Sentencia Ponencias de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 15 de Mayo de 1996

Ponente:ADÁN ARNULFO ARJONA L
Fecha de Resolución:15 de Mayo de 1996
Emisor:Corte Suprema de Justicia (Pleno)

P. publicada en Mayo de 1996

UN NUEVO DERECHO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA

Por: Magistrada Esmeralda Arosemena de Troitiño

Con frecuencia escuchamos decir a algunas autoridades del Ministerio Público, la Policía Técnica Judicial, abogados, profesionales, sin mencionar al común de la gente de la colectividad adulta que, a los menores hay que "sancionarlos", que hay que reducir la edad penal, para que asuman su "responsabilidad penal", que los actos violentos y agresivos y de alta peligrosidad cometidos por algunos menores son evaluados y regulados con criterios paternalistas, así como el uso de la expresión popular, que los muchachos están "vueltos el diablo", por lo que se pone en peligro la seguridad de la colectividad. Cuando escuchamos todo ésto, sentimos con gran preocupación que la visión o el estudio de la situación de la infancia y adolescencia y sus derechos, corresponde a la posición "represiva y sancionadora", que sabemos bien que, ni aún en los adultos ha funcionado ya que, probado está, que las cárceles no corrigen. Este enfoque está muy distante y contrario a la legislación nacional vigente, Ley 15 de 6 de noviembre de 1990, mediante la cual se ratificó la Convención de los Derechos del Niño, de igual forma al Código de Familia aprobada y sancionada mediante la Ley Nº 3 de 17 de mayo de 1994, esa posición, a nuestro criterio, sólo atiende a la preocupación por la "seguridad de la colectividad adulta" que quiere dormir tranquila sabiendo que los "malandros juveniles" están tras las rejas.

Estamos obligados a señalar que estos planteamientos son resultado de criterios superficiales, precipitados, no responden a una realidad objetiva, es una percepción muy sesgada o limitada del verdadero problema que afecta a un grupo social y minoritario de adolescentes que cometen actos violentos y con niveles alarmantes de crecimiento en agresividad y organización criminal.

Reconocer ésto debe servirnos para evaluar las potencialidades que poseen los adolescentes y que no sólo serán negativas sino también positivas.

Estos "menores" en conflictos con la ley que son los "menos", son los que "más" inquietan o preocupan a la sociedad.

Analicemos con algo de curiosidad el concepto "menor", a fin de tener algunos elementos necesarios para estudiar culturalmente el problema, identificar su origen, sus causas para evaluar y resolver la situación de este grupo de población llamado menores, como la describe muy bien G.M., E..

El concepto menor identifica que frente al adulto se es "menos"; pero no porque sean los menos en número de la población latinoamericana; para nosotros los menores constituyen casi el 50%; más de 1 millón 200 mil jóvenes; pero lo que si es cierto es que, son los que menos poder o fuerza tienen en su núcleo familiar, son los que menos pueden exigir o defenderse en las organizaciones políticas, administrativas o comunitarias e indudablemente están frente al adulto en una relación de subordinación de poder; téngase claro que digo de poder y no autoridad o disciplina, lo cual es necesario, pero muy distinto al sometimiento del poder con desconocimiento de sus derechos que le corresponden en su condición humana.

Esta visión sesgada de la que hemos hablado, no reconoce ni identifica las muchas veces, trágica y triste historia que envuelve las vidas de estos jóvenes, antes de su peligrosidad y odio, ellos fueron privados de sus derechos por abandono, carencias en las satisfacción de sus necesidades, maltrato, excluido de las políticas públicas, sin salud, educación, alimentación, etc. Sus vidas se desarrollaron en circunstancias especialmente difíciles, los adultos "les hemos fallado" primero, ésto es ignorar la responsabilidad que la colectividad adulta tiene con este particular grupo, sin proporcionarles las condiciones que le permitan aprender los valores y responsabilidades ciudadanas, considerándolos como miembros de esa comunidad, pero sobre todo, con esta posición represiva y sancionadora contra los "menores infractores", se hecha a un lado e ignora al resto y la mayoría de la población minoril que precisamente éstos "no son los menos sino los más".

