Sentencia Ponencias de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 15 de Octubre de 1998

Ponente:ADÁN ARNULFO ARJONA L
Fecha de Resolución:15 de Octubre de 1998
Emisor:Corte Suprema de Justicia (Pleno)

P. publicada en Octubre de 1998

PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN CENTRO AMERICA Y PANAMA. ENFOQUE SOCIOJURIDICO

INTERVENCION DEL MAGISTRADO E.A.S. EN EL SEMINARIO:

"CONTRATOS MODERNOS Y LAS NUEVAS TENDENCIAS PROCESALES".

La Escuela Judicial me ha solicitado participar en el Seminario Taller sobre las Nuevas Tendencias del Proceso Civil que, entiendo, persigue debatir acerca de los cambios que en el terreno de la legislación se requieren, de cara a adecuarla a las exigencias que vienen impuestas por las necesidades de un mundo y una sociedad en permanente evolución.

Debo comenzar confesando que no soy de los que creen que basta con la introducción de cambios en la legislación para obtener las respuestas exigidas por una comunidad en constante desarrollo y enfrentada a la necesidad de generar soluciones, no siempre de fácil y sencilla aplicación.

El presente de la humanidad y su futuro dependen, como sabemos, de una variada y compleja cantidad de factores, de los cuales los avances de la ciencia y la tecnología y la capacitación para adquirir los nuevos conocimientos parecen estar en la base que garantiza cualquier clase de progreso. Podría decirse que en este punto no existen mayores discusiones.

Por lo que atañe a nuestra disciplina, el derecho, cabe preguntarse, entonces, cuáles serán los cambios apropiados y recomendables; los ajustes y las transformaciones que deben ser puestos en práctica para que un país determinado, en este caso la República de Panamá, se ponga al día y quede dotado de los instrumentos legales que le permitan salir airoso en el ámbito de la aplicación, la interpretación y la efectividad de sus leyes, en un mundo cada vez más competitivo y exigente.

Empecemos por reconocer que algunas cosas se han adelantado en esta dirección. Quizás la más notable de esas transformaciones, en cuanto a la administración de justicia, y obedeciendo directamente a las demandas de un mundo globalizado, como se le ha dado en llamar, haya sido la creación de la nueva jurisdicción asignada a los tribunales de la competencia. He allí una respuesta o, al menos, un comienzo de respuesta concreta con el objeto de incorporarnos a un modelo de desarrollo que proclama la primacía de las reglas de libre mercado como punto de partida para lograr un sostenido crecimiento económico que gradualmente ha de traducirse, según la teoría, en bienestar para la mayoría de los asociados. La reforma legal representada por la Ley Nº29 de 1 de febrero de 1996, por la cual se dictan normas sobre la defensa de la competencia y se adoptan otras medidas para proteger y asegurar el proceso de libre competencia económica, erradicando las prácticas monopolísticas y otras restricciones en el funcionamiento eficiente de los mercados de bienes y servicios que pudiesen entrar en contradicción con los derechos de los consumidores, proporciona los medios para salvaguardar los intereses de la comunidad ante los tribunales de la novedosa jurisdicción creada mediante la mencionada ley.

En términos generales, puede afirmarse que se trata de un esfuerzo meritorio con el cual se han puesto en vigencia normas jurídicas cuyo propósito es adecuar la legislación procesal y la sustantiva, de manera que la administración de justicia esté en condiciones de cumplir su tarea con celeridad respecto a las actividades de la industria, el comercio y otras áreas de la economía sometidas a esa nueva jurisdicción especial.

En esa misma dirección apunta la Ley Nº35 de 10 de mayo de 1996, por la cual se dictan disposiciones sobre la propiedad industrial, comprendidas las invenciones, las patentes, las marcas y los nombres comerciales, todas ellas en búsqueda de la protección de tan importantes derechos en el mundo de la economía.

Ahora bien, entendiendo que con estas jornadas se persigue traer al debate las reformas que en el campo de la legislación civil se hacen necesarias, al tema paso a referirme de inmediato.

