Sentencia Ponencias de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 15 de Junio de 1996

Ponente:ADÁN ARNULFO ARJONA L
Fecha de Resolución:15 de Junio de 1996
Emisor:Corte Suprema de Justicia (Pleno)
RESUMEN

LAS PERSPECTIVAS DEL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EN EL PROCESO PENAL PANAMEÑO

 

P. publicada en Junio de 1996

"LAS PERSPECTIVAS DEL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EN EL PROCESO PENAL PANAMEÑO"

Por: M.. W.S.F.

XVI Congreso Colombiano de Derecho Procesal Penal

  1. INTRODUCCIÓN

    A través de congresos, seminarios, estudios de juristas sobre la realidad procesal de América Latina, se ha llegado a la conclusión de la necesidad de una transformación o reforma del proceso penal para disminuir la cifra de los presos sin condena y la violación de las garantías procesales, además evitar que la detención preventiva constituya una sanción adelantada, ocasione perjuicios innecesarios y se convierta en un instrumento de injusticia.

    En reiteradas ocasiones se ha planteado la necesidad de minimizar los efectos de tal medida cautelar personal circunscribiéndola a los delitos de mayor gravedad, también ese lineamiento es seguido con respecto a la pena privativa de libertad ambulatoria.

    De acuerdo con estadísticas de las Naciones Unidas registradas en la obra titulada El Preso sin Condena en América Latina y el Caribe, bajo la responsabilidad de E.C., M.H., L.P.M. y E.R.Z., estudios estadísticos realizados demostraron que en países como Antillas Holandesas, Argentina, Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras, Martinica y Panamá, la cifra del preso sin condena se ubica entre el 50% y el 70% y, en Bolivia, Colombia, El Salvador, México, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela tienen un porcentaje de más del 70%m además Bolivia y Paraguay registran más del 80%.

    Las cifras citadas fueron confirmadas en el Quinto Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, revelándose que los porcentajes críticos en cuanto a esta situación se observan en países tales como Argentina, Colombia, El Salvador, México, Ecuador, Panamá y Venezuela, en los que el promedio para el período comprendido del año 1972 a 1981 el del 60% al 70% de presos sin condenas.

    La cifra crítica del preso sin condena se da en los países de América Latina con sistema continental europeo y ésta se registra en Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela y Panamá, por eso ese tema ofreció especial importancia en el Octavo Congreso de las Naciones Unidas celebrado en La Habana en el año 1990. Aun cuando supuestamente esos internos están amparados por los principios de presunción de inocencia y garantía del debido proceso, entre otros, pareciera que en la realidad procesal se violentan los mismos.

    Como premisa de partida debemos considerar que la cifra alarmante de personas guardando detención preventiva, transitando por las diferentes fases de los procesos sin recibir una decisión final, es decir, una sentencia, es alarmante y revela la necesidad de la reforma de los procesos penales aplicando institutos procesales como los de desprisionalización, despenalización, desjudialización y descriminalización, sin que ello represente fomentar la impunidad o desatender los derechos de la víctima, tal como quieren sostener quienes censuran la aplicación de sustitutos penales.

    II CONCEPTO Y DEFINICIÓN

    En términos generales el concepto "principio" indica el fundamento, la norma, el orden o las reglas a seguir para el mejor encauzamiento y tutela de los derechos, las garantías y oportunidades para las partes o sujetos partícipes de un proceso.

    Ahora bien, el principio de presunción de inocencia, está recogido en la Declaración de los Derechos del Estado de Virginia, promulgada el 27 de junio de 1776, la cual establecía que para ser declarado culpable se requiere el consentimiento unánime del jurado. También la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano aprobada por la Asamblea Nacional en Francia el 26 de agosto de 1789, prevé que "todo hombre se presume inocente hasta que ha sido declarado culpable, y si se juzga indispensable arrestarlo, todo rigor que no sea necesario para asegurar su persona debe ser severamente reprimido por la ley." (1)

    La Declaración Americana de los Derechos y Deberes, del 2 de mayo de 1948, en su artículo 26, también lo contempla y esa línea de orientación sigue la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 8, aprobada en Panamá por la Asamblea Nacional de Representantes de Corregimiento, mediante Ley 15 de 1977, promulgada en la Gaceta Oficial 18,468 de 30 de noviembre de 1977 e igual orientación se da en el pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y lo contempla en el artículo 14, convención aprobada por la Asamblea Nacional de Representantes de Corregimiento, por medio de Ley 14 de 1976 publicada en la Gaceta Oficial Nº 18,373 de 8 de julio de 1977.

