Sentencia Ponencias de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 15 de Abril de 1996

Ponente:ADÁN ARNULFO ARJONA L
Fecha de Resolución:15 de Abril de 1996
Emisor:Corte Suprema de Justicia (Pleno)
RESUMEN

CONDICIONES PARA EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL ENTRE PARIENTES

 

P. publicada en Abril de 1996

CONDICIONES PARA EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL ENTRE PARIENTES

Por. M.. L.M.C.

  1. La relación de parentesco en el derecho penal

    Hemos optado por introducirnos al análisis del tema que nos ha sido asignado por la vía de unas breves reflexiones en torno al derecho penal y la familia, en virtud de la vigencia que el tema de la familia mantiene en la actualidad. Y en esta tarea comenzaremos por afirmar que el derecho penal no define concepto alguno de familia. Aun cuando el código Penal vigente consagra un título en le Libro Segundo (Título V) a la tutela del llamado Orden Jurídico Familiar y el Estado Civil, un detenido examen de las disposiciones legales específicas que componen este Capitulo permite concluir que el objeto jurídico tutelado en estos casos más que un concepto único y delimitado de familia, se constituye en la tutela de la integridad de una serie de vínculos personales y de los derechos y las obligaciones que emanan de éstos. En otras palabras cuando el derecho penal se ha planteado la posibilidad de convertir en objeto de tutela a la familia, ha optado por hacer referencia a concretas relaciones de parentesco y ha evitado además responder a una orientación por demás pragmática y práctica, permite a la vez reconocer el hecho de que le concepto de familia como tal, no deja de ser un tanto relativo en la medida en que siempre hará referencia a un conjunto de relaciones variables en su contenido, en su extensión y hasta en su naturaleza. Por ello el derecho penal en su objetivo de establecer las condiciones propias de un estado de seguridad jurídica, ha optado en la práctica, por individualizar las concretas relaciones familiares que considera relajantes, y merecedoras de tutela especial en orden a la preservación de la tranquilidad social y de la seguridad jurídica.

    Lo anteriormente dicho no debe entenderse en el sentido de que al derecho penal le es indiferente la realidad de la estructura familiar, sino más bien que el derecho penal considera esta temática desde una óptica que no resulta perfectamente asimilable con los conceptos y las nociones clásicas de familia que se han manejado en derecho privado o social. Así tenemos que cuando en materia de derecho se hace referencia a las relaciones de parentesco, esto se ha hecho por la necesidad de regular los intercambios, generalmente de naturaleza económica, que se dan entre los vinculados; cobran importancia desde esta perspectiva temas tales como el derecho herencial, los derechos de los hijos y los alimentos entre otros; los cuales encuentran orden y sistematización en instituciones jurídicas como el matrimonio, la paternidad, la adopción, etc. Esta concepción de parentesco ciertamente le interesa al derecho penal en la medida que el incumplimiento de las obligaciones dimanantes de los mencionados vínculos revista tal gravedad que ameriten la imposición de una sanción penal como sería por ejemplo el caso del incumplimiento de las deberes alimentarios, o del incumplimiento o del abuso del ejercicio de la patria potestad temas que recoge nuestro Código en los artículos 213 y 215, respectivamente. También le interesa al derecho penal el tema de la familia en esta acepción tradicional cuando como consecuencia de la sanción propia del hecho punible comprobado, resulten alterados o extinguidos los derechos y las obligaciones sobre parientes; esto sería en nuestra legislación el caso de la interdicción legal que es una pena accesoria provista en el artículo 54 del Código Penal y que consiste en la pérdida de los derechos propios de la patria potestad, entre otras cosas.

    Pero el enfoque al tema de las relaciones de familia no se agota con lo ya ilustrado, toda vez que en nuestra disciplina; además del sistema de relaciones propios de parentesco, se toma en cuanta el contenido vinculante y afectivo característico de esta clase de relación; y estos se hace evidente al observarse cómo las relaciones de parentesco son tomadas en cuanta por el legislador penal para matizar conductas que ya entre extraños resulten constitutivas de delito. El matiz a que hacemos referencia puede consistir en agravar o en atenuar la severidad de la sanción penal, como es el caso del artículo 68 primer párrafo del Código Penal, cuando establece que el parentesco cercano puede figurar o como circunstancia de agravación o como circunstancia de atenuación según la naturaleza, motivo y los efectos del delito. E materia de represión y acción penal, las relaciones de parentesco pueden servir también de base para la constitución de excusas absolutorias tema al cual procederemos a referirnos con más detalle un poquito más adelante.

