Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 18 de Diciembre de 2017

PonenteAbel Augusto Zamorano
Fecha de Resolución18 de Diciembre de 2017
EmisorPleno

VISTOS:

En estado de resolver se encuentra la Acción de Inconstitucionalidad presentada por el Licenciado L.A.C.A., actuando en nombre y representación del señor E.J.R.B., para que se declare inconstitucional el artículo 345 del artículo único de la Ley No.14 de 18 de mayo de 2007, que corresponde al artículo 351 el Texto Único del Código Penal.

  1. ACTO ACUSADO DE INCONSTITUCIONAL

    Mediante la norma acusada, que es el artículo 345 del artículo único de la Ley No.14 de 18 de mayo de 2007, que corresponde al artículo 351 el Texto Único del Código Penal, se dispone que:

    "El servidor público que, presuntamente o por interpuesta persona, incremente indebidamente su patrimonio respecto a los ingresos legítimos obtenidos durante el ejercicio de su cargo y hasta cinco años después de haber cesado en el cargo, y cuya procedencia lícita no pueda justificar será sancionado con prisión de tres a seis años.

    La pena será de seis a doce años de prisión si lo injustificadamente obtenido supera la suma de cien mil balboas (B/100,000.00)"la misma sanción se aplicará a la persona interpuesta para disimular el incremente patrimonial no justificado.

    Para efectos de esta disposición, se entenderá que hay enriquecimiento injustificado, no solo cuando el patrimonio se hubiera aumentado con dinero, cosas o bienes, respecto a sus ingresos legítimos, sino también cuando se hubieran cancelado deudas o extinguido obligaciones que lo afectaban." (subrayado es nuestro)

  2. TEXTO CONSTITUCIONAL QUE SE CONSIDERA INFRINGIDO

    La sociedad demandante aduce la violación de los artículos 22, 25, 32, 163 numeral 1, 4, 313, 314, 17, 215 numeral 2, de la Constitución, por las siguientes razones:

    En cuanto al Artículo 22 de la Constitución Política, el demandante sostiene que con la norma atacada que contiene el principio de presunción de inocencia, se viola en concepto de violación directa por omisión, al obligar al sujeto a justificar el incremento de su patrimonio, aún cuando de la norma constitucional se desprende que esta presunción no puede ser limitada o restringida.

    Para sustentar la infracción del artículo 25 de la Constitución Política, el demandante explica que se contraviene en concepto de violación directa por omisión, con la norma denunciada el derecho constitucional de guardar silencio y no declarar contra sí mismo, mientras que el artículo 351 del Código Penal obliga al sujeto pasivo a declarar para demostrar su inocencia.

    Con relación al artículo 32 de la Constitución Política, que consagra la garantía del debido proceso, asegura que fue vulnerado en concepto de violación directa por comisión, pues si bien la norma legal atacada cumplió con el proceso de aprobación y sanción incumple los preceptos constitucionales que garantizan el derecho a guardar silencio y presunción de inocencia.

    En ese mismo orden, asegura ocurre la infracción del artículo 163, numeral 1 de la Constitución, en concepto de violación directa por omisión, pues esta norma constitucional establece el principio de jerarquía normativa de la Constitución y habiéndose vulnerado los artículos 22 y 25 constitucional, ocurre la infracción.

    Para sustentar la violación del artículo 4 de la Constitución Política señala que la misma fue vulnerada en forma directa por omisión, al desatender su contenido y afectar derechos humanos reconocidos en el artículo 8 numeral 2, literal g de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que contemplan la garantía de presunción de inocencia y el derecho a guardar silencio y no declarar en su contra.

    Sostiene que la infracción de los artículos 313 y 314 de la Constitución ocurre en concepto de violación directa por omisión, pues esta norma contiene el principio de rigidez constitucional, y aún así la norma legal atacada pretende derogar los derechos constitucionales establecidos en los artículos 22 y 25.

    En referencia al artículo 17 de la Constitución Política, que reconoce la obligación de las autoridades de la República de proteger a los nacionales y extranjeros, así como asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales y cumplir y hacer cumplir la Constitución, explica que la misma fue violentada en forma directa por omisión, al desconocerse en el contenido de la norma atacada los derechos de presunción de inocencia y no ser obligado a declarar en juicio criminal en su contra y guardar silencio.

    Finalmente, sostiene que la norma atacada viola en forma directa por omisión el artículo 215, numeral 2 de la Constitución Política, toda vez que desconoce un mandato constitucional de tutela judicial efectiva del sujeto pasivo de la acción penal, refiriéndose nuevamente a las garantías establecidas en los artículos 22 y 25 de la Constitución Política.

