Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 30 de Junio de 2008

PonenteEsmeralda Arosemena de Troitiño
Fecha de Resolución30 de Junio de 2008
EmisorPleno

VISTOS:

En conocimiento del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, se encuentran sendas DEMANDAS DE INCONSTITUCIONALIDAD promovidas contra los DECRETOS EJECUTIVOS N1317 DE 25 DE AGOSTO DE 2004, N1 318 DE 26 DE AGOSTO DE 2004 y N1321 DE 30 DE AGOSTO DE 2004, expedidos por M.M., ex-Presidenta de la República, con la participación de A.E.Á., ex-Ministro de Gobierno y Justicia, mediante los cuales se indultaron a un número plural de personas, dentro de diversas actuaciones penales que investigaban delitos electorales, ecológicos, contra la vida y la integridad personal, contra la personalidad jurídica del Estado, contra la administración pública, contra el honor, contra el patrimonio, contra la fe pública, contra la seguridad colectiva, contra la economía nacional y tenencia ilegal de explosivos.

Las iniciativas constitucionales dirigidas contra los citados Decretos Ejecutivos, fueron promovidas por el PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN Y POR LOS LICENCIADOS CARLOS HERRERA MORÁN, JULIO BERRÍOS, R.R., ASCARIO MORALES, S.G., A.G.O., M.R. y M.A.B..

Las demandas fueron acumuladas en un solo expediente identificado con el número de entrada 918-04, a fin de resolver mediante un solo pronunciamiento jurisdiccional, dando preponderancia al principio de economía procesal, en razón de que la materia controvertida es idéntica: en todas se alega la inconstitucionalidad de los supracitados Decretos Ejecutivos.

Se advierte que, a excepción de la iniciativa formulada por los licenciados J.B., R.R., A.M. y S.G., el resto de los activadores judiciales plantean los cargos de infracción constitucional, mediante la interposición de sendas demandas autónomas de inconstitucionalidad, siendo esa la vía idónea para traer al escenario jurídico la discusión sobre el vicio constitucional alegado, de conformidad con el texto del artículo 2559 del Código Judicial.

Los licenciados B., R., M. y Guerra emplearon una iniciativa procesal, que no es la adecuada para dirimir el vicio de inconstitucionalidad que se les atribuye a los mencionados Decretos Ejecutivos. Los accionantes proponen la inconstitucionalidad de tales actos mediante una advertencia de inconstitucionalidad, lo cual resulta incorrecto pues, esta vía judicial está reservada exclusivamente para aducir la inconstitucionalidad de una disposición legal o reglamentaria aplicable al caso, y evidentemente que los Decretos Ejecutivos no tienen esa particular condición jurídica.

Hecha esta consideración, el Pleno de la Corte pasa de inmediato a determinar si los decretos de indulto censurados, vulneran alguna norma de rango superior contenida en nuestra Carta Fundamental, previo los siguientes planteamientos.

LOS ACTOS CENSURADOS

Se censura la constitucionalidad de los Decretos Ejecutivos N1317 de 25 de agosto de 2004, N1 318 de 26 de agosto de 2004 y N1321 de 30 de agosto de 2004, expedidos por M.M., ex-Presidenta de la República, con la participación de A.E.Á., ex-Ministro de Gobierno y Justicia.

En estos actos ejecutivos, se deja establecido que se decreta indulto de acuerdo a lo preceptuado en el numeral 12 del artículo 179 de la Constitución Nacional (hoy 184), a favor de un grupo de personas, ya sea que estén siendo investigados, sindicados, procesados o condenados por la supuesta comisión de conductas violatorias de la ley, por la comisión de delitos electorales, ecológicos, contra la vida y la integridad personal, contra la personalidad jurídica del Estado, contra la administración pública, contra el honor, contra el patrimonio, contra la fe pública, contra la seguridad colectiva, contra la economía nacional, tenencia ilegal de explosivos, independientemente de la etapa procesal en que se encuentren y de la instancia o dependencia del Órgano Judicial, Ministerio Público, Tribunal Electoral o Fiscalía Electoral que conozca de la causa.

El total de personas indultadas suman ciento ochenta y dos (182). En el Decreto Ejecutivo N1317 de 25 de agosto de 2004, se beneficiaron ciento sesenta y siete (167) personas, en el Decreto N1318 de 26 de agosto de 2004, si bien señala a cuatro personas, se deben contar sólo tres (3) pues, se repite el nombre de M.C.D. y en el Decreto N1321 de 30 de agosto de 2004, se beneficiaron doce (12) personas.

Las personas indultadas en los Decretos Ejecutivos son: R.E., O.C., R.P., W.R., O.A., H.R., R.R., J.M.C., M.A.B., J.C.T., C.E.G. De La Lastra, C.S., B.J., A.W., R.C., T.C., F.K. De Gracia, C.E.F., L.O.G., J.F., H.E., M.P., O.M., A.B., E.G., C.F., V.R., E.W., C.S., C.B., J.J.V., L.A.H., R.R., J.G.B., R.C., L.C.M., V.R., J.P.B., M.L., R.D.G., M.R., D.R.G., M.G., J.H., A.M., G.W.P., A.A., C.A.C., J.B., A.B., M.D., M.M., B.V., E.Y., E.P., J.R., E.B., R.J., D.F., J.A., H.D., M.B., J.C.A., R.P., E.S., V.C., E.C., A.T.B., G.A., J.W.R., J.M.D., R.T., J.O., J.D.S., O.F.T., U.D., E.M., R.R., A.U., H.V., L.M., L. de Obaldía, A.S.B., E.J., G.J., L.B., L.G., F.G., A.B.A., L. De León, D.P., A.A., A.P., J.R., D.S., L. Posada Carriles, G.J., G.N., P.R., V. De Gracia, A.A., Enicia Frías de R., L.H., D. De La Rosa, L.H., R.M., S.R. de G., R.C., R.A.B., J.D., F.S.G., C.V.S., J.J.J.G., J.R.C., I.C., J.F., F.M., A.C., D.L., L.E.C., N.V., M.O., L.S.S., B.S.G., Z.P.J., A.L., M.L., A.C.R., A.M. de P., Libia Guevara de V., E.A., F.P. de S., B.B., S.S., B.H., G.M.M. de C., G.P.A., A.A.S., D.R. de G., J.M.H., Adria Oderay de S., O.B., J.N.S., J.L.C., A.S.G., L.F.Z., S.A.R., M.D.R.S., F.S.G., R.A., R.S., J.F., A.S., C.A., G.C.R., H.T.M., A.U.T., J.Q., D.P.M., R.B., J.G., P. De Gracia, O.R.G., J.L.M.M., N.L., S.L., M.M.M.G., C.M., R.H., J.H.V., Y.Z., M.S., M.C.S., O.D.C.C.V., N.S.E., C.B.W., A.G.V., H.M. de Lay, L.A., B.M., E.H.D. e I.P.C..

