Sentencia Ponencias de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 15 de Marzo de 1999

Ponente:ADÁN ARNULFO ARJONA L
Fecha de Resolución:15 de Marzo de 1999
Emisor:Corte Suprema de Justicia (Pleno)

P. publicada en Marzo de 1999

LA AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA PRESUPUESTARIA EN EL ÓRGANO JUDICIAL

PONENCIA DEL MAGISTRADO JOSÉ A. TROYANO EN LA 11 CUMBRE IBEROAMERICANA DE PRESIDENTES DE CORTES Y TRIBUNALES SUPREMOS DE JUSTICIA. CELEBRADA DEL 24 AL 26 DE MARZO DE 1999, EN CARACAS VENEZUELA.

Me corresponde referirme a un tema de singular importancia en la Administración de Justicia, como lo es la autonomía e independencia presupuestaria, en la Administración de Justicia.

Al introducirnos en este tema tengo, en primer lugar, que manifestar, y en ello creo que todos estaremos de acuerdo, que en ningún país, por mas democrático que sea, si no hay autonomía e independencia presupuestaria, en lo judicial, no hay justicia. Mientras mas autonomía e independencia haya, mas eficiente será la justicia.

Afortunadamente en los últimos años, en los países iberoamericanos, en menor o mayor grado, en una u otra forma, los sistemas han garantizado un mínimo de independencia presupuestaria en lo judicial, con una marcada tendencia a que se garantice el máximo posible de esa autonomía e independencia presupuestaria.

En este sentido, algunos países han optado por establecer su presupuesto a través de su legislación interna, creando diversos sistemas o formulas que les garanticen una real y verdadera independencia presupuestaria, pero dirigida generalmente ha prefijar el monto o la formula para la obtensión de un presupuesto, que en muy pocas ocasiones, se pone en manos de quien realmente lo debe administrar, el poder judicial.

En nuestro país por ejemplo, a partir del año de 1983, el artículo 211 de la Constitución Política fue reformado, indicando lo siguiente:

"ARTÍCULO 211: La Corte Suprema de Justicia y el Procurador General de la Nación formularan los respectivos presupuestos del Órgano Judicial y del Ministerio Público y los remitiran oportunamente al Órgano Ejecutivo para su inclusión en el proyecto de presupuesto General del Sector Público. El Presidente de la Corte y el Procurador podrán sustentar, en todas las etapas de los mismos, los respectivos proyectos de presupuesto.

Los presupuestos del Órgano Judicial y del Ministerio Público, no serán inferiores, en conjunto, al dos por ciento de los ingresos corrientes del Gobierno Central".

Con ello, quedó asegurado para el Órgano Judicial y el Ministerio Público, una porción mínima definida dentro del presupuesto general del Estado, asegurando, en parte, ya que existen otros inconvenientes que la nulifican, la autonomía e independencia presupuestaria.

La mayoría de los países de la región han adoptado una formula similar, pero no por ello han desaparecido las deficiencias que hacen del Órgano Judicial un Órgano todavía dependiente de otros órganos del estado.

Debemos tener presente que para que la administración de justicia, sus Órganos, sean realmente autónomos e independientes deben contar con una porción del presupuesto previamente definida que le permita ejercer la función jurisdiccional en beneficio de la mayoría de la sociedad, sin ningún tipo de presión foránea.

Pero adicionalmente y esto es muy importante, el presupuesto de la administración de justicia debe ser tratado de manera excepcional por las autoridades competentes respectivas, y no ser sometido a las limitaciones y restricciones presupuestarias que se aplican a los otros entes gubernamentales que no tienen dentro de sus responsabilidades, la difícil y delicada tarea de administrar justicia.

Por otro lado, el poder judicial debe contar con sus propios controles, de manera que el manejo y ejecución de su presupuesto este revestido de las siguientes características:

A) AGILIDAD: Es decir que su formulación, aprobación y forma de ejecutarlo, se realice de manera expedita ya que los que demandan el servicio publico de administrar justicia, les es indiferente si existen o no los fondos suficientes para poner en movimiento el engranaje judicial.

B) EFICIENCIA: Lo que implica que el presupuesto se debe invertir teniendo como meta los siguientes conceptos:

  1. MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN JUDICIAL: Se debe tomar conciencia de que la administración de justicia es un servicio público al que se le deben aplicar las modernas técnicas gerenciales para lo cual debe modernizarse el sistema de administración del poder Judicial, lo que implica:

    - UN MÉTODO DE GOBIERNO DENTRO DEL PODER JUDICIAL,

    QUE SEA ÁGIL, EFICAZ Y RESPONSABLE.

    - LA PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE

    JUSTICIA.

    - LA CONFORMACIÓN DE SISTEMAS DE ESTADÍSTICAS

    JUDICIALES QUE PROVEAN LA INFORMACIÓN QUE LOS ORGANISMOS

    DE PLANEACIÓN Y DE GESTIÓN DEMANDAN.

  2. FORTALECIMIENTO DE SISTEMAS ALTERNATIVOS: La oferta formal de justicia tiene que incrementarse a través de sistemas alternos de resolución de conflictos: mediación, conciliación, arbitraje, etc., que a la vez hagan mas expedita la decisión de los litigios y sobreponernos al acuñado proverbio cierto de que "JUSTICIA TARDÍA, NO ES JUSTICIA".

  3. FORMACIÓN Y REVALORIZACIÓN DEL RECURSO HUMANO:

    Los esfuerzos de modernización del sector justicia debe llegar al recurso humano que opera o interactua en este actividad. El ciudadano común debe ser formado de manera que conozca sus derechos y utilice adecuada y racionalmente el servicio.

    Por otra parte, el abogado debe ser formado en las aulas universitarias con mayor énfasis en la figura de la transacción o de la solución de conflictos que no consistan necesariamente en los litigios o conflictos que se desarrollan en los tribunales de justicia.

    A los jueces y servidores judiciales debe brindarseles oportunidades de actualización y de desarrollo en el marco de un sistema de estabilidad y selección que estimule su profesionalización.

    Para finalizar lo concerniente a la independencia judicial presupuestaria y resaltar su importancia en esta época de significativos cambios en la economía, permitaseme repetir lo que algunos entendidos conceptúan y sugieren que hagamos como parte de nuestras responsabilidades:

    "... Hablemos al oído de nuestros Ministros de Hacienda Pública (o de economía o finanzas) para precisar que los costos de la reforma judicial, en su nueva concepción, no son un gasto, sino una inversión complementaria a las reformas estructurales de la economía, que no puede diferirse mas".