Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 22 de Julio de 2004

PonenteRogelio A. Fábrega Zarak
Fecha de Resolución22 de Julio de 2004
EmisorCorte Suprema de Justicia (Pleno)

VISTOS:

El licenciado J.R.P., en nombre y representación del señor J.J.B.T., ha promovido acción de inconstitucionalidad contra el Auto Nº 66- S.I., dictado el 2 de julio de 2002 por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, dentro del proceso penal seguido en contra de la señora M.R.D.A., C.D.R.V., F.G.D.V., W.C. y otros.

Por admitida la demanda, se le corre en traslado a la Procuradora de la Administración, surtido lo cual se abre el proceso a alegatos, oportunidad que únicamente aprovechó el proponente de la acción. Debe el Pleno, entonces, emitir pronunciamiento en torno a la constitucionalidad o no del acto demandado.

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD

Consta a foja 1-13 del expediente el escrito mediante el cual se formaliza la acción de inconstitucionalidad propuesta por el señor J.B. contra el Auto Nº 66-S.I., de 2 de julio de 2002, por el cual se decreta la nulidad de la providencia dictada el 23 de mayo de 2002, de los oficios Nº 735 y 736, de 23 de mayo de 2002 y el Oficio Nº 737 de 24 de mayo de 2002, referente a la defectuosa remisión de la alzada del presente sumario y se ordena al a-quo oficiar a las instituciones correspondientes a fin de dejar sin efecto las órdenes contenidas en los oficios nulificados.

Sostiene el demandante que en la Fiscalía Superior Delegada se instruye sumarias en contra de los señores M.R.D.A., C.D.R.V., F.G.D.V., W.C. y otros, por la presunta comisión de los delitos de Estafa, Asociación Ilícita para D. y Falsificación de Documentos Público en perjuicio del Municipio de Colón. Que, dentro de la referida instrucción sumarial ordenó el Juzgado Primero de Circuito de Colón, Ramo Penal, mediante Resolución dictada el 5 de abril de 2002, en virtud de solicitud de la Fiscalía Superior Especial, la suspensión del cargo de Alcaldesa del Distrito de Colón de la señora M.R. y de Concejales de los señores F.D., C.R., F.B. y M.W.C..

La Resolución indicada fue objeto del recurso de apelación por parte del accionante, concedido en el efecto diferido y decidido por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, mediante la resolución que se demanda de inconstitucional. Considera la parte demandante que dicha resolución vulnera la Constitución Política en su artículo 32, en la medida que se omitió la aplicación de los trámites legales pertinentes para garantizar la aplicación del debido proceso en el caso al cual accede la resolución objeto de la acción examinada.

La garantía prevista en la citada disposición, a criterio del demandante, obliga al juzgador a aplicarles a la señora M.D.A., al igual que a los Concejales antes referidos las normas especiales contenidas en el Título IX, Capítulo I y II del Código Judicial. Afirma que, si bien el debido proceso constituye una garantía fundamental que debe reconocerse a todo procesado, no implica éste el reconocimiento de derechos distintos a los establecidos en la ley en favor de los imputados.

De otra parte, señala el demandante que la resolución objeto de la acción examinada viola también el artículo 18 de la Constitución que establece que el servidor público sólo puede hacer lo que la ley expresamente le manda. De ahí, sostiene, el por qué el legislador consagra en el Capítulo I del Título IX del Código Judicial, los procesos Contra Servidores Públicos en donde establece en el artículo 2464, en relación con el artículo 2466, "que cuando un servidor público cometa un hecho delictivo que admita detención preventiva, se le tiene que suspender del cargo que ocupa, y resulta entonces sin sentido otorgarle el efecto diferido a la interposición del recurso de apelación propuesto por la defensa de los imputados, cuando claramente el artículo 2472 del mismo cuerpo de leyes, establece que no anulará, ni reformará, ni suspenderá los efectos del auto o resolución que la ha motivado" (fs. 11-12).

OPINIÓN DE LA PROCURADORA DE LA ADMINISTRACIÓN

Admitida la acción constitucional propuesta, se le corrió traslado de la misma a la Procuradora de la Administración para que en el término establecido en la Ley emitiera concepto acerca de la constitucionalidad del acto demandado. Mediante Vista Nº 481, de 13 de septiembre de 2002, visible a foja 44-53, rinde la aludida funcionaria concepto. En principio estima la señora Procuradora que el acto demandado de inconstitucional no vulnera la Constitución porque, con respecto al artículo 32 que consagra el debido proceso, centra el demandante la supuesta contradicción en que el delito que se le imputa a la Alcaldesa de C. y algunos Representantes de dicho distrito, tiene señalada pena de prisión, por lo que la apelación propuesta contra la resolución que los separaba de sus cargos debió concederse en el efecto devolutivo, aspecto éste que según la Vista examinada no forma parte del debido proceso legal, conforme a doctrina reiterada del Pleno. Además que señala, no precisa el accionante norma legal alguna que sustente su criterio en torno al efecto con que debió conceder el recurso de apelación indicado, en contraposición con el fundamento legal expuesto por la resolución atacada de inconstitucional, parte medular de la cual reproduce la Vista comentada.

Concluye, pues, la Procuradora de la Administración que la resolución que se demanda de inconstitucional no vulnera la garantía del debido proceso contenida en el artículo 32 ni ninguna otra disposición fundamental.

A juicio del Pleno, resulta conveniente reproducir en lo sustancial la Vista comentada:

"El Licenciado J.R.P., actuando en representación de J.J.B.T., ha planteado al Pleno de la Corte Suprema de Justicia que el Auto Nº 66-SI de 2 de julio de 2002, dictado por el Segundo Tribunal Superior de Justicia de Panamá, dentro del sumario seguido a M.R. de Ardines y otros, es violatorio de la Constitución Política, concretamente, de la Garantía del Debido Proceso Legal. Mediante el Auto demandado, el Segundo Tribunal Superior, resuelve el recurso de Apelación interpuesto por los apoderados judiciales de los investigados contra la Resolución de cinco (5) de abril de dos mil dos (2002), anula varios actos del juez a-quo (Juzgado Primero del Circuito de Colón, Ramo Penal), y le ordena que corrija el criterio sostenido en su Providencia del veintitrés (23) de mayo de dos mil dos (2002), a través de la cual había surtido el Recurso de Apelación en el efecto devolutivo, para que lo conceda en el efecto diferido establecido en el Artículo 2127 del Código Judicial.

Una lectura simple del libelo presentado, permite apreciar que el demandante centra la supuesta contradicción constitucional en que la investigación penal seguida a la Alcaldesa del Distrito de Colón, M.R. de Ardines y a algunos Representantes de Corregimiento del mismo Distrito, está relacionada con delitos que tienen señalada pena de prisión, y por tanto, al apelarse la decisión del Juzgado Primero de Circuito de Colón, Ramo Penal, que los separaba de sus cargos públicos, el recurso de alzada debió concederse en el efecto devolutivo, lo que acarreaba mantener la decisión de suspensión de los cargos públicos. Esto, a su parecer, constituye para quienes administran justicia en este caso particular, el cumplimiento de los trámites legales, y por tanto, respecto a la Garantía del Debido Proceso Legal.

Es la opinión de este despacho del Ministerio Público, que el planteamiento del actor se queda sin sustento jurídico desde que haciendo alusión a la garantía del debido proceso legal, y concretamente al elemento de juzgamiento conforme los trámites legales, no cita la norma o disposición legal exacta en que se basa para decir que el efecto en que se debió conceder la apelación por parte del Juzgado Primero del Circuito de Colón, ramo Penal, contra su Resolución del cinco (5) de abril de dos mil dos (2002), es el devolutivo.

Cabe recordar que el juzgamiento conforme a los trámites legales, ciertamente forma parte de la Garantía del Debido Proceso Legal, pero no constituyen argumentaciones subjetivas invocadas por las partes, sino que está constituido objetivamente por las disposiciones legales de procedimiento que en un momento determinado regulan el proceso penal, civil, laboral, disciplinarios, policivo, tributario, etc.. Luego entonces, la posición esgrimida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, mediante el acto acusado de inconstitucional, Auto Nº 66-SI del dos (2) de julio de dos mil dos (2002), al resolver el recurso de apelación en referencia, resulta ser contundente jurídicamente (sic) frente a la del demandante en el proceso constitucional que nos ocupa, toda vez que dicha instancia de la justicia penal sí fundamenta en una norma legal específica, su decisión respecto al efecto en que deben concederse las apelaciones contra resoluciones que decretan medidas cautelares, al concluir que es el efecto diferido y no el devolutivo.

En otras palabras, la decisión del Juzgado Primero del Circuito de Colón, Ramo Penal, traducida en su Providencia veintitrés (23) de mayo de dos mil dos (2002), tiene la grave deficiencia legal de conceder el Recurso de Apelación en el efecto devolutivo y no en el diferido, como lo ordena claramente el último párrafo del Artículo 2127 del Código Judicial, ampliamente explicado por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial en el acto demandado, toda vez que se trataba de una apelación contra una Resolución que dispuso decretar una medida cautelar especial, de suspensión en varios cargos públicos.

