Sentencia Pleno de Supreme Court (Panama), Pleno, 30 de Julio de 2019

PonenteAbel Augusto Zamorano
Fecha de Resolución30 de Julio de 2019
EmisorPleno

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

Sala: Pleno

Ponente: Abel Augusto Zamorano

Fecha: 30 de julio de 2019

Materia: Inconstitucionalidad

Acción de inconstitucionalidad

Expediente: 316-18

VISTOS:

Conoce el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, la Demanda de Inconstitucionalidad presentada por el Licenciado FRANCISCO A.C.B. actuando en su propio nombre y representación contra la Resolución No.ANATI-074 de 01 de abril de 2015, dictada por el Director Nacional de Titulación y Regularización Encargado de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI).

  1. ACTO QUE SE DENUNCIAN COMO INFRACTOR AL ORDEN CONSTITUCIONAL Y EL CONCEPTO DE SU INFRACCIÓN

La acción procesal que nos ocupa plantea ante este Tribunal Constitucional, la Inconstitucionalidad de la Resolución No.ANATI-074 de 01 de abril de 2015, dictada por el Director Nacional de Titulación y Regularización Encargado de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI), que señala lo siguiente:

"PRIMERO: Revocar la Resolución No. ANATI 3-0611, fechada 30 de marzo de 2012, a través de la cual, la Autoridad Nacional de Administración de tierras resolvió Adjudicar definitivamente a título Oneroso A H.E.P.A., de generales expresadas, una parcela de terreno baldío, ubicado en el Corregimiento de MARÍA CHIQUITA, Distrito de PORTOBELO, provincia de COLÓN, con una superficie de VEINTITRÉS HECTÁREAS MÁS SIETE MIL NOVECIENTOS CATORCE METROS CUADRADOS CON TREINTA Y TRES DECÍMETROS CUADRADOS (23 Has.+7914.33 M2), comprendida dentro de los siguientes linderos generales, que corresponde al Plano no. 304-05-5654 de 19 de Junio de 2009, aprobado por la Dirección Nacional de Reforma Agraria, así:

NORTE: GLOBO DE TERRENO OCUPADO POR: H.M., GLOBO DE TERRENO OCUPADO POR E.F..

SUR: GLOBO DE TERRENO OCUPADO POR G.L., CAMINO A LA PLAYA A OTROS PREDIOS.

ESTE: GLOBO DE TERRENO OCUPADO POR H.M., GLOBO DE TERRENO OCUPADO POR G.L..

OESTE: GLOBO DE TERRENO OCUPADO POR E.M.B..

SEGUNDO

Ordenar al Departamento de Mensura y Demarcación de Tierras anular el Plano No. 304-05-5654 fechado 19 de junio de 2009.

TERCERO

Ordenar insertar copia de esta Resolución al expediente de adjudicación a nombre del señor H.E.P.A..

CUARTO

Advertir a las partes que contra la presente Resolución proceden los Recursos Administrativos de Reconsideración o Apelación ante la Dirección Nacional de Titulación y Regularización o ante el Administrador de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras, respectivamente, los cuales deberán interponerse o proponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, contados a partir de la notificación personal o dentro de los cinco (5) días de desfijación del Edicto respectivo, si hubiere lugar a ello."

  1. DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES QUE SE ALEGAN COMO INFRINGIDAS Y EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN

    El actor manifiesta que la Resolución No.ANATI-074 de 01 de abril de 2015, dictada por el Director Nacional de Titulación y Regularización Encargado de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI), es Inconstitucional toda vez que se dictó inoida parte, en virtud de la Demanda de Revocatoria Administrativa de la Resolución No.3-0611 de 30 de marzo de 2012, última que adjudicó a título oneroso al señor H.E.P.A., un globo de terreno baldío con una superficie de veintitrés hectáreas más siete mil novecientos catorce metros cuadrados con treinta y tres decímetros cuadrados (23HAS+7914.33m2), con plano aprobado 304-05-5654 de 19 de junio de 2009, por medio de la cual nació la finca No.383984, inscrita al Documento R. No.2168497, Código de Ubicación No.3305 de la Sección de la Propiedad de la provincia de C. del Registro Público de Panamá, alegándose que dicha adjudicación traslapa la superficie de la Finca No.24699, inscrita al Documento R. No.1443203, Código de Ubicación No.3305 de la Sección de la Propiedad provincia de C., la superficie de la Finca No.3702, inscrita al Tomo No.430, F. No.110, Código de Ubicación 3301 de la Sección de la Propiedad de la provincia de C., la Finca No.143, inscrita al Tomo 26, F. 350, Código de Ubicación 3305 de la Sección de la Propiedad de la provincia de C. y la Finca No.2396, inscrita al Tomo No.209, F. No.268, Código de Ubicación No.3301 de la Sección de la Propiedad de la provincia de C., todas inscrita a nombre de la sociedad anónima denominada DESARROLLO MAR CARIBE S.A.

