Sentencia Ponencias de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 15 de Junio de 1995

Ponente:ADÁN ARNULFO ARJONA L
Fecha de Resolución:15 de Junio de 1995
Emisor:Corte Suprema de Justicia (Pleno)
RESUMEN

LAS CAUSAS DE JUSTIFICACIÓN EN LA LEGISLACIÓN PANAMEÑA (Visión panorámica)

 
CONTENIDO

P. publicada en Junio de 1995

LAS CAUSAS DE JUSTIFICACIÓN EN LA LEGISLACIÓN PANAMEÑA (Visión panorámica)

Por:

AURA GUERRA DE VILLALAZ

Profesora de Derecho Penal.

Universidad de Panamá.

Magistrada de la Corte Suprema de Justicia.

1995

SUMARIO

  1. La antijuridicidad

  2. Las causas de justificación

  3. Las causas de justificación en la legislación panameña.

    1. El cumplimiento de un deber legal.

    2. El ejercicio legítimo de un derecho.

    3. La legítima defensa o defensa necesaria.

    4. Las defensas imperfectas.

  4. Conclusiones

    Notas bibliográficas.

  5. La Antijuridicidad: Antes de abordar la justificación penal, es necesario detenernos brevemente en el elemento esencial del delito conocido en la dogmática jurídico penal como la antijuridicidad.

    En su acepción mas simple se le identifica como aquella conducta típica contraria al ordenamiento jurídico, o como bien afirma M.C. siguiendo a H.W., "la antijuridicidad es el predicado de la acción, el atributo con el que se califica una acción que es contraria al ordenamiento jurídico" [i].

    De allí que R.R. sostenga que "el juicio de antijuridicidad en la estructura del delito, convierte a la conducta en injusta" [ii].

    Como la lesión o puesta en peligro de un bien jurídico es la esencia o fundamento del juicio de antijuridicidad se puede afirmar con A.R. que la "antijuridicidad es aquella característica imprescindible del delito, conforme a la cual para poder estimar que un comportamiento es delictivo se hace menester que se infrinja, sin causa que lo justifique, la prohibición de hacer o de omitir expresada en la norma y destruya, menoscabe o ponga en peligro -real o potencialmente- el bien jurídico que con ella se intenta amparar" [iii].

    De la definición que antecede se deducen como contenidos propios de la antijuridicidad: a) La descripción de una conducta en un tipo penal; b) La contrariedad de esa conducta a las prohibiciones o mandatos normativos; c) La lesión o puesta en peligro del bien jurídico objeto de protección y d) La ausencia de un precepto permisivo o causa de justificación.

    B. sostiene que "la tipicidad de una acción es consecuentemente un indicio de antijuridicidad" [iv].

    Lo anterior significa que en el proceso valorativo de selección de las conductas que por su gravedad lesionan o ponen en peligro los bienes jurídicos tutelados, está comprendida la antijuridicidad de la acción que describe el tipo.

    Con esa línea de pensamiento, C.M.I. sostiene que la antijuridicidad desempeña una función dúplice: "1. Como fundamento etiológico de los tipos penales, en la tarea político-criminal del legislador de seleccionar conductas ético-socialmente insoportables para la convivencia y que, por tanto, deben recibir la condigna sanción; y 2. Como elemento básico del delito, en tanto en cuanto representa esencialmente una rebelión en contra del ordenamiento jurídico" [v].

    Clasificación: Tradicionalmente se ha distinguido la antijuridicidad formal de la material y la objetiva de la subjetiva.

    Se habla de antijuridicidad formal para referirse a la contradicción entre la acción y la norma. Así M. dice que "actúa antijurídicamente el que contraría las normas objetivas del Derecho" [vi], esto es, la transgresión de la norma creada por el Estado contentiva de un mandato o prohibición. Mientras que la antijuridicidad material está contenida en la ofensa o lesión al bien jurídico que se tutela.

    La segunda clasificación parte de una apreciación de la antijuridicidad con base a la conducta objetiva si contrasta con las exigencias del ordenamiento jurídico o si pueden reprochársele a su autor.

    H.W. en este sentido, dice que "la antijuridicidad es un juicio de valor objetivo, en tanto se pronuncia sobre la conducta típica, a partir de un criterio general, el ordenamiento jurídico. El objeto que es estimado como antijurídico, es decir, la conducta típica de un hombre, constituye una unidad de momentos del mundo externo (objetivos) y anímicos (subjetivos) [vii].

