Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 20 de Febrero de 2019

PonenteOydén Ortega Durán
Fecha de Resolución20 de Febrero de 2019
EmisorPleno

VISTOS:

El Licenciado M.A.G., en su condición de apoderado judicial del L.. J.A.J. de Puy, del señor J.Á.P., S. General y R.L. del Sindicato Industrial de Trabajadores del Comercio Víveres al P.M. y Menor y Elaboración de Productos Alimenticios (SITRACOVIP) y del señor A.A.R., S. General y R.L. de la Federación Autentica de Trabajadores (FAT); ha interpuesto ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, Acción de Inconstitucionalidad contra el Decreto Ejecutivo Nº 75 de 26 de diciembre de 2017, publicado en la Gaceta Oficial Nº 28433-A de 27 de diciembre de 2017, que fija las nuevas tasas de salario mínimo en todo el territorio nacional.

Acogida la Demanda y surtidos todos los trámites establecidos por ley para este tipo de Procesos, entra el Pleno de la Corte Suprema de Justicia a resolver el fondo de la controversia constitucionalidad.

  1. DISPOSICIONES ACUSADAS DE INCONSTITUCIONALIDAD

    La Acción procesal que nos ocupa plantea ante este Tribunal Constitucional, la inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo Nº 75 de 26 de diciembre de 2017, publicado en la Gaceta Oficial Nº 28433-A del 27 de diciembre de 2017, que fija las nuevas tasas de salario mínimo en todo el territorio nacional.

    El Decreto Ejecutivo Nº 75 de 26 de diciembre de 2017, dice textualmente lo siguiente:

    "REPÚBLICA DE PANAMÁ

    MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL

    DECRETO EJECUTIVO N°75

    De 26 de diciembre de 2017

    Que fija las nuevas tasas de salario mínimo en todo el territorio nacional

    EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICAen uso de sus facultades constitucionales y legales,

    CONSIDERANDO:

    Que el Gobierno de la República de Panamá, consciente de su responsabilidad ha propiciado las condiciones adecuadas para que los interlocutores sociales (empleadores y trabajadores), mantengan un diálogo permanente, a fin de que se alcance un consenso sobre la revisión del salario mínimo, considerando la realidad social y económica en general del país.

    Que el artículo 66 de la Constitución Política de la República, dispone que la Ley establecerá la manera de ajustar periódicamente el salario mínimo del trabajador.

    Que el artículo 174 del Código de Trabajo, establece que el salario mínimo será fijado periódicamente, por lo menos cada dos (2) años, atendiendo a la recomendación de la Comisión Nacional de S.M. y por Decreto del Órgano Ejecutivo.

    Que igualmente, dispone el Código de Trabajo en su artículo 175, que cuando no se hubiere fijado salario mínimo para determinada profesión u oficio, se aplicará el señalado en la actividad donde se preste el servicio.

    Que en el Convenio sobre Igualdad de Remuneración, 1951 (núm.100), ratificado por Panamá mediante Ley 48 de 1967, se decretó el principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres, por un trabajo de igual valor.

    Que ante el hecho que la Comisión Nacional de S.M. integrada por el sector trabajador, sector empleador y el sector gobierno, no llegaron a un acuerdo sobre los salarios mínimos que han de regir, corresponde al Órgano Ejecutivo su fijación.

    DECRETA:

    Artículo 1. Se fijan nuevas tasas de salario mínimo por hora, según actividad económica, ocupación y tamaño de las empresas, en todo el territorio nacional, tal como se establece en el artículo 2 del presente Decreto.

    Artículo 2. Las tasas de salario mínimo por hora, según la región, actividad económica, ocupación y tamaño de las empresas, vigentes en todo el territorio nacional, son:

    ACTIVIDADES ECONÓMICAS REGIÓN 1 REGIÓN 2

    AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA, SILVICULTURA, ACUICULTURA, PESCA (NACIONAL)

    · Pequeña Empresa

    · Gran Empresa (11 empleados o más)

    A.idades Bananeras (NACIONAL)

    PESCA (NACIONAL)

    · Artesanal

    · Industrial

    AGROINDUSTRIAS

    · Pequeña Empresa (parte agrícola) (NACIONAL)

    · Gran Empresa (parte agrícola) (NACIONAL)

    · Pequeña Empresa (parte procesamiento)

    Gran Empresa (parte procesamiento)

    1.53

    1.87

    1.97

    2.15

    2.36

    1.53

    1.87

    2.20

    2.72

    1.53

    1.87

    1.97

    2.15

    2.36

    1.53

    1.87

    1.85

    2.24

    EXPLOTACIÓN DE CANTERAS (NACIONAL)

