Sentencia Ponencias de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 15 de Junio de 1997

Ponente:ADÁN ARNULFO ARJONA L
Fecha de Resolución:15 de Junio de 1997
Emisor:Corte Suprema de Justicia (Pleno)
RESUMEN

LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE READAPTACIÓN SOCIAL DE QUIEN HA DELINQUIDO O COMETIDO ACTO INFRACTOR EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ

 

P. publicada en Junio de 1997

LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE READAPTACIÓN SOCIAL DE QUIEN HA DELINQUIDO O COMETIDO ACTO INFRACTOR EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ

Por: L.. A.M.

Asesor Legal Corte Suprema de Justicia

Nuestra intervención tiene como objetivo primordial esbozar de forma diáfana, la fuente legal y la situación jurídica de la ejecución de programas de readaptación social de quien delinque o comete acto infractor en nuestro País, haciendo énfasis en la jurisdicción especial de menores.

En ese sentido, podemos señalar que en la República de Panamá, se eleva a categoría constitucional el principio de la resocialización del inadaptado social, al preverse en el artículo 28 de nuestra Carta Magna, Constitución Política de 1972, reformada por los actos reformatorios de 1978 y por el acto constitucional de 1983, como una garantía fundamental, que nuestro sistema penitenciario se funda en principios de seguridad, rehabilitación y defensa social; que se prohíbe la aplicación de medidas que lesionen la integridad física, mental o moral de los detenidos, y que es un deber el establecimiento de la capacitación de éstos en oficios que le permitan reincorporarse útilmente a la sociedad.

De igual forma, señala la excerta constitucional que los detenidos menores de edad estarán sometidos a un régimen especial de custodia, protección y educación.

Bajo esta nueva perspectiva se superan los principios de seguridad y expiación de las penas, contemplados en constituciones anteriores, v.gr. 1904, 1941 y 1946.

Nuestro derecho penal sustantivo, a través de la Ley Nº 18 de 22 de septiembre de 1982, por la cual se adopta el más reciente Código Penal de la República, establece en su artículo 46, penas de carácter principal y accesorias, señalando entre las primeras la de prisión y día multa, conceptuando en el artículo 47, la pena de prisión como aquella que consiste en la privación temporal de la libertad, a cumplirse en los establecimientos que la ley determina, de manera que ejerzan sobre el sancionado una acción de readaptación social; privación de la libertad que se impone en nuestro País hasta un máximo de 20 años, por la comisión de sólo un hecho punible.

El principio de resocialización, encuentra resonancia en la codificación en comento, tanto en el alcance conceptual de la pena de prisión como la norma a partir de su artículo 106, sobre la figura de las MEDIDAS DE SEGURIDAD, desarrollando éstas de carácter preventivas, educativas y curativas, como aquellas que tienen por objeto modificar la conducta y personalidad del sujeto, a fin de evitar la repetición de hechos punibles, las que deberán ejecutarse en establecimientos especiales o en secciones adecuadas de los centros penales. La aplicación de estas medidas por parte de nuestros jueces se torna un tanto difícil por carecer nuestro País de instalaciones apropiadas para su ejecución.

En cuanto a la jurisdicción especial de menores podemos señalar, que luego de una larga discusión legislativa, se sanciona la Ley Nº 3 de 17 de mayo de 1994, a través de la cual se aprueba el Código de la Familia, y mediante una ley posterior Nº 12 de 25 de julio del mismo año, fue puesto en vigencia finalmente a partir del tres (3) de enero del año de 1995.

Esta nueva codificación, recogiendo principios y derechos básicos, fundamentales y universales del menor, desarrollo en el Título VIII de su Libro II, lo relativo al ACTO INFRACTOR, quedando entonces derogada la Ley Nº 24, la cual desde el año de 1951 regulaba la jurisdicción especial de menores.

El Código de la Familia, en su artículo 522 define el acto infractor como aquel cometido por un menor, es decir aquel con edad por debajo de los dieciocho (18) años, como producto de la comisión de un hecho punible constitutivo de falta o delito descrito en el Código Penal, en el Código Administrativo y en leyes especiales aplicables a los mayores de edad.