  6. Las causas de justificación: Aparecen como elementos negativos del delito que excluyen o despojan de antijuridicidad una acción típica.

    Para explicar su fundamentación hay teorías monistas y pluralistas que intentan encontrar los principios en que se apoyan las causas de justificación.

    Las primeras se basan en un fundamento genérico o común denominador a todas las causas de justificación, mientras las otras encuentran distintas explicaciones o fundamentos para cada causa en particular.

    Entre las teorías monistas, G.Z.D. sustenta la del medio adecuado o idóneo para la consecución de fines justos reconocidos por el Estado. Se da según C.C.M. "una sumisión del medio al fin" [viii].

    La tesis sostenida por W.S. indica que "es justa toda acción que reporte mayor utilidad que daño" [ix]. Se discute también el principio de ponderación de intereses en sus variantes doctrinales de ausencia de interés, ponderación de bienes jurídicos, etc.

    En cuanto a las teorías pluralistas que fundamentan las causas de justificación, cobra importancia la aportación de E.M. sobre "el interés preponderante y ausencia de interés" que plantea dos causas de exclusión del injusto. Se trata de un interés de mayor valor que desplaza el anterior.

    La justificación no solo aparece como negación formal de la antijuridicidad, por no ser contraria al imperativo de la norma, sino también como negación material de la antijuridicidad, pues aún cuando se produzca la lesión o puesta en peligro del bien jurídico, si este salvaguarda un interés mayor, no alcanza el carácter de antijurídico.

    Con respecto a las fuentes de la justificación, debemos señalar, ab initio, que en nuestro país todo el ordenamiento jurídico penal se fundamenta en el principio de reserva o estricta legalidad, lo que descarta en principio las causas de justificación extra-legales.

    Algunos autores que han profundizado monográficamente sobre el tema, sostienen que si la antijuridicidad guarda relación con la totalidad del ordenamiento jurídico, este ha de ser al menos, fuente indirecta de la justificación penal y que al aceptar este criterio no se infringe el principio de legalidad cuando se aceptan otras causas de justificación.

  7. Las causas de justificación en la legislación panameña: Nuestro país se ha regido por cuatro (4) códigos penales durante los 91 años de vida republicana. De 1903 a 1916 se mantuvo la vigencia del Código Penal Colombiano de 1890, que nos rigió durante el período de unión a ese país. De 1916 a 1922 se elaboró un Código Penal bajo la asesoría del magistrado hondureño Á.U., que resultó ser símil del código punitivo de aquel país y cuya vigencia se extendió hasta 1922 cuando fue reemplazado por le Ley 6ª de 1922, que aprobó el tercer código del joven país, el cual rigió durante seis (6) décadas, hasta marzo de 1983, cuando fue sustituido por el Código Penal actual.

    Hechas las necesarias aclaraciones que anteceden, valga anotar que en el Código de 1922 se regulaban como causas de justificación: La legítima defensa, el estado de necesidad, el cumplimiento de un deber legal y la obediencia debida.

    El Código de 1982 ubica las causas de justificación en el Libro Primero, en un capítulo especial y se refiere en su orden a: 1. El cumplimiento de un deber legal; 2. El ejercicio legítimo de un derecho; 3. El estado de necesidad justificante y 4. La legítima defensa o Defensa necesaria. Con relación a la obediencia debida, es necesario aclarar que el legislador se limitó a trasladarla de lugar y la incluyó entre las causas de inculpabilidad.

    Veamos cómo se regulan estas causas excluyentes de antijuridicidad.

    A. El cumplimiento de un deber legal:

    El artículo 19 del Código Penal panameño se limita a señalar "no comete delito quien obre en cumplimiento de un deber legal". Por ello, hay que recurrir a la doctrina, la jurisprudencia y el Derecho Comparado para esclarecer el concepto.

    L.R.R. señala como requisitos de esta causa de justificación: 1. El origen jurídico del deber, 2. La adecuación de su cumplimiento y 3. La intención prevalente de cumplir el deber". [x].

    Por su parte, C.M.I. sostiene que la adecuación jurídica de la conducta se basa en un imperativo legal, en la obligación que pesa sobre los seres humanos de hacer algo, pues si se tratara de una obligación potestativa estaríamos ante un derecho y no ante un deber.

    Es importante tener en cuenta que el deber que se invoca debe cumplir con un tipo. Dicho deber se refiere a deberes jurídicos, los que pueden tener carácter público o no. Hay autores que consideran que solo los primeros interesan al orden público en general. Sobre esta causa de justificación hay que tener presente que los excesos o abusos en el cumplimiento de un deber legal, puede darse con relación a los medios utilizados o al fin que se persigue.