    La relación familiar o de parentesco desde esta óptica resulta mucho más abarcadora que el simple inventario de los derechos y deberes vigentes entre parientes, ya que se trata más bien de valorar el contenido del vínculo y la intensidad del sentimiento vigente entre personas que comparten un núcleo familiar. Esta vinculación como bien lo señala el autor español B.F., "no tiene un carácter jurídico sino ético consistente en una actitud psicológica con el agregado resultante del sentimiento, de intereses comunes, de destino común, de dolor común, de afecto, de sentimientos de ayuda, etc. que influyen en el ánimo del sujeto, en el mundo de motivaciones del autor".

  2. El parentesco en el derecho penal. Precisiones conceptuales

    El parentesco es, o consecuencia del hecho natural de la procreación, o consecuencia de un vínculo reconocido por la ley y creado por la voluntad de las partes. En el primer supuesto nos referimos a las relaciones de consanguinidad y en el segundo a los vínculos por matrimonio, afinidad y adopción.

    Nuestro legislador penal define de manera expresa en el segundo párrafo del artículo 68 del Código Penal los alcances del concepto pariente cercano. Esta norma establece claramente que para los fines de la ley penal, se consideran parientes cercanos al cónyuge y a los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, de esta manera y para los efectos de precisión requeridos en esta disciplina, se delimita de manera indubitable y por mandato de la ley este concepto.

  3. El artículo 2023 del Código Judicial y las reformas de la Ley Nº 1 de 1995

    El tema que nos ocupa de manera particular en la noche de hoy, hace referencia al tratamiento que en nuestro medio ha dispuesto el sistema penal frente a determinadas conductas realizadas entre parientes, y a los recientes cambios que sobre esta materia se han incorporado a nuestro derecho positivo por vía del artículo 11 de la Ley Nº 1 del 3 de enero de 1995.

    El artículo 2023 del Código Judicial antes de los cambios que próximamente comentaremos establecía que no podían ejercer acción penal entre sí:

  4. Los cónyuges, a no ser por delito cometido por uno contra la persona del otro o la de sus hijos, y por el delito de bigamia; y,

  5. Los ascendientes, descendientes y hermanos consanguíneos o afines, a no ser por delito cometido por uno contra la persona del otro.

    Se exceptúan también el delito de incumplimiento de deberes familiares.

    N. en primer lugar que la norma bajo estudio hace referencia a la posibilidad de que los cónyuges y los parientes "ejerzan la acción penal entre sí". La regla general en esta materia es que la acción penal es pública y que su titularidad corresponde al Estado (ver artículo 2006 del Código Judicial), por ello resulta claro que la situación prevista en el artículo 2023 es de naturaleza excepcional. Lo anterior se torna más claro al reparar que el ya mencionado artículo 2023 se encuentra ubicado en la Sección III del Capítulo III del Título I en el Libro III del Código Judicial, sección esta correspondiente a la figura del acusador. Por ello debe concluirse que el tema a tratar en el artículo que hoy nos ocupa, versa únicamente en torno a la posibilidad reconocida a los cónyuges y a los parientes para eregirse en acusadores particulares entre sí, lo que implica a su vez que la ley no ha excluido por esta vía la posibilidad de que un pariente pueda denunciar a otro o que un pariente presente querella en contra de otro; obviamente sin perjuicio de las garantías previstas en la Constitución Nacional particularmente el artículo 25 de la Carta Fundamental.

    En otras legislaciones como la de Costa Rica por ejemplo, las limitaciones en esta materia al tratarse de parientes cercanos son mucho más amplias al disponerlo así el artículo 155 del Código de Procedimiento Penal de aquel país, ya que lo que existe es una prohibición de denunciar al cónyuge, al ascendiente, descendiente o al hermano; con la salvedad de que el delito aparezca ejecutado en perjuicio del denunciante o de un pariente suyo de grado igual o más próximo al grado de parentesco que lo liga con el denunciado.