Ya en otras ocasiones he tenido que externar mi opinión al respecto, y lo he hecho en el sentido de advertir que, a mi juicio, en este país no urge ni es necesario someter a una revisión integral el derecho sustantivo vigente recogido en nuestro Código Civil. En ese terreno, la transformación no parece ser prioritaria y no sería recomendable aventurarse por ese camino si con ello se pudiesen provocar, como consecuencia, más complicaciones que ventajas. Al menos, materias tales como el régimen de propiedad, el sistema reconocido en el Código para las obligaciones y contratos, la regulación y definición de los bienes, de los derechos reales y de las sucesiones, no merecen, en mi opinión, modificarse. Cabría considerar, con la finalidad de actualizar la materia, lo concerniente al notariado, no así, en cambio, lo atinente al Registro Público, ámbito sometido constante y periódicamente al efecto de leyes y decretos reglamentarios especiales que le han ido incorporando a su régimen las disposiciones requeridas para su actualización.

Mi reserva y resistencia puede atribuirse, entre otras razones, a que estimo que, a la hora de la verdad, es bien poco lo que se obtendría con someter a una reforma integral las añejas instituciones consagradas en el Código Civil. Nuestro Código Civil es el producto de una larga y tradicional herencia y sus disposiciones bien pueden seguir siendo aplicadas, en la abrumadora mayoría de los casos, con la asistencia de la jurisprudencia y la doctrina, tanto nacionales como extranjeras, con que se ha venido enriqueciendo la labor de interpretar y aplicar la legislación civil vigente, sin que en este campo parezca una necesidad impostergable una completa y novedosa codificación.

El derecho tiene una justificación histórica en la medida en que contribuya y sirva efectivamente para resolver los problemas de la gente. Ningún sentido tendría el derecho si, en vez de contribuir a resolver esos problemas, lo que consigue es complicarlos. De modo que si no tenemos la certeza y la claridad de que determinados cambios o reformas vayan a contribuir a mejorar el sistema que nos rige, es preferible, aún a riesgo de parecer conservadores, preservar el existente, entre otras razones, para no introducir la incertidumbre o la inseguridad jurídica tantas veces denunciada por los factores de la economía nacional e internacional como una de las principales causas que inhiben a los inversionistas a la hora de arriesgar sus capitales.

No aconsejan la prudencia ni la sensatez que nos embarquemos en una reforma integral del Código Civil, y puedo manifestar que ese es el criterio que prevalece entre quienes integramos la Comisión para el Mejoramiento de la Administración de Justicia recientemente nombrada por el Organo Ejecutivo con el propósito de preparar un documento en que se recojan las recomendaciones y medidas que deben aplicarse para mejorar el sistema judicial y en particular la administración de justicia.

En dicha Comisión, próxima a rendir su informe final, se ha tenido el cuidado de escuchar de manera directa y especial a los representantes de las distintas jurisdicciones que componen el ordenamiento jurídico panameño, representadas por sus jueces y magistrados. Así mismo, se les ha concedido audiencia a distinguidos profesionales del derecho quienes han dedicado mucho tiempo al estudio de los temas jurídicos y al funcionamiento de los tribunales en este país. Igualmente, se han tomado en cuenta los trabajos elaborados por distinguidos juristas, dedicados a analizar y estudiar la problemática de la administración de justicia.

Adelantándonos un poco a lo que, casi con plena seguridad, han de ser las conclusiones a las que pronto arribará la Comisión, no resulta arriesgado asegurar que existe completa coincidencia acerca de una recomendable y apropiada revisión o modificación de los aspectos procesales relacionados con la tramitación de los juicios civiles y mercantiles atendidos en los tribunales pertenecientes a la jurisdicción civil ordinaria. Esa reforma debe comprender los cambios que sean necesarios para reducir las prácticas y diligencias que se traducen en la demora y la tardanza que caracteriza el desarrollo de los procesos civiles en la actualidad: el sistema de notificaciones; el excesivo recurso a la apelación y al trámite de la consulta (revisión del Tribunal Superior sin petición de las partes); la utilización de medidas cautelares prejudiciales que en la práctica se traducen en mecanismos de presión para lograr negociaciones ventajosas; el abuso de las incidencias; el sistema en vigor de práctica de pruebas, serían sólo algunos de los aspectos que merecen ser sometidos a una revisión tendiente a lograr la aceleración de los trámites, a evitar las dilaciones interminables y a conseguir que las partes no evadan la discusión de los temas fundamentales del pleito, entreteniendo -más bien distrayendo-, al juez en el examen de asuntos meramente formales y accesorios, todo lo cual convierte a los juicios en controversias que se hacen interminables.