    A.idades Areneras (NACIONAL)

    Minas (NACIONAL) 2.85

    2.85

    2.97 2.85

    2.85

    2.97

    INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

    · Pequeña Empresa

    · Gran Empresa (16 empleados o más)

    Destilación, Rectificación y mezcla de Bebidas Alcohólicas;

    Fabricación de Pinturas, B. y productos de revestimiento

    Fabricación de Cemento y/o Concreto

    Reparación Mantenimiento de maquinaria y equipo de refrigeración

    Procesamiento de la Caña de Azúcar (NACIONAL)

    2.20

    2.85

    2.85

    3.14

    2.85

    2.85

    1.85

    2.35

    2.40

    3.14

    2.31

    2.85

    SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS, VAPOR, AIRE ACONDICIONADO (NACIONAL)

    Producción de Hielo

    3.14

    2.72

    3.14

    2.24

    SUMINISTRO DE AGUA, ALCANTARILLADO, GESTIÓN DE DESECHOS Y ACTV DE SANEAMIENTO (NACIONAL)

    Alcantarillado

    Recolección, Tratamiento y Eliminación de Desechos

    Procesamiento y Recuperación de Materiales de desecho

    3.14

    2.85

    2.85

    2.72

    3.14

    2.35

    2.85

    2.24

    CONSTRUCCIÓN

    Drenaje de Tierras Agrícolas y Bosques (NACIONAL) 3.14

    1.92 3.14

    1.92

    COMERCIO AL POR MAYOR Y EN COMISIONES

    Venta de productos y subproductos derivados de la Caña de Azúcar (NACIONAL)

    Tanques de Combustible

    COMERCIO AL POR MENOR

    · Pequeña Empresa

    · Gran Empresa (11 empleados o más)

    Estaciones de Combustible

    2.72

    2.72

    2.72

    2.20

    2.72

    2.72 2.23

    2.72

    2.72

    1.84

    2.23

    2.23

    ZONAS FRANCAS, ZONAS ECONOMICAS ESPECIALES

    Zona Libre de C. 3.47

    3.17 2.32

    ---

    HOTELES

    · Pequeña Empresa

    · Gran Empresa (11 empleados o más)

    Hoteles y Resorts con Franquicia; Hoteles con más de 200 habitaciones, Moteles, Pensiones y R.

    2.26

    2.72

    2.85

    1.85

    2.23

    2.34

    RESTAURANTES

    · Pequeña Empresa

    · Gran Empresa (11 empleados o más)

    D., B. y Cantinas (NACIONAL)

    2.20

    2.85

    3.14

    1.85

    2.34

    3.14

    TRANSPORTE

    · Transporte de carga en zonas francas o zonas

    económicas especiales

    · Transporte por Vía Acuática, Vía Área y A..

    C.. De estos transportes

    · Trabajadores Portuarios (NACIONAL)

    · Aeropuertos internacionales (NACIONAL)

    · Conductores de Buses (NACIONAL)

    · Conductores de Buses Colegiales

    Tripulantes de Cabina de Vuelos Internacionales (NACIONAL) 2.85

    3.14

    2.85

    3.27

    3.47

    3.14

    2.72

    4.45 2.34

    2.32

    2.32

    3.27

    3.47

    3.14

    2.24

    4.45

    ALMACENAMIENTO, DÉPOSITOS Y CORREOS

    2.72 2.23

    INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (NACIONAL)

    A.idades de Edición

    Producción de Programas de Radio y Televisión; Producción de Películas, Videos, Sonidos, Salas de Cine y Agencia de Noticias

    Telecomunicaciones, Difusión de Radio y Televisión (NACIONAL)

    Camarógrafos (NACIONAL)

    2.85

    2.85

    2.85

    3.14

    3.14 2.85

    2.85

    2.34

    3.14

    3.14

    ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGURO (NACIONAL)

    Casas de Empeño (NACIONAL) 3.17

    2.77 3.17

    2.77

    ACTIVIDADES INMOBILIARIAS

    Centros Comerciales (con más 50 locales) (NACIONAL)

    ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS DE APOYO (actividades de alquiler y arrendamiento) (NACIONAL)

    Renta y Alquiler de Vehículos Automotores (NACIONAL)

    A.idades de Internet Café

    ACTV. DE LAS AGENCIAS DE EMPLEO (NACIONAL)

    ACTV. DE LAS AGENCIAS DE VIAJES, OPERADORES TURISTICOS Y SERV. RESERVA

    ACTIVIDADES DE SERVICIO A EDIFICIOS Y PAISAJES (NACIONAL)