LA PRETENSIÓN CONSTITUCIONAL Y SUS RAZONES

Se sostiene, en lo medular, que los decretos ejecutivos proferidos en su momento por la Presidenta Mireya Moscoso con la participación del entonces Ministro de Gobierno y Justicia, son violatorios de los artículos 179, numeral 12 (hoy 184) y 22 de la Constitución Nacional. La primera norma constitucional se considera conculcada, al desatender el hecho que, la facultad concedida al Presidente de la República para otorgar indultos, es para el supuesto que se trate de la comisión de delitos políticos y no para los casos de delitos comunes y que para esta última clase de comportamientos delictivos, la Constitución prevé que proceden otros beneficios, estos son: la rebaja de pena y el decreto de la libertad condicional. En cuanto a la infracción del artículo 22 constitucional, se arguye que el indulto entraña un perdón y debe entenderse que, tal gracia presidencial, debe producirse cuando la persona favorecida es encontrada "culpable" del delito político y que en los Decretos Ejecutivos censurados, en algunos casos, los beneficiados con la medida no han resultado sentenciados en firme por la comisión de ese hecho ilícito, mientras que en relación a otros, no existía causa penal instruida, con lo que se desvirtúa su presunción o estado de inocencia.

CONCEPTO DE LA PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN

La entonces Procuradora de la Administración, licenciada Alma Montenegro de F., es de la opinión que son inconstitucionales los decretos ejecutivos censurados pues, considera "evidente la utilización indiscriminada y abusiva de esta institución por parte del Órgano Ejecutivo, al indultar claros delitos comunes, sin tener facultad jurídica que le permita proceder de esa forma, apartándose del ámbito trazado por la Constitución Política Nacional, en el artículo 179, numeral 12 (hoy 184). Además, en esta ocasión, más que pretender una reconciliación política nacional, en uno de los decretos se han incluido indultos a favor de personas condenadas por graves delitos, que provocaron daños de difícil reparación a la imagen internacional del país" (f.86).

La funcionaria "comparte los argumentos jurídicos, planteados por el Procurador General de la Nación, quien considera que los Decretos Ejecutivos 318 de 26 de agosto de 2004, 321 del 30 de agosto de 2004 y 317 del 25 de agosto de 2004, son violatorios de los artículos 179 (numeral 12) y 22 de la Constitución Política Nacional, puesto que no le es permitido al Órgano Ejecutivo excederse en el límite que la Constitución le impone, al reconocerle únicamente, la facultad de decretar indultos por delitos de tipo político, y en ningún caso por razón de delitos comunes" (fs.87-88).

LA FASE DE ALEGATOS

En la fase de alegatos se acopia la opinión del licenciado G.S., F. General Electoral, quien en un extenso análisis detalla: 1. las particulares sobre los planteamientos doctrinales de los conceptos de delito común, delito electoral y delito político; 2. una recopilación de los indultos en la historia Republicana de Panamá y 3. la referencia de los precedentes de la Sala Penal y del Pleno de esta Corporación de Justicia en la materia; para luego concluir que, los decretos de indulto emitidos por la entonces P.M.M. son inconstitucionales, puesto que las personas beneficiadas con la medida "se encontraban inmersas en procesos por delitos meramente comunes, que de ninguna forma, pueden ser reputados como delitos políticos" (f.352); agrega que "En lo que respecta a la jurisdicción electoral, la medida busca imposibilitar la instrucción de sumarios penales electorales en contra de copartidarios y afines al partido A., en víspera de la salida de dicho colectivo de la administración gubernamental (f.354) y que "las causas penales electorales instruidas en la jurisdicción en virtud de la supuesta utilización de bienes y recursos del Estado para beneficio de un partido o candidato; no son susceptibles de extinción de la acción penal o de la pena por medio de una medida de indulto. Esto es así, ya que ni doctrinal, ni legalmente pueden asimilarse como delitos políticos, tal y como lo exige la institución del indulto, para ser operativa y efectiva" (f.357).

De igual manera, presentaron alegatos por escrito, los licenciados O.E.P.R., M.R. y M.J.B.Q..

La licenciada P.R. planteó, medularmente, que no es inconstitucional el Decreto Ejecutivo N1317 de 25 de agosto de 2004 pues, "este propio Tribunal ha reconocido la validez y constitucionalidad de los actos del Ejecutivo consistentes en el otorgamiento de Indultos destacando que los mismos son de obligatorio acatamiento"; que "al no ser el indulto una norma o disposición de rango legal o reglamentario, no es susceptible de ser advertida su posible inconstitucionalidad"; y que "El declarar la inconstitucionalidad de un Decreto de Indulto viola directamente el Principio del "Favor Libertatis", por cuanto no se reconocería el cumplimiento de una medida legislativa instantánea que garantiza la libertad de un individuo y que le favorece por cuanto extingue la acción penal o la pena".

Por su parte, la F.R. reitera que "al Ejecutivo no le es permitido sobrepasar el límite que la Constitución le impone, al reconocerle la facultad de decretar indultos, pues ello podrá ser posible en la medida en que el delito sobre el cual se adopte tal medio de extinción de la pena, sea de tipo político y en ningún caso por razón de delitos comunes, como se ha dado con la dictación del Decreto Ejecutivo cuya constitucionalidad se cuestiona".

Finalmente, el licenciado B.Q. sostuvo que no es inconstitucional el Decreto Ejecutivo N1317 de 25 de agosto de 2004 por cuanto que, "no es posible alegar la inconstitucionalidad de un Decreto de Indulto, toda vez que el mismo no tiene el carácter de norma legal o reglamentaria, no puede ser tachado de violar disposición alguna de la Carta Magna, pues reiteramos que no tiene el rango normativo que exige el artículo 2559 del Código Judicial para poner en duda su constitucionalidad, por lo cual no debe accederse a la pretensión de los accionantes"; siendo además que "la Corte ha reiterado en su jurisprudencia que la figura constitucional-penal del Indulto es una potestad y no una obligación del Órgano Ejecutivo, que alcanza no sólo el delito político, sino que el radio de acción de este instituto, en determinados casos, también alcanza a los delitos comunes" y que "decretar la inconstitucionalidad de un Decreto de Indulto equivale a violentar la Garantía Constitucional del Debido Proceso, sometiendo a quienes hayan sido indultados a un doble juzgamiento que viola sus derechos y garantías".

DECISIÓN DE LA CORTE

La Corte advierte, como cuestión preliminar que, en virtud de las modificaciones aprobadas a nuestra Carta Fundamental, el texto del artículo 179, corresponde hoy al artículo 184, por lo que en las referencias normativas subsiguientes, se aludirá a este nuevo ordenamiento de preceptos constitucionales.

De igual manera como cuestión previa, esta Superioridad estima necesario reiterar que la facultad de control de los decretos de indulto que ejerce la Corte Suprema de Justicia se inserta en el contexto del Estado de Derecho contemporáneo, en el que los actos de las autoridades son controlables judicialmente, como uno de los procedimientos establecidos para preservar la libertad de los ciudadanos y evitar el abuso del poder público. Bajo esos parámetros, el control de la constitucionalidad de los Decretos de Indulto no sólo es posible, sino que es coherente con la expansión del control de la justicia constitucional y con la reducción de los espacios a la discrecionalidad de las autoridades, y con la absoluta interdicción de la arbitrariedad.

