Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 13 de Marzo de 2019

PonenteJosé Eduardo Ayu Prado Canals
Fecha de Resolución13 de Marzo de 2019
EmisorPleno

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

Sala: Pleno

Ponente: J.E.A. Prado Canals

Fecha: 13 de marzo de 2019

Materia: Inconstitucionalidad

Acción de inconstitucionalidad

Expediente: 180-16

VISTOS:

Ha ingresado al Pleno de esta Corporación de Justicia, la Demanda de Inconstitucionalidad propuesta por los licenciados F.M.H. y B.E.G.E., apoderados judiciales de F.V.R., contra la Providencia N°046 de treinta (30) de mayo de 2014, emitida por la Dirección Nacional para la Ejecución de Tratados de Asistencia Legal y Cooperación Internacional del Ministerio de Gobierno.

LA DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD

En el memorial que da génesis a este proceso constitucional, los licenciados M.H. y GONZÁLEZ ESPINOSA sostienen que la norma demandada infringe de modo directo el artículo 29 de la Constitución Política de la República que consagra la garantía constitucional del derecho a la intimidad, de la que emana la garantía del secreto bancario toda vez que, en la solicitud de asistencia legal, las autoridades argentinas requerían la obtención de información bancaria, sin embargo, no especificaron la información requerida.

Agregan los juristas que el pedido de las autoridades de la República Argentina es muy genérico y carece de elementos de especificidad, lo que se contrapone a la normativa legal vigente. En ese sentido, apuntan que en nuestro sistema bancario rige el principio de reserva bancaria, de acuerdo al cual, la información referida a los depósitos y captaciones que reciban los bancos debe ser mantenida en secreto y solo se pueden dar a conocer a los dueños de ese dinero y a quienes ellos hayan autorizado.

Expresan los demandantes que el tema de la Reserva Bancaria ó Secreto Bancario aparece consagrado en el Título III, Capítulo XII del Decreto Ejecutivo N°52 de 30 de abril de 2008, que adopta el Texto Único del Decreto Ley N°9 de 26 de febrero de 1998, modificado por el Decreto Ley N°2 de 22 de febrero de 2008, que contiene una serie de prohibiciones y limitaciones en la divulgación y el manejo de la información obtenida en ejercicio de la actividad bancaria. Adicionan que Panamá es signataria de la Convención Interamericana contra la Corrupción, que establece el principio elemental de que los Estados firmantes no pueden negar la asistencia solicitada al amparo del secreto bancario; sin embargo, el artículo XVI de dicho instrumento establece que el secreto bancario será aplicado por el Estado parte requerido, de conformidad con su derecho interno, sus disposiciones de procedimiento o con los acuerdos bilaterales o multilaterales que lo vinculen con el Estado parte requirente.

Exponen que la lectura del artículo 111 del Decreto, al disponer que el secreto bancario puede ser levantado a solicitud de "autoridad competente" de conformidad con la ley, engendra un mecanismo denominado "reenvío legal", es decir, su alcance y contenido se complementa con el texto de otra disposición, la del artículo 29 de la Constitución. Por consiguiente, el levantamiento del secreto bancario puede darse, siempre y cuando el mecanismo se concilie con los presupuestos establecidos en el artículo 29 de la Constitución, de lo contrario se estarían violando principios elementales de derecho sustantivo y procesal.

Refieren también los demandantes que la providencia viola de forma directa por comisión el artículo 32 de la Constitución Política, pues la Dirección Nacional de los Tratados de Asistencia Legal Mutua del Ministerio de Gobierno, procede a admitir el diligenciamiento de la Solicitud de Asistencia Internacional, sin que se cumplieran los requisitos formales establecidos en el ordenamiento procesal penal y constitucional vigente.

En esa línea de pensamiento, arguyen los demandantes que, en el caso de la información bancaria solicitada y amparada bajo el velo constitucional del derecho a la intimidad, debió requerirse previamente autorización por parte de las autoridades judiciales y no disponer su cumplimiento directamente por las autoridades del Ministerio Público, como se desprende del artículo 13 del Código Procesal Penal.

