Sentencia Pleno de Supreme Court (Panama), Pleno, 3 de Julio de 2017

PonenteHarry Alberto Díaz González
Fecha de Resolución 3 de Julio de 2017
EmisorPleno

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

S.: Pleno

Ponente: Harry Alberto Díaz González

Fecha: 03 de julio de 2017

Materia: Inconstitucionalidad

Acción de inconstitucionalidad

Expediente: 372-2016

VISTOS:

Al Pleno de esta Corte Suprema, ha ingresado la demanda de Inconstitucionalidad promovida por el licenciado E.A.G.B., en su calidad de Fiscal de Circuito de Litigación Especializada en Asuntos Civiles, Agrarios y de Familia de la provincia de Chiriquí, para que se declare inconstitucional la Resolución de fecha 2 de octubre de 2015, emitida por el Tribunal Superior de Familia, dentro del proceso de Impugnación de Paternidad propuesto por la señora C.L.D., contra el señor B.V.D..

ACTO ATACADO DE INCONSTITUCIONAL

El acto por el cual se promueve la presente Demanda de inconstitucionalidad lo es, la Resolución de fecha 2 de octubre de 2015, emitida por el Tribunal Superior de Familia, dentro del proceso de Impugnación de Paternidad propuesto por la señora C.L.D., contra el señor B.V.D., a través de la cual la autoridad en cuestión dispuso lo siguienteK

"En atención a lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DE FAMILIA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley; REVOCA la Sentencia No. 294, del nueve (9) de junio de 2015, mediante la cual se Declaró la Excepción (sic) de Prescripción propuesta dentro del proceso que nos ocupa. En su lugar RECONOCE la Impugnación de Paternidad propuesta sobre el menor de edad J.P.V.D.

Corresponde al Juez Primario:

  1. Poner en conocimiento a la Dirección Nacional del Registro Civil, lo decidido para que se realice la corrección de la inscripción correspondiente al niño J.P.V.D., que consta en el Tomo 865, Partida 2431, nacimiento de la provincia de Chiriquí; a efecto que en adelante aparezca como J.P.D., cedulado 4-865-2431, hijo de C.L.D.G., colombiana con pasaporte CC38563153.

  2. Poner en conocimiento de la autoridad competente los datos pertinentes para que se investigue la posible comisión del Delito contra la Identidad."

ARGUMENTOS DEL DEMANDANTE

Los hechos que fundamentan esta acción constitucional, narran que el Juzgado Primero Seccional de Familia de la provincia de Chiriquí, a través de la Sentencia No. 294 de 9 de junio de 2015, declaró probada la excepción de prescripción dentro del proceso de Impugnación de la Paternidad promovido por la señora C.D., contra el señor B.V.D., respecto a la paternidad del menor J.P.V.D.

Expone el demandante, que el Tribunal Superior de Familia, mediante Sentencia de fecha 2 de octubre de 2015, revocó la Sentencia No. 294 de 9 de junio de 2015, y en su lugar, reconoció la impugnación de paternidad del menor J.P.V.D., ordenando lo correspondiente a la Dirección del Registro Civil.

Continúa relatando, que el fallo de segunda instancia utilizó como argumentos para revocar lo resuelto por el Juez Primario, un criterio singular de "protección a la identidad" del menor J.P.V.D., buscando dar un sustento jurídico, a través de las convenciones regionales en materia de derechos humanos, sin tomar en consideración lo establecido en el artículo 282 del Código de la Familia, que establece el plazo de prescripción de la acción de impugnación de la paternidad, en un año contado a partir de la inscripción en el Registro Civil, y en este caso en particular, la inscripción se dio el 6 de mayo de 2008 y la demanda se presentó el 1 de septiembre de 2014.

De igual manera refiere, que al no reconocer lo establecido en el artículo 282 del Código de la Familia, la resolución atacada infringe el principio del debido proceso y el de protección a los menores de edad, contenidos en los artículos 32 y 56 de la Constitución Política, respectivamente.

NORMAS CONSTITUCIONALES QUE SE ESTIMAN TRANSGREDIDAS

La parte actora en este caso, estima violado el artículo 32 de la Constitución Política, el cual expresa lo siguiente:

"Nadie será juzgado sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales, y no más de una vez por la misma causa penal, administrativa, policiva o disciplinaria."