    Así tenemos que a manera de contraste, mientras que en aquel país se plantea la prohibición de denunciar a parientes cercanos, en el nuestro el tema se circunscribe apenas al ejercicio de la acción penal particular por la vía de una acusación formal.

    Continuando con el análisis del artículo 2023, debe dejarse establecido que, de conformidad con el tenor literal de esta disposición, el ejercicio de la acción penal entre parientes se encuentra condicionado a la naturaleza de la infracción penal de que se trate. Así tenemos que tratándose del cónyuge sólo podrá uno ejercer acción penal en contra del otro cuando se trate de "delitos cometidos por uno contra la persona del otro", o contra "la persona de sus hijos", y por el delito de bigamia.

    Estimamos que por delitos "contra la persona" han de entenderse las figuras contempladas en el Título I del Libro II del Código Penal referentes a los delitos contra la vida y la integridad personal y que incluyen las figuras del homicidio, las lesiones personales, el aborto provocado y las figuras de abandono de niños u otras personas incapaces de velar por su seguridad o su salud.

    En lo que se refiere al delito de bigamia, habría que puntualizar únicamente que esta conducta como tal, es decir, el acto de contraer nuevas nupcias estando unido ya el sujeto activo por un vínculo matrimonial vigente, encuentra actualmente adecuación típica en los artículos 205 y 206 del Código Penal, normas que sancionan los actos de contraer matrimonio a sabiendas de que existe un impedimento que cause su nulidad absoluta. No existe en el Código Penal vigente entonces, un precepto que tipifique de manera individual la conducta específica de bigamia como sí ocurría en el Código Penal de 1922 vigente hasta 1982.

    El trato penal que recibe la bigamia en el artículo 2023 comentado, resulta coherente con lo establecido en el artículo 1980 también del Código Judicial que incluye a esta figura penal entre aquellas que requieren acusación formal del ofendido para el seguimiento del procedimiento criminal.

    El numeral 2º del artículo 2023 hace referencia a las limitaciones del ejercicio de la acción penal entre parientes; enunciando de una manera por demás genérica e imprecisa al grupo de personas vinculadas entre las cuales no procede la acción. Incluso se hace referencia a categoría de parentesco que no encuentran hoy cabida, vistos los avances que en materia de igualdad dentro de la familia se han experimentado en los últimos años; así tenemos por ejemplo que el artículo habla de "hermanos consanguíneos y afines", provocando la inevitable interrogante en el sentido de ¿qué sería un afín a un hermano consanguíneo? Este problema obedece por lo menos en parte a que la redacción del artículo 2023 es prácticamente la misma que presentaba el Código Judicial de la anterior vigencia de 1917, solo que este último en vez de referirse a hermanos consanguíneos o afines hacía referencia en cambio a "hermanos consanguíneos o uterinos y afines". El problema se resuelve hoy en día sin mayores dificultades toda vez que en materia penal existe una interpretación legal del concepto de pariente cercano que claramente fija los alcances del término dentro de la disciplina que nos ocupa como ya hemos visto.

    En cuanto a la naturaleza de la infracción o infracciones penales que permiten el ejercicio de la acción penal entre parientes, únicamente figuran en el numeral 2º los llamados delitos cometidos en contra de la persona, por lo que resultan aquí también aplicables las observaciones que sobre este punto dejamos plasmadas anteriormente.

    El último párrafo del artículo 2023 contiene una sección final aplicable tanto a los cónyuges como a los parientes cercanos, al excluir también de la prohibición del ejercicio de la acción penal, el delito de incumplimiento de los deberes familiares, por lo que todo el Capítulo IV, del Título V del Libro II del Código Penal es decir, los artículos 213, 214 y 215 quedan relevados del impedimento procesal comentado.

    La Ley Nº 1 del 3 de enero de 1995 en su artículo 11 presenta una modificación al texto del artículo 2023 del Código Judicial que ahora se leerá así:

    ARTÍCULO 2023. No podrán ejercer acción penal entre sí:

    1º Los cónyuges a no ser por delito cometido por uno contra la persona o el patrimonio del otro o de sus hijos y por delito de bigamia; y,

    2º Los ascendientes, descendientes y hermanos consanguíneos o afines, a no ser por delito cometido por uno contra la persona o patrimonio del otro.