Agregan que, al ser la asistencia legal internacional una extensión (ficción) del proceso penal sustanciado en el país requirente y, por tanto, al tener que sustanciarse o diligenciarse de conformidad con el ordenamiento jurídico interno del país requerido, se debió disponer el requerimiento previo de la autorización correspondiente por parte de las autoridades judiciales y no su cumplimiento directo por las autoridades del Ministerio Público.

OPINIÓN DE LA PROCURADORA GENERAL DE LA NACIÓN

La Procuradora General de la Nación, al corrérsele traslado de la presente acción constitucional, solicita a esta Corporación de Justicia declarar que no es inconstitucional la Providencia N°046 de 30 de mayo de 2014 emitida por la Dirección Nacional para la Ejecución de Tratados de Asistencia Legal y Cooperación Internacional del Ministerio de Gobierno.

Sostiene la máxima representante del Ministerio Fiscal que cualquier infracción a la norma fundamental debe ser indubitable e irrefutable y que prima facie se nota que los agravios que se reclaman en la resolución impugnada, no resultan precisos, tangibles o evidentes, ni ello se aprecia de la lectura del acto proporcionado, ni de los cargos desarrollados por el demandante constitucional. En ese sentido, plantea que el acto demandado no desconoce, disminuye o conculca de forma alguna los artículos 29 y 32 de la Carta Suprema.

Respecto al primer párrafo del artículo 29 de la Constitución Política, alega que este no fue vulnerado por la autoridad, ya que esta verificó el contenido íntegro de la carta rogatoria, la que se mantenía dentro de los parámetros consignados en los artículos 6 (delitos con pena superior de un año) y 7.h (remisión de documentos, informes, información y elementos de prueba) de la Convención Interamericana de Asistencia Mutua en Materia Penal, adoptada en Nassau, B., el 23 de mayo de 1992 y ratificada por Panamá mediante Ley N°52 de 17 de octubre de 2001.

Sigue diciendo la Procuradora General de la Nación que no se encuentra asidero constitucional para la denegación de la cooperación internacional, pues la Providencia N°046 de 30 de mayo de 2014 no afecta el orden público, la soberanía, la seguridad o los intereses públicos fundamentales; siendo dable advertir que los hechos perseguidos por las autoridades extranjeras eran una estratagema de sociedades empleadas para encubrir dinero de origen ilícito, lo que, a todas luces, atenta contra el correcto desarrollo del orden económico.

En esa línea de pensamiento, sostiene la colaboradora de la instancia que la información peticionada por el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°7 del Poder Judicial de la República de Argentina, en nada atenta contra la seguridad, la soberanía, orden público o los intereses públicos nacionales; sino por el contrario, la colaboración brindada patentiza el interés de la República de Panamá de prevenir el blanqueo de capitales.

En cuanto al reconocimiento y tutela del derecho de inviolabilidad de correspondencia, precisa que la Corte Suprema ha señalado que la disposición 29 de la Carta Política consagra como regla general la inviolabilidad de documentos privados y establece al respecto una excepción: el examen de tales documentos puede tener lugar con el cumplimiento de los siguientes requisitos: a) que lo realice autoridad competente b) que el examen tenga fines específicos, c) que se respeten las formalidades que establece la ley.

Sigue diciendo la funcionaria que las diversas solicitudes e inspecciones realizadas para ejecutar el petitorio internacional fueron ejecutadas por la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada, competente para peticionar información encaminada a la persecución del delito, con estricto apego a lo solicitado por el Poder Judicial de la República de Argentina y conforme a las formalidades consignadas en la ley de procedimiento penal.

Destaca que la copia suministrada por los demandantes, además de ser copia simple de un documento extranjero no se apega al tenor íntegro del contenido de la carta rogatoria librada por el Poder Judicial de la Nación de la República de Argentina y que, de su simple lectura, se verifica la alteración de la lista numerada de peticiones incoadas sobre cada una de las personas naturales y jurídicas, objeto de investigación en el Estado Requirente. En consecuencia, descarta que las solicitudes fuesen ambiguas o abiertas, pues de cada uno de los sujetos se requirió información precisa sobre su constitución y haberes inscritos en las entidades correspondientes en la República de Panamá.