  3. OPINIÓN DE LA PROCURADORA GENERAL DE LA NACIÓN

    Admitida la demanda, se corrió traslado a la señora Procuradora General de la Nación, quien emitió concepto sobre los cargos formulados por el demandante mediante Vista No.3 de 9 de febrero de 2015, oponiéndose a la solicitud efectuada por el demandante en los siguientes términos:

    "En ese norte, observarán que el texto demandado no conlleva una exclusión de derecho alguno, por cuanto de su lectura no se verifica imposición de sanción punitiva inmediata, con relevación de investigación objetiva dirigida por el Fiscal de la causa, o por ejemplo, al ejercicio de otras garantías como el debido proceso, concebida desde el desarrollo doctrinal y jurisprudencial empleado por vuestra Judicatura.

    ...

    En virtud de lo anterior, difiero de la interpretación que hace el activador constitucional en cuanto al artículo 345 ahora 351 del Código penal, ya que este texto legal no conmina, obliga o exige al presunto infractor deber alguno de aceptar responsabilidad penal; adviértase que toda la investigación será llevada a cabo por el Ministerio Público en estricta colaboración la Contralolría General de la República y demás entidades públicas y/o privadas para recabar los elementos probatorios e indiciarios que acrediten o desacrediten la teoría del caso propuesta (leáse investigación objetiva), de conformidad con la Ley.

    ...

    Aún cuando el letrado C.A. deduzca una inversión de la carga de la prueba, a razón de la frase "...cuya procedencia no puede justificar", contenida en el primer párrafo del artículo 345, ahora 351 del Código Penal, no menos cierto es que el tipo penal es claro cuando advierte que el sujeto activo, esencialmente, corresponde a un servidor público, de conformidad con el artículo 299 de la carta Magna y desarrollado en la ley No. 59 de 29 de diciembre de 1999, lo que desarticula en la medida que éstos, han aceptado voluntariamente el ejercicio y, en su caso, el manejo de bienes relacionados con la función pública y los haberes nacionales; lo que conlleva en sí mismo, una exigencia de rendición de cuenta propia de sus funciones, desde el momento de su relación con el estado hasta finalizar de ella, la que puede verificarse hasta cinco (5) años después de culminada.

    ...

    Tal como hemos acotado previamente el constituyente patrio atinadamente tutela el derecho a la propiedad privada lícitamente adquirida y, por tanto, adopta las medidas correspondientes mediante ley formal para la debida persecución de los haberes, indebidamente obtenidos (Código Civil); aumentando su control cuando el beneficiario se desempeña o ha fungido como servidor público y se aprecia un incremento desmesurado de su patrimonio, alejado de la razonabilidad, correlacionada con los ingresos declarados (Código Penal).

    ...

    Aún cuando el Acto legislativo No. 1de 2004 que adicionó el segundo párrafo del Artículo 17, integró el principio pro libertatis, conllevando una atención vasta de los derechos fundamentales consignados en los tratados o convenios internacionales de derechos humanos, no constata esta Procuraduría vulneración alguna de los derechos fundamentales de los asociados con la aprobación y sanción del artículo 341 del Artículo Único de la ley 14 de 18 de mayo de 2007 que corresponde al Artículo 345 del Texto Único del Código Penal.

    Por otra parte, mal podrían reputarse vulnerados los artículos 163 numeral 1, 215 numeral 2, 313 y 314 de la Constitución Política de la república, por cuanto la norma atacada de inconstitucional no ignora contenido alguno de dicho cuerpo supremo y menos aún, tiene la eficacia para derogarla. Por ello reiteramos que el artículo 345 ahora 351 del Código Penal, no contraría la letra o el espíritu de la Constitución, en la medida que protege la propiedad privada obtenida conforme a derecho y el correcto desenvolvimiento de la administración pública; así como la probidad de sus colaboradores, enlistados en el artículo 299 de la Carta Magna."

  4. ALEGATOS FINALES

    Devuelto el expediente, procedió a fijarse el negocio en lista para la publicación de los correspondientes edictos. No obstante, durante el respectivo término de ley, no compareció persona alguna.

  5. DECISIÓN DE LA CORTE

    Nos corresponde entonces, en función de las consideraciones anteriores, examinar los cargos de violación esgrimidos por el demandante, para verificar si es cierta la Inconstitucionalidad demandada, en el sentido de que el artículo 345 del artículo único de la Ley No.14 de 18 de mayo de 2007, que corresponde al artículo 351 el Texto Único del Código Penal, vulnera los artículos 22, 25, 32, 163 numeral 1, 4, 313, 314, 17, 215 numeral 2, de la Constitución Política.

    Como se lee de la norma atacada, va dirigida a sancionar al servidor público que incremente indebidamente su patrimonio respecto a los ingresos legítimos obtenidos durante el ejercicio de su cargo y hasta cinco años después de haber cesado en el cargo y cuya procedencia lícita no pueda justificar.