Sobre la citada disposición constitucional, arguye el demandante que la misma fue violada de forma directa por omisión, en específico, lo relativo al derecho que tienen todos los ciudadanos a ser juzgados conforme a los trámites legales. Resalta, el principio de contradictorio que garantiza que las partes en un proceso tengan la oportunidad de presentar sus descargos, alegando todos y cada uno de los medios de defensa que la Ley ponga a su alcance, permitiendo que las personas puedan defender efectivamente sus derechos.

Expone, que el fallo señalado de inconstitucional, viola el artículo 32 de la Constitución Política, al no reconocer un medio de defensa como lo es la excepción de prescripción, que fue alegada oportunamente, dejando en indefensión al señor B.V.D.. Asimismo, indica que la decisión se ampara en criterios de "control de la convencionalidad" y en el "principio de interés superior del niño", omitiendo lo establecido en el artículo 282 del Código de la Familia, que es claro en indicar que todo menor de edad debe tener certeza y seguridad jurídica desde su nacimiento, lo cual constituye un derecho humano fundamental que debe garantizar el Estado, razón por la cual presenta esta demanda en representación del Ministerio Público.

En otro orden el demandante alude, que en iguales circunstancias se violaron otras disposiciones constitucionales como es el caso del artículo 56 de la Constitución Política, cuyo tenor es el siguiente:

"El Estado protege el matrimonio, la maternidad y la familia. La Ley determinará lo relativo al estado civil.

El Estado protegerá la salud física, mental y moral de los menores y garantizará el derecho de éstos a la alimentación, la salud, la educación y la seguridad y previsión social. Igualmente tendrán derecho a esta protección los ancianos y enfermos desvalidos."

Sobre la citada norma constitucional, argumenta el demandante, que los menores de edad gozan de derechos que deben ser tutelados por el Estado; situación que no se da en fallo atacado de inconstitucional, en el cual se ha planteado como justificante, el derecho a la identidad del menor. Se aprecia a la letra el demandante que: "el niño J.P.V.D., si bien es cierto, se alega que su padre biológico no coincide con el señor B.V.D., lo correcto a enfatizar es que durante 10 años ha sido conocido como el hijo de B.V.D. y C.L.D.G., a los cuales identifica como sus padres, quienes lo han tratado como su hijo y atendido como tal; en el medio social donde se desenvuelve se ha destacado nacional e internacionalmente (Competencias de Barriles y Lazo) como hijo de estos señores luciendo ambos apellidos. Además es el propio señor V.D., quien ostenta la guarda y crianza de J.P.V.D., y con quien el menor de edad se encuentra seguro y protegido. Todos estos aspectos nos llevan a concluir que definitivamente ya ha creado en él una identidad, lo suficientemente comprobada para ser reconocida en su interior y en el medio que se desarrolla."

Concluye señalando, que el Tribunal Colegiado justificó su decisión en la prueba de ADN, sin tomar en consideración la posesión notoria de hijo, que para el Corte Suprema Chilena, prima sobre el factor biológico. En ese sentido, considera violado el artículo 56 de la Constitución Política, respecto a la protección que debe brindar el Estado a los menores de edad, sobre todo, al derecho a la identidad del menor J.P.V.D., todo esto, en concordancia con el artículo 8 de la Convención sobre los Derecho del Niño.

OPINIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Mediante Vista N°21 de 13 de julio de 2016, la licenciada K.I.P.D., Procuradora General de la Nación, emitió concepto respecto a la demanda de inconstitucionalidad promovida por el licenciado E.A.G.B., señalando en lo medular de su escrito que el accionante, busca en realidad, que el Tribunal Constitucional analice un hecho que ha sido objeto de pronunciamiento en dos instancias, sin aportar constancia de que se hayan cumplido con todos los medios de impugnación.

Añade la colaboradora de la instancia, que la pretensión constitucional perseguida por el demandante se orienta a cuestionar los fundamentos de un fallo judicial, contra el cual, aún era posible ejercer un mecanismo procesal para su remedio jurisdiccional, como lo era el recurso de casación, por lo que no resulta viable la utilización de la acción constitucional para tratar de enervar la decisión de segunda instancia.