Se prevé en esta codificación, que los menores de edad gozan de las garantías individuales y procesales reconocidas por la Constitución Política de la República de Panamá y la Convención sobre los Derechos del Niño y que contra éstos no podrá seguirse procedimiento penal alguno, y a aquellos a quienes se le atribuya un hecho calificado por la ley penal como delito o falta, serán puesto a disposición del juez seccional de menores, para ser sometido a un régimen especial de custodia, protección, educación y resocialización, de acuerdo con las circunstancias del caso y de conformidad con los procedimiento establecidos en el Código de la Familia.

Podemos entonces señalar que en la República de Panamá, se recoge con claridad meridiana la readaptación social como un derecho y la obligación del Estado de desarrollar políticas definidas como la resocialización, mediante la educación y el trabajo, del que haya infringido la ley, fuera éste un adulto o un menor de edad.

Destaquemos ahora, las instancias oficiales llamadas a poner en práctica los sistemas y programas de resocialización en nuestro País. Tan sensible e importante potestad reposaba hasta el año 1995 en nuestro Órgano Ejecutivo, a través de la Dirección Nacional de Corrección y del antiguo Tribunal Tutelar de Menores, ambos adscritos al Ministerio de Gobierno y Justicia.

Luego de aprobada el citado Código de la Familia, desaparece el Tribunal Tutelar de Menores, y la jurisdicción especial de menores y los Centros que la componen pasan a manos del Órgano Judicial, siendo, hoy por hoy, la República de Panamá uno de los pocos sino el único país, de América latina, en donde el Órgano del Estado llamado a administrar justicia también conoce y administra los centros de custodia, protección integral y educación de menores que cometen acto infractor o de conducta irregular, quedando entonces bajo la responsabilidad del Órgano Ejecutivo sólo lo concerniente a la administración y manejo de los centros penitenciarios destinados al internamiento de adultos.

En relación con lo expresado anteriormente, debemos señalar que éstos se rigen por una ley marco que data del año de 1942 y una legislación adicional que se encuentra disgregada, obsoleta y alejada de la nueva visión constitucional a este respecto. Ello ha obligado a la República de Panamá, a considerar un nuevo proyecto legislativo que contemple de forma coherente toda la materia relacionada con el mundo penitenciario y las normas aprobadas por los convenios internacionales, proyecto aún en vías de ser materializado.

El Órgano Ejecutivo, a través de la Dirección Nacional de Corrección del Ministerio de Gobierno y Justicia, entra a manejar los centros penitenciarios panameños a partir del año de 1992, cuando éstos dejan de ser dirigidos por los militares, quedando bajo la responsabilidad de tal Dirección la organización y funcionamiento de éstos, así como el mantenimiento de las estructuras de las prisiones y la asignación del personal de custodia.

Cuenta esa Dirección con un presupuesto asignado para el período fiscal de 1997 de sólo B/.8.792,220.00, de los cuales el 46% se asignó para gastos de funcionamiento, el 42% para gastos de alimentación y sólo un 12% para gastos de operación. Dentro de este marco financiero, se administra ocho (8) centros penales principales, entre los que podemos nombrar el Complejo Penitenciario la Joya, el Centro de Rehabilitación El Renacer, el Centro Femenino de Rehabilitación, la Colonia Penal de Coiba, la Cárcel Pública de C., el Centro Penitenciario Nueva Esperanza, etc., todos los cuales se encuentran con un número considerable de internos por encima de su capacidad.

Según estadísticas oficiales, al mes de diciembre del año de 1996, la República de Panamá con tan sólo 2.780.000 habitantes, contaba con una población penitenciaria adulta total de 7,322 internos, compuestos por 562 mujeres y 6,760 hombres, de cuyo total 1,367 internos ya están cumpliendo condena y 5,410 están siendo, a la fecha, procesados; el restante, es decir 545 internos se encuentran en una situación indefinida. Pese a la significativa cifra nuestro País no posee en la actualidad con un programa organizado, coherente y efectivo que desarrolle programas de readaptación social o resocialización para este sector, salvo incipientes, mal dotados pero muy bien intencionados proyectos de corte técnico o agropecuarios y programas de alfabetización y educación primaria y secundaria, los cuales no se ejecutan en la totalidad de los centros penitenciario, obviamente debido a la precaria situación presupuestaria por la que atraviesa el sistema penitenciario panameño. Vale destacar que toda la información aquí esbozada, en torno a la situación carcelaria adulta reinante en nuestro país, ha tenido como fuente la información tomada de la Dirección Nacional de Corrección del Ministerio de Gobierno y Justicia de la República de Panamá.

