Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 21 de Junio de 2012

PonenteHarry Alberto Díaz González
Fecha de Resolución21 de Junio de 2012
EmisorPleno

VISTOS:

Pendiente de decisión se encuentra la Demanda de Inconstitucionalidad presentada por el Dr. I.P.J.A., en nombre y representación de B.R.P., contra las frases "... por delito cometido por uno contra la persona o el patrimonio del otro o de sus hijos" y "... por delito cometido contra la persona o el patrimonio del otro", contenidas en los ordinales 1 y 2, respectivamente, del artículo 2005 del Código Judicial.

NORMAS JURÍDICAS IMPUGNADAS.

Como ya se indicó, las frases acusadas de inconstitucionales están contenidas en el artículo 2005 lex cit., y cuyos textos se resaltan, son las siguientes:

Artículo 2005. No podrán interponer querella penal entre sí:

1. Los cónyuges, a no ser por delito cometido por uno contra la persona o el patrimonio del otro o de sus hijos, y por el delito de bigamia;

2. Los ascendientes, descendientes y hermanos consanguíneos o afines, a no ser por delito cometido contra la persona o el patrimonio del otro.

Se exceptúa también el delito de incumplimiento de deberes familiares.

LAS NORMAS CONSTITUCIONALES QUE SE CONSIDERAN VIOLADAS Y EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN.

La primera norma cuya infracción denuncia el accionante, es el artículo 47 de la Constitución Nacional, que en su texto indica:

Art. 47. Se garantiza la propiedad privada adquirida con arreglo a la Ley por personas jurídicas o naturales.

Se indica que la norma citada resulta infringida en concepto de violación directa por omisión, puesto que la disposición legal impugnada impide que la víctima cónyuge, ascendiente o descendiente del autor del delito, pueda reivindicar su propiedad por la vía del proceso penal, en casos de delitos de falsificación o delitos financieros, entre otros.

La redacción actual del artículo 2005 del Código Judicial vulnera de manera flagrante la garantía que el Estado tiene que dar a la propiedad privada, ya que impide que los parientes en los grados expresados puedan actuar como querellantes en los procesos que se investiguen delitos distintos a los que se indican en la misma norma.

También se denuncia la infracción directa por omisión del artículo 19 constitucional, que en su redacción señala:

Art. 19. No habrá fueros o privilegios ni discriminación por razón de raza, nacimiento, discapacidad, clase social, sexo, religión o ideas políticas.

La violación se produce desde el momento que la norma tachada de inconstitucional impide reconocer la calidad de querellante a los ofendidos por el solo hecho de su nacimiento o vínculo matrimonial con el ofensor, independientemente que éstos puedan demostrar que han sufrido un daño material o moral que los convierte en claras víctimas del delito. De esta forma se establece una discriminación entre los que nacieron hijos o parientes del autor o cómplices del delito y las otras personas.

Igualmente, cita como norma constitucional infringida, el artículo 32 de la Constitución Nacional, cuyo texto establece:

Art. 32. Nadie será juzgada, sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales, y no más de una vez por la misma causa penal, administrativa, policiva o disciplinaria.

Según el accionante, la norma resulta infringida de forma directa por omisión, en vista que se limita el derecho de acceso al proceso para quien, siendo cónyuge o pariente, en los grados indicados en la norma, del presunto ofensor, queda impedido de demostrar en juicio que han sufrido daños que los convierte en claras víctimas de delitos cometidos por un pariente o cónyuge.

Añade que la ley no puede ab initio impedir a una persona poder acceder a la justicia penal y limitar su derecho de ser oída por el juez y a recibir prontamente los bienes de su propiedad, interviniendo sin mayores formalidades en el proceso.