Dentro de la misma concepción, especial consideración le ha sido otorgada en el seno de la Comisión a la posibilidad de establecer el sistema de la oralidad que tan positivos resultados ha dado en la jurisdicción marítima panameña y que también ha sido incorporada al procedimiento que aplican los tribunales de la competencia.

A la Comisión se le ha hecho llegar la propuesta para establecer en Panamá los denominados tribunales especiales de comercio, con el objeto de que con su creación quede en manos de jueces especializados en derecho mercantil el despacho de aquellos asuntos concernientes a los negocios mercantiles. La propuesta contempla, por supuesto, la idea de aplicar procedimientos simplificados para garantizar una pronta solución de las causas. En países como Francia y los Estados Unidos la experiencia ha comprobado que se trata de una vía acertada. En Francia la existencia de esta clase de tribunales especiales de comercio es de vieja data y representa un ejemplo que puede ser imitado para lograr, en forma expedita y sin complicaciones, una pronta administración de justicia. En los Estados Unidos este tipo de tribunales son de más reciente creación y funcionan ya en Estados como Carolina del Norte, Nueva York, Delaware , Pennsylvania, Texas y Hawaii, lugares en donde, con variantes, se ha impuesto la medida con resultados efectivos en la tarea de resolver el retraso y la tardanza en la solución de litigios y conflictos que permanecían por muchos años paralizados en los tribunales de la jurisdicción civil ordinaria. Antes de rendir su informe la Comisión procederá a valorar los términos en que una medida de esta naturaleza pudiera tener cabida en nuestro país.

Conviene a estas alturas reflexionar sobre un tema frente al cual, en apariencia, no existen controversias entre los entendidos. Hablo de la necesidad que se siente de cara a actualizar y modernizar la legislación mercantil sustantiva. Sin el ánimo de menospreciar la utilidad y el valor del actual Código de Comercio, es a todas luces recomendable poner al día la legislación mercantil en aquellas áreas relacionadas con los seguros, el derecho marítimo y las operaciones bancarias, para mencionar sólo las de mayor importancia en nuestro medio.

Aquí, contrario a lo que sería recomendable en cuanto al Código Civil, sería apropiada la designación, cuanto antes, de una o varias comisiones especializadas que se encarguen de preparar y presentar los anteproyectos a través de los cuales se incorporarían a la legislación mercantil todos los avances que en otras partes, desde hace bastante tiempo, las leyes se han encargado de convertir en derecho positivo.

La existencia en Panamá de un Centro Financiero Internacional hace inaplazable la aprobación de un cuerpo de leyes especiales en donde se definan y reglamenten con toda precisión y exactitud las múltiples operaciones y transacciones que a diario se llevan a cabo en el sistema bancario panameño (transferencias internacionales, cartas de crédito, mandamientos irrevocables de pago, etc.). Lo mismo puede decirse de nuestro viejo Derecho Marítimo que, sin dejar de ser útil y aprovechable en muchos aspectos, se ha ido quedando corto en relación con ciertos temas que cotidianamente se están planteando en las causas que se ventilan ante esa especial jurisdicción, la marítima; lo cual es de presumir se va a incrementar en los años venideros como resultado de la privatización de los puertos y de la transferencia del canal a manos panameñas.

Obligada referencia debe hacerse al Programa de Mejoramiento de la Administración de Justicia que, como producto del préstamo y el financiamiento a cargo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), está a punto de ser puesto en práctica a partir del próximo año.

Hasta hace unos cuantos años el BID no destinaba sus inversiones al sector justicia de nuestros países. Prevalecía el criterio de que el crecimiento y el desarrollo dependían del avance que se pudiera alcanzar en el terreno de las obras públicas, la salud y la educación, pero ninguna o muy poca importancia le era reconocida al papel que una adecuada administración de justicia tiene respecto a los fenómenos de estricta naturaleza económica.

