acto impugnado es de carácter individual, esto es, que se expidió contra determinada persona. De allí que, no sea viable su revisión por esta vía constitucional". Esto lo manifiesto, debido a que en este tipo de caso no debe indicarse la vía sugerida en forma precisa, ya que no puede anticiparse juicios que comprometan una futura decisión.

Dentro del marco conceptual expuesto, es que comparto la parte resolutiva de la decisión jurisdiccional aprobada por el Pleno de esta Corporación de Justicia.

Con el debido respeto,

Fecha Up Supra.

O.O.D.

LCDA. YANIXSA Y. YUEN (Secretaria General)

Salvamento De Voto Del Magistrado L.R.F.S.

De La Manera Más Respetuosa, Expreso Mi Disconformidad Con La Decisión Que Declara No Viable La Demanda De Inconstitucionalidad Presentada Contra La Resolución De 12 De Julio 2006, Argumentando Que Se Trata De Un Acto Individua, Que Debió Impugnarse, A Través De Una Acción De Amparo De Garantías Constitucionales.

A Mi Juicio, Esta Criterio Resulta Contrario A Lo Preceptuado En Los Artículo 206 De La Constitución Y 2554 Del Código Judicial. El Contenido De Estas Normas, Dice Así:

Constitución Política De La República De Panamá

"Artículo 206. La Corte Suprema De Justicia Tendrá, Entre

Sus Atribuciones Constitucionales Y Legales Las Siguientes:

  1. La Guarda De La Integridad De La Constitución Para

Lo Cual La Corte En Pleno Conocerá Y Decidirá, Con Audiencia Del Procurador General De La Nación O Del Procurador De La Administración, Sobre La Inconstitucionalidad De Las Leyes, Decretos, Acuerdos, Resoluciones Y Demás Actos Que Por Razones De Fondo O De Forma Impugne Ante Ella Cualquier Persona".

Artículo 2554. Al Pleno De La Corte Suprema De Justicia Le

Corresponderá Privativamente Conocer Y Decidir De Manera

Definitiva Y En Una Sola Instancia:

1...

2...

3. De La Inconstitucionalidad De Todas Las Leyes, Decretos

De Gabinete, Decretos -Leyes, Reglamentos, Estatutos, Acuerdos, Resoluciones Y Demás Actos Provenientes De Autoridad Impugnados Por Razones De Fondo O De Forma.

Aunado A Lo Anterior, Advierto Que El Argumento Que Sostiene Que La Resolución De 12 De Julio De 2006, Es Una Acto De Carácter Individual, No Revisable A Través De Una Demanda De Inconstitucionalidad; Contraviene La Propia Sentencia Que Emitiese Esta Corporación De Justicia Y, Que Se Cita En Estos Términos:

Sentencia De 17 De Julio De 2007.

"...

Como Se Puede Apreciar, La Intercepción O Grabación

De Llamadas Telefónicas Puede Darse, Pero Siempre

En Cumplimento De Lo Que Establezca El Texto Constitucional Que, Como Vimos, Actualmente Le Confiere Esa Potestad A La Autoridad Judicial, En El Caso De Intervenciones Telefónicas. De Lo Contrario Y,

Según Lo Señala La Propia Carta Magna, La Intervención

Llevada A Cabo Por Una Autoridad Distinta, Impide Que Las Pruebas Recabadas Puedan Ser Utilizadas En Cualquier Proceso, Sin Perjuicio De Las Responsabilidades Penales En Que Incurran Los Autores.

Ello Nos Obliga A Realizar Un Estudio Lógico Jurídico Sobre Qué Debe Entenderse Por Autoridad Judicial, A Fin De Determinar Si La Autorización Que Realizó La Procuradora General De La Nación Para Intervenir Y Grabar Las Conversaciones Telefónicas Que Se Dieran Mediante Un Número Plural De Teléfonos, Por Medio De La Resolución De 17 De Agosto De 2005, Vulnera El Ordenamiento Constitucional.

...