    E. también el delito de incumplimiento de los deberes familiares.

    Como se nota de la lectura, el nuevo texto introduce como única novedad la inclusión de los delitos contra el patrimonio en el inventario de hechos punibles que admiten el ejercicio de la acción penal entre cónyuges y parientes.

    Los delitos contra el patrimonio configuran el Título IV, del Libro II del Código Penal compuesto a su vez por ocho capítulos desglosados de la siguiente manera:

    CAPITULO I - HURTO

    CAPITULO II - ROBO

    CAPITULO III - EXTORSIÓN Y SECUESTRO

    CAPITULO IV - DE LA ESTAFA Y OTROS FRAUDES

    CAPITULO V - APROPIACIÓN INDEBIDA

    CAPITULO VI - USURPACIÓN

    CAPITULO VII - DAÑOS

    CAPITULO VIII - DISPOSICIONES COMUNES A LOS CAPÍTULOS PRECEDENTES.

    Como se lee el título del Código Penal dedicado a la protección del patrimonio, desarrolla a lo largo de siete capítulos las distintas modalidades de conductas que en función de este bien jurídico, desarrolla a lo largo de siete capítulos las distintas modalidades de conductas que en función de este bien jurídico han sido elevadas a la categoría de delito.

    Debemos preguntarnos entonces si la modificación introducida al artículo 2023 del Código Judicial debe entenderse que incluye a todas las figuras previstas en el título correspondiente a delitos contra el patrimonio incorporándolas así al inventario de figuras que admiten la acción penal entre parientes y cónyuges.

    Para contestar esta pregunta hay que encarar lo dispuesto en el artículo 204 del Código Penal. Esta norma dispone lo siguiente:

    "Sin perjuicio de la acción civil, no se instruirá sumario cuando los delitos previstos en los Capítulos I, IV, V, y VI de este Título, se cometan en detrimento del cónyuge o de un pariente cercano."

    El artículo 204 arriba citado es la última disposición normativa del Título V del Libro II del Código Penal correspondiente como se ha visto ya a los delitos contra el patrimonio; y como se desprende de su contenido literal, impide la instrucción del sumario cuando entre él o los perpetradores y el sujeto pasivo de la infracción, existe el vínculo de matrimonio o de parentesco cercano tratándose de las figuras de hurto, estafa y otros fraudes, apropiación indebida y usurpación.

    Este artículo 204 consagra a lo que en doctrina se ha dado en llamar una excusa absolutoria o una causa personal de exclusión de la pena como la denominan autores alemanes. Las excusas absolutorias son definidas como "ciertas circunstancias que se dan en la persona del autor de una acción típica, antijurídica y culpable que determina la exclusión de la pena." Para el caso que nos ocupa las circunstancias personales que producen el efecto descrito no son más que los vínculos de parentesco.

    La excusa absolutoria se sustenta dentro de la sistemática penal por razones de política criminal; es decir, el Estado considera aconsejable declinar su pretensión punitiva y liberar de sanción a un determinado autor, no obstante la punibilidad de hecho realizado, para no interferir en el ámbito de relaciones propias de la vida conyugal o de parentesco, todo lo anterior en aras de la unidad familiar y su preservación. Como bien lo esgrime el autor español A.O. por "Respeto a la unidad de la familia, deteniendo a sus puertas la investigación criminal, que, por sus graves consecuencias, produciría rencores inextinguibles".

    La excusa absolutoria fundamentada en los vínculos de parentesco no deja de tener sus detractores en un sector de la doctrina quienes consideran que, sino eliminada, ésta debe ser cuando menos atemperada, toda vez que exonera de responsabilidad penal, conductas que no debieran quedar impunes por razón de la alarma social que desencadenan. Q. en su Tratado de la Parte Especial de Derecho Penal se refiere a esta excusa como "Una patente de corso para delinquir que garantiza la absoluta impunidad de las más graves conductas contra los bienes de parientes".

