Sentencia Ponencias de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 15 de Octubre de 2001

Ponente:ADÁN ARNULFO ARJONA L
Fecha de Resolución:15 de Octubre de 2001
Emisor:Corte Suprema de Justicia (Pleno)

P. publicada en Octubre de 2001

LA DOCTRINA DE LOS ACTOS PROPIOS

POR EL MAGISTRADO E.A. SALAS

El distinguido civilista español L.D.-PicazoP. De León, autor de tantas obras meritorias, tiene una dedicada al tema sobre el cual debemos disertar. Allí nos dice que el aforismo según el cual "nadie puede ir validamente contra sus propios actos" tiene su razón de ser en el propósito que siempre subyace en el fondo del derecho, ya sea que éste se exprese como doctrina o exista como norma reguladora de la convivencia en sociedad. El autor no vacila en asegurarnos que "nos hallamos ante una máxima jurídica acunada por la antigua doctrina, para tratar de resolver a través de ella una serie de problemas concretos, y transmitida con el paso del tiempo como moneda legítima y de curso legal".

Aún cuando la máxima suele ser descrita con la expresión latina "adversus factum suum quis venire non potest", hay suficientes razones para pensar que no proviene del Derecho Romano clásico. Los estudiosos convienen en que no existe en el Derecho Romano texto alguno donde el principio haya sido recogido y, sin rechazar en forma categórica las remotas raíces que pudiese tener en aquel sistema jurídico, se admite como responsable de su formulación al Derecho Intermedio elaborado por los glosadores y los postglosadores.

No obstante, es evidente que el Derecho Romano suministró los elementos básicos para su posterior surgimiento. En el Corpus Juris Civilis aparece un pasaje de U. perteneciente al Digesto. El mismo rechaza que el padre inicie una controversia, luego de la muerte de la hija que ha vivido como mater familias emancipada y que ha fallecido otorgando testamento en el que instituyó herederos. No cabe que el padre alegue que no hubo una emancipación jurídica eficaz, siendo que le permitió a su hija vivir como sui juris, como madre de familia, aduciendo para ello que la emancipación no se llevó a cabo con el cumplimiento de todas las formalidades y solemnidades del caso. Esa conducta atenta contra la equidad, habida cuenta que el verdadero propósito de ese padre es atacar el testamento otorgado en que se ha instituido herederos, o sea, que lo invocado para impugnar el testamento no pasa de ser un mero pretexto carente de justificación, asumido como cierto que la conducta del padre dio lugar a una tácita emancipación de la hija.

El principio sirvió más adelante de fundamento a la constitución de una servidumbre por los codueños de un fundo. El derecho de pasar a través de un fundo perteneciente a varios propietarios puede ser concedido por cada uno de ellos en forma separada, y el derecho no se adquirirá enteramente hasta cuando todos lo hayan concedido, pero antes de que el último propietario dé su autorización, los demás, que ya la han dado, no pueden impedir el uso del derecho reconocido (C., Libro 27 del Digesto).

Existen fragmentos en donde se considera intolerable e inadmisible que un acto de disposición realizado por un "non dominus" pueda ser revocado por éste luego de haber adquirido la propiedad, pues en esos casos se entiende que se produce la convalidación del acto de disposición, una vez sobrevenida la adquisición del dominio.

Según un texto de P. no es aceptable el cambio de parecer que se traduzca en daño de otro. Tampoco lo sería el invocar o alegar su propia falta o su propia torpeza para tratar de obtener un resultado a su favor, cuando el único culpable de la irregularidad ha sido el que pretende obtener el beneficio. Por ejemplo, no podrá alegar el fraude de acreedores la persona que lo haya cometido. No puede valerse ni aprovecharse de un engaño la persona responsable del mismo. No puede valerse de una transacción quien la haya celebrado dolosamente. No puede pedir la repetición del pago el que es culpable de la causa inmoral o ilícita.

Al llamado Derecho Intermedio (glosadores y postglosadores) correspondiole tomar las piezas del Derecho Romano para armar, a partir de los brocardos, las "summae", los apotegmas y los aforismos, las reglas doctrinales del "venire contra factum proprium nulli conceditur". Azo, B., A. y B. se encuentran entre quienes emprendieron esa tarea.