Finalmente, se invoca la infracción del artículo 4 de la Constitución Nacional, también en concepto de violación directa por omisión, que se produce a consecuencia de la pretermisión de normas contenidas en instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por Panamá. Concretamente, se indica que la norma legal contraviene el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, desde el momento en que el cuestionado artículo 2005 del Código Judicial, no le permite a determinada categoría de personas, por el sólo hecho de su condición de familiar del autor del delito, reclamar una justa indemnización civil en un proceso penal en Panamá, en el cual se procese al imputado por un delito contra la fe pública. También, al amparo del artículo 4 de la Carta Magna, concluye denunciando la infracción de los artículos 7, 8, 10 y 17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, cuyos textos citó en el libelo de demanda.

OPINIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

Una vez admitida la acción de inconstitucionalidad, se corrió traslado a la Procuraduría General de la Nación, que a través de la Vista No. 1, de 29 de enero de 2009, manifestó su opinión en los siguientes términos:

"Es claro que esta disposición legal (art 2005 del Código Judicial) no priva la posibilidad de interponer una denuncia o que un hecho suscitado en el ámbito familiar sea investigado de oficio por la autoridad competente, pues lo que limita es que entre determinados parientes puedan interponerse querellas, es decir, que personas unidas por un vínculo familiar o de parentesco, se constituyan en partes procesales contrarias, en contendientes entre sí, en un asunto de naturaleza penal.

Esta excepción al derecho de constituirse en parte procesal mediante la presentación de una querella, desde el punto de vista doctrinal obedece a la protección del ámbito familiar.

.....

Lo planteado puede resultar limitante al momento de exigir un resarcimiento o indemnización civil producto de la comisión de un delito dentro del proceso penal, pero no constituye óbice para que quien se considere afectado por cualquier otro delito no contemplado en el artículo 2005 del Código Judicial, y previo el agotamiento del procedimiento en la vía penal, pueda recurrir a la vía civil a exigir la respectiva indemnización, conforme se desprende del artículo 1969 de la misma excerta legal."

.....

Ahora bien, en cuanto a la infracción del artículo 19 de la Constitución Política que consagra el derecho a la igualdad, se hace necesario señalar que, en idénticas circunstancias, todas aquellas personas que sean parientes cercanos de quien cometa un delito no contemplado en el artículo 2005 del Código Judicial, en su perjuicio, se encuentran en un plano equivalente o en situación similar. Es decir, todo nacional panameño o extranjero en tránsito o residente en la República de Panamá, puede interponer las querellas que a bien tenga por la comisión de un delito en su perjuicio; no obstante, si esta acción va dirigida contra un pariente cercano, encontrará limitación en el proceso penal, salvo que se trate de un hecho punible cometido contra su patrimonio o contra su persona."

Respecto a la pretendida infracción del artículo 32 de la Carta Magna, la agencia colaboradora reitera las mismas consideraciones vertidas en cuanto al artículo 47 constitucional, en el sentido que la persona afectada en su integridad o sus bienes por su cónyuge o por un pariente cercano, no se le imposibilita el acceso a los entes jurisdiccionales, ya que bien puede presentar la denuncia si así lo desea.

Por otro lado, explica que los avances que en materia de atención y protección de la víctima del delito plantea la reciente aprobación de la Ley 63 de 2008 (Código Procesal Penal), en el sentido de suprimir la limitación para la interposición de querellas entre cónyuges y parientes, recogida en el artículo 2005 del Código Judicial, no soslaya el hecho que este precepto legal tenga en la actualidad sustento razonable.

Finaliza su opinión desestimando la supuesta infracción de las normas supranacionales de derechos humanos invocada por el accionante, señalando que el argumento expuesto por éste, se ciñe a resaltar la limitación que enfrenta la víctima para ser indemnizada o recuperar sus bienes en los procesos que el ofensor sea el cónyuge o un pariente cercano. No obstante, se deja de considerar que en tales casos la víctima puede reclamar la devolución de los bienes sin mayores formalidades y que también está abierta la posibilidad de ser indemnizada por lo daños y perjuicios a través de una acción civil. Cierra su vista solicitando que se desestime la pretensión de la parte accionante.