Se Puede Apreciar Con Toda Claridad Que Al Hablar De Autoridad Judicial, Nos Referimos Exclusivamente A Aquellas Facultades Inherentes A La Investidura Del Cargo De Juez O Magistrado Como Parte De Un Tribunal Competente Para Conocer Determinada Causa Jurisdiccional, En Su Función De Administrar Justicia.

....

En Lo Que Respecta A Panamá Y, Como Hemos Visto, Cualquier Intervención Llevada A Cabo Sin Autorización Del Juez O Magistrado Competente Que Pretenda Ser Utilizada En Un Proceso, Constituye Una Prueba Ilícitamente Obtenida Y, Todo Lo Que Se Produzca A Razón De Ello, También Llevará La Misma Suerte...

Aunado A Lo Anterior, Podemos Decir Que Las Pruebas Así

Obtenidas, Es Decir, Una Intervención Telefónica Llevada A Cabo U Ordenada Por Una Autoridad Distinta Que No Sea La Judicial, Además De Ser Ilícita, Como Se Manifestó, Si Es En Violación De Un Derecho Fundamental La Convierte Igualmente En Inconstitucional Y Esa Situación, Es Insubsanable.

Con Base En Todo Lo Anotado, Esta Superioridad Se Ve Obligada A Precisar Que Con La Declaratoria De Inconstitucionalidad Del Acto Censurado, Resulta Oportuno

Aclarar Los Efectos Que Produce Este Pronunciamiento Del Pleno De La Corte. En Ese Sentido, Esta Corporación De Justicia Ha Señalado De Manera Uniforme, En Los Casos De Jurisdicción Constitucional Objetiva En Que Lo Que Se Demanda No Es Una Norma Legal, Sino Un Acto De Carácter Individualizado, Como Ocurre En El Presente Caso, La Posibilidad De Otorgarle Efectos Retrospectivos O Ex-Tunc A La Sentencia De Inconstitucionalidad, Con La Finalidad Que, Efectivamente, Puedan Repararse Los Agravios Causados. Así, La Corte Ha Indicado Que:

"Si Se Permite Que Un Acto Jurisdiccional Pueda Ser Demandado Como Inconstitucional, Es Obvio Que Puede Ser Declarado Inconstitucional. Sostener Que La Decisión De La Corte En Estos Casos No Produce Efectos Retroactivos Y Que Sólo Produce Efectos Hacia Futuro, Traería Como Consecuencia Que La Declaratoria De Inconstitucionalidad Sea Totalmente Intrascendente, Inocua" (Sentencia De 3 De Agosto De 1990).

Se Estima También Conveniente Expresar Que Este Efecto De Inconstitucionalidad Es Relativo A Lo Solicitado Y, Exclusivamente Sobre Ellos, Es Decir, Sobre La Resolución S/N De 17 De Agosto De 2005, Proferida Por La Procuradora General De La Nación.

Sobre Este Particular Aspecto, Huelga Decir Que Este Pronunciamiento No Es Está Adentrando A Examinar Aspectos Sustanciales Y De Fondo Del Proceso Penal En Donde Se Efectuó La Intervención Telefónica. El Órgano Judicial Y, Sobre Todo, Esta Corporación De Justicia Reitera Su Interés En Combatir Los Delitos De Alto Perfil O Que Provengan Del Crimen Organizado, Que La Resolución Aquí Proferida Se Refiere Única Y Exclusivamente A La Inconstitucionalidad De La Orden De Escucha Telefónica Y, El Pleno De La Corte Suprema De Justicia Como Guardiana De La Integridad De La Constitución Está Confrontado Dicha Resolución Con El Artículo 29 De La Carta Política.

...

En Virtud De Lo Anteriormente Expuesto, El Pleno De La Corte Suprema, Administrando Justicia En Nombre De La República Y Por Autoridad De La Ley, Declara Que Es Inconstitucional, La Resolución S/N De 17 De Agosto De 2005, Proferida Por La Procuradora General De La Nación, Dentro Del Proceso Penal Seguido A A.S.C., Por La Supuesta Comisión De Un Delito De Corrupción.