    A.. de S.. De Mantenimiento y Cuidado de Paisajes (Jardines Áreas Verdes) (NACIONAL)

    ACTIV. DE OFICINAS ADMINIST. SOPORTE DE NEGOCIOS, Fotocopiadoras (NACIONAL)

    ACTIV. DE SEGURIDAD E INVESTIG (Agencias de Seguridad y Vigilancia) (NACIONAL)

    ACTIV. PROFESIONALES CIENTÍFICAS Y TÉCINCAS (NACIONAL)

    A.idades Veterinarias

    Firmas de Abogados, Contabilidad y Auditoría (15 empleados y más) (NACIONAL)

    Firmas de Abogados, Contabilidad y Auditoría (14 y menos empleados) (NACIONAL)

    Abogados (NACIONAL)

    Periodistas de Radio, Periódicos y Televisión (NACIONAL)

    Mecánicos de Transporte Aéreo (NACIONAL)

    Mecánicos de Transporte Terrestre (NACIONAL)

    Mecánicos de Transporte Marítimo (NACIONAL)

    3.14

    3.14

    2.85

    3.14

    2.59

    2.85

    2.85

    2.72

    1.92

    2.72

    2.72

    2.72

    2.72

    2.85

    2.64

    3.34

    3.12

    4.45

    3.12

    3.47 2.80

    3.14

    2.85

    3.14

    2.41

    2.85

    2.24

    2.72

    1.92

    2.72

    2.72

    2.72

    2.72

    2.85

    2.64

    3.34

    3.12

    4.45

    3.12

    3.47

    ENSEÑANZA (Personal Administrativo)

    2.85

    2.32

    SERVICIOS SOCIALES Y RELACIONADOS CON LA SALUD HUMANA

    Clínicas de Salud y Hospitales

    Técnicos de Salud (NACIONAL)

    2.85

    3.14

    3.14

    2.32

    2.34

    3.14

    ARTES ENTRETENIMIENTO Y CREATIVIDAD (NACIONAL)

    A.idades de juegos y apuestas, casinos (NACIONAL)

    G. (NACIONAL)

    2.85

    3.34

    3.14

    2.32

    3.34

    3.14

    OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS

    Organizaciones Sin Fines de lucro

    Reparación y Manteamiento de Computadoras (NACIONAL)

    Reparación y Mantenimiento de Enseres de uso Personal y Domésticos

    · Pequeña Empresa

    · Gran Empresa (11 empleados o más)

    2.85

    2.72

    2.72

    2.20

    2.72

    2.32

    2.23

    2.72

    1.84

    2.72

    Propiedades Horizontales, R. (que sumen más 10 plantas) y Asoc. De Inquilinos de Viviendas Individuales (NACIONALES)

    Spas, Clínicas Estéticas

    3.14

    3.14

    3.14

    2.34

    ACTIVIDADES DE ORGANIZACIONES Y ÓRGANOS

    EXTRATERITORIALES (NACIONAL) 2.85 2.85

    Artículo 3. Las actividades económicas señaladas en el artículo 2 de este Decreto Ejecutivo, tendrán como referencia la "Clasificación Industrial Nacional Uniforme de todas las A.idades Económicas. 2010", de la Contraloría General de la República.

    Artículo 4. Para efecto de este Decreto Ejecutivo, la Agroindustria se define como aquella empresa que se dedica a la producción (cultivo, cría), industrialización (procesamiento de lo que cultiva o cría) y comercialización; es decir que una empresa realiza las tres etapas (producción. industria y comercio).

    Artículo 5. Para efectos de la aplicación de las tasas de salario mínimo, las regiones en que se ha dividido el territorio nacional, estarán integradas por los siguientes distritos:

    REGIÓN 1: Panamá, C., San Miguelito, D., Santiago, Chitré, Aguadulce, Penonomé, Bocas del Toro, La Chorrera, Arraiján, Capira, Chame, A., Natá, Las Tablas, Bugaba, B., Taboga, S.C., Chepo, Guararé, Los Santos, Pedasí, D., San Félix, Barú, Boquerón, Portobelo, D., S.I., S.M., Parita, P.. A., Changuinola, C.G..

    REGIÓN 2: Resto de los distritos del país.