    Indica que la Resolución No.ANATI-074 de 01 de abril de 2015, dictada por el Director Nacional de Titulación y Regularización Encargado de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI) viola los artículos 32 y 206 numeral 2 de la Constitución Política de la República de Panamá, que contienen el principio del debido proceso, y la competencia privativa de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Dichas normas constitucionales señalan lo siguiente:

    "Artículo 32: "Nadie será juzgado, sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales, y no más de una vez por la misma causa penal, administrativa, policía o disciplinaria"

    Artículo 206: "La Corte Suprema de Justicia tendrá, entre sus atribuciones constitucionales y legales, las siguientes:

    1. ...

    2. La jurisdicción contencioso-administrativa respecto de los actos, omisiones, prestación defectuosa o deficiente de los servicios públicos, resoluciones, órdenes o disposiciones que ejecuten, adopten, expidan o en que incurran en ejercicio de sus funciones o pretextando ejercerlas, los funcionarios públicos y autoridades nacionales, provinciales, municipales y de las entidades públicas autónomas o semiautónomas. A tal fin, la Corte Suprema de Justicia con audiencia del Procurador de la Administración, podrá anular los actos acusados de ilegalidad; restablecer el derecho particular violado; estatuir nuevas disposiciones en reemplazo de las impugnadas y pronunciarse prejudicialmente acerca del sentido y alcance de un acto administrativo o de su valor legal.

      Podrán acogerse a la jurisdicción contencioso-administrativa las personas afectadas por el acto, resolución, orden o disposición de que se trate; y, en ejercicio de la acción pública, cualquier persona natural o jurídica domiciliada en el país.

    3. ...

      Las decisiones de la Corte en el ejercicio de las atribuciones señaladas en este artículo son finales, definitivas, obligatorias y deben publicarse en la Gaceta Oficial." (El resaltado es nuestro)

      Arguye que dichas normas constitucionales fueron violadas de manera directa por comisión, toda vez que la citada resolución administrativa fue emitida con falta de competencia privativa, por emitir el Ex Director Nacional de Titulación y Regularización de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI) una resolución administrativa subrogándose funciones jurisdiccionales que son de exclusiva competencia de los Magistrados de la Sala Tercera de lo Contencioso- Administrativa y Laboral de la Corte Suprema de Justicia, por lo tanto se viola de forma directa el artículo 32 de la Constitución Política de Panamá, que contiene el principio del debido proceso.

      Mientras que el artículo 206, numeral 2 de la Constitución Política es infringido toda vez que establece claramente las atribulaciones de la Corte Suprema de Justicia, específicamente la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral de la Corte Suprema de Justicia en concordancia con lo señalado por el artículo 97 numeral 3 el Código Judicial que desarrolla dicha norma constitucional, y señala que la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativa le están atribuidos los procesos que se origine por actos, omisiones, prestaciones defectuosas o deficientes de los servidores públicos, resoluciones, órdenes o disposiciones que ejecuten, adopten, expidan o en que incurran en ejercicio de sus funciones o pretextando ejercerlas, los funcionarios públicos o Autoridades nacionales provinciales, municipales y de las entidades públicas autónomas o semi autónomas.