Dentro de esa población, millón 200 mil, un aproximado de seiscientos (600) jóvenes han estado involucrado en delitos violentos, lesiones personales graves y homicidio entre los años 1990-1995; para identificar la realidad del problema, no hay que hacer una resta del millón de niños y jóvenes, sino de unos 506,606 menores que comprenden los grupos etarios entre 10 y 14 años y entre 15 y 19 años de la población minoril, que correspondería a las edades de nuestros "menores infractores", lo que no alcanzaría ni el 1% (0.71%). Por otro lado, de 1,500 jóvenes atendidos en un Juzgado de Menores, 500 de ellos, que representan casi el 40%,fueron atendido por una categoría de conducta sin identificar (otros) pero que podemos calificar de "falta": el deambular; este grupo son los niños y adolescentes recogidos en las llamadas "Batidas". Nuestras preguntas son: ¿Cuales son las respuestas que la "sociedad" y la "familia" tiene para este grupo que aún no es delincuente?; ¿Dónde están los programas de recreación, prevención y atención que se requieren dirigir a estos jóvenes?. La realidad de nuestro problema de delincuencia juvenil exige de un estudio serio y científico, que nos permita a través de un diagnóstico, plantear la necesidad de hablar de un derecho penal especial minoril.

Reconocemos el problema y no justificamos ni apadrinamos la violencia juvenil, pero denunciamos nuestra culpabilidad como sociedad, ente la incapacidad para atender a este especial grupo de la población y sólo relevamos el impacto moral que sus conductas delictivas producen en la comunidad. No podemos aceptar que siendo "niños" generen esos niveles de violencia, pero no pensamos que siendo niños, muchos no satisfacen sus necesidades básicas. Por ello, proponemos un compromiso de estudio e investigación para analizar el problema desde sus raíces y encontrar respuestas efectivas, de manera que podamos presentar a la sociedad una realidad social de la vida de estos jóvenes sin ignorar la seguridad y el bien común y una pedagogía de la responsabilidad ciudadana. Estamos obligados a analizar los mensajes de violencia y la constante presentación de actitudes delictivas en todos los medios de información y socialización, de la programación de la televisión, inclusive y en especial dentro de los programas dedicados y hechos para los niños y adolescentes.

Es imperativo conocer la Nueva Legislación de "Menores" de nuestro país, que si bien, no alcanza una debida adecuación a la Convención, toma alguna línea de las corrientes modernas de una Protección Integral del desarrollo evolutivo de la personalidad del menor; considerando al niño como un sujeto titular de derechos y no como un objeto requerido de protección legal, y no desconoce que ese sector de la población minoril que entra en conflicto con la ley penal requiere de respuestas socio-educativas que implican conciencia de la responsabilidad que él tiene como miembro de la sociedad y como principio de la solidaridad humana.

Pasamos a identificar el principio rector en que se fundamenta esta legislación en el Libro II del Código de la Familia que consta de 80 artículos:

EL PRINCIPIO BÁSICO RECTOR EN EL DERECHO DE MENORES Y EN LA CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO ES: "EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO".

Debemos señalar que el Código de la Familia en su fase inicial no tuvo intencionalidad d una legislación de menores autónoma, recordemos que se denominaba Código de Familia y de Menores; en su última fase de discusión, en lo relativo a menores El Libro II, fue motivo de largos e intensos debates, partiendo desde la impropiedad jurídica de mantenerlo en un Código de Familia, por la especialidad y especificidad del tema, hasta lograr introducirle importantes reformas aunque no completas, ni del todo coherentes, pero sí se dejó sentada la base para la creación de un Estatuto o Código de Niñez y Adolescencia, autónomo e independiente a través de una norma (Art. 568) que expresamente señala la vigencia de estos artículos hasta la creación de dicho código.