En principio, al admitirse reiteradamente el conocimiento de las demandas de inconstitucionalidad presentadas contra Decretos de Indulto, la Corte Suprema de Justicia ha establecido una jurisprudencia sólida sobre su facultad de controlar jurisdiccionalmente ese aspecto de las facultades presidenciales. Sin embargo, la jurisprudencia no ha sido consistente con esa disposición de admitir el conocimiento de esta variedad de conflicto constitucional, pues hasta ahora se ha abstenido de proporcionar las interpretaciones de la Constitución Política, que permitan resolver satisfactoriamente los casos concretos sometidos a su consideración (lo que significa la adecuación de la jurisprudencia a la Constitución), para guiar la acción de los operadores jurídicos hacia el futuro, evitando sucesivos conflictos constitucionales sobre el ejercicio de la potestad de gracia.

Tal es el caso, por ejemplo, de la ausencia jurisprudencial de una determinación clara sobre lo que la Constitución Política entiende por delito político. Como no podía ser de otra forma, ese también es un elemento discutido en las impugnaciones ensayadas contra los Decretos de Indulto cuya constitucionalidad examinamos en este momento procesal.

Cabe destacar, que la materia bajo examen ha sido objeto de múltiples pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia. Pese a esto, no hay una jurisprudencia constante en relación a lo que debemos entender por delito político. Destaca empero el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia (Sala Penal) de 28 de agosto de 1996, en el que bajo la Ponencia de la Magistrada Aura. E. Guerra de V., se señaló que "de conformidad con el bien jurídico que el legislador pretende proteger, se determina que están dentro de la categoría de delitos políticos los que atentan contra la personalidad jurídica interna del Estado..."; criterio sin duda interesante, pero no suficiente, pues enfocado en el escenario que estrictamente brinda el Código Penal a la Sala Penal de la Corte, deja por fuera otros delitos de notoria naturaleza política, como lo son los delitos electorales, tratados por los Jueces electorales y los Magistrados del Tribunal Electoral, y que regularmente, también son incluidos en los ejercicios de la potestad de gracia de los sucesivos Presidentes de la República. De hecho, la explícita prohibición constitucional de un conjunto de los principales ilícitos electorales, en el Título IV de la Constitución, dedicado a los Derechos Políticos, permite integrar los delitos electorales en el universo de los que constitucionalmente debe entenderse como delito político.

La ausencia de una concreción legal sobre lo que son "delitos políticos", sin embargo, no implica que no haya disposiciones explícitas que excluyan a ciertas especies de delito de ser subsumidas bajo el concepto de delito político. Tampoco implica que no sea posible realizar una concreción hermenéutica, típica del control de la constitucionalidad que ejerce regularmente esta Corte. Así, esta Corporación de Justicia, en ausencia de una norma legal que desarrolle el concepto constitucional de delito político, interpreta que los delitos a los que hace alusión la frase "delitos políticos" en el numeral 12 del artículo 184 de la Constitución Política de la República de Panamá, se refiere a los delitos contra la personalidad interna del Estado y los delitos electorales. Se hace por tanto constitucionalmente inviable, por ejemplo, el indulto por delitos ecológicos, contra la vida y la integridad personal, contra la administración pública, contra el honor, contra el patrimonio, contra la fe pública, contra la seguridad colectiva, contra la economía nacional, o la tenencia ilegal de explosivos; a menos que en estos delitos comunes se acredite que la comisión del injusto penal es consecuencia de las circunstancias socio políticas del momento o que la intención del agente estuvo dirigida a transformar ideologías o prácticas afines a la política estatal.

Como viene dicho, nuestro ordenamiento jurídico positivo no cuenta con un desarrollo legislativo completo que defina, con precisión, el significado y alcance de "delito político". Sin embargo, sí hay algunas directrices legales en textos originados de la adopción por Panamá de Convenios Internacionales, algunos de ellos de derechos humanos, y cuya violación genera responsabilidad internacional del Estado (independietemente de que los actos sean Decretos del Ejecutivo o fallos del Órgano Judicial)

Así, por ejemplo, la Convención Interamericana contra la Corrupción establece que "el hecho de que se alegue que un acto de corrupción ha sido cometido por motivaciones o con finalidades políticas, no bastará por sí sólo para considerar dicho acto como delito político o como un delito común conexo con un delito político." (Resalta el Pleno) (Artículo XVII, Ley No. 42 de 1 de julio de 1998, "Por la cual se aprueba la Convención Interamericana contra la Corrupción".

La Constitución Política, vale la pena recordar, no incluye el concepto de delito político únicamente en su artículo 184. También lo menciona en el artículo 24, cuando establece la prohibición de extraditar a los extranjeros por delitos políticos. El artículo 159, numeral 6, establece que la función legislativa de la Asamblea Nacional abarca la facultad de decretar amnistía por delitos políticos. Según el principio de unidad de la Constitución, no se podría interpretar el artículo 184 de forma aislada, sino dentro del conjunto de las disposiciones constitucionales. Así contemplamos que la categoría de "delitos políticos" no está expresamente definida en la Carta, pero comparte en todas sus menciones el mismo sentido propuesto por el constituyente.

El legislador, por su parte, ha concretizado el alcance de la categoría constitucional de "delitos políticos" en varias ocasiones, particularmente, mediante las limitaciones a la figura de la extradición, también constitucionalizada. Por ejemplo, mediante la Ley No. 75 de 3 de diciembre de 2003, "Por la cual se aprueba la Convención Interamericana contra el Terrorismo", que en su artículo 11 dispone la inaplicabilidad de la excepción "por delito político" como base para denegar una solicitud de extradición, cuando los delitos cometidos se refieran a conductas incluidas en los convenios internacionales sobre terrorismo, entre los que se incluyen, a título de ejemplo, el Convenio para la Represión de Actos Ilícitos Contra la Seguridad de la Aviación Civil (Ley 34 de 1998), la Convención Sobre la Prevención y Castigo de los Delitos contra Personas Internacionalmente Protegidas, Inclusive los Diplomáticos (Ley 8 de 1979), y el Convenio Internacional para la Represión de Atentados Terroristas cometidos con Bombas (Ley 89 de 1998).

Las normas legales vigentes en nuestro ordenamiento jurídico, si bien no han concretado el mandado constitucional del indulto por delitos políticos en todos sus detalles, lo cierto es que han ofrecido una orientación de lo que no puede ser considerado delito político. La determinación específica de lo que sí es delito político, queda provisionalmente y hasta tanto se subsane la omisión legislativa, al intérprete constitucional, al igual que el tema concerniente al trámite adecuado en la expedición de los Decretos de Indulto por parte del Ejecutivo, que consiste en otro elemento que no ha tenido tratamiento jurídico por nuestra doctrina jurisprudencial.

En ausencia de un desarrollo legislativo suficiente, corresponde a esta máxima Corporación de Justicia como garante de la constitucionalidad, orientar a través de sus pronunciamientos a las restantes autoridades en el ejercicio de sus facultades constitucionalizadas. Vale tan solo mencionar, por el carácter preliminar de estas observaciones, la práctica del Ejecutivo de expedir Decretos de Indulto masivos, sin atender la naturaleza individual que podría tener la medida en el orden jurisdiccional, según las particularidades de cada caso, como se da en el presente negocio.

Siendo contestes con lo antes expresado, el Pleno adelanta que en el presente negocio constitucional, se censura medularmente que los actos atacados infringen el texto del artículo 184 de la Constitución Nacional, específicamente el numeral 12, que señala la facultad de quien ocupa la Presidencia de la República, con la participación del Ministerio de Gobierno y Justicia, para "Decretar indultos por delitos políticos, rebajar penas y conceder libertad condicional a los reos por delitos comunes".