    Artículo 6. Para los efectos del presente Decreto Ejecutivo, en aquellas ramas de actividad económica donde se establece la división de Pequeña y Gran Empresa, se considerarán Pequeñas, las señaladas en la Ley No. 1 de 17 de marzo de 1986 (Artículo 1), como sigue:

    "Se considerarán pequeñas empresas, para los efectos de la aplicación de la Ley laboral, las que tengan diez (10) o menos trabajadores permanentes o de planta, si se trata de empresas agrícolas, pecuarias o de servicio o ventas al por menor; quince (15) o menos si se trata de empresas manufactureras y veinte (20) o menos si se trata de empresas agroindustriales.

    No se considerarán pequeñas empresas los establecimientos de ventas de servicios bancarios, financieros, de ahorro y crédito, de póliza de seguros y reaseguros; de bienes raíces y administración de inmuebles, de informática, de publicidad, lo mismo que las dedicadas a la venta de mercancías al por mayor".

    Artículo 7. Se fija el salario mínimo mensual para el S.icio Doméstico así:a) Distritos de Panamá, C. y San Miguelito, D., Santiago, Chitré, Aguadulce, Penonomé, Bocas del Toro, La Chorrera, Arraiján, Capira, Chame, A., Natá, Las Tablas, Bugaba, B., Taboga, S.C., Chepo, Guararé, Los Santos, Pedasí, D., San Félix, Barú, Boquerón, Portobelo, D., S.I., S.M., Parita, Pese, A., Changuinola, C.G.. B/.275.00b) Resto de los Distritos del País. B/.250.00

    Artículo 8. Queda unificado el salario mínimo a nivel nacional, en las siguientes actividades económicas: Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura, Acuicultura, Bananeras, Pesca; Explotación de Canteras; Areneras; Minas; Procesamiento de la Caña de Azúcar; Suministro de Electricidad, Gas, Vapor, Aire Acondicionado; Suministro de Agua, Alcantarillado; Gestión de Desechos y A.idades de Saneamiento; Drenaje de Tierras Agrícolas y Bosques; Venta de productos y subproductos derivados de la Caña de Azúcar; D., B. y Cantinas; Aeropuertos Internacionales; Información y Comunicación; Telecomunicaciones; Difusión de Radio y Televisión; A.idades Financieras y de Seguros; Casas de Empeño; Centros Comerciales con más de 50 locales; A.idades Administrativas y S.icios de Apoyo; Renta y Alquiler de Vehículos Automotores; A.idades de Agencias de Empleo; A.idades de S.icios a Edificios y Paisajes; A.idades de S.icios de Mantenimiento y Cuidado de Paisajes (Jardines, Áreas Verdes); A.idades de Oficinas Administrativas. Soporte de Negocios; F.; A.idades de Seguridad e Investigación (Agencias de Seguridad y Vigilancia); A.idades Profesionales, Científicas y Técnicas; Firmas de Abogados, Contabilidad y Auditoría; Artes, Entretenimiento y Creatividad; A.idades de Juegos de Azar y Apuestas, Casinos; G.; Reparación y Mantenimiento de Computadoras; P.H.R. (que sumen más 10 plantas) y Asociación de Inquilinos de Viviendas Individuales; A.idades de Organizaciones y Órganos Extraterritoriales. Igualmente, quedan a nivel nacional las siguientes ocupaciones: Trabajadores Portuarios; Conductores de Buses; Tripulantes de Cabina de Vuelos Internacionales; Camarógrafos; Abogados; Periodistas de Radio, Periódicos y Televisión; Mecánicos de Transporte Aéreo; Mecánicos de Transporte Terrestre; Mecánicos de Transporte Marítimo; Técnicos de la Salud.

    Artículo 9. La Comisión Nacional de S.M. designada mediante Decreto Ejecutivo No. 47 del 19 de julio de 2017, y el Decreto Ejecutivo No. 65 del 6 de septiembre de 2017, se declara en sesión permanente, para que en forma tripartita se estudien y analicen los asuntos correspondientes a la productividad, salarios, generación de nuevos empleos y desarrollo (tema desarrollado en Reunión 97ava. celebrada en el 2008, Informe No. 5 - OIT).

    Artículo 10. Las tasas fijadas mediante este Decreto Ejecutivo constituyen la remuneración mínima en dinero que se debe pagar a los trabajadores y, por tanto, modifican los salarios inferiores estipulados en cualquier disposición legal o reglamentaria, contrato laboral o convención colectiva. Igualmente, continúan vigentes los salarios que, siendo superiores a los que se fijan en este Decreto, estén establecidos o se establezcan en cualquier disposición legal o contractual, convenciones, costumbre de empresa respecto a salario o remuneración mayor.

    Artículo 11. Las violaciones a las disposiciones a este Decreto Ejecutivo, acarrearan sanciones contenidas en el artículo 180 del Código de Trabajo.