    En nuestro país, los casos más comunes de esta causa de justificación se relacionan con el uso de la fuerza y de armas por los agentes de la policía, al momento de llevar a cabo diligencias de allanamiento, aprehensión de bienes o de personas, captura de delincuentes, represión de motines o asonadas. En los casos de declaraciones de testigos, presentación de informes, destrucción de bienes o animales contaminados, cuarentenas, etc., la sociedad percibe el acto justificante y por ello no conforman denuncias a dilucidarse en el ámbito jurisdiccional. Se les considera que estos llenan un tipo legal.

    B.E. legítimo de un derecho:

    El mismo artículo citado antes, señala: "No comete delito quien obre en el ejercicio legítimo de un derecho".

    Sobre esta causa de justificación hay autores como C.M.I. que sostienen que la misma se puede manejar conjuntamente con la anterior bien como deber o como derecho", [xi] porque se trata de los ejes centrales del ordenamiento jurídico (derechos y deberes)."

    Para que se de el ejercicio legítimo de un derecho, debe existir una base jurídica, esto es, la tenencia de un título que autorice o ampare el ejercicio de tal derecho.

    Esta causa de justificación guarda relación directa con oficios, profesiones y cargos, que suponen el derecho a ejercitarlos legítimamente. En este ámbito son conocidos el derecho de corrección de los padres y tutores, (ius corrigendi) el derecho de retención de los arrendadores, el derecho disciplinario (internos) el derecho de información de los legisladores y abogados, el derecho de inspección (detectives privados) y la actividad profesional del ejercicio legítimo de un cargo protegido por la lex artis de médicos, abogados, deportistas, etc.

    En lo que se refiere al Derecho interno, la jurisprudencia recoge algunos casos sobre el derecho de corrección de los padres y tutores, pero cuyos excesos los han ubicado en los tipos de lesiones personales o maltrato de menores, cuyas conductas mantienen el carácter antijurídico.

    C. El estado de necesidad inculpante:

    El C.P.P. en su artículo 20 describe esta causa de justificación así:

    "Art. 20. No delinque el que, ante una situación de peligro para un bien jurídico propio o ajeno, lesione otro, para evitar un mal mayor, siempre que concurran los requisitos siguientes:

    1. Que el peligro sea actual grave o inminente;

    2. Que no sea evitable de otra manera:

    3. Que el mal producido fuere menos que el evitado;

    4. Que el peligro no haya sido voluntariamente provocado por el agente;

    5. Que éste no tuviere el deber jurídico de afrontar el riesgo".

      C.D.R. y V.A. sostienen que para la doctrina española "el estado de necesidad es una situación en la que existe, para un determinado bien, el peligro de un quebranto grave que solamente puede ser evitado mediante el sacrificio de bienes jurídicos ajenos" [xii].

      Para nuestra legislación es una causa de justificación que consiste en una situación de peligro actual, grave o inminente, en que se encuentran bienes protegidos por el ordenamiento jurídico, en la cual no existe otro recurso para la protección de aquellos de mayor valor que la lesión producida a los de menor valor, siempre que esa situación de peligro no haya sido provocada voluntariamente por el agente y que éste no tenga el deber jurídico de tolerar el mal.

      Muchas teorías han tratado de explicar su fundamento y naturaleza jurídica.

      H.G., K., H., C., entre otros, han dado a conocer sus criterios. B. se inclina por la opinión dominante del interés preponderante "que determina la exclusión de la antijuridicidad en la necesidad de la lesión unida a la menor significación del bien sacrificado respecto al salvado" [xiii].

      Como se puede apreciar, son caracteres de la acción protectora que se desarrolla en el estado de necesidad justificante: la eliminación del peligro que se cierne sobre los bienes, evitar el mal que amenaza a los bienes de mayor valor, protegerse a si mismo y al necesitado prestando el auxilio necesario aunque conlleve la producción de un mal o que perezcan los bienes de menor valor.

      En la doctrina moderna se anota que el estado de necesidad puede presentarse como colisión de bienes o de intereses [xiv].

      Los requisitos los detalla con mucha claridad el artículo 20 transcrito, pero se pueden sintetizar señalando: 1. La realidad o peligro de un mal en lesión o detrimento de un bien; 2. Causación de un daño a la propiedad ajena; 3. Protección de bienes de mayor valor; 4. No practicabilidad de otro medio menos perjudicial y, 5. La obligación jurídica de tolerar el mal.