    Esto es lo que se conoce como delito de enriquecimiento injustificado, siendo un indicio de este enriquecimiento cuando el incremento patrimonial y/o del gasto económico personal del servidor público, es notoriamente superior al que normalmente haya podido obtener en virtud de sus sueldos o emolumentos percibidos, o de los incrementos de su capital, o de sus ingresos por cualquier otra causa lícita.

    En ese orden de ideas, teniendo en cuenta que la norma atacada introduce la figura del servidor público a su contenido en el párrafo primero, como sujeto activo calificado del delito, es oportuno señalar que la Constitución Política de la República de Panamá, expresa en su artículo 299, una definición de lo que se entiende como servidor público:

    "Son servidores públicos las personas nombradas temporal o permanentemente en cargos del Órgano Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de los Municipios, entidades autónomas o semiautónomas; y en general, las que perciban remuneración del Estado:"

    Esta Superioridad ha desarrollado de manera explícita el alcance y sentido de la norma constitucional planteada, indicando que "...servidor público es el que ha sido nombrado para un cargo en los entes estatales que menciona la norma (constitucional) y que además, percibe un ingreso del Estado" (Cfr. sentencia de 3 de abril de 2009).

    También se ha dicho que, el servidor público es aquella persona que presta servicios al Estado, por tanto administra, recursos del Estado, que son bienes pertenecientes a la sociedad en general. En ese sentido, se requiere del servidor público, un desempeño inspirado en principios de igualdad, moralidad, imparcialidad, eficacia, economía, celeridad y publicidad, debido a que el hecho de administrar recursos del Estado le confieren un comportamiento intachable, porque la sociedad, demanda honestidad, lealtad y transparencia en la administración pública. (Sentencia de 6 de agosto de 2014)

    Para entender un poco acerca de la génesis de esta norma y continuar con el análisis constitucional, debemos señalar que las finalidades político criminales se van generando conforme van surgiendo en el escenario hechos antisociales, y de acuerdo a las necesidades preventivas o aseguradoras, por lo que, están presentes en cada acción de los operadores jurídico penales, particularmente, en la determinación de los nuevos criterios que han incidido en la evolución del Derecho Penal.

    Asimismo, con el avance de la ciencia y la tecnología, y la expansión del proceso de globalización de la economía, con la consecuente relación entre los componentes económicos o financieros regionales y mundiales, aparece una corrupción transversal generalizada yel manejo fraudulento de los presupuestos y economías de los Estados por parte de sus funcionarios, lo que ha generado la necesidad de adecuar al Derecho Penal, para hacer frente a esta nueva tipología delictiva compleja por sus implicaciones y conexidades delictivas.

    Ante estas nuevas necesidades políticas criminales, el Derecho Penal debe estar en permanente actualización, para mantener su vigencia, ampliando sus ámbitos de acción e influencia. Ello ha determinado la llamada expansión del Derecho Penal, así como las nuevas concepciones de muchas de las categorías jurídico penales.

    El problema de los delitos de corrupción de servidores públicos es uno de los principales problemas que afecta a la sociedad y los esfuerzos por combatirla parecen no ser suficientes; sobre todo si se abordan jurídicamente como si se tratara de un delito clásico. En ocasiones, constituyen actos de difícil probanza antes, durante y después del desempeño en el cargo. Incluso, las investigaciones que se llevan cabo en ese sentido, muchas veces, son denunciadas como mecanismos de persecución política.

    En este nuevo marco de acontecimientos ynecesidades político criminales, la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos a través de sendas Convenciones contra la Corrupción, han dispuesto que los Estados partes, con sujeción a sus Constituciones y a los principios fundamentales de sus ordenamientos jurídicos, deben tipificar las diversas formas de corrupción y, particularmente, el delito de enriquecimiento ilícito de los servidores públicos, en un esfuerzo urgente encaminado a prevenir y combatir estos hechos.

    Así, la Convención Interamericana contra la Corrupción, suscrita en Caracas, Venezuela, el 29 de marzo de 1996, en su artículo IX, y ratificada por la República de Panamá mediante Ley No.42 de 1 de julio de 1998, incluye la tipificación del tipo penal de enriquecimiento injustificado, señalando que se trata de "...el incremento del patrimonio del funcionario público con significativo exceso respecto de sus ingresos legítimos durante el ejercicio de sus funciones y que no pueda ser razonablemente justificado por él."

    Por otro lado, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, fue aprobada mediante Resolución 58/4 de 31 de octubre de 2003, y en su prefacio K.A.A., ex-Secretario General de las Naciones Unidas, señaló que "La Convención introduce un conjunto cabal de normas, medidas y reglamentos que pueden aplicar todos los países para reforzar sus regímenes jurídicos y reglamentarios destinados a la lucha contra la corrupción. En ella se pide que se adopten medidas preventivas y que se tipifiquen las formas de corrupción más frecuentes tanto en el sector público como en el privado. Además, se da un paso decisivo al exigir a los Estados Miembros que devuelvan los bienes procedentes de la corrupción al país de donde fueron robados."