B. de S. enseña que el padre no puede venir contra la emancipada que él mismo ha hecho y corroborado durante largo tiempo, porque nadie puede actuar contra su propio hecho, salvo que el acto propio haya sido realizado contra legem, en cuyo caso sí sería revocable. Igual para B.: una persona sólo puede venir contra sus propios actos, si el acto es ilícito y deshonesto. También debe distinguirse si la persona actuó en nombre propio o en nombre ajeno. Si se actuó en nombre ajeno, puede venirse contra el propio acto; si se hizo en nombre propio, sólo podrá impugnarse el acto si este es contra legem .

Más adelante el principio encontró acogida en el Derecho Inglés, a través de la doctrina del "estoppel". Desde un punto de vista técnico, con el nombre de "estoppel", que etimológicamente significa estorbo, impedimento, obstáculo, detención, se conoce aquella doctrina según la cual, dentro de un proceso, una persona está impedida de formular alegaciones, aunque sean ciertas, que estén en contradicción con el sentido objetivo de sus anteriores declaraciones o de su conducta anterior. No se puede, en el curso de un proceso, alegar y probar la falsedad de algo que la misma parte, con anterioridad, ha presentado, con sus palabras o su conducta, como verdadero. El "estoppel" se concibe como una especie de sanción impuesta a la persona en virtud de la autoresponsabilidad derivada del sentido objetivo de su conducta y de la confianza que ha podido suscitar en los demás. La eficacia del "estoppel" es de naturaleza procesal, concerniente en particular a las reglas de la prueba y significa que dentro de un proceso una persona no puede hacer valer una alegación en contradicción con el sentido objetivo de una conducta anterior; entra en juego dentro de un proceso y nunca fuera de él; pertenece enteramente al ámbito del Derecho Procesal. Su efecto es exclusivamente de esa naturaleza y, por lo tanto, no crea ni modifica, ni extingue una situación jurídica. Al no tener carácter sustantivo, sino meramente procesal, carece de eficacia general, sin que pueda llegar nunca más allá de las partes que en el proceso de que se trate actúan, ni más allá del proceso en que se haya ventilado. Imposibilita una determinada alegación y hace que se le considere inadmisible. Por lo tanto, sólo se concibe como un medio de defensa, nunca como una acción. Es, pues, un arma estrictamente defensiva. Algún autor gráficamente ha dicho que no es una espada, sino un escudo. De allí que no pueda plantearse como fundamento de una demanda. En relación con nuestro ordenamiento jurídico procesal, muy bien podría ser comparado con las excepciones; medio para enervar la acción o pretensión del demandante.

Propia del "estoppel" es también su reciprocidad, en el sentido de que puede ser empleado en favor o en contra de cualquiera de las partes. Cualquiera de ellas queda comprometida con sus aseveraciones o con su conducta, y el contrario, que ha confiado en ello, puede usarlo como medio de defensa. No funciona, en cambio, ni en favor ni en contra de terceros. Preciso es, además, que lo afirmado sea claro, sin doble sentido, sin ambigüedad, sin equívocos. En el Derecho Inglés el simple silencio no dará lugar al estoppel; tampoco lo hará una mera intención, un mero propósito o un hecho futuro. El "estoppel" opera a favor de la persona que confió en la afirmación; confianza que la ha conducido a comportarse de alguna manera que altere su situación jurídica, que la lleve a un cambio de posición, que provoque un acto que implique modificación de su comportamiento procesal.

Si bien la figura del "estoppel" anglosajón guarda un claro parentesco con la doctrina de los actos propios, presenta también divergencias bastantes acusadas en relación a ésta, sobre todo por la distinta evolución histórica sufrida por ambas instituciones. No obstante, no son pocos los juristas pertenecientes al sistema continental o romanista que consideran que el contenido del "estoppel" puede darle un sentido nuevo, remozado y provechoso a la doctrina de los propios actos, incorporando a la institución el fino sentido jurídico de los anglosajones.