    Artículo 12. Este Decreto Ejecutivo deroga el Decreto Ejecutivo N° 293, de 22 de diciembre de 2015 y todas aquellas disposiciones reglamentarias que le sean contrarias.

    Artículo 13. El presente Decreto Ejecutivo entrará a regir a partir de 1 de enero de 2018, previamente publicado en Gaceta Oficial.

    PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

    Dado en la ciudad de Panamá, a los días 26 días del mes de diciembre de dos mil diecisiete (2017)

    JUAN CARLOS VARELA RODRÍGUEZ

    Presidente de la República

    LUIS ERNESTO CARLES RUDY

    Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral"

  2. INDICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES INFRINGIDAS Y EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN.

    Las normas señaladas como violadas son los artículos 65 y 66 de la Constitución Nacional, cuyos textos se reproducen a continuación:

    Artículo 65: A todo trabajador al servicio del Estado o de empresas públicas o particulares se le garantiza un salario o sueldo mínimo...

    "Artículo 66. La Ley establecerá la manera de ajustar periódicamente el salario o sueldo mínimo del trabajador, con el fin de cubrir las necesidades normales de su familia, mejorar su nivel de vida, según las condiciones particulares de cada región y de cada actividad económica; podrá determinar asimismo el método para fijar salarios o sueldos mínimos por profesión u oficio.

    En los trabajos por tarea o pieza, es obligatorio que quede asegurado el salario mínimo por pieza o jornada.

    El mínimo de todo salario o sueldo es inembargable, salvo las obligaciones alimenticias en la forma que establezca la Ley. Son también inembargables los instrumentos de labor de los trabajadores."

    CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN

    De acuerdo con el A.ador Constitucional, el Decreto Ejecutivo N°75 de 26 de diciembre de 2017, publicado en la Gaceta Oficial N° 28433-A de 27 de diciembre de 2017, que fija las nuevas tasas de salario mínimo en todo el territorio nacional, viola de forma directa el artículo 65 de la Constitución Política de la República de Panamá.

    Según el demandante Constitucional, el Decreto cuya inconstitucionalidad se demanda, viola en forma directa el Artículo 66 de la Constitución Nacional, el que al decir del demandante Constitucional, define el fin o propósito de dicho salario o sueldo mínimo, al establecer que debe cubrir las necesidades normales del trabajador y de su familia y mejorar su nivel de vida. En opinión del A.ador Constitucional las normas constitucionales citadas son el punto de partida para precisar el monto correcto del salario mínimo.

    Fundamenta el A.ador Constitucional su posición en que, "de acuerdo a la Constitución Política de la República de Panamá, el salario mínimo o sueldo debe ser suficiente para cubrir, no solo las necesidades alimenticias del trabajador y su familia, sino que el mismo tiene que ser de un monto capaz de asegurar (sic) satisfacer el conjunto de sus necesidades normales y de su familia, de manera que la referencia para determinar las necesidades normales tiene que ser la canasta de consumo completa del trabajador."

    Cita el demandante el índice de Precios al Consumidor Nacional Urbano en los distritos de Panamá y San Miguelito y el Resto Urbano del Instituto Nacional de Estadística de la Contraloría General de la República de Panamá, el cual considera debe tenerse en cuenta por razón que dicho índice establece los componentes de la canasta típica de consumo.

    Luego de mostrar las distintitas gráficas que se refieren a cada grupo de los bienes y servicios que hacen parte de la canasta básica completa de los hogares para calcular el índice de Precios al Consumidor, el A.ador Constitucional cita información del Ministerio de Economía y Finanzas para establecer el "costo de la Canasta Básica Completa Normal." Termina el A.ador Constitucional presentando el cuadro que se muestra a continuación.

    Región Costo de la Canasta Básica Alimenticia Costo del Resto de la Canasta Costo de la Canasta Básica Completa Normal

    (en balboas)

    Panamá y San Miguelito 303.03 1,119.65 1,422.68

    Resto Urbano 277.77 837.84 1,115.54

    Promedio 1,269.11

    Seguidamente y como parte de sus conclusiones, el A.ador Constitucional señala que el promedio para todo el país de la Canasta Básica Completa es de B/.1,269.11, lo que sugiere como S.M.. Cuestiona el papel de la Comisión Nacional de S.M. conformada en forma tripartita por representantes de empleadores, trabajadores y gobierno, para destacar que "la fijación para cumplir con el mandato constitucional del Artículo 66, no puede ser objeto de un proceso de negación"; agregando que, "lo único que hay que determinar es el monto de la Canasta Básica Completa que satisfaga las necesidades normales del trabajador y su familia, para así establecer el salario o sueldo mínimo conforme a lo establecido en la Constitución Política de la República de Panamá."