En consecuencia, solicitó declarar no viable la presente acción de inconstitucionalidad, promovida por el licenciado E.A.G.B..

FASE DE ALEGATOS

El Pleno, cumpliendo con el procedimiento legal, le dio publicidad al negocio por el término de Ley, con la finalidad de permitir a cualesquiera persona externar concepto con relación a la demanda de Inconstitucionalidad; sin embargo, no fueron presentados alegatos al respecto.

CONSIDERACIONES Y DECISIÓN DEL PLENO

Cumplidas las etapas inherentes a este negocio Constitucional, se avoca el Pleno de la Corte Suprema a emitir el pronunciamiento correspondiente, para lo cual debemos puntualizar que en Panamá, la guarda de la integridad constitucional, la ejerce privativamente esta Corporación, conforme al artículo 206 de la Constitución Política que establece:

La Corte Suprema de Justicia tendrá, entre sus atribuciones constitucionales y legales, las siguientes:

1. La guarda de la integridad de la Constitución para lo cual la Corte en pleno conocerá y decidirá, con audiencia del Procurador General de la Nación o del Procurador de la Administración, sobre la inconstitucionalidad de las Leyes, decretos, acuerdos, resoluciones y demás actos que por razones de fondo o de forma impugne ante ella cualquier persona

.....

Conocidos los argumentos del accionante, el Pleno de la Corte estima como válidas las observaciones presentadas por la Procuradora General de la Nación, respecto a la demanda promovida por el licenciado E.A.G.B., quien actúa en calidad de Fiscal de Circuito de Litigación Especializada en Asuntos Civiles, Agrarios y de Familia del Circuito de Chiriquí, actuando en representación de la sociedad panameña, el Estado panameño y los intereses relacionados con el estado civil de las personas, para que se declare inconstitucional la Resolución de fecha 2 de octubre de 2015, dictada por el Tribunal Superior de Familia.

En múltiples ocasiones el Pleno de esta Corte Suprema se ha referido a la improcedencia de la acción de inconstitucionalidad, en casos similares; en razón, que se deben agotar los remedios que establece la ley con miras a restablecer sus derechos:

"... la acción de inconstitucionalidad no constituye un medio de impugnación más dentro de un proceso, sino una acción autónoma que le da vida a un proceso nuevo e independiente, que sólo debe interponerse contra actos definitivos, ejecutoriados y que no pueden impugnarse por otros medios, y no en los casos en que existiendo las vías procesales comunes o especiales en materia de legalidad, el afectado las dejó de utilizar y recurre a una acción como la de inconstitucionalidad, que sólo puede utilizarla si previamente cumplió con todos los medios de impugnación a su alcance en la vía administrativa o judicial, y en que la acción puede ser realmente efectiva, porque los Tribunales no pueden propiciar acciones judiciales que no satisfagan eficazmente las pretensiones del demandante, a pesar de que la sentencia le sea favorable (Registro Judicial, Diciembre de 1994, pág.121).

"Ahora bien, la legalidad o no de esta acción debe ser dilucidada a través de los canales ordinarios correspondientes, pues la acción de constitucionalidad no es un medio de impugnación adicional dentro de un proceso, sino una acción autónoma que le da vida a un proceso nuevo e independiente, y que sólo debe interponer frente a actos definitivos, ejecutoriados y que no pueden impugnarse por otros medios. En esta oportunidad existe otro cauce idóneo que necesariamente debe utilizar el accionante para dilucidar la legalidad de la resolución administrativa demandada." (fallo del Pleno de fecha 15 de junio de 2004).

De la lectura del libelo de la demanda, se aprecia que el actor realiza argumentaciones que corresponden ser revisadas desde el plano de la legalidad, lo cual escapa de nuestra competencia, considerando la postura reiterada que ha mantenido el Pleno de la Corte Suprema, respecto al criterio de especialidad, lo cual en esta situación se constata con lo expuesto por la Procuraduría General de la Nación, cuando hace referencia a la no utilización de los remedios procesales que tenía a su alcance el demandante contra el mismo acto aquí demandado, lo cual refuerza nuestro posición respecto a que la esfera constitucional no es la vía idónea para el examen de este acto.