Los autores y los tribunales alemanes han plasmado, sobre la vieja regla que prohíbe venir contra los actos propios, un cuerpo de doctrina que la han convertido en una institución autónoma. Reconociéndose que en el Código Civil no está consagrada la regla con caracteres absolutos, y de que en ese cuerpo de leyes existe una serie de preceptos en los que se permite que el autor de una declaración de voluntad, más adelante, la contradiga (la revocación del poder, la de la donación, la del testamento, etc.), se advierte también que existen otras disposiciones de las cuales se deriva la inadmisibilidad del desvío de una conducta anterior. Se mencionan dentro de esa categoría las normas que establecen la vinculación a la oferta del contrato, la propia obligatoriedad del contrato, la declaración de elección en la obligación alternativa, etc.

E.R., jurista que a principios del siglo XX abordó el problema, sin pretender una formulación general, piensa que se puede rechazar la contradicción de la propia conducta con base en la ilicitud y en la contravención a la buena fe que supone colocarse en contradicción con los propios actos. Nos pone los siguientes ejemplos:

  1. La ejecución de un negocio jurídico ineficaz, frente al cual, si ha sido voluntariamente cumplido con conocimiento del defecto, no resultaría justo ponerse en contradicción, invocando más adelante la ineficacia del negocio. Por supuesto, la ineficacia del negocio tendría que limitarse y solo quedar referida a cuestiones de carácter formal.

  2. La preclusión de un derecho por su ejercicio. Es decir, una vez ejecutado el derecho de opción y verificada la elección, el titular no podrá arrepentirse, a menos que la ley le conceda un "ius variandi", pues existe un interés importante y tutelable de los destinatarios de la elección, consistente en poder ajustar su conducta a una situación definitiva. Por ejemplo, la opción entre la resolución del contrato o la reclamación del cumplimiento; la opción entre la acción redhibitoria y la "quanti minoris" en casos de vicios de la cosa vendida.

  3. Creación de una apariencia jurídica. Si alguien ha suscitado la apariencia de que una determinada titularidad o cualidad le pertenece, no puede luego discutirla en perjuicio del que ha confiado en esa apariencia, por lo que tiene que permitirse que éste la haga valer en su contra, en tanto que lo opuesto supondría una conducta contraria a la buena fe que ha de imperar en el tráfico jurídico.

  4. Toda persona, en sus relaciones contractuales, por el hecho de haber producido con sus actos determinada situación jurídica, debe soportar el riesgo, aún cuando no haya mediado culpa.

  5. Invocación de la propia torpeza. Si una persona es culpable de la irregularidad de un acto o de un negocio jurídico, no puede invocar en su beneficio su propia torpeza.

H.L., por su parte, ha postulado que: "Nadie puede ejercitar una facultad en contradicción con su conducta anterior: 1) Cuando esta conducta sólo aparece conforme con la ley o con la buena fe, unida a una simultánea renuncia a la facultad; y, 2) Cuando el ejercicio posterior de la facultad contraviene la ley, las buenas costumbres o la buena fe".

S. ha dejado consignado que "el ejercicio de un derecho constituye un inadmisible abuso de derecho, cuando el ejercicio del derecho no es conciliable con la conducta anterior del autor".

En Alemania, con la denominación de la doctrina de la "verwinkung", ha sido considerado, como un caso especial dentro del campo de los propios actos, el ejercicio del derecho realizado con un retraso desleal. Aplicada particularmente en casos de derecho industrial y de derecho de trabajo, ha sido dictaminado que un derecho subjetivo o una pretensión no podrán ejercitarse si el titular, además de no haberse preocupado durante mucho tiempo de hacerlo valer, ha dado lugar, con su conducta omisa, a que el contrario pueda esperar de una manera razonable y objetiva que ya no se iba a ejercitar ese derecho.

Más cerca de nosotros, todo indica que la jurisprudencia del Tribunal Supremo de España en esta materia se remonta al año 1864, sin que queden muy claras las fuentes de dónde se recibió la idea, pero siendo lo cierto que data de antes de la vigencia del Código Civil Español. La inadmisibilidad de venir contra los actos propios ha sido calificada por el Tribunal Supremo Español unas veces como doctrina, otras como doctrina legal, también como principio jurídico o principio de derecho, axiomático principio de derecho y, últimamente, como principio general de Derecho.