    Más adelante, en su Preámbulo se indica que "Convencidos de que el enriquecimiento personal ilícito puede ser particularmente nocivo para las instituciones democráticas, las economías nacionales y el imperio de la ley", incorpora el concepto de enriquecimiento ilícito, en su artículo 20, de la siguiente manera:

    "Artículo 20. Enriquecimiento ilícito

    Con sujeción a su constitución y a los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometa intencionalmente, el enriquecimiento ilícito, es decir, el incremento significativo del patrimonio de un funcionario público respecto de sus ingresos legítimos que no pueda ser razonablemente justificado por él."

    La figura penal del enriquecimiento injustificado, surge bajo la perspectiva político criminal de prevenir y/o castigar el uso, en diversas formas, de las prerrogativas, concedidas por los cargos públicos detentados, para obtener acrecentamientos patrimoniales no justificables ni justificados, con los ingresos normales y lícitos del funcionario o servidor en el ejercicio del cargo o empleo.

    En este contexto de propósitos y necesidades político criminales y de referencia internacional y constitucional, los diversos países han tipificado el delito de Enriquecimiento Ilícito en sus respectivos Códigos Penales, y como ya hemos visto, Panamá no es la excepción, en el entendido que la propia Constitución Política en su Artículo 4,citado por el actorseñala la obligación de acatar las normas de Derecho Internacional, tratándose de una declaración que hace nuestro país a la comunidad internacional, en el sentido de que se somete a las normas que se dicten en busca de una mejor convivencia mundial, las que irá adecuando a su ordenamiento jurídico interno.

    A propósito de esta norma constitucional (Artículo 4), se ha pronunciado esta Corporación en múltiples ocasiones, señalando que Panamá se ha obligado voluntariamente a observar los tratados o convenios que hubiera aprobado y ratificado según el procedimiento establecido en el orden jurídico interno, pero sin soslayar que su cumplimiento se encuentra regido por el derecho internacional.

    Respecto a la naturaleza jurídica e imperatividad de los tratados, el D.C.Q. señaló que, "en cuanto a su fuerza normativa, son leyes especialísimas, que no pueden ser derogadas por leyes posteriores, ni siquiera por constituciones ulteriores a la vigencia de un tratado, aunque contenga normas contrarias a las cláusulas del mismo." (Ensayos sobre Historia Constitucional de Panamá, Editora Jurídica Panameña, 1981, pág. 529).

    Ciertamente, la ley que aprueba un tratado permite que este instrumento internacional se incorpore al ordenamiento jurídico nacional, con fuerza de ley, y consecuentemente, son de obligatorio cumplimiento. Sin embargo, tal como sostuvo el D.Q., esa fuerza es superior a las otras leyes, toda vez que no pueden de ninguna manera ser desconocidos ni tampoco derogados por leyes posteriores.

    En los términos expuestos por esta norma constitucional, puede aseverarse que dicho principio consagra la afirmación expresa que nuestro país está comprometido con obedecer las normas del Derecho Internacional.

    Aclarado lo anterior, resulta que a contrario sensus de lo expuesto por el demandante, se advierte que la norma atacada se trata de una norma penal que se incorpora a la legislación panameña, en función de atender aquellos compromisos internacionales en materia de la lucha y combate a modalidades delictivas que involucran a personas que, por su especial condición de servidores públicos, deben actuar conforme a las razones para las cuales fueron designadas, es decir, para servir al Estado y no para servirse de él, afectando a toda la sociedad, con un incremento indebido de su patrimonio mediante el lucro obtenido en razón de su cargo.

    Ciertamente, por razones de política criminal, y de persecución de delitos graves como el de la corrupción se han desarrollado tipos penales a la luz de esta serie de convenciones internacionales contra la corrupción, firmados por la República de Panamá, y que conforme a lo dispuesto en el artículo 4 de la Constitución Política, Panamá debe adecuar su legislación interna conforme a los principios que orientan estas Convenciones.

    Por tanto, esta normativa penal, incorporada a nuestra legislación, viene originada en razón de compromisos internacionales, suscritos por la República de Panamá, en materia de la lucha generalizada contra la corrupción; entendida ésta como un fenómeno maligno que se da en todos los países, grandes o pequeños, ricos o pobres, con efectos devastadores en el mundo en desarrollo.