Si bien esta máxima Corporación, ha ampliado los criterios respecto a la necesidad de agotar los remedios procesales al alcance de las partes, antes de activar la vía constitucional, tal situación debe ser analizada y aplicada en cada caso en particular.

En ese orden de ideas, se desprende del proceso de impugnación de paternidad, solicitado como antecedente de la presente demanda, que la señora C.L.D. a través de apoderado judicial, peticionó la impugnación de paternidad del señor B.V.D., respecto a su menor hijo, indicando entre otras argumentaciones, que el prenombrado no es el padre biológico del menor y que el reconocimiento se había hecho únicamente como producto del vínculo matrimonial entre ambos.

Ahora bien, el señor B.V.D., compareció al proceso mediante apoderado judicial y ejerció el derecho a defensa. Es importante resaltar, que en los resultados de la prueba de ADN, se descarta al señor B.V.D., como padre biológico del menor. No obstante, el Juzgado Primero Sección al de Familia de Chiriquí, declaró probada la excepción de prescripción de la acción de impugnación de la paternidad, conforme al artículo 282 del Código de la Familia y ordenó el archivo del expediente. Resolución que fue impugnada por la parte demandante con la oposición del demandado y al resolver la alzada, el Tribunal Superior de Familia emitió la resolución hoy demandada de inconstitucional.

Un aspecto a considerar, es que el Tribunal Superior de Familia, para notificar a las partes de la resolución de segunda instancia, fijó el edicto No. 499-15 el 6 de octubre de 2015, desfijado el 9 de octubre de 2015, y consta, que venció el término establecido para anunciar recurso de Casación, sin que la parte demandada presentara su disconformidad con la Sentencia, que hoy es atacada de inconstitucional por el F.E.A.G.B.. Cabe indicar, que al fijar el negocio en lista para que las personas interesadas presenten sus argumentos por escrito, nadie acudió para presentar alegatos correspondientes.

Hacemos estos planteamientos, al encontrarnos ante una situación especial, que involucra la paternidad de un menor de edad, cuya impugnación fue reconocida en Sentencia en firme, respecto a la cual, no hay constancia que el demandado haya presentado alguna disconformidad; aunado a ello, no es el demando quien presenta la demanda de Inconstitucionalidad, sino el Fiscal de Circuito de Litigación Especializada en Asuntos Civiles, Agrarios y de Familia del Circuito de Chiriquí, quien indica representar al Estado, por lo cual, no consta en el expediente, que el demandado, a quien afecta directamente la Resolución impugnada, y quien ejercerá los derechos y obligaciones que devengan de la misma, haya mostrado su intención que la misma se mantenga o no; es por ello, que en este caso en particular, considera el Pleno, aplica el criterio expuesto por la Procuradora General de la Nación, respecto a la necesidad de agotar los remedios procesales al alcance de las partes.

En virtud de lo anterior, pese a que se admitió la demanda de inconstitucionalidad, advierte el Pleno, que la pretensión del activador está orientada a cuestionar los fundamentos de un fallo judicial, contra el cual, aún era posible ejercer un mecanismo procesal para su remedio jurisdiccional, como lo era el recurso de casación. En consecuencia, procederemos a declarar no viable la demanda de inconstitucionalidad promovida por el licenciado E.A.G.B., pues no corresponde Pleno de esta Corte Suprema resolver la pretensión del demandante.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia, en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, DECLARA NO VIABLE, la Demanda de Inconstitucionalidad, propuesta por el licenciado E.A.G.B., en su calidad de Fiscal de Circuito de Litigación Especializada en Asuntos Civiles, Agrarios y de Familia de la Provincia de Chiriquí, para que se declare inconstitucional la Resolución de fecha 2 de octubre de 2015, emitida por el Tribunal Superior de Familia.