Existiendo una norma de procedimiento clara y diáfana como lo es la contenida en el Artículo 2127 del Código Judicial, lo procedente es acatarla y darle aplicación en los supuestos que ella consagra, estos es, "Las resoluciones sobre medidas cautelares personales sólo admitirán el recurso de apelación en efecto diferido", y eso fue lo que dispuso el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, a través del acto demandado por inconstitucional. Ante una norma como esta, no existe duda en cuanto a que la decisión objeto del actual proceso constitucional no infringe la garantía del debido proceso, ni ninguna otra disposición constitucional. (f.47-53).

ALEGATOS

En la fase de alegatos intervino únicamente el actor, cuyo escrito idéntico al libelo de la demanda corre a foja 60-68, por lo que no estima necesario el Pleno repetir en este apartado de la resolución tales argumentos. En consecuencia, pasa a externar su decisión.

DECISIÓN DEL PLENO

La inconstitucionalidad examinada, como viene dicho, se propone contra el Auto Nº 66-SI, de 2 de julio de 2002, proferido por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, por supuestamente vulnerar la Carta Magna en sus artículos 32 y 18.

Mediante el citado Auto Nº 66-SI, se decide el recurso de apelación propuesto contra la resolución de 5 de abril de 2002, expedida por el Juzgado Primero del Circuito de Colón, Ramo Penal, en el proceso penal seguido a la Alcaldesa de C., la señora M.R. y a los Representantes de Corregimiento, C.D.R.V., F.G.D., F.B. y M.W.C., por la supuesta comisión de los delitos de Falsificación de Documento Público, Estafa y Asociación Ilícita para D. en perjuicio del Municipio de Colón. La resolución de 5 de abril de 2002 objeto de apelación, valga reiterar, separaba del cargo a la Alcaldesa y a los Concejales de C. tantas veces indicados.

Mediante el Auto Nº 66-SI, que resolvió la apelación de la resolución que separaba del cargo a los funcionarios referidos, se declara la nulidad de la providencia de 23 de mayo de 2002; los Oficios Nº 735 y 736, de 23 de mayo de 2002 y el Oficio Nº 737 de 24 de mayo de 2002, además de las fojas 182, 193 y página sin foliar, referente a la remisión de la defectuosa alzada del sumario. De igual manera dicha resolución ordena al a-quo oficiar a las instituciones correspondientes a fin de dejar sin efecto las órdenes contenidas en los oficios nulificados.

La decisión del tribunal ad-quem encuentra fundamento en que el juzgado de la causa concedió la alzada propuesta contra la resolución que suspendía del cargo a la Alcaldesa y Corregidores sumariados, en un efecto distinto (devolutivo) al que establece el artículo 2127 del Código Judicial (efecto diferido), habida cuenta que la resolución recurrida recae sobre medidas cautelares, lo que, de otra parte, implicaba la suspensión de la aplicación de las medidas cautelares personales y las órdenes de separación de cargos públicos impuesta a los funcionarios sindicados.

Empero lo anterior, el juzgador a-quo sin la previa notificación de las partes y violentando el ejercicio del derecho al recurso, advierte la resolución demandada de inconstitucional, procedió a materializar lo ordenado, para lo cual expide los Oficios decretados nulos.

Los cuestionamientos de la parte actora en este proceso constitucional precisamente recaen sobre el planteamiento del tribunal en relación con el efecto en que procede conceder el recurso de apelación propuesto contra la resolución que decreta la separación del cargo de los funcionarios públicos sindicados. Alega la parte demandante que si el propósito de la norma que dispone la separación del cargo del empleado público contra el cual exista mérito para ordenar su detención, es la de evitar que el presunto delincuente pueda desaparecer los elementos de prueba del delito y que pueda obstruir la investigación, entonces debería concederse la alzada en el efecto devolutivo, de conformidad con el artículo 2426 del Código Judicial y no en el efecto diferido que señala la resolución demandada de inconstitucional.

Tal discusión, no obstante, considera la Corte carece de rango constitucional y se contrae, más bien, al plano puramente legal, puesto que el efecto en que debe concederse un recurso es cuestión reservada a la ley y, por tanto, no conlleva violación alguna al debido proceso contenido en el artículo 32 ni al artículo 18 de la Carta Magna.

El artículo 32 consagra la garantía del debido proceso legal, en los siguientes términos: "nadie será juzgado sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales, ni más de una vez por la misma causa penal, policiva o disciplinaria".

Esta garantía constitucional, la cual tienen una consolidada existencia en nuestro Estado de derecho, como institución garantizadora de los derechos fundamentales, en virtud de la doctrina del bloque de la constitucionalidad ha venido a ser complementada jurisprudencialmente por el Pleno, con el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José, ampliándose significativamente su contenido.