    Aclarado lo anterior respecto al tipo penal contenido en la norma atacada, y en atención a lo que hemos explicado sobre la génesis de este tipo de normas en los ordenamientos jurídicos de los países que se han comprometido en la lucha contra la corrupción en todas sus formas y modalidades, señalamos que no existe tal vulneración del artículo 4 de la Constitución Política, pues el legislador patrio al establecer el tipo penal de enriquecimiento injustificado, no hace más que adecuar nuestra legislación a los tiempos modernos, que demandan de nuevas tipologías delictivas para combatir la corrupción escandalosa que hace sucumbir los cimientos democráticos de los países como el nuestro, sin que se advierta de su contenido algún vicio que contradiga lo dispuesto en la citada norma constitucional.

    Lo anterior también encuentra fundamento en el Artículo 17 de la Constitución Política, según el cual las autoridades panameñas están instituida para proteger los derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos, pues lo que se propone el legislador patrio es acatar las normas de derecho internacional, aprobando esta norma que limita conductas que lesionan bienes jurídicos como la Administración del Estado, porque finalmente lo que se está protegiendo es el derecho a los pueblos a su desarrollo integral, y se han comprobado que la Corrupción de los servidores públicos es un freno importante para el Desarrollo Humano, al cual tienen derecho todos los ciudadanos.

    Dicho esto, es menester confrontar la norma con los otros preceptos constitucionales, a fin de verificar si existe alguna contravención al texto fundamental en el contenido del artículo 351 del Texto Único del Código Penal, cuya letra es la mismo que la del Artículo 345 del Artículo Único de la Ley No.14 de 18 de mayo de 2007.

    Se sostiene que la norma legal atacada vulnera los artículos 32, 22 y 25 de la Constitución Política, desde la perspectiva de la vigencia de los derechos fundamentales, específicamente, los que guardan relación con el debido proceso y las garantías de presunción de inocencia y no autoincriminación, señalando al respecto que se infringen dichos postulados constitucionales al invertirse la carga de la prueba en contra del imputado, sobre la licitud del incremento patrimonial en los casos que se trate de servidor público y extendiendo dicha previsión a un plazo de cinco años después de cesado en el cargo.

    Como sabemos, es una realidad en nuestro entorno, la existencia de servidores públicos que asumen el cargo con la finalidad de procurarse provechos y enriquecerse a toda costa, evidenciándose así, respecto de los administradores de la cosa pública, signos exteriores de riqueza o incremento patrimonial sin justificación ni legitimidad, en perjuicio del fisco y de la correcta administración de justicia, que empobrece al Estado y generan desconfianza e inseguridad política, jurídica, económica y social, máxime si estos agentes procuran enquistarse en los aparatos del Estado para perpetuar sus actividades y mantener su impunidad.

    En respuesta a ello, Panamá, como estado social y democrático de derecho, debe responder a esos actos lesivos a través del ius puniendi, conforme a la normas y principios constitucionales, y además en armonía con los tratados y convenios internacionales que ha suscrito. Es allí donde encuentra sustento la configuración del tipo penal de enriquecimiento injustificado.

    El principio de legalidad, se encuentra reconocido en el artículo 32 de la Constitución Política:

    Nadie será juzgado, sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales, y no más de una vez por la misma causa penal, administrativa, policiva o disciplinaria

    El Pleno considera conveniente reiterar que el artículo 32 de la Constitución consagra la garantía constitucional del debido proceso como una institución instrumental en virtud de la cual debe asegurarse a las partes en todo proceso legalmente establecido y que se desarrolle sin dilaciones injustificadas- oportunidad razonable de ser oídas por un tribunal competente, predeterminado por la ley, independiente e imparcial, de pronunciarse respecto de las pretensiones y manifestaciones de la parte contraria, de aportar pruebas lícitas relacionadas con el objeto del proceso y de contradecir las aportadas por la contraparte, de hacer uso de los medios de impugnación consagrados por la ley contra resoluciones judiciales motivadas y conforme a derecho, de tal manera que las personas puedan defender efectivamente sus derechos.

    Ahora bien, teniendo en cuenta que el conjunto de principios y garantías que contiene el debido proceso, al que se refiere el artículo en mención, tienen vigencia en el marco de un proceso, podría señalarse que su contenido no guarda relación con la norma sustantiva atacada en su párrafo primero, que describe un tipo penal. Sin embargo, teniendo en cuenta que del principio de legalidad allí contenido se desprende el principio de tipicidad, es necesario señalar que el contenido del artículo 351 del Código Penal, es taxativo y no admite dudas, por lo que, su contenido expresa de manera clara e inequívoca los supuestos del tipo penal, sin colisionar con los principios fundamentales que sustenta nuestro ordenamiento jurídico constitucional, y que se hallan contenidos, entre otros, en el artículo 32 de la Constitución Política.