    Para el T.C.J.R., representa lo siguiente:

    "El imputado es, pues, inocente durante toda la sustanciación del proceso, y tal estado sólo cambia por la sentencia final que lo declare culpable. Ello no impide que, en forma más o menos intensa, aparezca en el proceso una presunción de culpabilidad que justifique medidas en su contra." (2)

    Contrario al planteamiento citado, el Tratadista A.V.M. considera que este principio no establece una presunción, más bien se trata del estado jurídico del imputado de su condición de inocencia hasta que no sea declarado culpable mediante una sentencia firme y, específicamente dice lo siguiente:

    "No se establece una presunción de inocencia; si fuera así, quizá no podría concebirse la coerción personal del imputado, que se basa en una presunción contraria, si no se advirtiera que se trata de dos tipos diferentes de presunción: una de la ley y otra del juez.

    ...

    Si éste es inocente hasta que la sentencia firme lo declare culpable, claro está que su libertad no puede ser restringida a título de cautela, y no de pena anticipada a dicha decisión jurisdiccional, siempre y cuando se sospeche o presuma que es culpable y ello sea indispensable para asegurar la efectiva actuación de la ley penal y procesal.

    Lo mismo que antes se ha dicho y se repite, la detención provisional (lato sensu) sólo podrá ser autorizada por la ley procesal cuando el juez compruebe, en el caso concreto, la necesidad efectiva y actual de evitar el peligro del daño jurídico." (3)

    Esa misma línea de pensamiento, en cierta forma, la sigue G.L., por cuanto expresa:

    "Sagrado e inviolable sin duda el derecho de defensa cierto e indiscutible el principio de que el imputado no se le puede considerar culpable antes de la sentencia irrevocable de condena; pero que se lo haya ce conceptuar inocente mientras se proceda contra él por serle imputado el delito, es una tal enormidad, una tan patente inversión del sentido lógico y jurídico, que no se puede admitir ni aun como forma retórica. Mientras hay un procedimiento en curso, no hay ni culpable ni inocente, sino únicamente indiciado: sólo en el momento en que recaiga en la sentencia, se sabrá si el indiciado es culpable o inocente." (4)

    Según M.I.C., debe observarse lo siguiente:

    "El principio de inocencia, que surge del artículo 18 de la Constitución nacional (sic), establece que nadie puede ser considerado culpable mientras no haya una sentencia condenatoria firme que así lo declare. Conforme a este principio, durante el juicio el imputado goza de una presunción de inocencia, que determina que se halle en legítima posesión de todos sus derechos, que sólo pueden serle restringidos en la medida en que resulte indispensable por las exigencias el proceso penal.

    La actividad cautelar personal que se desarrolla en el proceso penal persigue tres objetivos fundamentales: asegurar la comparecencia del imputado al juicio, el impedirle que entorpezca la investigación, haciendo desaparecer los rastros del delito o atemorizando a los testigos o poniéndose de acuerdo con sus cómplices para eludir la acción de la justicia, y, finalmente, asegurar el cumplimiento de la pena que pueda imponérsele en la sentencia que se dicte." (5)

    De acuerdo con el P.S.G.M., el principio de presunción de inocencia puede ser afectado a través de los medios de comunicación social y, sobre el particular, manifiesta:

    "... en un gran número de casos, las divulgaciones que a través de los medios de comunicación de masas se hacen, siembran en ese seno social o comunitario, una denigrante y dañosa presunción de culpabilidad, aun cuando la presunción de inocencia en su aspecto personal o subjetivo permanezca inalterable; pero, los medios, mecanismos y métodos que suele usar esa presunción de culpabilidad para introducirse en los procesos jurídicos, sobre todo los penales, resultan ser los más rápidos e instantáneos, afectando así instituciones procesales como el beneficio del derecho de excarcelación, la concesión de medidas cautelares, la resolución positiva de un recurso de amparo de garantías constitucionales, de un habeas corpus, de una solicitud de libertad provisional, etc." (6)