Precisa que el Texto Único del Decreto Ley N°9 de 1998, modificado por el Decreto Ley N°2 de 22 de febrero de 2008, advierte en su artículo 111.1 relativo a la confidencialidad bancaria que las entidades reguladas no solicitarán consentimiento de su cliente para suministrar información cuando haya sido requeridas por autoridad competente, de conformidad con la ley; máximo ante la prevención del blanqueo de capitales. Adiciona que las funciones previstas en las normas legales, de conformidad con el artículo 2044 del Código Judicial y el artículo 557 del Código Procesal Penal, siguen siendo propias del Ministerio Público, Procuraduría General de la Nación y sus componentes, sin control anterior o posterior del órgano jurisdiccional en el Primer Distrito Judicial.

Plantea la Jefa del Ministerio Público que la actuación no viola el artículo 32 de la Constitución en lo que respecta a la autoridad competente para ejecutar la petición de auxilio judicial internacional girado por el Poder Judicial de la República de Argentina y los procedimientos empleados. Destaca que los demandantes propugnan por prorrogar en quién recae la calidad de "autoridad central" para la ejecución de la Convención Interamericana de Asistencia Mutua en Materia Penal, pese a que el artículo III de dicho texto legal expresamente faculta a cada Estado Parte designar a su representante y, en el caso de la República de Panamá, se le delegó tal responsabilidad a la Dirección Nacional para la Ejecución de los Tratados de Asistencia Legal Mutua y Cooperación Internacional.

Señala que las facultades o atribuciones de cada una de las autoridades centrales son conforme a la ley formal que las regula o reglamenta, no así a la analogía que pretende enhebrar la parte actora, por lo que se debe desestimar de plano cualquier fundamento de aplicación del Código de Procedimiento Penal, a la Dirección Nacional para la Ejecución de los Tratados de Asistencia Legal Mutua y Cooperación Internacional, al momento de decretar viable la solicitud elevada por las autoridades del Poder Judicial de la República de Argentina.

Sigue diciendo que cuando los demandantes se refieren a la vulneración del artículo 32 de la Constitución cimentan su argumentación en el derecho a la intimidad enunciado en el artículo 13 del Código Procesal Penal y el numeral 5 del artículo 556 y 557 del mismo texto legal, más no articulan de forma homogénea sus pretensiones, toda vez que la autoridad central en el caso de la Convención Interamericana de Asistencia Mutua en Materia Penal, es la Dirección Nacional para la Ejecución de los Tratados de Asistencia Legal Mutua y Cooperación Internacional, por lo que la información solicitada por la autoridad judicial de la República de Argentina fue recabada conforme a Derecho, máxime que a quien se le delegó el cumplimiento de dicha acción mantiene su sede en la ciudad de Panamá.

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

Concluido el trámite legal y luego de haber reseñados los cargos de agravio que el promotor de esta acción constitucional le formula a la Providencia N°046 de treinta (30) de mayo de dos mil catorce (2014) dictada por la Dirección Nacional para la Ejecución de Tratados de Asistencia Legal y Cooperación Internacional del Ministerio de Gobierno y la posición que respecto a esta pretensión ha exteriorizado la Procuraduría General de la Nación, corresponde al Pleno, en ejercicio de la atribución que le otorga el numeral 1, del artículo 206 del texto supremo como guardián de la integridad de este cuerpo de normas, emitir un pronunciamiento de fondo.

Los cargos de inconstitucionalidad que la parte actora dirige contra la Providencia N°046 de treinta (30) de mayo de dos mil catorce (2014) se cifran en el artículo 29 y 32 de la Carta Política.

Respecto a la primera infracción, es el convencimiento de los promotores de la acción que, al declarar viable y admitir el diligenciamiento de la Solicitud de Asistencia Internacional librada por el Poder Judicial de la República Argentina, la resolución demandada pasa por alto el derecho a la confidencialidad bancaria contemplado en la Ley Bancaria, en cuanto se trata de una petición genérica, carente de especificidad. Destaca que, aun cuando la Convención Interamericana contra la Corrupción establece que los Estados Partes no pueden negar la asistencia al amparo del secreto bancario, este debe ser aplicado de conformidad con el derecho interno, sus disposiciones de procedimiento o con los acuerdos bilaterales o multilaterales que lo vinculen con el Estado Parte requirente.