    Finalmente, considera el demandante constitucional, que teniendo en cuenta los avances de productividad, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, "en el caso del salario medio a nivel nacional para el período 1999-2016 la productividad del trabajo avanzó en 75.6 por ciento, mientras que el salario real solo lo hizo en 13.3 por ciento."

  3. OPINIÓN DE LA PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN

    Mediante la Vista N°383 de fecha 9 de abril de 2018, la Procuraduría de la Administración emitió concepto dentro del presente proceso de inconstitucionalidad, para que se declare inconstitucional el Decreto Ejecutivo N° 75 de 26 de diciembre de 2017, el cual fija las nuevas tasas de salario mínimo en todo el territorio nacional.

    El Representante del Ministerio Público efectuó una relación cronológica de la manera en que se han efectuado los incrementos de Salarios Mínimos a partir del año 2013 y los incrementos que en tal concepto se han dado; agregando que, "cada dos (2) años, en atención al mandato legal establecido en la norma constitucional y en el artículo 174 del Código de Trabajo, el Órgano Ejecutivo ha efectuado aumentos al salario mínimo."

    En parte de su opinión el Procurador de la Administración expresó que al analizarse la posible inconstitucionalidad de un Acto, la violación ha de ser evidente. Sostiene que, "al analizar los cargos de infracción que señala el activador constitucional, el cual utiliza los índices del Instituto de Estadística y Censo de la Contraloría General de la Republica, para determinar que estos son los que se deben tomar como base para satisfacer las necesidades normales de la población, el actor no demuestra una relación directa entre dicho señalamientos y una posible vulneración a la norma constitucional."

    Al referirse al Artículo 66 de la Constitución Nacional, el que según el A.ador Constitucional se ha infringido, señala el Representante del Ministerio Público, que en desarrollo de dicho Artículo Constitucional, los Artículos 174 y 175 del Código de Trabajo establecen la forma para establecer el S.M., normas que a su vez indican que es el Órgano Ejecutivo a quien corresponde fijar el S.M. mediante Decreto Ejecutivo.

    El Procurador de la Administración, al hablar de los principios de evidencia y de prudencia, respectivamente, expresa que el cargo de infracción constitucional formulado por el recurrente, no cumple el Principio de Evidencia en materia de interpretación constitucional, ya que el acto impugnado tiene base constitucional, al sustentarse en el artículo 66 de la Carta Política. En cuanto al principio de prudencia expresa que "si se llegase a conferir la razón al activador constitucional, y efectivamente quedara declarado inconstitucional el Decreto Ejecutivo 75 de 26 de diciembre de 2017, nos encontraríamos en la que (sic) situación de que no existiría salario mínimo definido." Se produciría, según el Representante del Ministerio Público un vacío en el ordenamiento jurídico.

    Sostiene el Procurador de la Administración que en la presente Demanda se pretende que se de cabida a una Inconstitucionalidad por omisión. En este aspecto destaca que en nuestro país no existe la inconstitucionalidad por omisión, para lo cual cita jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia expuesta en el fallo de 21 de junio de 2012.

    Concluye el Representante del Ministerio Público solicitando al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, "se sirvan declarar que NO ES INCONSTITUCIONAL el Decreto Ejecutivo 75 de 26 de diciembre de 2017, pues, no infringe artículo 66, ni ningún otro de la Constitución Política de la República."

  4. ALEGATO DEL ACTIVADOR CONSTITUCIONAL

    Cumpliendo con las ritualidades procesales de este tipo de Acciones de naturaleza constitucional, se fijó en lista el negocio para que cualquiera persona interesada hiciera uso del derecho de argumentación, motivo por el cual el Licenciado M.A.G. presentó su alegato visible a fojas 48-51.

    En su alegato el A.ador Constitucional se opone a los argumentos esgrimidos por el Procurador de la Administración. Para estos efectos cita el Artículo 17 de la Constitución Política al igual que el Artículo 66 del Estatuto Fundamental. En este sentido señala que: "La tarea o discusión que hay que definir en este momento es, si el salario mínimo fijado por el Órgano Ejecutivo por medio del Decreto Ejecutivo N°75 de 26 de diciembre de 2017, cubre las necesidades normales del trabajador y su familia, y si el mismo mejora su nivel de vida." Sostiene que el Procurador de la Administración no demuestra en sus argumentos una relación directa entre las cifras de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República sobre el ingreso del hogar y una posible vulneración a la norma constitucional; expresando el A.ador que, en virtud de esta posición, el Procurador de la Administración, llega a la conclusión que no se evidencia el cargo de inconstitucionalidad objeto del presente proceso.