    El Dr. H.L.J. expresa:

    "Se desconoce cuando se legisla invirtiendo la carga de la prueba en cabeza del acusado, cuando es el Estado a quien incumbe, a través de sus jueces y fiscales, demostrar la responsabilidad del procesado. Si el reproche de culpabilidad esa apenas probable, mientras no se afirme definitivamente en una sentencia condenatoria, mal pueden las providencias anteriores presumir la culpabilidad del sujeto pasivo de la Ley Penal. Si ello pudiera ser así, el debate dialéctico dentro del proceso penal no sería otra cosa que una burla a la justicia." (7)

    Luego de tomar en consideración una serie de planteamientos doctrinarios de diferentes corrientes, llegamos a la conclusión de que el status de la persona a quien se le formulan cargos en un proceso, es el de inocencia hasta tanto no se le demuestre en un juicio autónomo, legítimo e imparcial su culpabilidad, ofreciéndole todas las garantías y oportunidades, previa explicación, de acuerdo con su escolaridad, de las causas o motivos para someterlo a los rigores de ese juicio.

    En parte no dejan de tener razón quienes consideran que no debe hablarse de inocencia o culpabilidad, porque eso será debatido en el proceso, pero tal afirmación es una consideración de fondo, sin embargo, en cuanto a los aspectos formales, es necesario mantener el criterio de presumir la inocencia como un concepto jurídico penal de advertencia, de que al Estado le corresponde la responsabilidad de demostrar la culpabilidad del imputado, tratándose de delitos perseguibles de oficio y aquellos de instancia privada esa responsabilidad la tiene la parte acusadora, que también la adquiere la acusación particular conjunta en los procesos oficiosos.

    Sin lugar a dudas que el principio de presunción de inocencia no es violado con motivo de detención preventiva, por cuanto ésta representa un indicio de culpabilidad demostrado a través de los medios probatorios idóneos, previa dictación de la resolución judicial respectiva con la debida notificación y permisión a la parte afectada de formular los recursos ordinarios o extraordinarios necesarios para cuestionar tal medida cautelar personal y enmendar los agravios producidos con la misma.

    La tesis planteada por algunos maestros de que la detención preventiva es una sanción penal anticipada y violatoria del principio bajo estudio, no la compartimos porque ésta debe cumplir una serie de requisitos formales y de fondo, para acreditar los indicios de vinculación objetiva y subjetiva del imputado con el hecho punible, lo cual es denominado por los teóricos como indicios de presunción de culpabilidad, además está justificada, como bien lo indica M.I.C. y otros autores, siguiendo el planteamiento de la Declaración de los Derechos del Hombre, para evitar que el imputado se sustraiga del radio de acción de la administración de justicia, fuesen presionados los testigos, desaparecer pruebas y otras medidas contrarias a la finalidad de los procesos penales en la búsqueda de la verdad real y material de los hechos.

  2. CARACTERÍSTICAS

    Garantiza que una persona no debe ser vinculada en forma objetiva y subjetiva con el hecho punible, hasta tanto el Estado no le compruebe, a través de los medios probatorios idóneos, al menos indicios de culpabilidad durante la fase preparatoria o de instrucción sumarial, intermedia o plenaria para justificar su detención preventiva.

    Ese status es un principio universal de derecho constitucional, porque los textos constitucionales de los diferentes Estados lo incluyen como una de las garantías procesales o principios rectores de los procesos penales y esta categoría jurídica impide la violación y modificación, además se contemplan las acciones o recursos para enmendar los daños o violaciones al mismo.

    Representa la necesidad consecuente de garantizar un proceso justo y evita las detenciones preventivas prolongadas en forma innecesaria, porque se contempla en la doctrina que cuando ésta es extendida más allá de lo que corresponde, el afectado debe ser indemnizado por el Estado.

    No es incompatible con las medidas cautelares personales, ya fuese el sometimiento a vigilancia, la prohibición de abandonar el territorio de un Estado sin autorización jurisdiccional, el internamiento en la residencia del imputado o en un centro hospitalario y la detención preventiva, cuando se cumplen las formalidades legales establecidas en el derecho positivo.