Destaca que la Ley Bancaria establece que los Bancos sólo divulgarán informaciones sobre sus clientes cuando media solicitud de autoridad competente, de conformidad con el procedimiento legal, lo que debe conciliarse con lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política, que consagra como regla general la inviolabilidad de documentos privados, a menos que la información sea requerida por autoridad competente y para fines específicos.

A propósito de estas aseveraciones, advierte esta M. que la resolución acusada de inconstitucional se circunscribe a considerar viable y, consecuentemente, a admitir para su diligenciamiento una Solicitud de Asistencia Internacional librada a través del Poder Judicial de la Nación de la República de Argentina, en la causa N°3017/2013, a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°7, carátula "BAEZ LAZARO y OTROS S/ENCUBRIMIENTO Y OTROS".

La providencia demandada se apoya en la Convención Interamericana de Asistencia Mutua en materia penal, adoptada en Nassau, B., el 23 de mayo de 1992 (Ley N°52 de 2001), a través de la cual "Los Estados Partes se comprometen a brindarse asistencia mutua en materia penal, de acuerdo con las disposiciones de la presente Convención".

La citada Convención Internacional, en su artículo 2, contiene un claro mandato a los Estados Parte, en el sentido de prestar "asistencia mutua en investigaciones, juicios y actuaciones en materia penal referentes a delitos cuyo conocimiento sea de competencia del Estado requirente al momento de solicitarse la asistencia", asistencia que solo podrá ser denegada en los supuestos expresamente señalados en la disposición 9 "Denegación de Asistencia" y cuya tramitación en el Estado requerido depende de la satisfacción de ciertas indicaciones que se detallan en el artículo 26.

En esencia, refiere la norma, que la solicitud debe indicar el delito a que se refiere el procedimiento y descripción sumaria de los hechos constitutivos del mismo, investigación o juicio penal de que se trate y descripción de los hechos a que se refiere la solicitud; acto que origina la solicitud de asistencia con una descripción precisa del mismo; cuando sea pertinente, la descripción de cualquier procedimiento u otros requisitos especiales del Estado requirente; descripción precisa de la asistencia que se solicita y deberá verse acompañada de toda la información necesaria para el cumplimiento de la solicitud.

El proceder de la Dirección Nacional para la Ejecución de Tratados de Asistencia Legal y Cooperación Internacional del Ministerio de Gobierno, advierte el Pleno, encuentra cabida en su calidad de autoridad central, a la que le corresponde, al tenor de lo normado en el artículo 3 del Convenio supra descrito, "el envío y recibimiento de las solicitudes de asistencia", responsabilidad que se corresponde con aquella que le reserva a esta oficina el Manual de Organización del Ministerio de Gobierno, en lo atinente a la "Recepción, estudio y admisión de las solicitudes de asistencia (legal) provenientes de los países suscritos a los tratados y hacia los países..." (Manual de Organización y Funciones del Ministerio de Gobierno, p.81).

El papel de la Dirección Nacional de Tratados de Asistencia Legal y Cooperación Internacional del Ministerio de Gobierno como autoridad central de la Convención Interamericana de Asistencia Mutua en materia penal, vale señalar, ha sido reconocido por la jurisprudencia de esta Sala Plena, diferenciándola de aquella que le asiste a otras entidades encargadas, en el evento que la solicitud provenga de un país con el que la República de Panamá no mantiene un vínculo jurídico internacional en materia penal, o bien, que mantienen dicho vínculo a propósito de otros instrumentos supranacionales. En fallo de 28 de mayo de 2007, esta M. señaló lo siguiente:

"En la República de Panamá, se han establecido diversos tipos de Autoridades Centrales de acuerdo a la naturaleza del delito y el Convenio que haya suscrito para brindar la asistencia legal en materia penal, por lo que se recomienda que al momento de tratar de formalizar una solicitud de asistencia judicial internacional en materia penal, sino se tiene plenamente identificada la Autoridad Central en el Tratado que se pretenda invocar, debe ser confirmada antes de evitar dilataciones en el proceso de asistencia.