De acuerdo con el trámite procesal, luego de la última publicación del edicto a que hace referencia el artículo 2564 del Código Judicial, se abrió un término de diez días hábiles para que todas las personas interesadas en el caso presentaran argumentos por escrito.

En esta etapa procesal sólo se allegan a la Corte, los alegatos finales de la parte demandante, en los que se insiste en la procedencia de declarar inconstitucional la norma legal identificada en párrafos anteriores.

DECISIÓN DEL PLENO.

E., por tanto, el proceso constitucional en etapa de su decisión en cuanto al fondo, a ello se aboca el Pleno, previas las consideraciones que se dejan expuestas.

Como cuestión inicial, vale precisar que la pretensión de la parte accionante se concreta a obtener de la Corte una declaratoria de inconstitucionalidad de las frases "... por delito cometido por uno contra la persona o el patrimonio del otro o de sus hijos" y "... por delito cometido contra la persona o el patrimonio del otro", contenidas en los ordinales 1 y 2, respectivamente, del artículo 2005 del Código Judicial. Para mayor claridad, vale transcribir la totalidad del texto de la norma impugnada:

Artículo 2005. No podrán interponer querella penal entre sí:

1. Los cónyuges, a no ser por delito cometido por uno contra la persona o el patrimonio del otro o de sus hijos, y por el delito de bigamia;

2. Los ascendientes, descendientes y hermanos consanguíneos o afines, a no ser por delito cometido contra la persona o el patrimonio del otro.

Se exceptúa también el delito de incumplimiento de deberes familiares.

De manera simplificada, el actor afirma que tales frases contravienen el derecho fundamental a la propiedad privada (art. 47 de la Constitución Nacional), cuando la misma se ve afectada por delitos que la citada norma legal, impide sean objeto de querella entre cónyuges y parientes. De la misma forma, explica que se da la infracción del principio constitucional de no discriminación (art. 19 de la Carta Magna), al impedir que, a diferencia de cualquier otra víctima de los delitos excluidos del artículo 2005 del Código Judicial, los cónyuges y parientes no pueden interponer querellas entre sí.

En la misma línea, señala que tal regulación implica una infracción al debido proceso (art. 32 de la Constitución), ya que impide el acceso a la justicia como derecho humano de toda persona. Concluye manifestando que las frases cuestionadas contravienen el artículo 4 de la Carta Fundamental, ya que nuestro País deja de atender derechos fundamentales recogidos en instrumentos internacionales de Derechos Humanos, que indican que toda persona tiene derecho a ser oída ante un tribunal para el ejercicio de sus derechos.

Como resumen de lo arriba expuesto, resulta fácil colegir que la insatisfacción del accionante radica en que las frases del artículo 2005 del Código Judicial, le impide a los cónyuges o parientes querellarse entre sí, por delitos distintos a los expresamente recogidos en tales frases. Es decir, la parte actora identifica que, fuera de los casos señalados en la citadas frases del artículo 2005, los cónyuges o parientes no pueden promover querellas cuando el imputado resulte ser el otro cónyuge o pariente dentro de los grados indicados. En este contexto, se puede advertir que la pretendida inconstitucionalidad de las frases demandadas, tendría origen en una omisión legislativa, vicio que no es dable demandar en nuestro sistema de control constitucional.

En este sentido se ha pronunciado esta Corporación de justicia al señalar que:

".... la Corte Suprema de Justicia de Panamá no es competente para pronunciarse respecto de una acción de inconstitucionalidad por omisión legislativa.