    Exige la conducción del proceso por una autoridad competente, ésto significa que está vinculado con el principio de juzgamiento de juez natural o legal, por cuanto la justificación de aplicación de una medida cautelar personal es función que le corresponde al funcionario judicial con facultades para administrar justicia.

    Dentro de otro contexto exige una sentencia ejecutoriada de declaratoria de culpabilidad, para que el imputado pierda su status de inocencia y sea considerado una persona vinculada en forma objetiva y subjetiva con el hecho punible.

    Persigue también que se le garantice al imputado el derecho a una defensa, privada o pública de acuerdo con sus condiciones económicas y la debida información según su escolaridad, de los cargos formulados en su contra.

    Una norma procesal no debe desvirtuar este principio, porque sería contrario al texto constitucional, por esa razón garantiza la libertad personal.

    Se pretende evitar perjuicio, un daño jurídico, el desprestigio ante la comunidad, los familiares y el entorno social dentro del cual debe desenvolverse el individuo.

  3. ELEMENTOS O PRESUPUESTOS

    Debe estar consagrado en el texto constitucional y desarrollado por las normas procesales, para su eficacia y reconocimiento, en aplicación de las convenciones sobre derechos humanos.

    Su efectividad exige como presupuesto indispensable que no existe contra determinada persona medios probatorios demostrativos de su responsabilidad y culpabilidad, por cuanto de existir indicios de culpabilidad debidamente comprobados, éstos justificarían la aplicación de una medida cautelar personal y, la existencia de plena prueba en su contra, una sentencia condenatoria.

    Constituye un elemento fundamental la participación de autoridad competente para determinar si en efecto existe o no el estado de inocencia, éste es un presupuesto indispensable.

  4. EVOLUCIÓN EN EL DERECHO CONSTITUCIONAL

    En Panamá el principio de presunción de inocencia en forma expresa, bajo esa denominación es contemplado en la Constitución de 1972, en el artículo 22, cuyo texto es el siguiente: "Toda persona detenida debe ser informada inmediatamente y en forma que le sea comprensible, de las razones de su detención y de sus derechos constitucionales y legales correspondientes.

    Las personas acusadas de haber cometido un delito tienen derecho a que se presuma su inocencia mientras no se prueba su culpabilidad en un juicio público que le haya asegurado todas las garantías establecidas para su defensa. Quien sea detenido tendrá derecho, desde ese momento, a la asistencia de un abogado en las diligencias policiales y judiciales.

    La ley reglamentará esta materia." (Subrayado nuestro)

    No obstante, consideramos que en forma implícita o indirecta el texto constitucional de 1904, en sus artículos 22 y 24, al exigir el cumplimiento de formalidades legales para juzgar una persona o sentenciarla y someterla a detención preventiva, con ello estaba representando el reconocimiento del status de inocencia o su presunción, pues hemos explicado que la existencia de indicios de culpabilidad podría interrumpirla con la aplicación de una medida cautelar personal.

    También el texto de la Constitución de 1941, en sus artículos 27, 28 y 29, al referirse a las exigencias del cumplimiento de formalidades legales, autoridad competente y de juzgamiento y sanción, previo cumplimiento de las normas procesales y sustantivas penales, con ello llevaba implícito el reconocimiento del principio de presunción de inocencia, porque ello proyecta las características y presupuestos del mismo.

    Finalmente, debemos aplicar ese criterio con respecto a la Constitución de 1946, pues en sus artículos 22, 24, 31 y 32, exigía el cumplimiento de formalidades legales, ya fuese para juzgar, aplicar detención preventiva o declarar culpabilidad de una persona, es decir, obliga el estricto apego a las exigencias de las normas procesales y sustantivas penales e inclusive advertía la posible sanción y pérdida del empleo a quienes violasen esos preceptos.

    Reiterada jurisprudencia existe en los tribunales en cuanto al cumplimiento de ese precepto, es decir, fallos sobre juicios especiales constitucionales de habeas corpus y resoluciones que han decidido la fase intermedia con sobreseimiento o la fase plenaria con sentencia absolutoria.

  5. REGULACIÓN EN EL CÓDIGO JUDICIAL

    El Código Judicial Panameño desarrolla el principio constitucional de presunción de inocencia en los artículos 1966 y 1974, Capítulo I, Título I, Libro Tercero del texto legal citado.