En este sentido, la jurisdicción especial de menores presente otra realidad, toda vez que en la actualidad posee un número considerable de centros, programas y proyectos de educación y resocialización, encaminados a brindar al joven que ha cometido un acto infractor o a aquel que se encuentra en una situación de riesgo social o en circunstancias especialmente difíciles, una preparación en carreras vocacionales, sin descuidar su formación académica formal, todo lo cual garantiza su reinserción en la sociedad y su subsistencia económica producto de su trabajo.

Así las cosas, los jueces especiales de menores cuentan con Centros de Custodia, Protección Integral y Educación, entre los cuales apreciamos los albergues, las granjas agrícolas, los centros de observación, resocialización o reeducación y las escuelas vocacionales, para remitir a los jóvenes que han cometido acto infractor o de conducta irregular, según sea el caso y la necesidad.

Al Órgano Judicial, con un promedio de 475 menores infractores internos, para el período fiscal de 1997 se la asigna una partida presupuestaria de B/.3,571.500.00 de la cual un 72.43% se destina para gastos de personal, un 11.82% para la alimentación y un 11.56% para funcionamiento, repartido entre doce (12) juzgados seccionales de menores, tres (3) Centros de Observación y Diagnóstico, un (1) Centro de Resocialización, dos (2) Casas Hogares, dos (2) programas de prevención y dos (2) programas adicionales alternativos al internamiento; pese a ser un presupuesto insuficiente se invierte de la forma más coordinada posible.

En todos los Centros se ejecutan programas de educación formal con apoyo del Ministerio de Educación y de corte vocacional, éstos con auspicio de entidades nacionales e internacionales, impartiendo talleres de construcción, chapistería, ebanistería, mecánica automotriz, soldadura, sastrería, modistería, belleza, cocina internacional, entre otros. Contamos a su vez, con tres (3) grandes Escuelas Vocacionales, administradas en conjunto por el Órgano Judicial y clubes cívicos, a los cuales son remitidos de igual forma los jóvenes que han cometido acto infractor, a fin de instruirlos en áreas técnicas o agropecuarias, como ciertos programas de prevención y alternativos al internamiento, entre los que se destaca el Programas "Menores en la Calle", "P.E. y S.E.", "Atención Ambulatoria" y "Libertad Vigilada", todos con resultados satisfactorios.

El Código de la Familia, en miras a que se diluciden en segunda instancia aspectos judiciales, como para promover la más pronta y eficaz administración de justicia en materia de menores infractores y en circunstancias especialmente difíciles, introduce dentro de la presente jurisdicción la instancia del Tribunal Superior de Menores, quien en conjunto con la Secretaría Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, vienen realizando ingentes esfuerzos en la administración de los diversos Centros y Programas de tan sensible jurisdicción.

Consideramos meritorio, en miras a ser más gráficos, reseñar de manera sucinta la trayectoria y proceso por le que atraviesa un joven que ha cometido acto infractor, desde su aprehensión hasta su reinserción en el mundo laboral, como el perfil de por lo menos de uno de los programas de prevención supra citados.

Al ejecutarse un acto delictivo ya se por jóvenes o entre jóvenes y adultos, la Policía Técnica Judicial o la Policía de Menores aprehende a los menores y los remiten de manera inmediata a un centro de admisión nocturno o diurno de la citada jurisdicción, luego de ello se le traspasa al juez seccional de menores competente, quien mediante resolución motivada ordena su internamiento en el Centro de Observación y Diagnóstico.

En este Centro un grupo interdisciplinario, dentro de un término promedio de treinta (30) días, rinde un informe sobre la situación psico social del menor, informe que luego toma en consideración el Juez, a fin de determinar la medida tutelar aplicable, la cual puede ser su remisión a un programas externo o de tratamiento ambulatorio o en última instancia a un Centro de Resocialización y Tratamiento o a una Escuela Vocacional.