    Tanto así que, el legislador introduce en el texto cuáles son los supuestos en los cuales ha de entender el enriquecimiento injustificado, destacando como elementos materiales: 1. el contraste ostensible entre el patrimonio económico anterior y al patrimonio económico posterior del sujeto; 2. el incremento relevante; 3. los objetos que constituyen el medio material; 4. la ilicitud formal y el deber de justificación por parte del sujeto activo calificado, 5. la relación funcional del enriquecimiento con el cargo.

    Téngase en cuenta que, el párrafo del artículo 351 que se demanda inconstitucional, no puede ser analizado de forma aislada, sino que necesariamente debe ser revisado en su contexto, y atendiendo el sentido íntegro de la norma completa, que está contenida en el Título X, de los delitos contra la administración pública.

    En ese orden, se entiende que el bien jurídicamente protegido en este tipo de delitos lo es la administración pública, pero lo que en realidad se busca garantizar es el normal y correcto ejercicio de los cargos públicos, obligando jurídico-penalmente a los servidores públicos a que ajusten sus actos a las pautas de lealtad y servicio a la Nación.

    Si bien es cierto que como categoría genérica se tiene a la administración pública como bien jurídico tutelado, lo que se afecta con el enriquecimiento injustificado es la funcionalidad, el prestigio, la dignidad y la confianza de la función pública y la actuación de los agentes que lo integran.

    Lo anterior encuentra correlación y en gran medida representa el desarrollo legal de lo expresado en nuestra propia Constitución Política, en el artículo 304, que señala:

    "El Presidente y el Vicepresidente de la república, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de los Tribunales Ordinarios y especiales, el Procurador General de la Nación y el de la Administración, los Jueces, los Ministros de Estado, el Contralor General de la República, el presidente de la Asamblea Nacional, los Magistrados del Tribunal Electoral, los Magistrados del Tribunal de Cuentas, el F. General Electoral, el Defensor del Pueblo, los Directores Generales, G. o Jefes de Entidades Autónomas, los Directores Nacionales y Provincial de los Servicios de Policía, empleados o funcionarios públicos de manejo conforme al Código Fiscal, deben presentar al inicio y al término de sus funciones una declaración jurada de su estado patrimonial, la cual deberán hacer mediante escritura pública, en un término de diez días hábiles a partir de la toma de posesión del cargo y diez días hábiles a partir de la separación.

    ...

    Esta disposición tiene efectos inmediatos, sin perjuicio de su reglamentación por medio de la Ley."

    Se establece así, la obligatoriedad del agente por justificar razonablemente su incremento del patrimonio obtenido durante el ejercicio de sus funciones públicas, basado en su declaración jurada de bienes y rentas, de manera que, si éste es notoriamente superior al que normalmente haya podido tener en virtud de sus ingresos salariales o incremento capital por causas lícitas le corresponde al agente en virtud de esa declaración previa, justificar razonablemente que dicho incremento obedece a causa lícita.

    De lo contrario, la percepción de enriquecimiento prevalece y podría derivarse una investigación penal, para la cual, las declaraciones de renta que el funcionario debe presentar al ingresar al cargo y al salir, servirán de prueba documental valiosa respecto a la naturaleza y alcance de su enriquecimiento

    Con relación a la presunción de inocencia y el derecho a no autoincriminarse, contenidos en los artículos 22 y 25 de la Constitución, y su antagónica relación con la inversión de la carga de la prueba en materia penal, a la que se refiere el demandante, este tema puntual ha sido analizado por la doctrina, señalando que el enriquecimiento injustificado o indebido, se trata de un delito que, por su naturaleza compleja requiere de nuevas formas de investigación para la comprobación del hecho, que permitan asegurar la eficacia del resultado de la investigación, y en ese sentido, encontramos que la propia Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, incorporada a nuestro sistema jurídico, a través de la Ley No.15 de 10 de mayo de 2005, en su artículo 31, numeral 8, expresa que:

    "Artículo 31

    8. Los Estados Parte podrán considerar la posibilidad de exigir a un delincuente que demuestre el origen lícito del presunto producto del delito o de otros bienes expuestos a decomiso, en la medida en que ello sea conforme con los principios fundamentales de su derecho interno y con la índole del proceso judicial u otros procesos."

    Respecto a la teoría de inversión de la carga de la prueba que acompaña la demanda, la Corte tiene una posición distinta a la del actor, pues, en principio, el servidor público, habiendo asumido el privilegio que cualquier persona común y corriente no lo tiene, a la vez, asume deberes que la función o cargo implica, conforme al ordenamiento jurídico. Pero, es oportuno traer a colación lo que han dicho algunos autores en torno al tema.