Para la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal, adoptada en Nassau, B., la República de Panamá ha designado como Autoridad Central al Ministerio de Gobierno y Justicia, a través de su Dirección Nacional para la Ejecución de los Tratados de Asistencia Legal Mutua y Cooperación Internacional, la cual una vez admitida la solicitud deberá remitirla a la autoridad competente, según sea el caso.

En caso de que un Estado no mantenga algún vínculo jurídico internacional en materia penal, puede formular su solicitud de auxilio internacional por vía de su canal diplomático a la cancillería panameña, la cual remitirá a esta Corporación de Justicia. En dicho supuesto, la Corte tendría que recurrir al principio de reciprocidad, solidaridad y buena fe que debe imperar entre los países que integran la comunidad internacional, mediante la cual es permisible acceder a las peticiones que se formulen del extranjero, por parte de Estados con quienes la República de Panamá no haya suscrito convención alguna de auxilio judicial, situación que no se da en el caso que nos ocupa, ya que tanto la República de Panamá como la República de Argentina han suscrito la Convención Interamericana de Asistencia Legal Mutua en Materia Penal.

En vista de lo anterior, la Autoridad Central responsable en este caso en particular sería el Ministerio de Gobierno y Justicia, a través de la Dirección Nacional para la Ejecución de los Tratados de Asistencia Legal Mutua y Cooperación Internacional, por lo que esta Corporación de Justicia solo le corresponde señalarle a las autoridades de la Cancillería panameña, que las Asistencias Penales Internacionales son atendidas por el Ministerio de Gobierno y Justicia en virtud de la Convención Suscrita por ambas naciones, por lo que siendo así las cosas, le enviamos el presente cuaderno a fin de que le den el trámite que por ley le corresponde."(Énfasis suplido por el Pleno)

El hecho que la Dirección Nacional para la Ejecución de Tratados de Asistencia Legal y Cooperación Internacional del Ministerio de Gobierno funja en nuestro país como autoridad central del Convenio Internacional en el marco del cual se solicita la Asistencia Judicial Internacional deviene relevante dado el tenor de la misma. Y es que, de conformidad al artículo 111 del Texto Único del Decreto Ley N° 9 de 26 de febrero de 1998 (Ley Bancario), es requisito para que los bancos divulguen información acerca de sus clientes o de sus operaciones - sin que medie el consentimiento de los clientes -, el que esa información sea requerida por autoridad competente de conformidad con la ley. Por consiguiente, correspondía a la autoridad central remitir al ente competente, de conformidad al derecho interno, para que este recabara la información.

Precisamente, sobre este último punto, gira uno de los cargos de inconstitucionalidad planteados por el actor, al ser este de la convicción que correspondía a la autoridad central someter la solicitud al conocimiento de las autoridades judiciales para su aprobación, no así disponer directamente su cumplimiento por las autoridades del Ministerio Público, esto en atención a lo normado en el artículo 13 del Código Procesal Penal.

En efecto, la norma que invoca el activador constitucional establece que el cuerpo, los bienes y las comunicaciones de las personas son inviolables y que solo pueden ser examinados por mandamiento emitido por un Juez de Garantías, previo cumplimiento de las formalidades penales y por motivos definidos, sin perjuicio de las excepciones previstas en ese compendio normativo; empero, es menester señalar que la premisa desde la que parte la aplicación de la norma no se cumple en este caso.

Cabe aquí recordar que se trata de un procedimiento de cooperación internacional en materia penal, no así un proceso penal que se ventila en la República de Panamá contra las personas señaladas en la Solicitud de Asistencia Judicial presentada por el Estado Requirente, de allí que no puedan ser entendidas como parte, siendo que, para estos efectos, las partes son los Estados involucrados. Corrobora lo anterior el hecho que el artículo 2 de la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal - como suelen hacerlo las convenciones internacionales en esta materia -, no otorgue a los particulares el derecho "para obtener o excluir pruebas o para impedir la ejecución de cualquier solicitud de asistencia", premisa que reñiría con la aplicación a este procedimiento de cooperación en materia penal de las normas del proceso penal acusatorio, de corte garantista, y también el propósito que persigue este tipo de acuerdo internacionales de agilizar las asistencias judiciales extranjeras, a fin de superar las barreras territoriales, que facilitan la criminalidad a nivel internacional.