      Con respecto al primer requisito debe entenderse como el daño, perjuicio, detrimento o injuria que afecta a las personas, sus bienes o derechos y que se trata de precaver o evitar mediante el ejercicio de una acción protectora.

      Sobre el último requisito es necesario puntualizar que tal obligación se basa en una exigencia legal y que algunos la advierten en ciertas formas de ejecución penal, el toque de queda o la expulsión de extranjeros también puede originarse en contrato o de la lex artis y el deber de aceptación del peligro, que debe afrontar necesariamente el guardaespaldas, el soldado, el capitán de la nave, los salvavidas, serenos, bomberos, médicos y enfermeras.

      D. La legítima defensa:

      El ordenamiento punitivo en su artículo 21 describe la legítima defensa como causa de justificación en los términos siguientes:

      "Artículo 21. No comete delito quien obre en defensa de la persona o derechos propios o ajenos, siempre que concurran los siguientes requisitos:

    6. Agresión injusta, actual o inminente del que resulte afectado por el hecho.

    7. Medio racional para impedir o repeler la agresión.

    8. Imposibilidad de evitarla o eludirla de otra manera; y

    9. Falta de provocación suficiente de parte de quien se defiende".

      Como es sabido, se trata de una de las causas de justificación con mayor arraigo en las legislaciones y se le identifica como un derecho natural a la supervivencia. R.R., citando a L.P. coincide en señalar que el fundamento de la legítima defensa es doble: individual por un lado (necesidad de defensa del bien jurídico individual) y supraindividual por otro (necesidad de defensa del orden jurídico" [xv].

      Se considera que la legítima defensa o defensa necesaria, como sugiere B. que se le denomine, no es más que una conducta encaminada a repeler un injusto, a través de la cual se busca evitar la negación del derecho. Dicho en otras palabras, es una acción necesaria para conjurar o repeler un peligro actual o inminente resultante de una agresión injusta; es la negación de la negación del Derecho que justifica un hecho típico.

      C.M.I. la define como "la acción adecuada a derecho dirigida a la protección de los bienes amenazados por una agresión injusta" [xvi].

      La defensa necesaria tiene como requisitos una agresión ilegítima que proviene de un comportamiento humano con capacidad de causar un daño o de crear un peligro inminente a un bien jurídico. Tal agresión debe representar un peligro real y cierto, debe ser injusto con falta de provocación suficiente. Los bienes objeto de la agresión han de ser intereses lícitos, derechos propios o ajenos, de parientes o de particulares, privados o del Estado.

      En cuanto a la legitimidad de la acción defensiva, la misma debe reunir ciertos recaudos, a saber: a) Debe darse con ánimo defensivo, b) Limitada a la que sea necesaria y menos dañosa para repeler la agresión y, c) Tal defensa debe ser racionalmente proporcional. Mientras la agresión es ilícita porque es injusta, la defensa ha de ser lícita y de allí su justificación.

      Es importante tomar en cuenta que la defensa debe realizarse en tanto la agresión sea actual o inminente o subsista, por ello, debe ser coetánea al acto agresivo, adecuada según la naturaleza, intensidad y modalidad que adopte el ataque. El acto de defensa puede dirigirse al sujeto agresor o bien contra los medios de agresión. Estos actos pueden extenderse a los partícipes del agresor, si ello es necesario.

      Algunos autores señalan como criterios para determinar la necesidad de la defensa: la oportunidad, imposibilidad de usar otros medios, la inevitabilidad del peligro y la pertinencia de la defensa [xvii].

      En Panamá esta es una de las causas de justificación a la que se recurre en la mayoría de los casos de delitos de violencia. Los argumentos utilizados van de lo sublime hasta lo ridículo y aunque tales excluyentes no se acogen en la mayoría de los juicios llevados por Tribunales de Derecho, en cambio hasta argumentos baladíes y de notoria falencia, han tenido relativo éxito ante los jurados de conciencia.

      En nuestro país no se ha incluido entre los preceptos permisivos que crean causas de justificación el consentimiento del ofendido. Sin embargo, valga anotar que tal elemento aparece en los tipos de rapto, estupro, matrimonios ilegales y violación de domicilio como integrantes de la estructura del tipo, para calificarlo, o se les incluye en la modalidad de circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal, como ocurre en el aborto.