    F.R.V. (Delitos contra la Administración Pública, p. 864),afirma que"...Cuando el tipo penal señala refiriéndose al sujeto público '"no puede justificar razonablemente" no está diciendo con ello que no justifique, esto es que no quiera o se vea imposibilitado de justificar, sino que más bien está colocándose en la situación racional, desde la perspectiva normativa, que pese a sus intentos las razones dadas para justificar el incremento no son idóneas o suficientes para superar la imputación de ilicitud, lo cual no supone que el juez vea en ello criterio de culpabilidad, pues está el F. en la obligación de presentar un plexo probatorio razonable, más allá de la inidoneidad del sustento del sujeto público imputado. El deber de justificar si bien es un importante componente del núcleo de la ilicitud penal por sí solo, ante su ausencia no consuma el delito. La no justificación razonable en el proceso penal es un factor de primera importancia para avanzar en la acreditación del delito, pero sin embargo y pese a su importancia para dar por consumado el delito de enriquecimiento ilícito el Fiscal deberá acreditar con los medios probatorios, que detallan objetiva y técnicamente el incremento notorio, que dicho incremento no justificado o insuficientemente justificado es ilícito; en ese contexto deberá el Fiscal confirmar que la inidoneidad de las razones dadas por el procesado se basan en la procedencia ilícita del incremento..."

    Al parecer del jurista peruano F.R., la justificación del plus significativo que hace enriquecimiento ilícito y que se requiere al sujeto público imputado en el proceso penal, no es propiamente un problema de inversión de la carga de la prueba, ya que es un deber del sujeto público rendir cuentas y poner en evidencia la pulcritud y lícita procedencia de sus activos, siendo que dicho deber de justificar se fundamenta y legitima en la posición de garante asumida por el funcionario y servidor público al ingresar al servicio de la nación, siendo un mandato derivable del enunciado constitucional que positiviza el hecho que los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la Nación.

    Asimismo, I.M. (Delitos contra la Administración Pública, USAID-Panamá, Serie de Publicaciones Lecciones aprendidas y buenas prácticas en el Ministerio Público de Panamá, 2007, p. 100), señala que con frecuencia se critica al delito de enriquecimiento ilícito de inconstitucional porque, se dice, constituye una inversión de la carga de la prueba. Ello, sin embargo, no es correcto. Hay que partir de que cuando el servidor público tiene la obligación de presentar su Declaración Jurada de Estado Patrimonial, dicha obligación ha de cumplirla no sólo cuando empieza y termina su cargo público, sino también cada determinado lapso (Artículo 1 de la Ley No.59). Y la razón de ser de esta obligación, que el servidor público asume voluntariamente al asumir voluntariamente el cargo, es que el Estado no puede invertir tiempo ni dinero en investigar el real estado financiero de todos los servidores públicos, otorgándoles entonces a las declaraciones que hacen los funcionarios públicos sobre su patrimonio calidad de declaración jurada.

    Agrega que, a partir de ahí, es que no se podrá justificar el incremento patrimonial, cuando el servidor público no haya cumplido previamente con declarar con veracidad y objetividad su real situación patrimonial. El incumplimiento de un deber que le compete, exclusivamente, al servidor público y no al Estado (declarar por juramento su real situación patrimonial) no podría cargar al Estado y pretender que sea el Estado quien deba probar que el origen del incremento no se corresponde con los ingresos lícitos, sino que el incumplimiento de tal deber sólo puede suponer un carga para quien lo incumple, es decir, para el propio servidor público. Para decirlo en otras palabras, el servidor público no puede escudarse en su propia infracción.

    Consecuentemente, analizando tanto la norma atacada como el texto constitucional en su conjunto, no encontramos ningún elemento de contradicción, sino por el contrario son normas que se complementan de forma armoniosa, pues el agente debe cumplir con la responsabilidad de que las declaraciones juradas que efectúa correspondan a la verdad de sus ingresos y egresos como lo señala la Constitución, y si ese es el interés del constituyente, entonces era necesario desarrollar una norma que le diera vigencia material no sólo a ella sino a las Convenciones contra la corrupción, mediante la prohibición normativa de no enriquecerse aprovechándose de la función o cargo que desempeña.

    Recordemos que, por disposición constitucional, todo funcionario o servidor público de los listados en el artículo 304 transcrito, tiene el deber de mostrar su estado financiero al asumir y finalizar el cargo público. La Constitución, como toda norma, debe interpretarse sistemáticamente y en base a ello, en ponderación de intereses obviamente constitucionales.

    Si el servidor público solamente puede hacer lo que la ley le impone, no puede actuar más allá de lo que la norma le señale en el ejercicio de su cargo. En correspondencia la norma también le establece limitaciones, según el cargo, al tipo de actividad económica que puede realizar, por ejemplo, en el caso de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, solamente pueden ejercer la docencia. No hacerlo así, constituye infracción y, si a esta infracción se le agrega una grado ostensible de enriquecimiento, entonces se constata el enriquecimiento ilícito.