    Tales normas prevén que toda persona tiene derecho a su libertad personal y frente a toda denuncia se presume su inocencia, además la violación de ese principio es causa de nulidad del proceso y los jueces o funcionarios de instrucción que participaron en el mismo, podrían ser responsables civil y criminalmente por los daños o los perjuicios que resultasen del proceso ilegal.

    Como mecanismo procesal para enmendar la violación del principio de presunción de inocencia, se ha instituido la demanda de habeas corpus y una de las causales para instaurar ese juicio, contemplada en el artículo 2566, ordinal 1º, del Capítulo I, Título II, Libro Cuarto del Código Judicial, es la de aplicar la medida cautelar personal de detención preventiva contra una persona con mermas de las garantías procesales previstas en el artículo 22 de la Constitución Política de la República, una de las cuales es la violación del principio de la presunción de inocencia.

  6. MEDIDAS PROCESALES PARA GARANTIZAR EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

    Las normas de procedimiento penal contemplan que durante la fase preparatoria o de instrucción sumarial en el proceso penal panameño, debe respetarse el principio de presunción de inocencia, al igual que en las otras fases, y para la primera, se contempla la diligencia de procesamiento, en el artículo 2115 del Código Judicial, por cuanto exige al funcionario de instrucción que para darle la calidad de imputado a una persona y someterla a los rigores de una declaración indagatoria, debe dictar la diligencia respectiva debidamente razonada, sobre los presupuestos de la existencia del hecho punible y la probable vinculación del imputado, es decir, tiene que existir al menos prueba indiciaria en su contra.

    Después de dictar la diligencia de declaración indagatoria y al momento de practicar ésta, deberá advertir al imputado que tiene derecho a la asistencia de un abogado, no debe declarar contra sí mismo ni contra sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, no debe ser sometido a juramento y tampoco hacerle preguntas capciosas (Artículos 2112, 2114, 2116, 2117, 2119, 2120, 2123 y 2125 del Código Judicial), tampoco someterlo a coacción o amenazas ni hacerle promesas y debe leerle íntegramente su declaración.

    Luego de constatada la vinculación objetiva y subjetiva con el hecho punible, podrá el funcionario de instrucción dictar la diligencia de detención preventiva la que debe razonar sobre los presupuestos del hecho imputado; los elementos probatorios allegados para la comprobación del hecho punible; y los elementos probatorios que figuran en el proceso contra la persona que se le aplica esa medida cautelar personal.

    Cuando no se cumple con las formalidades expresadas anteriormente, la diligencia de detención preventiva es sancionada con nulidad absoluta y el artículo 1974 del Código Judicial prevé la posible responsabilidad civil y penal de los funcionarios respectivos.

    Tratándose de una persona sorprendida en flagrancia, cuando su aprehensión es llevada a cabo por una autoridad de policía, ésta debe ponerlo a órdenes del funcionario competente dentro del término de 24 horas para que examine los elementos o presupuestos respectivos y determine si debe mantenerse la detención preventiva (Artículo 2158 del Código Judicial).

    En Panamá no está permitida la detención preventiva para los delitos contra el honor y aquellos que tengan señalada pena mínima menor de 2 años de prisión, en estos casos debe aplicarse otra medida cautelar personal.

    Las medidas cautelares personales las clasifica el artículo 2147-B del Código Judicial, en cuanto a su gravedad, de la siguiente forma:

    1. La prohibición al imputado de abandonar el territorio de la República sin autorización judicial;

    2. El deber de presentarse periódicamente ante una autoridad pública;

    3. La obligación de residir en un determinado lugar comprendido dentro de la jurisdicción correspondiente;

    4. La obligación de mantenerse recluido en su propia casa, habitación o establecimiento de salud, según sea el caso;

    5. La detención preventiva.

    De acuerdo con lo normado en la sección primera, Capítulo VI, Título II, Libro Tercero del Código Judicial, para la aplicación de estas medidas cautelares personales el juez o el funcionario de instrucción tiene discrecionalidad, pero debe tomar en consideración la personalidad del imputado; que no exista peligro evidente de intentar sustraerse del radio de acción de la administración de justicia; la pena mínima aplicable de acuerdo con la norma penal adecuada a la conducta reprochable; el peligro de que el imputado cometa delitos graves mediante el uso de armas u otros medios de violencia personal y, no debe tomar en consideración la reincidencia.