    Lo cierto es que en nuestro derecho positivo esta excusa absolutoria ha figurado en el ordenamiento penal por lo menos desde la vigencia del Código Penal de 1922 que contiene una

    disposición no similar pero si asimilable a la del Código actual en su artículo 379, que se lee así:

    No se seguirá acción criminal alguna cuando los hechos de que tratan los Capítulos I, III, IV, VI y VIII de este Título se cometan en detrimento del cónyuge no separado legalmente del culpable, o del padre o madre de éste, o de un afín suyo en línea directa de ascendientes o descendientes, o del padre, madre, o hijos adoptivos del mismo culpable, o de un hermano o hermana que vivan en familia con el autor del hecho.

    Si este se comete en perjuicio del cónyuge separado de cuerpo, pero no divorciado, de un hermano o hermana que no viven en familia con el autor del hecho, de un tío, sobrino o afín dentro del segundo grado, no se seguirá procedimiento criminal sino por acusación formal del ofendido.

    Las figuras penales amparadas con la excusa absolutoria en el Capítulo anterior eran las de hurto, de la estafa y otros fraudes, de las quiebras y otros fraudes en asuntos de comercio, del encubrimiento, de los perjuicios.

    Ahora bien, de vuelta al asunto que nos ocupa debemos reiterar la pregunta en el sentido de si el artículo 2023 con las modificaciones que le han sido introducidas por la Ley Nº 1 de 1995 deroga lo dispuesto en el artículo 204 del Código Penal.

    Para contestar vamos a orientarnos con lo dispuesto en el artículo 36 del Código Civil que en materia de derogación de leyes dispone que se estima insubsistente una disposición legal por declaración expresa del legislador o por incompatibilidad con disposiciones especiales posteriores, o por existir una ley nueva que regule íntegramente la materia a que la anterior disposición se refería. En el primer supuesto, se hace referencia a la llamada derogación expresa y los dos siguientes a la derogación denominada tácita. Veamos si alguno de los tres supuestos arriba enumerados resultan aplicables al caso bajo estudio:

    1. Derogación expresa del legislador: El artículo 204 del Código Penal no ha sido expresamente derogado por ley alguna. El artículo 30 de la Ley Nº 1 de 1995 contiene una enumeración de las disposiciones legales modificadas y adicionadas por ella, y en este listado no se menciona la disposición penal comentada.

    2. Incompatibilidad con disposiciones especiales posteriores: Son incompatibles dos cosas que no pueden unirse ni combinarse. Es claro que en el caso que nos ocupa esta situación no se presenta, toda vez que la posibilidad de ejercer acción penal entre cónyuges y parientes cercanos en delitos contra el patrimonio se podrá hacer vigente en los supuestos no excluidos por la excusa absolutoria del artículo 204 del Código Penal. Es decir, resultará factible accionar entre sí en los supuestos de robo, extorsión, secuestro y daños, por lo que al resultar aplicable entonces lo dispuesto en el artículo 2023 del Código Judicial a delitos contra el patrimonio, queda descartada la posible incompatibilidad entre las dos disposiciones legales.

    3. Vigencia de una nueva ley que regule íntegramente la materia a que la anterior disposición se refería: El artículo 204 del Código Penal y el artículo 2023 del Código Judicial no se refieren a la misma materia. El artículo 204 del Código Penal hace referencia a una limitación de la pretensión punitiva del Estado, mientras que el artículo 2023 del Código Judicial hace referencia a la posibilidad particular de ejercer la acción, es decir de formalizar acusación en algunas causas penales.

    Así las cosas, por no tenerse por cumplido ninguno de los tres supuestos arriba desarrollados, no puede afirmarse que el artículo 2023 del Código Judicial ni expresa ni tácitamente deroga lo dispuesto en el artículo 204 del Código Penal, manteniendo en consecuencia esta última norma su total vigencia.

    Por lo anterior ha de concluirse que en la práctica, las innovaciones de la Ley Nº 1 de 1995 en lo que al artículo 2023 del Código Judicial se refiere, se limitan a permitir el ejercicio de la acción penal entre cónyuges y parientes por la comisión de delitos contra el patrimonio que no se encuentran amparados por la excusa absolutoria prevista en el artículo 204 del Código Penal.

    De ser otra la intención del legislador, ha de enfrentar de manera expresa y en consecuencia disponer la derogatoria del artículo 204 del Código Penal, pero esta decisión por representar un cambio importante en la orientación de la política criminal del Estado Panameño debe verse precedida de una extensa y generalizada consulta con todos los sectores del país.