    Para el A.ador Constitucional "las cifras oficiales de la Contraloría General de la República comprueban que el costo de la Canasta Básica Completa Familiar, está muy por encima de las tasas de salario mínimo establecidas por el Decreto N° 75 de 26 de diciembre de 2017." Llega a sostener que, "cualquier salario que se fije por debajo de esta condición, como es el caso del establecido por el Decreto Ejecutivo N°75 de 26 de diciembre de 2017, vulnera de manera directa el Artículo 66 de la Constitución Política de la República de Panamá."

    Expresa el demandante su desacuerdo con la opinión del Procurador de la Administración en cuanto a que la jurisdicción constitucional no es el medio idóneo para conocer de la violación del Artículo 66 de la Constitución Política de la República de Panamá. Contrario a ello, señala que el Artículo 66 de la Constitución Nacional establece un derecho en favor del trabajador.

  5. CONSIDERACIONES Y DECISIÓN DEL PLENO

    De acuerdo con el A.ador Constitucional, el Decreto Ejecutivo N° 75 de 26 de diciembre de 2017, "que fija las nuevas tasas de salario mínimo en todo el territorio nacional" es inconstitucional porque viola los Artículos 65 y 66 de la Constitución Nacional.

    En relación con la supuesta violación del Artículo 65 de la Constitución Nacional, ha de señalarse que el Artículo 65 de dicho Texto Fundamental, únicamente se limita en su primera parte a consignar la obligación del Estado, incluyendo a empresas públicas, al igual que a las empresas privadas, de garantizar un sueldo o salario mínimo a sus trabajadores.

    En cuanto al Artículo 66 de la Constitución Nacional transcrito anteriormente, el A.ador funda su pretensión constitucional, en la primera parte de dicha disposición, la que señala que la "Ley establecerá la manera de ajustar periódicamente el salario o sueldo mínimo del trabajador, con el fin de cubrir las necesidades normales de su familia, mejorar su nivel de vida, según las condiciones particulares de cada región y de cada actividad económica; podrá determinar asimismo el método para fijar salarios o sueldos mínimos por profesión u oficio."

    Ni el Artículo 65, ni el Artículo 66 de la Carta Fundamental, garantizan a los trabajadores al servicio del Estado o de empresas públicas o particulares, un salario que sea el producto de un método preciso para el cálculo del mismo. Aun cuando el Artículo 66 del Estatuto Esencial remite a la Ley para que la misma imponga la obligación de ajustar periódicamente el salario o suelo mínimo del trabajador, no establece una fórmula a partir de la cual, deba precisarse dicho salario mínimo. A estos efectos señala el Texto Constitucional que el salario o sueldo mínimo debe ajustarse periódicamente "con el fin de cubrir las necesidades normales de su familia, mejorar su nivel de vida, según las condiciones particulares de cada región y de cada actividad económica"; expresando la Constitución Nacional, que la Ley "podrá determinar asimismo el método para fijar salarios o sueldos mínimos por profesión u oficio."

    El artículo 66 de la Constitución Nacional no establece el "cuantum", en relación al salario mínimo legal que debe fijar el Órgano Ejecutivo mediante Decreto Ejecutivo, ya que como se sabe, no existe ni por Constitución ni por Ley un "baremo" que tenga la virtualidad de constituir un "Libro o tabla de cuentas ajustadas" o que establezca una "lista o repertorio de tarifas". (Nuevo Océano Uno, Diccionario Enciclopédico, Edición 2007, pág. 191. Como se aprecia, la Constitución Política de la República de Panamá tampoco establece el método, como sugiere el A.ador Constitucional, o sea, de fijar el S.M. según el cálculo de la "Canasta Básica Completa Normal."

    El constitucionalista español, J.B.M., al hablar de la inconstitucionalidad por omisión nos dice: "Otra corriente doctrinal, de alcance más restrictivo, asocia la inconstitucionalidad por omisión exclusivamente a la inactividad que proviene del Poder Legislativo, inactividad que, por otra parte, puede ser total o parcial. La primera supone un silencio absoluto del legislador, es decir, la falta de ley, la segunda se predica de una norma legislativa determinada y se concreta en aquellos casos en los que esta es parcial, incompleta o defectuosa. Respecto a «inconstitucionalidad», esta se refiere a la vulneración de la Constitución, lo que no significa de entrada, que de todo silencio del legislador u omisión de la Ley pueda derivarse la inconstitucionalidad." (B.M., J., "La Inconstitucionalidad por Omisión" Jornadas de Derecho Constitucional en Centroamérica, Editado Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya, Agencia Catalana de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya, Centro de Estudios y Formación Constitucional Centroamericano, 2008, pág. 72). (Destaca el Pleno).