Afortunadamente asistimos a un cambio de mentalidad operado en el seno de aquella institución financiera internacional, lo que ha llevado al BID, en los últimos años, a respaldar, en diversos países del continente, el fomento y el mejoramiento de las instituciones encargadas de impartir justicia. Se ha llegado al convencimiento y a la clara conclusión de que, en no despreciable medida, la salud de las actividades económicas se encuentra estrechamente ligada a la vigencia de una eficiente administración de justicia, o sea, a la existencia de un verdadero estado de derecho, en el cual las instituciones encargadas de la administración de justicia cumplan esa importante tarea en forma transparente, independiente, expedita y oportunamente, pues en ausencia de tales condiciones los usuarios de este servicio público esencial se sentirán inseguros, dada la incertidumbre provocada por un malo o mediocre Organo Judicial incapaz de generar certezas en el seno de la sociedad.

El financiamiento aprobado para este programa es de alrededor de 30 millones de dólares y entre sus componentes se cuenta con un subprograma o plan de aceleración y descarga de causas civiles dentro del Organo Judicial, cuya finalidad es atender los casos que se encuentran en trámite, a fin de agilizar su marcha, para que se fallen cuanto antes y así descongestionar el sistema. A partir del próximo año, en desarrollo de este plan, comenzarán a funcionar siete nuevos juzgados de circuito en el Ramo Civil dentro del Primer Circuito Judicial de Panamá, otro en San Miguelito, otro en La Chorrera, tres en David y otro en Penonomé. Además, se sumarán cinco nuevos juzgados municipales en Panamá, uno en D., uno en La Chorrera y otro en San Miguelito. En principio, estos nuevos juzgados tendrán carácter temporal.

Como parte de una propuesta integral de solución a la problemática de la administración de justicia, el financiamiento contempla la creación de dos modelos de organización judicial (a nivel urbano y rural), denominados Unidades Judiciales Regionales, que se instalarán en San Miguelito y Chiriquí y que constarán de instalaciones físicas para albergar al conjunto de los despachos del Organo Judicial y de la Procuraduría General de la Nación en aquellas regiones. La idea es aprovechar economías de escala y simultáneamente implantar cambios en los sistemas de gestión interna, con herramientas y condiciones materiales apropiadas, a fin de mejorar la eficiencia en la prestación del servicio, liberando a jueces y fiscales de las labores burocráticas de la administración.

Parte del financiamiento se dedicará, además, a adelantar las tareas de revisión y reforma del procedimiento civil con el propósito de corregir todos aquellos aspectos procesales que inciden en la tardanza a causa de lo engorroso y formalista del sistema procesal en vigencia, buscando sustituirlo por un sistema que permita la inmediación del juez dentro del proceso, así como la celeridad en la tramitación de los juicios.

Partiendo del diagnóstico de los analistas que han participado en la elaboración del programa (consultores del BID y representantes de la Corte Suprema de Justicia), ha sido propuesto un plan para revisar y modificar la normativa procesal, a efectos de reducir las prácticas y diligencias dilatorias en los procesos que, como es natural, supone una oportuna reforma legal del Código de Procedimiento Civil vigente.

A propósito, en reciente simposium internacional celebrado en Florencia el año pasado, dedicado al estudio de las reformas al procedimiento civil, los representantes de países como los Estados Unidos, El Reino Unido, Francia, Alemania, Japón, China y Suecia, todos ellos expertos y especialistas en la materia, llegaron a interesantes y compartidas conclusiones.

Para ellos resulta obvio que el problema representado por la demora judicial en la solución de los conflictos dentro del sistema de administración de justicia, constituye un mal del que, en mayor o menor extensión, padecen casi todos los sistemas legales contemporáneos, sin excluir los de los países más adelantados.

Destacaron que los problemas claves que urge resolver en todas partes, en relación con la administración de justicia en el ramo civil, fuera de la tardanza en la resolución de los casos, tienen que ver también con los costos y la complejidad de las causas, pero reconociendo que los tres problemas se encuentran íntimamente relacionados, lo mismo que lo están sus soluciones. Así, por ejemplo, de muy poco valdría el que se invirtiesen mayores recursos en el sector justicia con la intención de mejorar las condiciones materiales y la preparación de los jueces, si no se introducen cambios sustanciales en la estructura del procedimiento, otorgándole a jueces y magistrados un mayor control judicial efectivo del proceso civil para impedir que se continúe cultivando la cultura de la controversia que convierte al litigio en algo muy parecido a un campo de batalla, con consecuencias lamentables que dan lugar a costos excesivos para las partes y para el Estado, y a demoras irrazonables en cuanto a la tramitación de las controversias.