A este respecto, el Pleno de esta Corporación de Justicia señaló en el fallo de 18 de abril de 1997 lo siguiente:

"A juicio del Pleno de la Corte, las omisiones comentadas harían inconstitucionales por omisión las normas legales que el actor cita en su demanda, salvo el artículo 2612, si nuestro ordenamiento jurídico regulara la acción de inconstitucionalidad por omisión. Se trata de normas cuyo contenido, formalmente, se ajusta al ordenamiento constitucional, pero, en el fondo, entrañan omisiones que desconocen el derecho a ser oídos que tienen los terceros a quienes beneficia la resolución judicial objeto del amparo, así como el derecho que ellos tienen a recibir un tratamiento jurídico que les permita defender sus derechos. No obstante, esta Corporación de Justicia no puede declarar la inconstitucionalidad de tales normas tomando como fundamento la omisión en que han incurrido, porque, como ya se ha expresado, en nuestro ordenamiento jurídico constitucional no está regulada la inconstitucionalidad de las normas por omisión, a diferencia de lo que ocurre en otras legislaciones. Así, por ejemplo, el literal a) del artículo 73 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional de Costa Rica establece que la acción de inconstitucionalidad procede "Contra las leyes y otras disposiciones generales, incluso las originadas en actos de sujetos privados, que infrinjan, por acción u omisión, alguna norma o principio constitucional".

Para concluir este aspecto digamos que la pretendida declaratoria de inconstitucionalidad por omisión, aunque deseable, no es procedente en nuestro sistema de control constitucional." (Cfr. fallo del Pleno de 27 de abril de 2009 y 18 de abril de 1997).

Nótese que, como efecto práctico de entrar a dictar la inconstitucionalidad de la frases impugnadas, ello no implica que los delitos que en la actualidad no son querellables entre cónyuges y parientes, sí pasen a serlo a partir del fallo; lo que sí resulta inminente es que los delitos que en la actualidad son querellables entre cónyuges y parientes con base en las frases cuestionadas, dejarían de serlo, manteniéndose solamente vigentes como querellables, los delitos de bigamia e incumplimiento de deberes familiares.

La situación expuesta deviene de la manera como se planteó la demanda, sólo contra unas frases del artículo 2005 del Código Judicial, y no contra la totalidad de éste.

Ese sentido, cabe indicar que la forma como fue planteada la iniciativa constitucional no puede ser variada de oficio por la Corte, pues en este tema rige el Principio de estricto derecho, según el cual, "..., no puede el Tribunal modificar el planteamiento de la demanda sobre la norma legal acusada de inconstitucional,... De lo expuesto resulta el principio de estricto derecho en cuanto a la norma acusada y a los motivos de la impugnación, que son el principio contrario al de la universalidad constitucional. La Corte sólo puede decidir el caso en los límites de la pretensión, no se puede modificar la causa de pedir." (MOLINO MOLA, E.: La Jurisdicción Constitucional en Panamá, Editorial Universal Books, 4ª edición, Panamá, 2007, pag. 108).

Consecuentemente, estima la Corte que se impone declarar la no viabilidad de esta acción, ya que no resulta factible, en la forma como fue planteada la demanda, entrar a examinar la totalidad del artículo 2005 del Código Judicial, de modo que quede abierta la posibilidad de ensayar nuevamente la presente iniciativa.

PARTE RESOLUTIVA

Por los razonamientos vertidos, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA NO VIABLE la Demanda de Inconstitucionalidad presentada por el Dr. I.P.J.A., en nombre y representación de B.R.P., contra las frases "... por delito cometido por uno contra la persona o el patrimonio del otro o de sus hijos" y "... por delito cometido contra la persona o el patrimonio del otro", contenidas en los ordinales 1 y 2, respectivamente, del artículo 2005 del Código Judicial.

N. y P. en la Gaceta Oficial.

HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ

LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ -- LUIS MARIO CARRASCO -- HARLEY J. MITCHELL D. -- ALEJANDRO MONCADA LUNA -- OYDÉN ORTEGA DURÁN -- ANÍBAL SALAS CÉSPEDES -- VICTOR L. BENAVIDES P. -- HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA

CARLOS H. CUESTAS G. (Secretario)

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR