Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 24 de Agosto de 2007
| Ponente | Adán Arnulfo Arjona L. |
| Fecha de Resolución | 24 de Agosto de 2007 |
| Emisor | Corte Suprema de Justicia (Panama) |
VISTOS:
La licenciada N.N.R., quien actúa en nombre y representación del señor R.G.M., ha presentado ante el Pleno de esta Corporación de Justicia, acción de inconstitucionalidad contra la Sentencia Condenatoria de 10 de octubre de 2001, proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia de Panamá.
Se procede a examinar la presente demanda con el fin de determinar si la misma cumple con los requisitos mínimos para su admisibilidad, para lo cual considera pertinente realizar ciertas reflexiones sobre la naturaleza de la situación planteada.
Observa esta Corporación de Justicia que la licenciada N.R. interpuso demanda de inconstitucionalidad contra la decisión proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia donde se condenó a su poderdante con pena de prisión por el delito de homicidio en perjuicio de R.A.S.A.. De acuerdo a la accionante, el proceso penal adelantado por el Segundo Tribunal Superior fue tramitado si respetar el principio del debido proceso consagrado en el artículo 32 de la Constitución Política.
De lo anterior se observa que el activador constitucional ensaya a través de su pretensión que la Corte examine el trámite adelantado por el Tribunal de Justicia dentro del proceso penal seguido al señor R.G.M., por considerar que en el mismo se ha violentado el debido proceso en razón de que se dictó una sentencia condenatoria en ausencia del imputado, lo que le impidió el derecho de defensa, de presentar pruebas, y en general, su derecho de ser oído en el proceso.
Al examinar los hechos que fundamentan la presente acción, el Pleno advierte que el accionante aportó como prueba preconstituida copias auténticas de la Sentencia de 10 de octubre de 2001 expedida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, y de la Resolución de 11 de marzo de 2003 proferida por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante la cual se reformó la Sentencia de primera instancia en el sentido de condenar al señor R.G.M. a la pena de nueve (9) años de prisión y la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por el mismo término, una vez cumplida la pena principal, por el delito de homicidio en perjuicio de R.A.S.A..
Sin embargo, esta Corporación repara en la falta de presentación por parte del accionante de la prueba o pruebas que sustentan la violación constitucional alegada y que deben ser acompañadas con el libelo de demanda. Ello es así toda vez que en su demanda, la apoderada judicial del señor...
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