En caso de ordenarse el internamiento en un Centro de Rehabilitación y Tratamiento o una Escuela Vocacional, el menor ingresa a un programa especial de educación formal el cual puede ser de alfabetización, o de estudios primarios y secundarios, reconocidos y ejecutados por el Ministerio de Educación, labor que se realiza en horarios diurnos y vespertinos.

Durante el tiempo restante, y sin interferir en su educación formal, el menor ingresa a los programas vocacionales denominados fijos cuya duración es de aproximadamente seis (6) meses, y en donde recibe capacitación teórica y práctica en materias varias, luego del cual recibe su certificado de culminación de estudios vocacionales, el que les otorga el título de ayudante.

Toda esta tarea de resocialización o readaptación se lleva a cabo por los instructores, técnicos y administración de cada Centro, en donde de manera paralela también se le imparten a los menores internos programas deportivos y culturales, y en especial asistencia permanente de carácter psicológico e incluso psiquiátrico de ser necesario, médico, y de desintoxicación si su situación delictiva o conducta irregular se acompaña con un problema de dependencia química.

Durante el desarrollo de los estudios vocacionales, el joven interno realiza su práctica laboral en empresas particulares, en donde muchas veces queda, luego de culminadas su práctica, trabajando de manera formal, posibilidad que se presenta a su vez en aquellos programas vocacionales externos.

Con igual éxito, la jurisdicción especial de Menores cuenta con ciertos programas de corte preventivo, entre los cuales deseamos destacar el denominado "P.E. y S.E.", destinado a menores en circunstancias especialmente difíciles o en riesgo social o de conducta irregular, como producto de su área de residencia, o de su carencia afectiva y/o económica, o a la deserción o a la falta de control familiar.

A través de este programa, se les incorpora a la vida laboral dentro de un número plural de empresas privadas, 76 en la actualidad, integrantes del mismo programa, en donde trabajan por un período de cuatro (4) horas diarias, a cambio de una beca de B/.95.00 mensuales, son deducibles en un 100% de su impuesto sobre la renta. Con esta aporte se le otorga al joven, actualmente 142, un beneficio mensual de B/.80.00 y con el restante se le cubre un seguro contra accidentes.

El objetivo del programa "Padrino Empresario y Soy Empresario", es prevenir conductas inadecuadas en los jóvenes; mantener o propiciar el reingreso de éstos en el proceso educativo; contribuir al logro de metas escolares; elevar su autoestima a través de un programa de orientación y experiencia laboral y en especial promover la integración familiar.

Debemos entonces concluir con el señalamiento que en la República de Panamá, se viene realizando ingentes esfuerzos por mejorar y optimizar el sistema penitenciario para adultos y cuenta en la actualidad con proyectos muy efectivos en la readaptación del joven infractor, mas sin embargo debemos reflexionar sobre la importancia de realizar estudios profundos sobre las causas de la conducta delictiva y poner mayor énfasis en programas de prevención y de integración familiar.

De igual forma debe procurarse e incentivarse la aplicación de medidas alternativas tanto para adultos como para jóvenes, como reducir la morosidad judicial; se debe mantener una mayor coordinación entre todas las instancias gubernativas y privadas relacionadas con el tema, para mantener criterios y políticas únicas y concretas para atacar la problemática; debe instaurarse un ente fiscalizador que evalúe la efectividad de las medidas de readaptación existentes y de las que están por implementarse; debe incorporarse a la sociedad civil en el proceso de readaptación del que ha infringido la ley; y sobre todo, debe asignarse más partidas presupuestarias al análisis y estudio de esta sensible problema social, que para la construcción de nuevos centros penitenciarios que terminan hacinando y agavando la situación carcelaria.

Debemos determinar que ya la juventud no es el divino tesoro, sino la libertad, toda vez que la primera sin la segunda no tiene sentido, así las cosas aunemos esfuerzos por incrementar los programas de prevención y ello lo solicitamos por nuestros propios hijos.