La interpretación y aplicación correcta de la citada disposición constitucional, pone de relieve que son tres las gracias que puede otorgar la Presidencia de la República, en favor de personas que figuran como sujetos activos de conductas delictivas. Estos son: 1. indulto, 2. rebaja de pena y 3. libertad condicional. Resulta que la manera en que viene redactada la norma constitucional, permite colegir, con suma claridad, que el primer beneficio, es decir, el indulto, está reservado para un determinado tipo de delitos: los de carácter político, mientras que los siguientes, rebaja de pena y libertad condicional, son beneficios que se aplican con relación a delitos comunes.

El precepto superior no deja dudas en cuanto a que la figura del indulto está condicionada, exclusivamente, para aquellos delitos de naturaleza y contenido político, y no debe existir confusión al interpretar que el Poder Ejecutivo, por conducto de la Presidencia de la República y el Ministerio del ramo respectivo, están facultados constitucionalmente, para otorgar gracia o beneficio a los condenados por delitos comunes, pero sólo bajo la fórmula de rebajarles las sanciones punitivas impuestas en un proceso penal o favorecerlos con una libertad condicional, que estará sujeta al cumplimiento de las formalidades o condiciones que la ley prevé.

Lo anterior se certifica al consultar el texto del recién aprobado Código Penal de la República, específicamente en el artículo 115, cuando expresamente señala que AEl indulto es una causa de extinción de la pena, de carácter individual, cuya potestad corresponde al Presidente de la República con el Ministro respectivo. Sólo es aplicable a delitos políticos y extingue la pena@ (Resalta el Pleno).

No obstante lo que viene expuesto, cabe señalar que se mantiene como discusión doctrinal, lo que debe entenderse por delito político. Así, la operación de contrastar lo actuado por el Ejecutivo con el texto constitucional, deviene una tarea que requiere la previa clarificación sobre lo que para nuestra Constitución Política implica calificar un delito como político y que como Tribunal Constitucional nos corresponde decidir.

El estudio que se le ha dado al delito político a nivel doctrinal, plantea argumentaciones contradictorias. Lo cierto es que dentro de todas las posturas teóricas, existe un denominador común que recoge una clara diferenciación con los delitos comunes, atribuyéndole, al delito político, una naturaleza jurídica especial que, por su contenido o elementos objetivos y subjetivos, reflejan motivaciones eminentemente políticas, tendentes a atacar o afectar al organismo político-jurídico del Estado de un modo directo y específico, como sería, a manera de ejemplo, el caso de la rebelión, sedición o la insurrección armada.

A manera de ilustración podemos consultar la posición dogmática que indica:

"resulta tan importante establecer parámetros claros y de validez general acerca de lo que ha de entenderse por delito político a fin de que desaparezcan las incongruencias y contradicciones que existen sobre el tema.

...Se han formado dos criterios para tratar de fijar la noción de los delitos políticos: el objetivo y el subjetivo.

Según el primero, la consideración fundamental se refiere a los bienes jurídicos afectados por la acción delictiva. Si pertenecen al Estado, como entidad soberana, la infracción que los lesionó tiene carácter político, cualquiera que sea la intención con que fue cometida. Pero si los bienes menoscabados forman parte de la esfera jurídica particular, la acción constituye un delito común.

De acuerdo con este criterio, todas las infracciones que atentan contra la seguridad del Estado tienen carácter político.

En contraposición con el anterior está el criterio subjetivo, para el cual el factor determinante son los móviles que indujeron al agente de la infracción. No le preocupan los bienes afectados sino en la medida en que puede inferir de ellos los designios del agente de la infracción, que es de donde emana, en último término, la calificación del acto, siguiendo el principio general enunciado por el profesor E.F. de que "el motivo determinante da el significado moral y jurídico a todo acto humano".

La teoría subjetiva penetra en la motivación del agente del delito. Si encuentra que estuvo guiado por móviles altruistas, que son los que suelen acompañar al delito político puro, la acción tendrá ese carácter; si por móviles egoístas y de utilidad personal, ella no saldrá de la órbita de la delincuencia común, por más bienes y derechos públicos que haya vulnerado. A esta teoría le interesa la materialidad de los hechos sólo en cuanto de ella puede desprender indicios o conclusiones que revelen la intención de su autor.

Por ejemplo, una rebelión contra la autoridad del Estado o un atentado contra un autócrata, fundados en motivos estrictamente particulares de venganza o de expectativa de réditos económicos, constituiría un delito común, visto desde la perspectiva de la teoría subjetiva, que valora tanto la intención del agente de la infracción.

Se ha formado también una corriente ecléctica que trata de conciliar los opuestos criterios de las teorías objetiva y subjetiva. Para esta tercera posición, la infracción debe merecer la calificación de delito político cuando reúna condiciones tanto materiales -bienes públicos lesionados- como subjetivas -intención política del agente delictivoB.

En el delito político concurre en realidad una serie compleja de elementos subjetivos que no pueden dejarse de tomar en cuenta. Hay sentimientos laudables de patriotismo, generosidad, idealismo, afanes de cambio social, valentía, altruismo. Puede ser que el agente de la infracción esté equivocado, pero eso es lo que piensa y siente...No son sentimientos depravados ni ambiciones de riqueza los que le conducen a afrontar los riesgos de la acción" (BORJA, R.. Enciclopedia de la Política; primera edición, Fondo de Cultura Económica, México, 1997, pág.206) (El énfasis es de la Corte).

Como se aprecia, sí se cuenta con el soporte, al menos doctrinario, para adelantar una consideración fáctica y jurídica sobre la ocurrencia de un delito político. Ello supone la valoración del conjunto de elementos que rodearon la comisión del hecho y determinar, con adecuado juicio de valor, que existió una afectación de un bien jurídico tutelado que pertenece al Estado y que el designio criminal que motivó esa infracción estuvo contenido de sentimientos altruistas, de patriotismo o idealismo. El marco teórico que se resalta, incluso, permite inferir que un acto delictual podría reputarse como político, aún cuando en principio aparezca como común, por razón de las particularidades que rodearon su comisión, como por ejemplo, las circunstancias socio políticas del momento, cuando se demuestre que tal situación fue la que incidió, directamente, en el ánimo del agente, a cometer la infracción en procura de un cambio benéfico en la política estatal, sea éste de orden social, económico o respecto a cualesquiera actividad estatal dirigida a transformar ideologías o prácticas, con principios del bien común, o por el contrario, fue la situación que motivó al ofendido a denunciar un falso agravio, por simple persecución a los impulsores o detractores de un régimen político impuesto.

A juicio de esta Corporación de Justicia, el hecho que en nuestro sistema no se cuente con el marco objetivo que identifique con amplitud y precisión, el significado técnico de lo que es un delito político, no puede justificar, ni la mala práctica que con esa excusa, se decreten indultos con relación a cualquier tipo de conducta delictiva, ni dejar en una especie de limbo jurídico el ámbito de aplicación de la figura del indulto. La facultad constitucional presidencial, de decretar indultos está condicionada a que se trate de un delito de rasgo político, por lo que ante esa realidad, resulta razonable inferir que constituye un punto medular, observar los elementos que rodean la comisión del hecho punible imputado, a fin de determinar si encuentra legítima adecuación en esa especial tipificación delictiva.