Excesos tales como los representados por la abundante oportunidad con que los litigantes pueden dilatar el proceso empleando incidencias, realmente inocuas, deben y pueden ser eliminadas sin que ello signifique afectar la aplicación del debido proceso. Coincidieron los participantes en el mencionado simposium en la necesidad de evitar que los tribunales sigan sometidos a las agresivas tácticas empleadas por algunos litigantes que se apartan ostensiblemente de la lealtad procesal necesaria, en cuya ausencia no es posible hablar de la aplicación de una recta administración de justicia. A fin de evitar las demoras injustificadas que representan una fuente adicional de malestar para las partes, que, fuera de soportar el daño sufrido, deben esperar durante un prolongado tiempo las decisiones, se imponen cambios que, a la luz de la costumbre y la tradición, podrían parecer radicales, pero que resultan impostergables.

Ya hemos tenido ocasión de manifestarnos en torno a problemas tales como las notificaciones, las incidencias, la práctica de pruebas, la abundancia de recursos, la necesidad de la audiencia oral, a las que cabría agregar la fijación o reducción razonable de los términos y la revisión de las cuantías para establecer competencias y permitir ciertos recursos, como el de casación y el de revisión, por ejemplo.

En algunos países como los Estados Unidos, Canadá y Argentina, con el propósito de descomprimir al sistema judicial, muchas veces al borde del colapso, se ha ensayado con éxito el arte de la mediación como un filtro alternativo a la resolución de las causas que se amontonan en los tribunales. Leyes que establecen, con carácter obligatorio, la mediación previa en todo juicio han sido aprobadas, con las debidas excepciones: causas penales y sucesorias, los divorcios, la filiación, los concursos preventivos, las quiebras y las causas laborales. Con la mediación obligatoria se ataca, de alguna forma, el protagonismo de las partes en la resolución de un conflicto. La idea es que la gente conozca y se apropie de un método que tiene que ver con el diálogo y con el respeto del derecho ajeno. En los países en donde se ha puesto en práctica la mediación, ésta viene cumpliendo el rol pretendido, según se encargan de demostrarlo las estadísticas. Por supuesto, una medida de esta naturaleza implica una modificación en la cultura con respecto a la resolución de los conflictos y requiere la intervención de equipos de mediadores integrados por gente conocedora del problema y en donde no es posible prescindir de abogados, psicólogos, antropólogos, sociólogos, etc., que tengan formación específica sobre el tema.

Antes de terminar esta intervención no quisiera hacerlo sin referirme a la inversión que dentro del programa de financiamiento del BID se contempla para la Escuela Judicial. Con fines de capacitación y para el fortalecimiento de los recursos humanos, se tiene prevista una inversión de aproximadamente un millón y medio de dólares dentro del programa. Se pretende perfeccionar la carrera judicial, en particular a través de su vínculo con las actividades de capacitación de la Escuela Judicial. Entre otros temas y aspectos, se contemplan los estudios y talleres con el objeto de redefinir, fortalecer y otorgar mayor autonomía a la Escuela Judicial, incluyendo la revisión de su reglamento y del acuerdo inter- institucional Organo Judicial/ Procuraduría General de la Nación; la revisión e implantación de recomendaciones para mejorar la gestión institucional de la Escuela Judicial; desarrollar un sistema sostenible de capacitación alrededor de la Escuela Judicial que opere mediante acuerdos con universidades, agencias especializadas u otros organismos públicos o privados, para un mejor aprovechamiento de la oferta nacional o internacional; y la realización de actividades específicas de capacitación durante la ejecución del programa.

Sin la pretensión de haber agotado todo lo que es posible decir acerca de los cambios y transformaciones necesarios para colocar a la administración de justicia y al derecho correspondiente al Ramo Civil a la altura de las necesidades del momento, creo haber tocado aspectos troncales del problema, sobre todo en relación a los esfuerzos que, tanto las autoridades nacionales como las del Organo Judicial, están realizando en el afán de prestar un mejor servicio en el campo de la justicia civil en nuestro medio.