      Hace alusión a que el numeral 3 del artículo 97 del Código Judicial en concordancia con el artículo 98 de dicha excerta legal que desarrolla el artículo 206 numeral 2 de la Constitución Política, señala que es la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativa y Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la competente para conocer "de los recursos contenciosos en los casos de adjudicación de tierras y de bienes ocultos"; siendo por tanto la adjudicación de tierras realizada por la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI) donde se le adjudicó a título oneroso el globo de terreno de veintitrés hectáreas más siete mil novecientos catorce metros cuadrados con treinta y tres decímetros cuadrados (23HAS+7914.33m2), con plano aprobado No.304-05-5654 de 19 de junio de 2009, que dio origen a la Finca No.383984, inscrita al documento R. No.2168497, Código de Ubicación No.3305 de la Sección de la Propiedad provincia de C. del Registro Público de Panamá, legal; y si, hubiese existido algún tipo de ilegalidad al momento de su emisión, el señor W.S.O., en su calidad de P. y Representante Legal de la sociedad DESARROLLO MAR CARIBE S.A. tuvo que haber concurrido ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativa y Laboral de la Corte Suprema de Justicia, a través de las diferentes demandas contenciosas administrativas establecidas en la Ley No.135 de 30 de abril de 1943, denominada "ORGÁNICA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA" reformada por la Ley 33 de 11 de septiembre de 1946, en concordancia con la Ley 38 de 31 de julio de 2000 "QUE APRUEBA EL ESTATUTO ORGÁNICO DE LA PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN, REGULA EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL Y DICTA DISPOSICIONES GENERALES" , a fin de demandar el acto administrativo que supuestamente le afecta la inscripción registral de la Finca No.24699, inscrita al documento R. No.1443203, Código de Ubicación No.3305 de la Sección de la Propiedad de la provincia de C., la Finca No.3702, inscrita al Tomo No.430, F. No.110, Código de Ubicación 3301 de la Sección de la Propiedad de la provincia de C., la Finca No.143, inscrita al Tomo 26, F. 350, Código de Ubicación 3305 de la Sección de la Propiedad de la provincia de C. y la Finca No.2396, inscrita al Tomo No.209, F. No.268, Código de Ubicación No.3301 de la Sección de la Propiedad de la provincia de C., todas inscrita a nombre de la sociedad anónima denominada DESARROLLO MAR CARIBE S.A., ya que ninguna de las direcciones nacionales ni la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI) tienen la facultad constitucional ni legal para revocar adjudicaciones de tierras e inscritas en el Registro Público de Panamá, porque es una facultad o competencia exclusiva de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativa y Laboral de la Corte Suprema de Justicia en atención a lo dispuesto en el artículo 1784 del Código Civil, ya que el Registro Público de Panamá solamente inscribe, Sentencias, Autos y Escrituras Públicas.

      Por otro lado, manifiesta que el señor Procurador de la Administración, mediante Nota No.C-29-16 de 23 de marzo de 2016, dando respuesta a la consulta efectuada por Administrador General de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras, se le advirtió al funcionario público que se debe inhibir del conocimiento de los procesos administrativos de revocatoria de los actos administrativos de adjudicación onerosa realizados por dicha entidad por falta de competencia, toda vez que por tratarse de una inscripción realizada ante el Registro Público de Panamá y al constituirse una finca privada, el artículo 1784 del Código Civil establece claramente que dicha entidad registral, solamente puede inscribir Escrituras Públicas, Autos y Sentencias; careciendo dicha entidad administrativa de la facultad de emitir dichas resoluciones judiciales e instrumentos públicos; concluyendo el accionante que es inconstitucional la resolución administrativa aludida por que fue dictada en falta de competencia constitucional y legal para ello por parte de la Autoridad acusada.

  2. OPINIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

    De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2563 del Código Judicial, la Procuradora General de la Nación, por medio de Vista No.15 de 30 de abril de 2018, visible de foja 62 a 72, emitió concepto sobre la Demanda de Inconstitucionalidad promovida contra Resolución No.ANATI-074 de 01 de abril de 2015, dictada por el Director Nacional de Titulación y Regularización Encargado de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI), indicando que la misma "no es inconstitucional".

    El Ministerio Público plantea en primer lugar que de las constancias procesales, no le permiten afirmar que la vía administrativa haya sido debidamente agotada como medio de oposición a la decisión vertida, indicando que las reclamaciones realizadas por el demandante, no corresponden a la vía constitucional, pero al ser admitida la presente acción constitucional, consideran lo siguiente:

    En cuanto al tema de la falta de potestad de ANATI de revocar mediante resoluciones, adjudicaciones previas de tierras a título oneroso, habiéndose convertido entonces en propiedad privada, hace alusión a la consulta hecha por la ANATI ante la Procuraduría de la Administración la cual indica que "de lo anterior se desprende, con claridad, que la Autoridad Nacional de Administración de Tierras, tiene la facultad para revocar de oficio sus propios actos, no obstante, en el caso que se nos consulta, la revocatoria sería ineficaz frente a la inscripción registral..." con dicho argumento, es de la opinión que la actuación de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI) a través de la Resolución No.ANATI-074 de 1 de abril de 2015, no constituye una violación de los artículos 32 y 206 numeral 2 de la Constitución Política.