Consiste, consecuentemente, como ha puntualizado el M.A.H., en "una institución instrumental en virtud de la cual debe asegurarse a las partes en todo proceso -legalmente establecido y que se desarrolle sin dilaciones injustificadas- oportunidad razonable de ser oídas por un tribunal competente, predeterminado por la ley, independiente e imparcial, de pronunciarse respecto de las pretensiones y manifestaciones de la parte contraria, de aportar pruebas lícitas relacionadas con el objeto del proceso y contradecir las aportadas por la contraparte, de hacer uso de los medios de impugnación consagrados por ley contra resoluciones judiciales motivadas y conformes a derecho, de tal manera que las personas puedan defender efectivamente sus derechos". (HOYOS, A.. El Debido Proceso, E.. Temis, S.A., Bogotá, 1996, pág. 54).

Por su parte el profesor J.F. en sus Instituciones de Derecho Procesal Civil manifiesta que la jurisprudencia ha llenado de contenido la garantía del debido proceso, integrado por los derechos que se indican a continuación:

1- Derecho a la jurisdicción, que consiste en el derecho a la tutela constitucional;

  1. Derecho al Juez natural;

  2. Derecho a ser oído;

  3. Tribunal competente, predeterminado en la ley, independiente e imparcial;

  4. Derecho a aportar pruebas lícitas, relacionadas con el objeto del proceso, y de contradecir las aportadas por la otra parte o por el juez.

  5. Facultad de hacer uso de los medios de impugnación previstos en la ley contra resoluciones judiciales motivadas; y

  6. Respeto a la cosa juzgada.

Si bien, como viene expuesto, forma parte de la garantía examinada el derecho al recurso, consiste éste concretamente en el derecho a impugnar los actos jurisdiccionales o administrativos ante el superior jerárquico del funcionario que lo profirió, siempre que lo tenga previsto la ley (implica, por tanto, el derecho a obtener del superior jerárquico del funcionario que expidió el acto impugnado su revisión y pronunciamiento sobre la legalidad del acto). El efecto con que debe concederse un recurso es cuestión reservada a la ley, por lo que su examen carece de relevancia constitucional.

Por lo que respecta al artículo 18 de la Constitución, no precisa el accionante su vulneración por la resolución cuya constitucionalidad se cuestiona y no alcanza a comprender el Pleno de que manera la concesión del recurso en un efecto distinto al previsto en la ley, que se ha dicho, no es el caso examinado, puede llegar a vulnerar la citada norma fundamental, que establece mas bien los límites a la responsabilidad de los servidores públicos en el desempeño de sus cargos.

De otra parte, los artículos 2464 y 2465 del Código Judicial que cita el demandante en relación con la infracción del artículo 18 de la Constitución Política y de las cuales pretende desprender el accionante la tesis de que la apelación contra resoluciones judiciales que ordenan medida cautelar contra servidor público deben concederse en el efecto devolutivo, tampoco ayudan a fundar ese supuesto vicio de inconstitucionalidad, en la medida en que el Código Judicial prevé clara y expresamente en el artículo 2126 el efecto diferido para el recurso de apelación contra resoluciones sobre medidas cautelares, naturaleza de la que participa la decisión revisada en segunda instancia por el fallo objeto de inconstitucionalidad.

En consecuencia, estima el Pleno que la resolución que se demanda de inconstitucional no vulnera la Constitución ni en los artículos 18 y 32 que se citan con tal carácter ni en el resto de su articulado, por lo que debe declararse que no es inconstitucional.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES INCONSTITUCIONAL el Auto Nº 66-SI, de expedida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, en las sumarias instruidas contra la Alcaldesa de Colón, M.R.D.A. y los Corregidores de Distrito, F.G.D.V., C.D.R.V., M.W.C. y F.B..

NOTIFÍQUESE.

ROGELIO A. FÁBREGA ZARAK

ARTURO HOYOS -- CÉSAR PEREIRA BURGOS -- ANÍBAL SALAS CÉSPEDES -- WINSTON SPADAFORA FRANCO -- J.A.T. --A.A.A.L. --A.C.C. --G.J.D.C. (Con Salvamento de Voto)

CARLOS H. CUESTAS G. (Secretario)

SALVAMENTO DE VOTO DE LA MAGISTRADA GRACIELA J. DIXON C.

Respetuosamente debo manifestar que, pese a estar de acuerdo con la decisión de fondo que resuelve este asunto constitucional me muestro en total desacuerdo en firmar resoluciones judiciales en las que las firmas de los magistrados que integramos esta Corporación de Justicia aparecen impresas en hojas distintas a aquella contentiva de la decisión de fondo.

Esta reticencia obedece estrictamente a razones de seguridad.

Expresada mi inconformidad con respecto a las cuestiones de forma de esta sentencia, salvo mi voto.

Fecha: Ut Supra.

GRACIELA J. DIXON C.

YANIXA YUEN. Secretaria General Encargada