N.,

HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ

EFRÉN C. TELLO C. -- JERÓNIMO MEJÍA E. -- OYDÉN ORTEGA DURÁN -- A.R. DE CEDEÑO (Salvamento de Voto) -- A.A.Z.-.A.A.M. -- CECILIO A. CEDALISE RIQUELME -- HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA

YANIXSA Y. YUEN C. (Secretaria General)

SALVAMENTO DE VOTO DE LA MAGISTRADA A.R. DE CEDEÑO

De la manera más respetuosa, debo manifestar que disiento de la opinión de la mayoría del Pleno vertida en la presente resolución, que DECLARA NO VIABLE, la Demanda de Inconstitucionalidad, propuesta por el licenciado E.A.G.B., en su calidad de Fiscal de Circuito de Litigación Especializado en Asuntos Civiles, Agrarios y de Familia de la Provincia de Chiriquí, para que se declare inconstitucional la Resolución de fecha 2 de octubre de 2015, emitida por el Tribunal Superior de Familia.

En primera instancia debo señalar que en esta etapa del procedimiento de la acción de inconstitucionalidad no se puede llegar a la conclusión que dicha acción NO ES VIABLE, ya que la viabilidad se verifica al comprobar si se cumplen con los requisitos de forma para la admisión o inadmisión de la acción de inconstitucionalidad. Por consiguiente, el Pleno de la Corte debió entrar a conocer el fondo de la acción planteada y determinar si la resolución atacada era constitucional o no; más aún cuando esta propia Corporación de Justicia ha señalado que una vez admitida la acción de inconstitucionalidad debe resolverse el fondo.

En otro orden de ideas el fallo aprobado por la mayoría del Pleno cuestiona el hecho que el Fiscal de Circuito de Litigación Especializado en Asuntos Civiles, Agrarios y de Familia de Circuito de Chiriquí fuese quien interpusiera la presente acción de inconstitucionalidad y no la parte demandada. En este punto cabe señalar, que el representante del Ministerio Público estaba legitimado para interponer la presente demanda de inconstitucionalidad en atención a lo preceptuado en el artículo 738 del Código de la Familia que señala: "el Ministerio Público intervendrá, como representante de la sociedad y del Estado, en los procesos y actuaciones de la jurisdicción familiar"; por consiguiente, el Fiscal de Circuito de Litigación Especializado en Asuntos Civiles, Agrarios y de Familia de Circuito de Chiriquí, en su condición de representante de la sociedad y del Estado tenía la potestad de interponer la presente acción de guarda de la constitución.

Por último consideró que la Resolución de 2 de octubre de 2015 emitida por el Tribunal Superior de Familia dentro del proceso de impugnación de paternidad propuesto por C.L.D. en contra de B.V.D., si vulneró la Constitución Nacional, específicamente el artículo 32.

Lo anterior lo indicamos, ya que el Tribunal Superior de Familia al emitir la resolución atacada de inconstitucional reconoció la impugnación de paternidad propuesta sobre el menor de edad J.P.V.D.; a pesar que dicha acción se encontraba prescrita.

En este sentido debemos indicar que si bien la señora C.L.D. estaba legitimada para interponer el proceso de impugnación de paternidad, de acuerdo con lo expuesto en el numeral 2 del artículo 281 del Código de la Familia, dicha acción se encontraba prescrita por cuanto había transcurrido en exceso el plazo de un año después de inscrito el nacimiento que determina el artículo 282 del Código de la Familia para interponer el proceso de impugnación.

Lo anterior lo sustentamos en el hecho que la señora C.L.D., madre de la persona menor de edad, afirmó en el proceso de impugnación que el reconocimiento de su menor hijo se había realizado producto del vínculo matrimonial con el señor B.V.D.; esto quiere decir, que la impugnante tenía conocimiento que desde el momento que se dio la inscripción del nacimiento de su hijo, el señor B.V.D. no era el padre del menor; por consiguiente, desde el día de la inscripción del nacimiento del menor J.P.V.D. (con consentimiento de la señora C.D.) hasta la fecha que se interpuso el proceso de impugnación de paternidad, transcurrió en demasía el plazo establecido en el artículo 282 del Código de la Familia, para interponer el proceso de impugnación, por consiguiente dicha acción estaba prescrita; por lo que la sentencia demandada de inconstitucionalidad sí violentó el precepto constitucional previsto en el artículo 32 de nuestra Carta Magna.