En resumen, por considerar esta Colegiatura que el procedimiento aplicado a la Solicitud de Asistencia Internacional en materia penal en la resolución demandada es el adecuado, corresponde examinar los cargos de infracción que contra ella se realizan a la luz del artículo 29 de la Carta Política, por considerar que la información bancaria solicitada no resulta específica.

Ciertamente, la norma constitucional contempla el derecho a la privacidad documental, sin embargo, reconoce también ciertos límites dirigidos a la preservación del interés público, permitiendo así que documentos particulares puedan ser examinados y retenidos por autoridad competentes y para fines específicos, de acuerdo con formalidades legales.Sobre estas excepciones al derecho en cuestión, el Pleno en sentencia de 11 de mayo de 1999, expresó lo siguiente:

"Cualquier invasión en la esfera protegida por los Derechos Fundamentales se encuentra bajo el mandato de la proporcionalidad de los medios, mandato que dimana del Estado de Derecho y de la esencia misma de los Derechos Fundamentales, que como expresión genérica de libertad del ciudadano frente al Estado sólo pueden ser limitados por los poderes públicos en la estricta medida en que fuere inevitable para la protección de los intereses generales. Medio elegido y objetivo perseguido han de estar entre sí en una relación razonable. La invasión ha de ser adecuada y necesaria para el fin marcado, no debe ser de tal entidad la invasión que llegue a ser inasumible por el afectado". (Cf. sentencia de 11 de mayo de 1999. Caso: amparo en apelación contra la resolución de 16 de marzo de 1999 emitida por el Primer Tribunal Superior de Distrito. MP. R.F.; la sentencia cita la opinión del autor E.P.P.. Constitución, jurisdicción y proceso, Madrid, 1990, pp. 345-346).

A los efectos de que la afectación del derecho a la confidencialidad documental se ajuste al fin pretendido - que en este caso no es otro que diligenciar una solicitud de asistencia judicial -, la disposición 29 de la Constitución Política fija con claridad los requisitos que deben satisfacerse para que los documentos a los que esta hace alusión, pueden ser examinados, esto es: que lo realice una autoridad competente; que el examen tenga fines específicos; que se respeten las formalidades que establece la Ley.

De la revisión de la Solicitud de Asistencia Internacional del Poder Judicial de la Nación de la República de Argentina, específicamente, del apartado que califica el demandante de poco específico, se observa que ciertamente se procura información bancaria perteneciente a determinadas personas jurídicas - TEEGAN, INC., WHEATON CORPORATION, S.A., M.J.I., BRS BANQUE ST.JOHNS SA, SOLTERRA HOLDINGS INC., HELVETIC SERVICES GROUP SA, HELVETIC SERVICE, EYDEN GROUP LLC SRL, CONTINENTAL URBANA SOCIEDAD ANÓNIMA INVERSORA, G B PARTNERS TRADING AND CONSULTINS SL, SERBEL TRADE SL, CREDITO ONE EUROPE LTD. DERMANINE LITIMED, FEDAVIE LIMITED, PARTLITE LIMITED, DELL OFFIE LIMITED, BIODINAMYCS MEDICAL TRAINING LIMITED, CLARIGALL INVESTMENT LIMITED, DEMTREE LIMITED, CLAYDESGARE LIMITED y NIXAS, S.A. -, específicamente, si estas registran cuentas bancarias a su nombre o de alguno de sus integrantes, en cuyo caso, se debería suministrar "datos completos de sus titulares, tipo de cuenta, fecha de apertura, personas autorización a la realización de operaciones de depósito, extracción y transferencias, como así también se informe detalladamente el movimiento de la misma desde su fecha de apertura - en especial, montos depositados, extraídos y transferidos, procedencia y destino de los mismos, entidades bancarias intervinientes en las operaciones, intereses aplicados, etc."(f.89,21)

En cuanto a los particulares, a saber, J.L.F., FEDERICO ELASKAR, L.A.B., M.A.B.,D.R.P.G. y F.V.R. - en cuyo nombre se promueve esta acción - la Solicitud de Asistencia Judicial apunta a que se informe "si posee cajas de ahorro, cuentas corrientes, depósitos en plazo fijo; tarjetas de crédito, cajas de seguridad y/o cualquier otro producto mercantil y/o financiero que ofrezcan las entidades bancarias radicadas en ese Estado público y/o privadas como así también si los nombrados aparecen como autorizados operar iguales productos por parte de tercero.