En España se reconoce que, menos vagas que las nociones alcanzadas en la jurisprudencia, han sido las aportaciones hechas por los autores de la península. Entre éstos, G.M., basándose en las sentencias del Tribunal Supremo, nos dice que la doctrina "es la de que así como nadie puede ser perjudicado por actos ajenos, tampoco ninguna persona puede ir validamente contra sus propios actos y ello porque, si bien toda persona es libre de realizar o no un acto, al realizarlo y reconocer algún derecho a favor de tercero, surge una relación jurídica entre ambos que no puede después ser destruida por actos posteriores".

La literatura especializada ha precisado que no es dable confundir la doctrina de los actos propios con la fidelidad a la palabra empeñada, con la fuerza de obligar de las convenciones o con la imposibilidad de destruir los actos que han creado derechos en favor de terceras personas. J.P.B., en un opúsculo sobre la doctrina y los límites de su efectividad, advierte que la esfera de actuación de la regla, "ha de ser delimitada separando de ella los supuestos que implican auténtica voluntad de renunciar ciertos derechos y auténtico consentimiento relativo a la alteración de una situación jurídica, aunque ambos supuestos se manifiesten o deduzcan a través de actos concluyentes". Rechaza el distinguido jurista, por esa razón, el criterio algunas veces expresado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo cuando ha sentenciado que "los actos a que este principio se refiere son aquellos que, como expresión del consentimiento, se realizan con el fin de crear, modificar o extinguir algún derecho". Tales actos, que serían concluyentes de la existencia de una voluntad negocial, no pertenecen verdaderamente a los actos propios, pues su eficacia deviene de que ha mediado consentimiento, mientras que cuando un tribunal impide que un litigante vaya contra sus propios actos, no lo debe hacer echando mano a la doctrina de la declaración de voluntad expresada a través de actos concluyentes que directamente evidencian la existencia del negocio jurídico, a pesar de que el resultado pueda llegar a ser equivalente a la hora de proteger la buena fe de quien obró según ciertas apariencias.

Diez-Picazo sostiene que, en el caso de la jurisprudencia española, la aplicación de la doctrina ha presupuesto una situación procesal, aún cuando no haya acertado a expresarlo siempre de modo suficiente, siendo en este aspecto afín a la doctrina inglesa del "estoppel". En la práctica tribunalicia el alcance de la doctrina se describe con la expresión de que "nadie puede ir en juicio contra sus propios actos". Lo que se veda es que un litigante adopte, en el proceso, una actitud que le ponga en contradicción con su anterior conducta. En su opinión, es la contradicción entre la conducta procesal y la conducta preprocesal o extraprocesal lo que resulta inadmisible y condenable. La persona no puede accionar, invocar o alegar en contra de sus propios actos, en tanto que, invocar y alegar equivale a aportar hechos y razones de derecho, con fundamento en una petición dirigida a un juez. Con envidiable claridad puntualiza el tratadista: "Para situar debidamente el alcance de la idea de la inadmisibilidad del "venire contra factum proprium", y comprender su juego y su mecánica, hay que salir del terreno de los conceptos del derecho sustantivo y situarse en la perspectiva realista de un proceso. En el proceso las partes no infringen, contravienen, violan, etc., sino que pretenden, postulan, tratan de conseguir algo. No realizan actos con efecto sustantivo inmediato, sino que asumen actitudes o posturas ante el juez. Por eso, cuando a un litigante se le dice que no puede ir contra sus propios actos, lo que se le dice es que no puede sostener en el proceso una afirmación distinta de la que en el mundo sostuvo con su conducta, porque, y esto es también muy importante, esta conducta anterior de la persona, que impide la contradicción, no se toma en su alcance jurídico sustantivo, como acto creador de derechos o de obligaciones, sino en lo que ha tenido de afirmación, de un definirse de la persona respecto a la situación jurídica." Enfatiza el autor que el acto que se estigmatiza no es la infracción de un deber, el incumplimiento o la contravención de una obligación.