    El criterio ya expuesto es sustentado en el contenido del artículo 62 de la Ley No.38 de 2000, puesto que la entidad administrativa tiene facultad para revocar sus propios actos; sin embargo, indica la Procuradora de la Nación que, en el caso en particular, se refiere a la imposibilidad que dicha resolución pueda ser inscrita en el Registro Público de Panamá, toda vez que previamente (con la adjudicación) la Finca pasó a ser propiedad privada, específicamente del señor H.E.P.A.; compartiendo igualmente el criterio del D.R.G.M. en Nota de Consulta C-29-16 al referir que la entidad tiene la potestad de revocar de oficio sus propios actos, sin que ello dé lugar a alguna vulneración constitucional en el proceso bajo examen, pero el acto de revocatorio en el caso en particular, dado que al tratarse de una propiedad privada, su inscripción sólo puede ser cancelada por los Tribunales Ordinarios mediante Auto o Sentencia ejecutoriada.

    Indica que el contenido del artículo 1784 del Código Civil, que la cancelación de registro de adjudicación debe ser mediante Auto o Sentencia o escritura o documento autentico donde se refiera el consentimiento de la persona a cuyo favor se hubiera hecho la inscripción, es preciso diferenciar el acto de inscripción registral en contraposición a la revocatoria de actos propios; siendo este último una potestad legal establecida en la Ley No.38 de 2000, sin que haya vicios de Inconstitucionalidad en el actuar de la entidad.

  3. ALEGATOS FINALES

    Devuelto el expediente, procedió a fijarse el negocio en lista para la publicación de los correspondientes edictos, a fin de que el activador constitucional y cualquier otra persona interesada presentaran sus argumentos por escrito respecto a lo demandado.

    Se presenta en tiempo oportuno escrito de alegatos por parte del actor constitucional (foja 83-95) indicando que, según el artículo 6 de la Ley No.59 de 8 de octubre de 2010, por medio de la cual se creó la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI) se unificó las competencias de la Dirección General de Catastro, la Dirección Nacional de Reforma Agraria, el programa Nacional de Administración de Tierras y el Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia y Dicta otras Disposiciones, no se señala o establece la facultad para revocar o derogar adjudicaciones de tierras, y finalmente señala que "EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES, LA AUTORIDAD SE SUJETARÁ A LAS LEYES APLICABLES QUE REGULAN LA TENENCIA O EL USO DE LA TIERRA Y RESPETARÁ LA COMPETENCIA DE OTRAS ENTIDADES DEL ESTADO SOBRE ESTOS."

    Manifiesta que las causales de revocatoria de los actos administrativos establecidos en el artículo 62 de la Ley No.38 de 2000, son para revocar o anular de oficio o a solicitud de parte interesada aquellos actos administrativos donde se reconozcan o declaren derechos a favor de Terceros emitidos donde se adjudiquen terrenos baldíos, estatales, municipales, tierras nacionales, tierras patrimoniales y tierras baldías que luego de su respectiva inscripción en el Registro Público, toda vez que existe un Tribunal de Justicia para ello y que tiene rango constitucional y legal tal como indica el artículo 206 numeral 2 de la Constitución Política de la República de Panamá, desarrollado por el artículo 97, numeral 3 del Código Judicial, y que en el caso en particular el artículo 206 numeral 2 de la Constitución en concordancia con la Ley No.135 de 1943 "ORGÁNICA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA" reformada por la Ley 33 de 11 de septiembre de 1946, siendo el Procurador de la Administración, quien debe representar los intereses nacionales de las entidades autónomas y en general de la Administración quien debe representar los intereses nacionales de las entidades autónomas y de la Administración Pública en los procesos Contencioso-administrativos que se originen en demandas de plena jurisdicción, de nulidad, indemnización, iniciadas ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia y demás, según lo establece el artículo 5 de la Ley No.38 de 31 de julio de 2000.