Sigue señalando la autoridad requirente que "En caso de darse alguno de los extremos consignados en el requerimiento que antecede, le solicito que se sirva remitir toda la presentación presentada a los efectos de la apertura de aquellos productos, como así también todos los movimientos que registraren hasta la actualidad, con la descripción de fechas, montos, bancos intervinientes y personas involucradas en tales operaciones," y, finalmente, "Que se informen los ingresos y egresos que pudieran registrar a ese país las personas físicas mencionadas, debiendo precisar su procedencia o destino según cada caso. S. remitir las constancias documentales que así lo acrediten" (f.88)

Más allá de ser un requerimiento legal, la especificidad de la información pretendida, es un aspecto que la autoridad central debe necesariamente corroborar al momento de acceder a la Solicitud de Asistencia Judicial presentada por el Estado Requirente, esto se desprende del literal d del artículo 26 de la convención en comentario, que exige que las solicitudes de asistencia contengan la "descripción precisa de la asistencia que se solicita y toda la información necesaria para el cumplimiento de la solicitud".

Es la convicción de este Tribunal que la Solicitud de Asistencia Judicial a la que alude la resolución demandada deviene específica en cuanto a su objeto, de allí que no pueda entenderse vulnerado el artículo 29 de la Constitución Política de la República, tal como lo dejara sentado el Pleno - a propósito de la Acción de Amparo de Garantías Constitucionales incoada también en nombre y representación de F.V.R. contra la misma resolución que es objeto de examen - en sentencia calendada 17 de diciembre de 2015 (M.. Ponente O.O.D., que también determinó, ante argumentos similares a los expuestos por el demandante, que dicho acto no suponía una afectación al debido proceso.

A propósito del derecho de confidencialidad que entiende la parte actora le es vulnerado por la resolución demandada, no sobra agregar que la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal, en observancia a este derecho, establece ciertas limitaciones o restricciones al Estado Requerido, en cuanto al uso de la información o prueba solicitada. En ese sentido, señala el artículo 25 de este instrumento supranacional que "El Estado requirente no podrá divulgar o utilizar ninguna información o prueba obtenida en aplicación de la presente Convención para propósitos diferentes a aquellos especificados en la solicitud de asistencia, sin previo consentimiento de la Autoridad Central del Estado requerido..." (Énfasis suplido por el Pleno)

La disposición citada apunta a resguardar el derecho que reivindica el postulante a través de la presente acción, por consiguiente y a la luz del carácter específico de la petición elevada por el Estado Requirente, reitera el Pleno que no es factible sostener que la Providencia N°046 de treinta (30) de mayo de 2014, emitida por la Dirección Nacional para la Ejecución de Tratados de Asistencia Legal y Cooperación Internacional del Ministerio de Gobierno, supone una afectación al derecho a la privacidad documental consagrado en la disposición 29 de la Carta Magna.

Así las cosas, concluye esta Alta Corporación que la Providencia N°046 de treinta (30) de mayo de dos mil catorce (2014) no representa una violación a las disposiciones 29 y 32 de la Norma Fundamental, ni a otra disposición de dicho texto, y así se declarará.

En mérito de lo expuesto, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley DECLARA QUE NO ES INCONSTITUCIONAL la Providencia N°046 de treinta (30) de mayo de dos mil catorce (2014), emitida por la Dirección Nacional para la Ejecución de Tratados de Asistencia Legal y Cooperación Internacional del Ministerio de Gobierno.

N.,

JOSE E. AYU PRADO CANALS

CECILIO CEDALISE RIQUELME -- SECUNDINO MENDIETA -- HARRY A. DÍAZ -- LUIS RAMÓN -- FÁBREGA S. -- JERÓNIMO E. MEJÍA E. -- ABEL AUGUSTO ZAMORANO -- OYDEN ORTEGA DURAN ANGELA RUSSO DE CEDEÑO

YANIXSA Y. YUEN (Secretaria General)

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