En el caso particular que ocupa la atención del Pleno, se advierte que al momento de dictarse los Decretos Ejecutivos de indultos, se mantenía vigente el Código Penal de 1982, texto legal que, de conformidad con lo dispuesto en su artículo 91, otorgaba, a esta gracia presidencial, efectos extintivos de la acción penal y de la pena. Esas consecuencias jurídico penales, pudieron incidir para que, en ese momento específico, las medidas de indultos se aplicaran en favor de personas, independientemente, de cuál fuese su situación procesal específica frente a determinado cargo penal (denunciado, querellado, investigado, imputado, enjuiciado o sentenciado). No obstante, con la promulgación de la Ley N° 14 de 18 de mayo de 2007 que aprueba el nuevo Código Penal, los efectos del indulto se circunscriben a la pena. Efectivamente, en el numeral 4del artículo 114 de la nueva legislación penal, se establece con diafanidad que la pena se extingue, entre otras circunstancias, por el indulto. Asimismo en el artículo 115, Lex Cit., se reitera expresamente que AEl indulto es una causa de extinción de la pena@. En consecuencia, resulta diáfano que la medida indulto, actualmente, no está concebida para afectar ni tener incidencia sobre la acción penal. Ello, se certifica al consultar el texto de la Ley N°27 de 21 de mayo de 2008 AQue modifica, adiciona y deroga artículos del Libro III del Código Judicial, y dicta medidas previas a la entrada en vigencia del Código Procesal Penal@, específicamente en el artículo 4, que adiciona el artículo 1968-A al Código Judicial, mediante el cual, se enumeran las situaciones que extinguen la acción penal, catálogo en el que no figura el indulto.

La novedosa consideración penal, trae al escenario jurídico una realidad procesal, y es que, en la actualidad, la gracia presidencial tiene incidencia en un momento específico de la actuación penal, beneficiando a determinadas personas: dentro de procesos en que medien o existan sentencias que apliquen o impongan una pena de prisión, a favor de quien resulte sentenciado o condenado. Se trata de una materialidad jurídica que debe ser justipreciada por la autoridad facultada, conjuntamente con el texto de la norma constitucional, al momento de adoptar y emitir medidas de indulto.

Ahora bien, el hecho que el indulto tenga consecuencia judicial en los procesos penales, porque extingue la pena, no indica que tal mandato supone el ejercicio de una función de carácter jurisdiccional, pues ésta comprende la facultad pública de determinar la solución jurídica de un conflicto concreto, es decir, la de administrar justicia, la que es encomendada por el Estado, principalmente, al Órgano Judicial, y evidentemente que en esos términos, el acto constitucional que ejerce la alta Magistratura, no alcanza esa especial función pública en sentido estricto.

La jurisprudencia de la Sala Penal de esta Corporación de Justicia ha sentado un criterio jurídico interesante, al señalar que con el indulto se produce "el perdón del procesado, y para que exista perdón entonces es necesario que exista el delito y se haya condenado a su autor, de lo contrario no se trataría de un perdón. Es necesario que la sentencia condenatoria se encuentre en firme y debidamente ejecutoriada, puesto que de no ser así se estaría violentando el principio penal sobre la presunción de la inocencia que favorece al imputado hasta tanto no se demuestre en un proceso su culpabilidad" (Énfasis del Pleno) (Resolución Judicial de 28 de abril de 1995, publicada en el Registro Judicial de abril de 1995, pág.193).

Esta cita jurisprudencial no sólo abona la postura que se ha adoptado en la actual legislación penal, de concederle efectos jurídicos a la medida de indulto, sólo con relación a la pena, determinando su emisión, a la existencia de una sentencia que imponga una pena de prisión; además aborda el tema del quebrantamiento de la garantía constitucional de la presunción o estado de inocencia, si no se cumple ese extremo legal. Y, es que, desde esta otra perspectiva, resulta razonable que, previo a la declaración del indulto, exista el juzgamiento, por parte de la autoridad competente, del sujeto que se beneficiará con la medida, y que en efecto, se encuentra incurso en responsabilidad por la comisión de un delito político, o al menos que existen graves indicios que comprometen su inocencia en el hecho pues, de no ser así, los indultados, aún sin acudir a juicio y ni siquiera ser sujetos activos de la infracción, quedarían calificados como "delincuentes políticos perdonados por el Ejecutivo" y ello sin duda, atenta contra el derecho fundamental de todo ciudadano reconocido en nuestra Carta Magna, y que se consagra en el citado principio de presunción de inocencia.

Mas aún, suponiendo que el escueto desarrollo legislativo de la materia, que prácticamente se resume en la disposición del Código Judicial relativo a los efectos del indulto, contempla efectivamente que se extingue "la acción penal y la pena", la única forma en que puede adecuarse ese desarrollo legislativo a la Constitución, es suponer que, en el primer caso, se trata de una acción penal ejercitada, y no una "expectativa" de acción penal. El lenguaje natural aquí es útil para entender que no puede extinguirse una acción que no se ha materializado en la forma de un proceso penal. Para entinguirse requiere haber tenido materialización en algún momento, por breve que este sea. Escapan, por lo tanto, de todo beneficio de indulto, todas aquellas personas que no han sido objeto de procedimiento judicial alguno. Basta con una lectura de la disposición constitucional que da origen a la institución del indulto, para comprender que el constituyente se ha referido, como es absolutamente coherente con la doctrina, a las medidas que toma el Ejecutivo en relación a acciones ejercitadas por la Administración de Justicia, y que se refieren a gracias concedidas a favor de individuos condenados por la comisión de delitos. En este sentido, todo Decreto de Indulto deviene en inconstitucional si beneficiara personas que no han sido condenadas por la comisión de delito alguno. No pueden ser individualizadas las conductas, delictivas o reprochables, que no han sido conocidas por la Administración de Justicia, y mal puede ejercitarse responsablemente la facultad ejecutiva de perdonar, sin conocerse las supuestas conductas cometidas. Ese tipo de actividad ejecutiva, de ocurrir, encajaría perfectamente en lo que ha venido a denominarse la arbitrariedad del poder.

Con lo que viene expuesto y para ser firmes en este análisis, esta Corporación de Justicia no pretende censurar o coartar la facultad de la máxima M. del país, para decretar indultos. Se advierte que el P. de la República posee una facultad constitucional para decretar indultos, empero el ejercicio de esa potestad no puede ejercerse de manera arbitraria o apresurada, sin atender la condición que la propia norma superior le impone al Ejecutivo, para el efectivo y eficaz ejercicio de esa facultad. Lo que se trata de alcanzar, es el exacto cumplimiento del mandato constitucional apegado a su texto, por parte de la más alta Magistratura del país, atendiendo la obligación que le impone el artículo 181 de la Carta Fundamental: "cumplir fielmente la Constitución y las leyes de la República" y consecuentemente, evitar que incurra en responsabilidades jurídicas, como "extralimitación de sus funciones constitucionales", claramente definida en el numeral 1 del artículo 191 de ese mismo texto superior.