    Alega el accionante constitucional que en cuanto a la falta de agotamiento de la vía gubernativa, a la que hace alusión la procuraduría de la Nación, la demanda de Inconstitucionalidad se plantea ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia y no ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativa y que de acuerdo a lo establecido en el artículo 2559 del Código Judicial, se señala que cualquier persona por medio de apoderado legal puede impugnar ante la Corte Suprema de Justicia las Leyes, los Decretos de Gabinetes, Decretos Leyes, Decretos, Acuerdo, Resoluciones y demás actos provenientes de Autoridad que considere inconstitucional, y pedir la correspondiente declaración de Inconstitucionalidad; y que los artículos del 2564 al 2573 del Código Judicial señalan que los actos administrativos que se impugnen como inconstitucionales para concurrir ante el Pleno de la Corte, deba agotarse la vía gubernativa, por lo que dicho argumento se refiere a las Acciones de Amparo de Garantías Constitucionales que se interponen en contra de actos administrativos y que el artículo 2615 numeral 2 del Código Judicial que para concurrir al Tribunal Constitucional se debe haber agotado todos los recursos ordinarios de reconsideración o de apelación situación que en el caso no opera, por ser una Acción de Inconstitucionalidad.

  4. CONSIDERACIONES DEL PLENO

    Mediante Providencia calendada 17 de abril de 2018 fue formalmente admitida la presente acción (fs. 60-61) y se dispuso correrle traslado a la Procuraduría General de la Nación a los efectos que emitiera concepto en un término no mayor de diez (10) días, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 2563 del Código Judicial.

    Como puede apreciarse la máxima representación del Ministerio Público mediante Vista No.15 de 30 de abril de 2018 (fs. 62-72), solicitó que fuera declarada que no es inconstitucional la Resolución No.ANATI-074 de 1 de abril de 2015, proferida por la Dirección Nacional de Titulación y Regularización de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI).

    Posteriormente, se ordenó publicar el edicto de notificación de la admisión de la demanda, con el objeto de que todas las personas interesadas pudieran presentar sus argumentos por escrito sobre el caso, mismo que fue publicado en el Panamá América los días 28, 29 y 30 de julio de 2018. (ver fs.80-82)

    De modo que, por evacuado el trámite inherente al tipo de acción que nos ocupa, procede la Corte a emitir la decisión de lugar.

    El acto objeto de Inconstitucionalidad guarda relación directa con la Resolución No.ANATI-074 de 1 de abril de 2015, emitida por el Director Nacional de Titulación y Regularización Encargado de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI) que revoca la Resolución No.ANATI 3-0611, fechada 30 de marzo de 2012, con la cual dicha Autoridad resolvió adjudicar definitivamente a título Oneroso a H.E.P.A., una parcela de terreno baldío, ubicado en el Corregimiento de MARÍA CHIQUITA, Distrito de PORTOBELO, provincia de COLÓN, con una superficie de VEINTITRÉS HECTÁREAS MÁS SIETE MIL NOVECIENTOS CATORCE METROS CUADRADOS CON TREINTA Y TRES DECÍMETROS CUADRADOS (23 Has.+7914.33 M2), comprendida dentro de los siguientes linderos generales, que corresponde al Plano No.304-05-5654 de 19 de Junio de 2009, aprobado por la Dirección Nacional de Reforma Agraria, con los linderos siguientes: NORTE: globo de terreno ocupado por: H.M., y globo de terreno ocupado por E.F.; al SUR: globo de terreno ocupado por G.L., y camino a la playa a otros predios; al ESTE: globo de terreno ocupado por H.M., y globo de terreno ocupado por G.L.; al OESTE: globo de terreno ocupado por E.M.B.. Dicha Resolución también ordena al Departamento de Mensura y Demarcación de Tierras anular el Plano No.304-05-5654 fechado 19 de junio de 2009.

    Igualmente, ordena insertar copia de la Resolución al expediente de adjudicación a nombre del señor H.E.P.A.; y advierte a las partes que contra la Resolución proceden los Recursos Administrativos de Reconsideración o Apelación ante la Dirección Nacional de Titulación y Regularización o ante el Administrador de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras, respectivamente, los cuales deben interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, contados a partir de la notificación personal o dentro de los cinco (5) días de desfijación del Edicto respectivo."