      Tampoco se han aceptado en la jurisprudencia causas supralegales de justificación como el conflicto de deberes, los casos de lesiones en detrimento propio, el caso fortuito y el riesgo permitido, a los que se refiere M.C. en su Teoría del Delito [xviii].

      E. Las defensas imperfectas:

      Nuestra legislación se ocupa de los casos de exceso en la defensa y de las excluyentes incompletas.

      En cuanto al exceso en la defensa, se considera como una figura atenuante de la antijuridicidad, la que podría darse en los casos en que la defensa va más allá de lo necesario, violando el principio de proporcionalidad, o cuando ésta se realiza ante la agresión consumada, o cuando falte el animus defendendi, o la necesidad de la defensa o el requisito de inevitabilidad racional o el de gravedad de la agresión [xix]-[xx].

      Para estos casos, la ley panameña prevé una rebaja de una sexta parte a la mitad de la pena fijada para el delito.

      En cuanto a la legítima defensa putativa, a pesar de que carece de una norma que la describa en la ley penal, la jurisprudencia la ha recogido como un caso de excluyente incompleta o defensa necesaria imperfecta.

  8. Conclusiones:

    1. Los temas sobre la antijuridicidad, el desvalor de la acción y desvalor del resultado en la constitución del injusto, comienzan a cobrar importancia en la doctrina penal latinoamericana.

    2. Como elementos constitutivos de la antijuridicidad deben mencionarse: a) La descripción de una conducta en un tipo penal; b) La contrariedad de esa conducta a las prohibiciones o mandatos normativos; e) La lesión o puesta en peligro de un bien jurídico objeto de tutela o protección, d) La ausencia de un precepto permisivo o causa de justificación [xxi].

    3. La gran mayoría de los autores clasifican la antijuridicidad en formal y material, objetiva y subjetiva.

    4. El fundamento de las causas de justificación se sustenta o en teorías monistas o en las teorías pluralistas.

    5. La determinación de las fuentes de las causas de justificación permite obviar la posibilidad a causas supralegales o generadas en otras ramas del ordenamiento jurídico.

    6. La legislación penal panameña regula de manera específica entre las causas de justificación: el ejercicio legítimo de un derecho, el cumplimiento de un deber legal, el estado de necesidad justificante y la defensa necesaria.

    7. Parte de la doctrina incluye como causas de justificación, el consentimiento del ofendido y el conflicto o colisión de deberes en el estado de necesidad, además de los casos de violación de morada y el consentimiento en las lesiones.

    8. Las defensas imperfectas como las excluyentes incompletas son manejadas por el derecho punitivo como circunstancias modificadoras de la responsabilidad penal.

    NOTAS BIBLIOGRÁFICAS

    (1) M.C., F.. Teoría General del Delito, E.. Temis, 1984.

    (2) R.R., L.. Compendio de Derecho Penal, P. General, 4ª ed., Trivium, Madrid, 1988.

    (3) R.E., A.. La antijuridicidad, 3ª ed., Bogotá, 1982.

    (4) B., E.. Manual de Derecho Penal, Temis, 2ª reimpresión, Bogotá, 1994.

    (5) C.M.I., L.. Derecho Penal Chileno. E.. Jurídica Chilena, Santiago, 1979, pág. 98.

    (6) M.E.. Citado por M. y V.. Derecho Penal panameño, P. General, 1980.

    (7) W.H.. Derecho Penal alemán.

    (8) G.Z.D. citado por C.M., J.C.. La Justificación Penal, Edersa, Madrid, 1912.

    (9) S., W., citado por C.M., J.C.. La justificación penal. Edersa, Madrid, 1982.

    (10) R.R.. Ob. cit.

    (11) C.M.I., L.. T. II Derecho Penal Chileno.

    (12) C. delR.M.T.S.V.A.. Derecho Penal, P. General, Universidad de Valencia, 1984.

    (13) B.. Ob. cit.

    (14) M.C.. Ob. cit.

    (15) R.R.. Ob. cit.

    (16) C.M.I., L.. Ob. cit.

    (17) H.T., S.. Sobre el Contenido de la Antijuridicidad, Tecnos, España, 1984.

    (18) M.C., F.. Ob. cit.

    (19) G.L., Orlando. Legítima Defensa, Temis, Bogotá, 1991.

    (20) R.S., J.. Causales de Justificación en el nuevo Código Penal. Ed. Librería Profesional, Bogotá, 1981.

    (21) R.E., A.. Ob. cit.

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