En este caso, se constata que los decretos de indultos no fueron emitidos, atendiendo los términos y formalidades constitucionales, que se han reseñado en líneas anteriores. Esta afirmación resulta de la consideración de dos situaciones definidas y comprobadas. En primer lugar, los decretos expedidos por la ex-Presidenta de la República con la participación del ex-Ministro de Gobierno y Justicia, benefician con la figura del "indulto", a un número plural de personas que en su mayoría, no poseían la condición jurídica de imputado, sumariado o sindicado en proceso alguno; en otros casos, las personas aún se encontraban sometidas a los rigores de los trámites y procedimientos de la justicia penal ordinaria, sin que existiera en su contra la emisión de sentencia condenatoria; y en otros más precipitados, ni siquiera había adelantada una sola actuación de carácter investigativa, que estableciera formalmente inicio a la instrucción de un sumario. Y, en segundo lugar, los decretos de indulto, no hacen referencia a comportamientos delictuales que procuraban menoscabar el organismo político-jurídico del Estado, ni a la existencia de un ambiente de hostilidad o de conmoción pública que causara un resquebrajamiento de las circunstancias socio políticas del país y que fuera el detonante de la ejecución de alguna infracción en aras de cambiar el régimen imperante; tampoco se alude a la finalidad o al móvil que obró en el ánimo del agente para incurrir en el hecho delictivo; por el contrario, se evidencia, que las conductas ilícitas referidas en los decretos de indulto, se relacionan con actividades delictivas comunes y ordinarias, que lejos de pretender un cambio político o social, o estar motivadas por intenciones generosas, morales, patriotas, idealistas y altruistas, apuntan, en algunos supuestos, hacia ambiciones indignas e injustas como el enriquecimiento injustificado, ansias de poder, pretermisiones en los deberes de servicio público y de atentados contra la vida, integridad y dignidad de las personas.

En consecuencia, se debe colegir que dichos actos ejecutivos, a través de los citados decretos, vulneran directamente los artículos 22 y 184, numeral 12 de la Constitución Nacional, pues, primero, desatienden el principio fundamental de presunción de inocencia de los sujetos beneficiados, que sin estar vinculados y mucho menos condenados por la comisión de un delito de rasgo político, con la emisión de la medida resultan, en la realidad social, calificados como delincuentes políticos; y en segundo lugar, porque los indultos excedieron el mandato que dispone la norma superior, al extender su aplicación a conductas delictivas comunes, cuando se trata de una facultad que procede sólo con relación a delitos políticos.

Se advierte, además, que los decretos de indultos censurados están desprovistos del mínimo de formalidades que debe poseer cualquier acto que atienda o se refiera a la situación jurídica o legal de una persona; lo que es aún más exigible en estos casos, por tratarse de una medida tan importante, como el perdón presidencial, ejercido por mandato constitucional. Y, es que, en la producción de tales actos no existió acuciosidad, siquiera, de identificar correctamente, con exactitud y sin margen a equívocos, al beneficiario de la medida y la causa penal en la que resultó favorecido. Nótese que los citados decretos, poseen un párrafo introductorio que identifica una variedad de conductas delictivas comunes, sin determinar quiénes son los sujetos sindicados o procesados en ellas, y seguidamente, se enumeran los nombres de las personas indultadas, sin precisar su legal identidad personal, mediante la indicación de su número de cédula, documento válido como presupuesto legal de identificación, en nuestro país. Resulta evidente que estas manifestaciones insubstanciales sólo arrojan serias dudas sobre la efectividad de la medida: a quiénes se favoreció y por qué causas específicas.

Por otro lado, este Pleno estima conveniente resaltar algunas consideraciones, tendentes a responder el cuestionamiento de algunos letrados, al momento de presentar sus alegatos escritos, sobre la supuesta constitucionalidad de los decretos de indultos, basados en las posturas de esta Corporación de Justicia, en casos anteriores.

Ciertamente que la posición del Pleno de la Corte Suprema, en los últimos casos, en que se demandó la inconstitucionalidad de varios decretos de indultos, fue, con la decisión de mayoría, declaralos constitucionales. Así se consultan los fallos de más reciente data calendados 7 de julio de 1997, 8 de julio de 1998 y 14 de agosto de 2001. Sin embargo, un detenido examen de lo expuesto en la parte motiva de esas resoluciones judiciales, permite advertir, sin temor a equívocos, que en ninguna de esas posturas se dejó sentado el criterio que nuestra Carta Fundamental permite la emisión de indultos, indistintamente, tanto para delitos políticos como para los comunes. Veamos: 1. en la sentencia de 7 de julio de 1997, se señaló que el acto censurado no se trataba de un indulto, sino de un decreto de rebaja de pena, el que es perfectamente permisible frente a conductas delictivas comunes; 2. en la sentencia de 8 de julio de 1998, se dejó sentado que el indulto impugnado venía fundamentado con argumentaciones fácticas que indicaban que los delitos imputados eran perfectamente caracterizables como políticos por su intención y ejecución, por razón de las condiciones socio políticas de la época en que se verificaron, y que fue una Amedida paliativa@ frente a los conflictos políticos originados con anterioridad al régimen de libertad y democracia; y 3. en la sentencia de 14 de agosto de 2001, se estableció una consideración jurídica similar a la anterior sentencia, por estar, el decreto de indulto censurado, igualmente motivado con los acontecimientos políticos vividos en la época de la dictadura.

Como se aprecia, resulta contario a la realidad alegar que el Pleno de la Corte ha sido consistente en darle eficacia jurídica, a decretos de indultos emitidos frente a la concurrencia de delitos políticos, como los delitos comunes. Incluso, los precedentes judiciales que se emplearon como apoyo jurídico legal para sustentar los citados fallos de constitucionalidad, y que mayoritariamente corresponden a la Sala Penal de esta Corporación de Justicia, tampoco establecen un criterio judicial de esa naturaleza y por el contrario, se plasma la idea que la gracia presidencial sí se extiende a delitos comunes, pero sólo en la modalidad de rebaja de pena y libertad condicional.

De igual manera, es oportuno señalar que, en las medidas judiciales anteriores adoptadas por el Pleno en materia de constitucionalidad de decretos de indultos, no ha existido uniformidad de criterio en la decisión del caso. En las sentencias citadas en los párrafos precedentes, se dieron posiciones divergentes, que cuestionan la opinión de mayoría de declarar constitucionales los indultos presidenciales. A manera de ejemplo, podemos consultar, la sentencia más reciente, de 14 de agosto de 2001, con tres salvamentos de votos. De estas posiciones, se pueden extraer criterios que traen a la reflexión, la correcta procedencia del indulto en nuestro sistema, tal como viene planteado en la parte motiva de la presente resolución judicial. Así, las ideas expuestas en los votos disidentes, respondieron a la intención de acreditar, que la medida de declarar constitucional el decreto de indulto, mantenía la ambigüedad en la real definición de los delitos políticos; que el indulto decretado desbordaba la facultad presidencial contenida en la Constitución Nacional, pues, las personas beneficiadas se encontraban procesadas por delitos comunes y no políticos; y que el indulto, dictado en esos términos, burla los esfuerzos de la administración de justicia, cuando por voluntad del Ejecutivo, se desconocen los fallos de los jueces de todos los niveles.

Con todo lo anterior, es evidente la inexactitud de proponer que esta Corporación de Justicia, ha mantenido una posición uniforme e invariable en la materia.