    Para resolver, el Pleno conviene en aclarar que no obstante haber sido admitida la demanda en cuestión, por cumplir con los requisitos de tipo general establecidos en el artículo 2560 del Código Judicial, no es sino mediante un pronunciamiento de fondo que se posibilita abordar el tema referente a la viabilidad de la presente Acción de Inconstitucionalidad.

    Luego de analizar los argumentos de constitucionalidad que nos ocupa, es menester señalar que el tema de disconformidad del accionante es la legalidad de la Autoridad administrativa de revocar sus propios actos por falta de competencia de conformidad al contenido del artículo 62 de la Ley No.38 de 2000.

    En estos casos, la temática constitucional rige el principio de especialidad y así se desprende del numeral 2 del artículo 206 de la Constitución Política de Panamá, el cual señala:

    Artículo 206: La Corte Suprema de Justicia tendrá, entre sus atribuciones constitucionales y legales, las siguientes:

    1...

    2 La jurisdicción contencioso-administrativa respecto de los actos, omisiones, prestaciones defectuosa o deficiente de los servicios públicos, resoluciones, ordenes o disposiciones que ejecuten, adopten, expidan o en que incurran en ejercicio de sus funciones o pretextando ejercerlas, los funcionarios públicos y autoridades nacionales, provinciales, municipales y de las entidades públicas autónomas o semiautónomas. A tal fin, la Corte Suprema de Justicia con audiencia del Procurador de la Administración, podrá anular los actos acusados de ilegalidad; establecer el derecho particular violado; estatuir nuevas disposiciones en reemplazo de las impugnadas y pronunciarse prejudicialmente acerca del sentido y alcance de un acto administrativo o de su valor legal. Podrán acogerse a la jurisdicción contenciosa administrativa las personas afectadas por el acto, resolución, orden o disposición de que se trate; y, en ejercicio de la acción pública, cualquier persona natural o jurídica domiciliada en el país.

    Por tanto, al ser el tema central, la legalidad del acto administrativo, el mismo tiene por disposición constitucional el remedio, para que la parte interesada o afectada disponga, en miras a restablecer los derechos que crea le asistan. En ese sentido, tratándose en este caso de una resolución administrativa, debe el afectado acudir a la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativa.

    Ahora bien, contra el mismo acto emitido por la Dirección Nacional de Titulación y Regularización de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras, fue presentado ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción por parte del hoy accionante constitucional como apoderado judicial de la sociedad Bienes Raíces Gatún S.A. con la entrada No.441-16 asignado a este servidor.

    Este principio de especialidad se fundamenta en que la Acción de Inconstitucionalidad se ha instituido como una acción autónoma y no como otro medio impugnativo, lo que significa que el proceso que se origina con la promoción de dicha acción se surte con total independencia y viabilidad, pero sólo frente a actos definitivos que como tales no resulten susceptibles de otras formas de impugnación.

    En este orden de ideas, corresponde a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia el conocimiento de las controversias que surjan respecto de los decretos, órdenes, resoluciones o cualesquiera actos, sean generales o individuales en materia administrativa, que se acusen de ilegalidad (artículo 97 del Código Judicial). Congruente con este análisis, se puede observar también que la Resolución No.ANATI - 074 de 1 de abril de 2015, proferida por la Dirección Nacional de Titulación y Regularización, de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras, por ser un acto administrativo, puede ser impugnado a través de los causes ordinarios que la legislación prevé (jurisdicción contencioso administrativa), antes de acudir a la esfera constitucional; por lo que somos de la opinión que no es viable la acción constitucional intentada.

    Con respecto al tema en cuestión en Sentencia de 28 de junio de 2012, el PLENO, indicó lo siguiente:

    "En ese sentido, se advierte que la demanda de Inconstitucionalidad tiene como finalidad salvaguardar la supremacía de la Constitución, mediante la declaratoria de inconstitucionalidad de leyes, decretos de gabinetes, decretos leyes, decretos, acuerdos, resoluciones y demás actos provenientes de una autoridad.