    Tampoco se permite aplicar detención preventiva, salvo exigencias cautelares de excepcional relevancia, a las mujeres embarazadas, o que amamanten a su propia prole o a una persona que se encuentre en grave estado de salud o que haya cumplido los 65 años de edad.

    De igual forma están excluidos de la aplicación de la detención preventiva, salvo exigencias cautelares excepcionales, los tóxico-dependientes o alcohol-dependientes, sometidos a un programa terapéutico de recuperación en una institución de salud legalmente autorizada, siempre que la interrupción del programa pueda perjudicar la desintoxicación del imputado y, debe el juez o el funcionario de instrucción comprobar que la persona dependiente se encuentra efectivamente sometida a un programa de recuperación.

    Para facilitar la excarcelación a las personas de escasos recursos económicos, está prevista la fianza personal y la juratoria (Artículo 2163 del Código Judicial) para los delitos cuya pena mínima no exceda de dos años de prisión.

    El Código Penal Panameño, en su artículo 129, obliga al Estado a la reparación civil, cuando el procesado obtuviese sobreseimiento definitivo después de haber sufrido más de un año detención preventiva.

    De acuerdo con el artículo 2297, ordinal 3º, del Código Judicial, constituye causal de nulidad absoluta en los procesos penales, no haberse notificado al imputado o a su defensor el auto de enjuiciamiento.

    También el artículo 2298, ordinal 2º, del Código Judicial, contempla como causa de nulidad absoluta, la no intervención, asistencia y representación del imputado en los casos que la ley establece.

    Precisamente, están contempladas como causales de casación penal en la forma, no haberse notificado al imputado y su defensor, el auto de enjuiciamiento; no haberse notificado a las partes la providencia en que se abre la causa a pruebas; y, no haberse celebrado la audiencia el día y hora señalados, siempre y cuando que la diligencia se haya practicado sin la asistencia de la parte que interpone el recurso (Artículo 2437 del Código Judicial).

    Con respecto a los procesos contra servidores públicos por abuso en el ejercicio de sus funciones oficiales o por falta de cumplimiento de los deberes de su destino, para el efecto de imponerles la sanción correspondiente, es necesario que quien promueve la denuncia o acusación, acompañe la prueba sumaria de su relato (Artículo 2471 del Código Judicial), de lo contrario será inadmisible la denuncia o acusación y debe archivarse el expediente.

    Se entiende por prueba sumaria cualquier medio probatorio que acredite el hecho punible y, según lo estipulado en el artículo 2073 del Código Judicial, éstos pueden ser los siguientes: El examen que se haga, por facultativos o peritos de las personas, huellas, documentos, rastros o señales que haya dejado el hecho, o con deposiciones de testigos que hayan visto o sepan de otro modo, la perpetración del mismo hecho o con indicios, medios científicos o cualquier otro medio racional que sirva a la formación del juez, siempre que no estén expresamente prohibidos por la ley, ni violen derechos humanos, ni sean contrarios a la moral y al orden público.

    Finalmente consideramos oportuno explicar que el artículo 2099-A del Código Judicial, contempla que la presunción de inocencia del imputado, obliga a guardar reservas en cuanto a su nombre y otras señas que permitan su identificación o vinculación con el delito que se investiga.

    El Pleno de la Honorable Corte Suprema de Justicia, por medio de fallo de 30 de abril de 1991, declaró inconstitucional la fase que exigía tal reserva hasta tanto exista sentencia ejecutoriadas contra el imputado.

    Por tanto, la reserva sólo existe durante la fase preparatoria o de instrucción sumarial, con excepción de los casos de reconocidos delincuentes comunes, de alta peligrosidad, cuya búsqueda y localización a través de los medios de comunicación social, sea autorizada por el Ministerio Público.

    CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

  7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

    A. CONCLUSIONES

    1. Los textos constitucionales panameños han reconocido el principio de presunción de inocencia, aunque de manera clara y expresa se consigna a partir de la Constitución de 1972.

    2. La violación del principio de presunción de inocencia, constituye causal de nulidad y acarrea responsabilidad civil y penal a los funcionarios responsables.

    3. No se permite la detención preventiva en los delitos contra el honor y, aquellos cuya pena mínima es menor de dos años de prisión.