En ningún sentido pretendemos desconocer caprichosamente la jurisprudencia previa de esta alta autoridad judicial, que se ampara además en las previsiones que sobre el particular se han consolidado, es decir, la posibilidad de que, dada la existencia de un pronunciamiento sobre materia semejante, pueda optar la Corte Suprema de Justicia por no admitir el recurso que a continuación sustentamos (En fallo de 17 de abril de 1996, la Corte Suprema señaló que "Y. existe pronunciamiento previo de la Corte sobre lo demandado, no cabe dictar un nuevo pronunciamiento de fondo sobre la misma materia". Igualmente en fallo de 30 de octubre de 1996 y en fallo de 13 de mayo de 1997).

Sin embargo, debemos indicar que la misma Corte Suprema de Justicia, ha reconocido el principio de la continuidad de la jurisprudencia como instrumento de interpretación constitucional, paralelamente ha admitido o aceptado la posibilidad de revisión de la jurisprudencia, lo que equivale a decir que a pesar de la existencia de pronunciamientos previos puede excepcionalmente, variarse la tesis original y enderezar aquello que pudiera serlo en virtud de su insuficiencia para atender argumentos nuevos.

Así, la jurisprudencia de la Corte Suprema ha establecido que "puede variar sus pronunciamientos, si bien cautelosamenteYcon los fines de evitar por un lado el estancamiento de la jurisprudencia y adecuar el texto Constitucional a las nuevas realidades institucionales" (Y.). Así se expresó la Corte en sentencias de 30 de julio y de 3 de agosto de 1990. En el pronunciamiento de 3 de agosto indicó que: "Yla doctrina constitucional sentada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia en sentencias constitucionalesYes un elemento integrante del bloque de constitucionalidad, siempre que sea compatible con el Estado de Derecho y sin perjuicio de la potestad de la Corte de variar la doctrina cuando exista justificación suficiente para ello" (Subraya el Pleno).

Es más, en uno de los mismos fallos donde reitera el principio que los fallos de la Corte Suprema de Justicia son finales, definitivos y obligatorios, el ya citado fallo de 30 de octubre de 1996, se salvaguarda expresamente la potestad del Pleno de variar su criterio, cuando así lo estime oportuno y mediara justificación suficiente.

Al respecto pueden mencionarse casos en los que la Corte Suprema de Justicia ha estimado suficientemente justificado cambiar de jurisprudencia. Así, en el mismo año de 1996 la Corte admitió una demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto de Gabinete N0. 238 de 1970, norma de rango legal sobre la que previamente existía un pronunciamiento favorable de constitucionalidad, de 1985, y revirtió el fallo original declarando la norma inconstitucional (Demanda de inconstitucionalidad formulada por la firma forense Alemán, C., G. &L. en representación de E.G.R., en su condición de presidente de la Asociación Panameña de Bancos contra la frase "Asociación Bancaria Nacional", contenida en el literal d) del artículo 5 del Decreto de Gabinete N1238 de 2 de julio de 1970. Magistrado Ponente: R.G.. Panamá, 12 de abril de 1996).

Somos del criterio que, en atención al parámetro establecido por la Corte Suprema de Justicia, al momento de cotejar la admisibilidad de una demanda contra una norma de jerarquía legal sobre la que ya hay un pronunciamiento previo de constitucionalidad, es necesario argumentar JUSTIFICACIÓN SUFICIENTE para que se considere oportuno admitir a trámite la cuestión constitucional, sin anticipar con ello, de ninguna forma, criterio sobre el fondo de la misma.

Valga la pena traer a colación las ideas del constitucionalista R.U., cuando nos recuerda que: "Ypara que el derecho pueda normativamente regular la vida en sociedad, es necesario que existan òrganos judiciales dispuestos a aplicar sus mandatos; por ello, lo propio de un juez es que debe decidir primariamente conforme al derecho vigente, y no de acuerdo a un cálculo consecuencial sobre los efectos de su decisión. Esto no excluye una cierta valoración de esos efectos, pero ésta no puede convertirse en el elemento decisivo para la solución de las controversias judicialesY En síntesis, los jueces no pueden ignorar totalmente los efectos de sus decisiones, pues la actitud de que se debe hacer justicia aunque perezca el mundo, no parece razonable en una democraciaYSin embargo, los cálculos consecuenciales, de tipo puramente económico y sicológico, no pueden ser el criterio esencial de la decisión judicial" (Uprimny, R.. Un Ejemplo, Cinco Tesis y Una Metáfora: Notas Para Estimular un Diálogo en Colombia entre Economistas, y Juristas Sobre la Relación Entre La Justicia Constitucional y La Economía /Magistrado Auxiliar de la Corte Constitucional).

Es por esto que parece oportuno suscribir la tesis del Tribunal Europeo de Justicia, que se compadece perfectamente con el principio de prudencia ya admitido por nuestra más alta Corporación de Justicia, cuando en sentencia del 15 de diciembre de 1995, rechazó la solicitud de una parte que había pedido que no se tomara una decisión, por los graves efectos económicos que tendría. El Tribunal señaló que "las consecuencias prácticas de cualquier decisión jurisdiccional deben sopesarse cuidadosamente" pero agregó que "Yno puede llegarse hasta el punto de distorsionar la objetividad del Derecho y poner en peligro su aplicación futura por causa de las repercusiones que puede tener una resolución judicial. Como máximo, tales repercusiones podrían ser tenidas en cuenta para decidir, en su caso, si procede, con carácter excepcional, limitar los efectos de una sentencia en el tiempo" (Subraya el Pleno).

En este orden de ideas, este Pleno, en su obligación de garantizar una completa y eficaz administración de justicia, estima prudente referirse a los efectos jurídicos que ocasiona la declaratoria de inconstitucionalidad de los actos ejecutivos censurados, toda vez que constituye un tema, directamente resultante, de la emisión y estado en firme, del presente pronunciamiento jurisdiccional y por esa especial situación de vigencia legal que, eventualmente tendrá, es por lo que no se puede eludir su tratamiento. Y, es que, la controversia jurídica que suscitará el presente fallo, precisamente, recaerá en el cuestionamiento sobre los efectos de la sentencia constitucional, es decir, en términos sencillos, )cómo incide tal decisión judicial, en la situación jurídico procesal de los sujetos que fueron beneficiados con la medida del indulto?.

La discusión del tema resulta importante al Estado de derecho, pues, existen posturas que sostienen que, como quiera que la sentencia constitucional no tiene efectos retroactivos (ex-tunc), entonces, no podrán retomarse los procesos que, en su debido momento, fueron paralizados con dicha facultad presidencial; además que hacerlo implicaría un doble juzgamiento del beneficiario de la medida. Esta última afirmación encuentra sustento en lo planteado, precisamente, en la mencionada sentencia constitucional del Pleno de 14 de agosto de 2001, en la que se expresó que "el otorgamiento del indulto extingue "ipso facto" la acción penal y la pena, con lo cual se termina la causal penal. En esas condiciones, la declaratoria de inconstitucionalidad del indulto conllevaría la necesidad de iniciar un nuevo proceso por la misma causa penal, en abierta contradicción con lo dispuesto en el artículo 32 de la Constitución que dispone que nadie será juzgado "más de una vez por la misma causa penal".