..."

Ante Lo Expuesto, Concluyo Que Al Pleno Le Correspondía Emitir Un Pronunciamiento Sobre La Pretensión, Declarando Inconstitucional O No La Resolución De 12 De Julio De 2006; Por Lo Que Estimo Improcedente La Declaratoria De No Viable, Alegando Que Se Trata De Un Acto Individual Y Preparatorio, Cuya Impugnación Debió Darse A Través De La Acción De Amparo De Garantías Constitucionales.

Esta Posición No Es Compartida Por El Resto De Los Honorables Colegas Del Pleno, Consecuentemente, S.M.V..

Panamá, 14 De Julio De 2014.

L.R.F.S.

Yanixsa Y. Yuen C. (Secretaria General)

VOTO RAZONADO DEL MAGISTRADO. JERÓNIMO MEJIA E.

Respetuosamente, comparto la decisión de DECLARAR NO VIABLE la demanda de inconstitucionalidad promovida por el licenciado C.A.M., en representación de I.B. DE LEON, contra la RESOLUCIÓN DE 12 DE JULIO DE 2006 de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

Sin embargo, no estoy de acuerdo con lo expuesto en el penúltimo párrafo de la Resolución que antecede, que indica al recurrente que la vía que debía utilizar era la de la acción de amparo de derechos fundamentales.

Me parece que ese tipo de precisiones son innecesarias y contraproducentes, pues pueden ser mal entendidas como una posición del Pleno respecto a la procedibilidad de una posible iniciativa constitucional subjetiva, que rebasa la función de control objetivo de constitucionalidad que -en este proceso- desempeña el Pleno de la Corte Suprema de Justicia.

Por los motivos expuestos, respetuosamente, hago este voto razonado.

Fecha ut supra,

J.M. E.

VOTO RAZONADO DEL MAGISTRADO H.J.M.D.

Respetuosamente, debo manifestar que comparto la decisión adoptada en el proyecto, no obstante, disiento en la parte motiva lo afirmado en cuanto a que: "...en esta demanda lo que se ataca son actos individuales, por lo cual, se desnaturalizaría el carácter extraordinario de la acción constitucional presentada, que no es viable para impugnar actos de investigación en un proceso penal", en virtud de lo dispuesto en el artículo 206 del Estatuto Fundamental y el artículo 2559 del Código Judicial, que a la letra expresan:

Artículo 206 de la Constitución Política.

La Corte Suprema de Justicia tendrá entre sus atribuciones constitucionales y legales las siguientes:

1. La guarda de la integridad de la Constitución para lo cual la Corte en pleno conocerá y decidirá, con audiencia del Procurador General de la Nación o del Procurador de la Administración, sobre la inconstitucionalidad de las leyes, decretos, acuerdos, resoluciones y demás actos que por razones de fondo o de forma impugne ante ella cualquier persona...

Artículo 2559 del Código Judicial.

"Cualquier persona, por medio de apoderado legal, puede impugnar ante la Corte Suprema de Justicia, las leyes, decretos, acuerdos, resoluciones y demás actos provenientes de autoridad que considere inconstitucionales, y pedir la correspondiente declaración de inconstitucionalidad." (lo resaltado es nuestro)

De ese modo vemos, que la acción de inconstitucionalidad procede contra todo acto, cuando las particularidades de la situación jurídica ameriten determinar si se ha originado o no alguna infracción en el plano constitucional, siempre que se cumplan los presupuestos para el análisis pertinente.

Por otro lado, estoy en desacuerdo con la advertencia sugerida al activador constitucional en cuanto a que la vía a utilizar sería la acción de amparo de derechos fundamentales, puesto que ello no es cónsono con la facultad que nos corresponde ejercer en esta acción constitucional, que es la guarda e integridad del ordenamiento constitucional, además podría inferirse o entenderse como un criterio de este Máximo Tribunal respecto a la procedibilidad de acciones constitucionales con estas particularidades.

H.J.M.D.