    Estima el Pleno que la referencia al Poder Legislativo puede ser extensiva a los Actos del Órgano Ejecutivo en que se dicte un Decreto Ejecutivo, tal como ocurre en la presente Acción Constitucional. Quiere decir, que al hablar de omisión legislativa, también se incluyen las omisiones que pueden advertirse en el contenido de un Decreto Ejecutivo. Este es el caso que se presenta con el Decreto Ejecutivo N° 75 de 26 de diciembre de 2017, cuya inconstitucionalidad se ha demandado por no referirse en forma específica a la equiparación entre los Salarios Mínimos fijados en dicho Decreto Ejecutivo y el costo de la Canasta Básica Completa, lo que, en opinión del demandante, debía tomarse en consideración.

    Resulta útil mencionar que el Artículo 172 del Código de Trabajo, dictado en desarrollo del Artículo 66 de la Constitución Nacional, al referirse al S.M., fija algunos criterios. En tal sentido, nos dice que dicho salario mínimo debe "cubrir las necesidades normales de su hogar, en el orden material, moral y cultural." Que "se fijará periódicamente, con el fin de mejorar su nivel de vida, y en atención a las condiciones particulares de cada región y actividad industrial, comercial o agrícola"; señalando además que el S.M. podrá fijarse por profesión u oficio. No se dice en el Artículo del Código de Trabajo citado, que el S.M. debe fijarse en proporción directa con el costo de la Canasta Básica Completa. En cuanto a los plazos en que deba fijarse el S.M., el Artículo 174 del Código de Trabajo indica que, será fijado periódicamente por Decreto del Órgano Ejecutivo, por lo menos cada dos años, atendiendo a la recomendación de la Comisión Nacional de S.M..

    Evidentemente, que el Código de Trabajo no indica, lo mismo que el Decreto Ejecutivo N° 75 de 26 de diciembre de 2017, tachado de inconstitucional, que el S.M. así establecido, tiene que dictarse cumpliendo estrictamente en base a la cantidad que resulte del monto de la "Canasta Básica Completa". Tampoco debe ser el resultado, como señala el demandante, luego de un análisis de la productividad del trabajo.

    Toma en cuenta el Pleno de esta Corporación de Justicia, que los Salarios Mínimos Legales a que se refiere el Decreto Ejecutivo N° 75 de 26 de diciembre de 2017, que fija las nuevas tasas de salario mínimo en todo el territorio nacional, no incluye los salarios mínimos convencionales, o sea, los que se acuerdan como producto de una Negociación Colectiva celebrada entre empleadores y trabajadores. Sabido es, que estos salarios mínimos convencionales acordados en una Convención Colectiva son superiores a los salarios mínimos legales, en este caso, los establecidos en el Decreto Ejecutivo cuya inconstitucionalidad se ha impugnado. Por otra parte, ha de tenerse en consideración que en la mayoría de las actividades económicas no se negocian Convenciones Colectivas, lo que obliga, por mandato Constitucional a fijar los salarios mínimos mediante el respectivo Decreto Ejecutivo.

    Por lo que hace a la posible violación Constitucional esgrimida, no puede afirmarse que existe una pretermisión de la Constitución Nacional al dictarse el Decreto Ejecutivo N° 75 de 26 de diciembre de 2017, "que fija las nuevas tasas de salario mínimo en todo el territorio nacional", ya que ni la Constitución o la Ley han establecido una formula o método que establezca el S.M. de acuerdo con el costo de la "Canasta Básica Completa Normal". En consecuencia, así se ha de pronunciar esta Corporación Judicial.

    En consecuencia, la Corte Suprema de Justicia, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES INCONSTITUCIONAL el Decreto Ejecutivo N° 75 de 26 de diciembre de 2017, publicado en la Gaceta Oficial N° 28433-A de 27 de diciembre de 2017, que fija las nuevas tasas de salario mínimo en todo el territorio nacional.

    N..

    OYDÉN ORTEGA DURÁN

    ANGELA RUSSO DE CEDEÑO -- ABEL AUGUSTO ZAMORANO -- JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS -- CECILIO A. CEDALISE RIQUELME -- SECUNDINO MENDIETA G.-- HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ -- LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ -- JERÓNIMO MEJÍA E.

    YANIXSA Y. YUEN C. (Secretaria General)

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