    Al respecto, el autor panameño, D.R.G.M., en su obra Curso de Derecho Procesal Constitucional, establece que:

    "... la finalidad del control de la constitucionalidad es, en última instancia, la defensa, tutela o protección del contenido normativo de la Constitución, debe quedar claro por lo mismo, que en el caso específico de la acción de inconstitucionalidad, ésta no es ni constituye su ejercicio una tercera instancia como si de un medio impugnativo más se tratase. El tema a debatir con la instauración de la acción es y no es otro que de naturaleza constitucional, no de aspecto, omisiones o errores que pueden ser remediados con los recursos, ya sea ordinarios o extraordinarios, previstos con ese objetivo" (Páginas 102-103. Editorial Litho Editorial Chen, S.A., Panamá, 2002)

    Finalmente y sobre este tema en particular, esta Corporación de Justicia en Sentencia de 21 de marzo de 2014, ha señalado al respecto que:

    "La jurisprudencia sentada por el Pleno ha establecido que la acción de inconstitucionalidad (al igual que la de amparo de garantías) no puede ser utilizada como una tercera instancia para revisar el proceso en que se dictó la resolución impugnada mediante esta vía, ya que la acción de inconstitucionalidad lo que pretende es revisar si la norma o resolución objeto de impugnación ha violado de manera objetiva la Carta Magna, lo que riñe con el propósito de esta acción.

    Esta Colegiatura considera oportuno reproducir la porción pertinente de la sentencia de 23 de agosto de 1996, emitida por esta Colegiatura bajo la Ponencia del Ex-Magistrado E.M.M., y que es del siguiente tenor:

    "Estas razones impiden darle curso legal a la demanda presentada, toda vez que en estos procesos la Corte Suprema no actúa como Tribunal de Justicia, sino como un Organismo de Derecho Público, y como garante de la integridad de la Constitución. En este orden de ideas, el libelo no sólo debe presentarse en debida forma y en consonancia con los requisitos formales que la ley prevé, sino también debe la demanda esta dirigida contra un acto o resolución que vulnere de manera directa y flagrante nuestra Carta Magna, y constatarse el agotamiento de los medios de impugnación respectivos, antes de acudir a este máximo Tribunal de Justicia".

    También traemos a colación la sentencia de este Pleno, de 28 de 2000, bajo la Ponencia de Magistrado R.F.Z., que en el punto específico in examine, señaló lo siguiente:

    "Conviene reiterar el criterio vertido en profusa jurisprudencia de este tribunal, en el sentido de que la acción de inconstitucionalidad no es un medio procesal idóneo ni vía equivalente a una tercera instancia, para que el tribunal constitucional proceda a un nuevo examen del caudal probatorio de un proceso; como tampoco para que se adentre en consideraciones de materias de interpretación de la ley, tareas que corresponden privativamente a la jurisprudencia ordinaria, tanto al juez de la causa como de apelaciones. El Pleno de la Corte Suprema de Justicia, como interprete-operador de la Constitución, no puede pasar entonces a la verificación de supuestos errores in iudicando, tal como lo pretende la causa..." (Resolución Judicial de 12 de enero de 2001)

    Como puede apreciarse de la jurisprudencia citada, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia ha sentado el criterio de la preferencia de la vía contencioso administrativa en vez de la constitucional máxime cuando no se ha agotado la jurisdicción destinada para tales efectos que en este caso en la Contencioso Administrativa a través del recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción, además la imposibilidad del Pleno en abordar temas de índole legal en donde claramente se está utilizando la demanda de Inconstitucionalidad como una tercera instancia.

    Debe reiterarse que la Acción de Inconstitucionalidad sólo debe interponerse frente a actos definitivos, ejecutoriados, que no pueden impugnarse por otros medios, por lo que al existir una vía ordinaria para dilucidar objeciones de índole legal que se tengan con respecto de la Resolución No.ANATI-074 de 1 de abril de 2015, emitida por la Dirección Nacional de Titulación y Regularización de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras.

    Indicado lo anterior, el Pleno debe concluir que la acción de inconstitucionalidad presentada por el Licenciado F.A.C.B. debe declararse no viable.

    En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA NO VIABLE la Acción de Inconstitucionalidad interpuesta por el Licenciado F.A.C.B. contra la Resolución No.ANATI-074 de 1 de abril de 2015, emitida por la Dirección Nacional de Titulación y Regularización de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras.

    N.,

    ABEL AUGUSTO ZAMORANO

    JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS -- CECILIO A. CEDALISE RIQUELME -- H.A.D.L.B.-.H.A.D.G.-.L.R.F.S.-.J.M.E.-.O.A.O.W.S.F..

    YANIXSA Y. YUEN C. (Secretaria General)

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