    Por lo anterior, los ingresos que los servidores públicos adquieren están limitados por normas de orden público, que señalan qué actividades pueden realizar y cuáles no; razón por la cual se indica en la norma demandada que el incremento injustificado del patrimonio puede ser interpuesta persona, que hábilmente con dolo y en concierto previo, con el servidor público, puede realizar actividades que por ley están prohibidas para éste, para beneficio de ambos.

    Así, el incremento del patrimonio del agente evidenciado de su propia acción con sus declaraciones juradas queson obligatorias por mandato constitucional, debe ser visto como indicio -que es distinto a presunción, desde el punto de vista estrictamente procesal, de que se enriquece ilícitamente; situación que el juzgador tendrá que evaluar objetivamente con todo el material probatorio acreditado (pericias, informes, testigos, etc.) ofrecido por el Ministerio Público, responsable de la carga de la prueba, y sin necesidad de requerir al agente demuestre la licitud del origen de su patrimonio; sin perjuicio que en ejercicio pleno de su derecho de defensa y el deber funcional que el cargo exige, o el agente, justifique el origen lícito de su enriquecimiento.

    Precisamente, se justifica la extensión hasta cinco (5) años después de dejado el cargo, en función de las actividades que se pueden desplegar para el ocultamiento de bienes de procedencia ilícita por el funcionario o por interpuesta persona, así como para lograr un mayor efecto disuasivo, ya que se le dificulta el disfrute de lo injustificadamente adquirido, sin que ello perjudique el disfrute real y efectivo de su derecho a la propiedad y bienes legítimamente adquiridos.

    En ese mismo orden, es necesario señalar que el ente acusador deberá sustentar los términos de su acusación sobre la base de los bienes o patrimonio que no se lograron justificar en la investigación objetiva que se hace del servidor público, con independencia de que éste participe de forma activa o no en la etapa probatoria, pues el Ministerio Público tiene el deber constitucional de investigar, lo favorable y desfavorable para el acusado.

    Para FRANCIA ARIAS, L. Y PEÑA CABRERA, R., (Delito de enriquecimiento ilícito, Ediciones Jurídicas, Lima, 1993, p. 48), la garantía de no autoincriminación impide concebir que el ilícito penal se realiza cuando el funcionario requerido renuncia a la obligación de defender, o no la satisface plenamente porque no logra justificar el origen ilícito de su incremento patrimonial. Lejos de ello, debe entenderse que la norma penal reprime el enriquecimiento ilícito dentro de los márgenes de delimitación derivados de la expresión "incremento patrimonial" y no el "incremento patrimonial no justificado", por otra parte existiría dificultad en aceptar la legitimidad de un delito que radicara en el incumplimiento de un deber administrativo.

    De lo que se verifica que, no se produce un estado de presunción o transgresión al principio de presunción de inocencia o al principio de no autoincriminación, contenidos en los artículos 22, 25 y 32 de la Constitución Política.

    Con relación al artículo 163, numeral 1 de la Constitución Política, no se encuentra afectación alguna de esta norma, teniendo como sustento para esta posición lo que ya hemos externado respecto a la compatibilidad de la norma atacada con el texto constitucional confrontado.

    Lo mismo ocurre en el caso del artículo 215, numeral 2, sobre formación de leyes procesales, y los artículos 313 y 314, que se refieren a los mecanismos de derogatoria o reforma constitucional; aspectos éstos que nada tienen que ver con el contenido de la norma legal atacada.

    Como corolario de lo expuesto, es necesario señalar que la tipificación del delito de enriquecimiento injustificado en el nuevo Código Penal, incorpora las propuestas y recomendaciones de la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, cumpliendo con un compromiso internacional asumido por Panamá y las otras naciones, interesadas en dotarse de un sistema normativo anticorrupción debidamente articulado con efectos disuasivos, preventivos y represivos frente a este tipo de crimen organizado que cada día se moderniza y exige la misma actualización a los entes llamados a combatirlos.

    Por lo tanto, al no haber sido comprobados los presupuestos para acreditar la vulneración de los artículos 22, 25, 32, 163 numeral 1, 4, 313, 314, 17, 215 numeral 2, así como de ningún otro artículo de la Constitución Política, lo procedente es denegar la presente Acción de Inconstitucionalidad, a lo que procedemos de inmediato.

    En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES INCONSTITUCIONAL el artículo 345 del artículo único de la Ley No.14 de 18 de mayo de 2007, que corresponde al artículo 351 el Texto Único del Código Penal.

    N. y Cúmplase,

    ABEL AUGUSTO ZAMORANO

    OYDÉN ORTEGA DURÁN -- GISELA AGURTO AYALA -- NELLY CEDEÑO DE PAREDES HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA -- HARRY A. DÍAZ -- LUIS R. FÁBREGA S. -- JERÓNIMO MEJÍA E. HARLEY J. MITCHELL D.

    YANIXSA Y. YUEN C. (Secretaria General)

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