    4. Están excluidos de la aplicación de detención preventiva las mujeres embarazadas, las personas mayores de 65 años, los sometidos a un programa terapéutico tóxico dependiente o alcohol dependiente, las mujeres que amamanten a su propia prole o quienes se encuentren en grave estado de salud.

    5. Para dar la condición de imputado a una persona, debe dictarse la diligencia razonada de declaración indagatoria.

    6. La detención preventiva debe cumplir formalidades legales, dictarse la diligencia por el funcionario de instrucción o la resolución por el tribunal competente y, el cumplimiento de las formalidades exigidas es sancionado con nulidad del acto y podría acarrear responsabilidad civil o penal a los funcionarios correspondientes.

    7. Está contemplada la fianza personal y la juratoria para los delitos con pena mínima de dos años de prisión.

    8. El Código Penal contempla los institutos de desprisionalización (suspensión condicional de la ejecución de la pena, conversión a días multa, amonestación pública o privada).

    9. El Código Judicial contempla la suspensión condicional del proceso y la despenalización.

    10. Una de las finalidades de la demanda de habeas corpus, es la de examinar si se ha violado el principio de presunción de inocencia.

    11. A todo imputado se le debe garantizar la defensa técnica, sin excluirle la posibilidad de la defensa natural.

    12. Durante la fase preparatoria o de instrucción sumarial, la presunción de inocencia del imputado, obliga a guardar reservas en cuanto a su nombre y otras señas que permitan su identificación o vinculación con el delito que se investiga, con excepción de los casos de reconocidos delincuentes comunes de alta peligrosidad, cuya búsqueda y localización a través de los medios de comunicación social, sea autorizada por el Ministerio Público y el incumplimiento de la disposición citada constituiría delito de calumnia.

      B. RECOMENDACIONES

    13. Los funcionarios del Ministerio Público y del Órgano Judicial, responsable de los procesos penales, deben perfeccionar sus conocimientos sobre criminología, derecho penal, derecho procesal penal, psiquiatría forense, medicina legal y todas las ramas del derecho.

    14. Debe instituirse la carrera judicial, como una garantía de la autonomía e independencia de los funcionarios y para seleccionar los profesionales competentes.

    15. Es necesario implementar la legislación procesal y sustantiva penal con los sustitutos penales necesarios.

    16. Debe reformarse los Códigos de procedimiento penal, para simplificar los procesos sin afectar los derechos de las partes.

    17. Es necesario tomar en consideración los derechos de la víctima.

    18. Sería conveniente la celebración periódica de congresos y seminarios entre los diferentes Estados, con la participación de funcionarios comprometidos con la administración de justicia, para intercambiar conocimientos y experiencias a objeto de perfeccionar la metodología de trabajo y la legislación.

    19. Debemos superar el sistema inquisitivo y aplicar tanto el acusatorio como mixto, para procurar las investigaciones científicas.

    20. Revisar los programas de derecho de las diferentes facultades, para actualizarlos a la realidad socio-económica y política de los Estados.

    21. Es necesario educar a la comunidad sobre el sentido y alcance de los sustitutos penales.

    22. Debe promoverse a través de institutos procesales y academias, el conocimiento científico y actualizado tanto del derecho penal, la criminología como el derecho procesal penal.

    23. Deben instituirse las escuelas judiciales en la administración de Justicia.

      CITAS

      (1) RUBIANÉS, C.J.M. de Derecho Procesal Penal. Tomo I. Ediciones Depalma. Buenos Aires. P.. 77.

      (2) Op. Citt. P.. 79.

      (3) VÉLEZ MARCIONDE, ALFREDO. Derecho Procesal. Tomo I.E.C.. P.. 325.

      (4) LEONE, GIONVANNI. Tratado de Derecho Procesal Penal. Tomo I.V.I.. Ediciones Jurídicas Europa-América. P.. 464.

      (5) CHICHIZOLA. MARIO I. Excarcelación y Eximición de Prisión. Ediciones D.. Buenos Aires. 1986. P.. 18.

      (6) GUERRA, MORALES, SILVIO. Instituciones de Derecho Penal y Procesal Penal. Editorial L.. Santa Fe de Bogotá. Colombia. P.. 246.

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