En este sentido la S. Primera de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia mediante resolución del 2017, señaló:

"...si bien resulta de suma importancia, omitió al momento de dictar la Sentencia lo establecido en el Artículo 282 del Código de la Familia, sobre la prescripción de la acción de impugnación de paternidad, la cual ya se encontraba prescrita, pues cuando se produce el reconocimiento de la menor H.S.P.R., esto es, el día 1 de julio de 2004, ya el señor M.R.M. tenía pleno conocimiento que él no era el padre biológico y a pesar de ello la reconoció de manera voluntaria para que la señora A.P.S. no tuviera ningún vínculo con el papá biológico de la menor.

De lo antes expuesto, queda de manifiesto para la S., que al analizar la norma de derecho que se estima infringido, es decir, el artículo 282 del Código de la Familia, el término de prescripción para accionar la impugnación de paternidad se fija en un (1) años, contados a partir del reconocimiento de la menor. Por tanto, tomando en cuenta que la menor fue registrada al 1 de julio de 2004, fecha en que los señores M.R.M. y A.P.S. mantenían una relación sentimental y que la presentación de la demanda se realizó el 26 de marzo de 2013, fecha en que ya la pareja no sostenía ningún vínculo sentimental, puesto que la separación se realizó en el año 2007, la impugnación de paternidad alegada ya se encontraba prescrita desde el año 2005, así como lo estimó el Tribunal Ad quem en la resolución recurrida".

Concatenado a lo anterior es oportuno acotar que en la Sentencia del Tribunal Superior de Familia se indica, que J.P. cuenta en la actualidad con 10 años de edad, y que: "hubiese sido interesante haber escuchado su opinión respecto al tema que nos ocupa; pero lamentablemente no se escuchó en el proceso". Frente a esta afirmación, debemos señalar que el Tribunal Superior tenía facultades oficiosas, por lo que no entendemos si consideró que era necesario escuchar a la persona menor de edad, por qué no lo hizo.

El interés superior del menor implica mucho más que el reconocimiento legal, sobre todo que al quitarle el apellido que llevaba por más de diez (10) años, ello puede producir una pérdida emocional de tal magnitud que no se ha medido en este caso. Nada dice la sentencia del Tribunal Superior de la responsabilidad que atañe a quien, a sabiendas que el niño no era del señor B.V.D., lo permitió.

Nada impide que el niño siga llevando el apellido de quien conoce, siente y ve como padre, producto precisamente del actuar sin medir consecuencias, y que a través de especialistas conozca que no es su verdadero progenitor. Aún así, no consta en el expediente la intención de la madre de indicarle al niño su origen biológico.

Frente a este tema la jurisprudencia internacional ha señalado que en atención al interés superior de la persona menor de edad, en lo relativo a su filiación, no debe estar sujeto a interés de particulares y a los sobresaltos de las relaciones de sus progenitores, por lo que se acuña el concepto de paternidad responsable; en este sentido la S. Segunda de la Corte Suprema de Justicia de la República de Costa Rica señaló:

"Sin embargo, el mismo ordenamiento reconoce que existen muchas situaciones de la vida real en las cuales, las personas se relacionan asumiendo comportamientos propios a los de la paternidad, sin que ésta corresponda exactamente a un nexo biológico. Se ha hablado entonces de una paternidad social, en contraposición a la paternidad biológica, la cual, igualmente es tutelada incluso, con mayor preeminencia sobre aquella otra. Así por ejemplo, disposiciones tales como las de los artículos 90 y 99, del Código de Familia, restringen el derecho a la declaración de una nueva filiación, cuando el hijo o hija esté amparado/a por una posesión notoria de estado distinta a la que se quiera constituir; concediéndole, en este caso, prioridad a la paternidad socialmente establecida. Por otra parte, varios votos de esta S. han señalado expresamente que en virtud del fundamental principio del interés superior del niño y de la niña, lo relativo a la filiación de las personas, particularmente de los y las menores de edad, no puede estar sujeto a los intereses particulares y a los vaivenes de la vida de relación de sus progenitores biológicos o legales. Por eso, en algunos casos en que existe una paternidad socialmente constituida, la paternidad biológica cede frente a la paternidad social".

En vista que la anterior no es la opinión de la mayoría de los Magistrados que integran el Pleno, sino otra, por este medio, de la manera más respetuosa, SALVO EL VOTO.

Con el debido respeto,

A.R. DE CEDEÑO

YANIXSA Y. YUEN

SECRETARIA GENERAL

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