Ahora bien, esta Corporación de Justicia considera imprecisa la juridicidad del criterio interpretativo resaltado en el párrafo que antecede y enseguida pasa a explicar por qué. Ciertamente, del texto del artículo 2573 del Código Judicial, se conoce con exactitud que "Las decisiones de la Corte proferidas en materia de inconstitucionalidad son finales, definitivas, obligatorias y no tienen efecto retroactivo" (El resaltado es nuestro). Sin embargo, resulta importante tener presente que el tema del "efecto retroactivo" de la decisión constitucional, ha sido debatido y tratado en diversos precedentes judiciales, siendo los de mayor amplitud las resoluciones judiciales de 3 de agosto de 1990 y 4 de junio de 1991, y en estas medidas se estableció la posición que la irretroactividad de los efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad, sólo aplica tratándose de normas legales.

En los citados antecedentes judiciales, se consideró que:

"Tratándose de normas legales, no queda entonces la menor duda de que (sic) las decisiones de la Corte en materia constitucional no producen efectos retroactivos. Sin embargo, la Constitución Nacional, en su artículo 204, permite que se pueda demandar la inconstitucionalidad de actos jurisdiccionales. (Salvo los fallos de la Corte Suprema o de sus Salas) que normalmente se agotan con la ejecución de los mismos y no continúan rigiendo...

Si se permite que un acto jurisdiccional pueda ser demandado como inconstitucional, es obvio que puede ser declarado inconstitucional. Sostener que la decisión de la Corte en estos casos no produce efecto retroactivo y que sólo produce efectos hacia el futuro, traería como consecuencia que la declaratoria de inconstitucionalidad sea totalmente intrascendente , inocua...

Si las normas legales se derogan por inconstitucionales, los actos jurisdiccionales deben declararse nulos, por inconstitucionales. Se produce entonces una Nulidad Constitucional, como consecuencia de la violación de normas constitucionales por un acto jurisdiccional" (Énfasis del Pleno) (Registros Judiciales de agosto de 1990 y junio de 1991, págs.36 y 19-20, respectivamente).

En otro precedente judicial, la Corte reiteró el criterio antes planteado, en los siguientes términos:

"...la declaratoria de inconstitucionalidad de las decisiones jurisdiccionales tienen como efecto jurídico la nulidad constitucional de la resolución impugnada. Ello quiere decir, tal como lo ha señalado con antelación este alto tribunal, que la decisión declarada inconstitucional debe ser reemplazada dentro del proceso, si a bien hubiere lugar, por otra resolución acorde con el ordenamiento jurídico y con la sentencia de inconstitucionalidad proferida por la Corte Suprema...)De qué le serviría una declaratoria de inconstitucionalidad si ella no tuviere efectos dentro del proceso en que se dicta?" (Énfasis del Pleno) (Registro Judicial de junio de 1992, págs.130-131).

En posturas jurisdiccionales más recientes, se ha dicho que:

"...la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha cambiado, dentro de la jurisdicción constitucional objetiva...al otorgarle a las sentencias efectos retrospectivos o ex-tunc, sobre todo en actos individualizados que presenten características especiales o cuando exista un perjuicio actual de derechos subjetivos" (Énfasis del Pleno) (Cfr. Registro Judicial de abril de 1998, pág.112 y sentencia del Pleno de la Corte de 31 de mayo de 2002).

En consideración a las referencias judiciales que vienen reseñadas, la Corte señala que, en el caso que ahora nos atañe, dado que los decretos ejecutivos censurados son actos de carácter eminentemente individualizados, puesto que sólo afectan la vinculación jurídica de quienes fueron beneficiados con la medida, se debe colegir que, su declaratoria de inconstitucionalidad, tiene efectos retrospectivos o ex-tunc, con la consecuencia jurídica, no sólo de determinar nulos los indultos decretados, sino también, deja sin eficacia y sustento legal toda gestión procesal que haya resultado de la configuración de ese acto presidencial, por ser el resultado de una actividad contraria a nuestra Carta Fundamental. Y, es que no se puede perder de vista que la sentencia constitucional, por garantizar el fiel cumplimiento de preceptos superiores, debe tener la virtualidad y trascendencia de restituir las cosas, una vez se determine la inconstitucionalidad del acto, al estado natural en el que se encontraban; de lo contrario, se estaría dando validez, al menos tácitamente, a la materialización y vigencia de actos, que son el resultado de infracciones constitucionales, lo que no debe concebirse en nuestro sistema, pues de ser así, indudablemente que el pronunciamiento emitido por esta máxima Corporación de Justicia, se colocaría, tal como lo ha sostenido la jurisprudencia nacional, en un ámbito de aplicación insignificante e inocua.

La función del tribunal constitucional persigue decidir un debate constitucional concreto, para restaurar el orden jurídico conculcado, eliminar material litigioso e impedir la repetición sucesiva de las mismas controversias. Siendo contestes con esa finalidad, se reitera que, en este caso, con el pronunciamiento que acredita la inconstitucionalidad de los decretos de indultos, se anula cualquier consecuencia jurídica que pudo verificarse, a raíz de la emisión de dicha medida, como por ejemplo, la materialización de circunstancias extintivas de la acción penal o de la pena, sin que con ello se vulnere la prohibición del doble juzgamiento, pues lo que procede en derecho es restaurar la situación procesal de los indultados, al estado natural en que se encontraban, antes de que se verificara el vicio de nulidad por inconstitucionalidad, no se trata de la instauración de un nuevo proceso por la misma causa penal. Ante esa realidad procesal, tampoco cabe hacer ningún tipo de elucubración sobre la supuesta infracción del principio de "favor libertatis", en el caso de aquellos indultados que, con la emisión de la medida, hayan recuperado su status de libertad, pues, en modo alguno, la restauración de los procesos penales a la fase en que se encontraban, previo a la materialización del acto inconstitucional que los afectó, puede interpretarse como un restablecimiento ilegítimo e infundado de un estado privativo de libertad, debido a que la liberación ganada en estos casos, no es genuina ni lícita, por ser consecuencia de un vicio de entidad manifiesta, como es la infracción de preceptos constitucionales.

Por las consideraciones que vienen expuestas, el PLENO DE LA CORTE SUPREMA administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley DECLARA QUE SON INCONSTITUCIONALES los Decretos Ejecutivos N1317 de 25 de agosto de 2004, N1 318 de 26 de agosto de 2004 y N1321 de 30 de agosto de 2004, expedidos por M.M., como Presidenta de la República, con la participación de A.E.Á., como Ministro de Gobierno y Justicia, por vulnerar los artículos 22 y 184, numeral 12 de la Constitución Nacional; DEJA SIN SUSTENTO LEGAL toda gestión procesal o jurídica que haya resultado de la consideración de estos actos presidenciales, y ORDENA la restitución de todos los procesos afectados con la gracia presidencial, al estado original en el que se encontraban, previo a la materialización de estos actos inconstitucionales.

N. y cúmplase.

ESMERALDA AROSEMENA DE TROITIÑO

VICTOR L. BENAVIDES P. -- ALBERTO CIGARRUISTA CORTEZ -- LUIS MARIO CARRASCO -- HARLEY J. MITCHELL D. -- OYDÉN ORTEGA DURÁN -- ANÍBAL SALAS CÉSPEDES -- JACINTO CÁRDENAS M. -- HIPÓLITO GILL S.

CARLOS H. CUESTAS G. (Secretario General)