La Legislación Minoril es considerada como un Derecho de carácter Tuitivo - protector; siendo la Convención de los Derechos del Niño, ley positiva panameña, el gobierno y el Estado panameño están obligados a la creación de un sistema jurídico tuitivo - como parte de un cuerpo orgánico y sistemático, lo que es un Código, que contemple todo lo relativo a las situaciones que más comprometen o afectan el bienestar físico, afectivo, mental, emocional, material, económico y social de la infancia y la adolescencia, todas sus necesidades y requerimientos para el desarrollo evolutivo y morales como grupo humano especialmente vulnerable, que para garantizar sus derechos, se plantea la necesidad de recurrir a un régimen normativo tutelar, protector, educativo, resocializador, un derecho en el que se parte de las condiciones privilegiadas por la condición del sujeto, titular del derecho en este caso en el niño o niña, en razón de su categoría de grupo social más débil frente al resto de la sociedad que por el propio concepto de "menor" como ya hemos dicho, ha sido considerado menos como persona, incluso así considerado, dentro de su propio núcleo familiar, el útero social del niño, para usar la expresión del tratadista M.O..

Si reconocemos que los menores constituyen una categoría social más débil frente a las relaciones jurídico-sociales (similar al grupo de trabajadores en la relación obrero-patronal), tenemos que aceptar que, requiere de un derecho tuitivo que garantice, por encima de los demás, las condiciones necesarias para el Desarrollo Integral de su Personalidad Evolutiva atendiendo al concepto de protección integral con un enfoque interdisciplinario más que como simple protección legal, con el cual está comprometida toda la sociedad organizada.

Sabemos que los niños no constituyen grupos de presión social; sin participación en la vida comunitaria porque erróneamente aunque por disposición constitucional, no son considerados "ciudadanos" (Art. 125 C.N.) por razón de la "edad" carecen de poder político, contractual, gremial o sindical, ellos no votan en una elección, no deciden, no pueden actuar por sí mismos, necesitan ser representados por los adultos y es por ello que, la colectividad adulta tiene una responsabilidad que cumplir.

Cuando hablemos de los menores infractores de "conducta irregular" hay también que aceptar que la sociedad donde ellos se desenvuelven es irregular porque no ha sido capaz de proporcionarle una vida regular desde su primer núcleo social (la familia) hasta las esferas más altas de gobierno. La situación del niño refleja la situación de la sociedad. La Protección Integral que plantea la Convención, significa según E.S. "... instaurar reglas jurídicas para que todos los ciudadanos individual o colectivamente consideradas, puedan comparar la realidad de los niños y adolescentes, en el hogar, vecindad, calle, escuela, tribunales de justicia, instituciones, viviendas, educación, salud, etc., con la exigencia o eficacia de sus derechos consagrados en la Convención, y comprobar si en cada una de esas situaciones hay un "desvío" que ocurre por el no uso o por uso dañoso de las normas".

Concluimos con unos cuestionamientos: ¿Son las políticas sociales de nuestros pueblos coherentes con la necesidad de este tan vulnerable y débil grupo social, los niños y niñas? ¿A quiénes alcanzan los programas de esas políticas? Sabemos que no todos nuestros niños y adolescentes están incluidos; los excluidos son los que han merecido la calificación de "menores", y de sus conductas y condiciones de vida, hemos llamado "Situaciones Irregulares".

Es el momento del cambio de mentalidad que nos exige la Convención; la reflexión crítica sobre nuestra responsabilidad y la nueva concepción de los Niños y Niñas y Adolescentes para la humanidad.

BIBLIOGRAFÍA

GARCÍA MÉNDEZ, E.. Infancia, Adolescencia y Control Social en América Latina. Editorial De Palma, Bs. As. Argentina, 1990.

Citado en La Niñez y Adolescencia en Conflicto con la Ley Penal. Proceso de adecuación de la legislación interna. Experiencia de El Salvador-Ilanud, U.C., 1995.

M.O., L.. Derecho de Menores-Teoría General. E.. Pirámida, S. A. Madrid, 1977.

TROITIÑO, E.. Conferencia: Legislación de Menores - MITRABS.

SEDA, E.. Ley de la Niñez y la Adolescencia-Observación, Comentarios y Sugerencias. Septiembre 1994. Material fotocopiado. Venezuela.

Constitución Nacional de la República de Panamá.

Código de la Familia de la República de Panamá.

Estadísticas del Juzgado Primero Seccional de Menores de Panamá.