En España la jurisprudencia ha considerado como presupuestos para la aplicación de la doctrina:

1) Que los actos propios hayan sido lícitos, válidos y permitidos, es decir, no prohibidos.

2) Que las personas que los realicen o ejerciten no sean distintas o no tengan la debida representación.

3) Que se trate de actos espontáneos; presupuesto que no deja de prestarse a confusión y a peligros, puesto que, a más de su dosis de abstracción, puede significar declaración de voluntad, destinada a crear, modificar o extinguir algún derecho o situación jurídica sustancial que, como ya hemos visto, ha sido rechazado como supuesto de la doctrina de los actos propios.

4) Los actos deben tener una significación jurídica que sea contraria a la acción o a las excepciones intentadas por las partes. Debe tratarse de hechos inequívocos. La idea directriz es que exista contradicción.

5) Debe tratarse de actos que causen estado, o sea, definitivos, inmodificables. Pero más que definitivos deben ser definidores, en el sentido de que si el acto ha revelado la actitud de la persona respecto a la situación jurídica, la persona no puede, en el pleito, adoptar una actitud distinta. Por eso, no sería el caso de la persona cuyos actos son causados por error acerca del alcance de su propio derecho. En esas circunstancias, no cabría la aplicación de la doctrina.

6) Presuponen una relación jurídica entre el autor del acto y la persona a quien lo afecta. Así, por ejemplo, el heredero del acreedor puede reclamar los intereses del crédito, aunque haya incluido en el inventario de la herencia solamente el capital, y no sería este un acto propio que pueda hacer valer el deudor a su favor, ya que el acto no ha sido realizado dentro de la misma relación jurídica que liga a las partes. Como el acto ha sido realizado en otra sede, carece de eficacia. El deudor puede oponer al acreedor una conducta contraria al percibo de intereses sólo si el acto se hubiese realizado frente a él, pero no si el acto se ha realizado frente a personas o relaciones que le son ajenas.

7) Es necesario que exista una estrecha relación de causalidad entre el acto ejecutado y el que posteriormente se realice. Debe haber relación de causa a efecto, entendida ésta como que la persona no podrá contradecirse ni con sus actos ni con las consecuencias inmediatas e ineludibles de sus actos.

En la jurisprudencia española pueden encontrarse al menos diez supuestos típicos de la aplicabilidad de la doctrina de los actos propios, en atención a los aspectos más generales del problema. Veámoslos de manera sucinta:

1) Pretensiones incompatibles con los efectos de un negocio jurídico celebrado por la persona. La persona está obligada a observar su propio negocio jurídico al cual queda vinculada. Por eso, si su pretensión le es contraria, viene contra sus propios actos. Ejemplo: tratar de reivindicar bienes entregados a un acreedor en pago de una deuda. Nos parece que estos casos formarían parte, más de los actos concluyentes que de los actos propios.

2) Pretensiones dirigidas a obtener la ineficacia, nulidad o rescisión de actos previamente respetados a pesar de su irregularidad. O a la inversa: defender la validez de un negocio que previamente fue considerado nulo.

3) Actos de ejercicio de un derecho incompatibles con la conducta anterior. Entre ellos se pueden enumerar el ejercicio de un derecho que anteriormente ha sido renunciado; ejercitar un derecho tardíamente en forma contradictoria con una situación que tácitamente fue admitida; ejercitar contradictoriamente derechos ostentados por títulos diversos (sería el caso de quien, como heredero de una persona, entrega bienes a un legatario y, como heredero de otra, los reivindica).

4) Oposición al ejercicio del derecho de otro cuando la oposición es contradictoria con una conducta anterior de reconocimiento del derecho discutido. Por ejemplo, oponerse al ejercicio de una acción dominical después de haber reconocido el dominio.

5) Pretensión dirigida a obtener el mantenimiento de una relación jurídica en sus términos originales, luego de haberse aceptado, expresa o tácitamente, una modificación.

6) Pretender la extinción de una relación jurídica después de haberla consentido a pesar de la causa de extinción.

7) La alegación procesal contraria a los hechos extrajudicial o judicialmente confesados.

8) Objeción a la legitimación o a la personalidad del litigante contrario, habiéndolas previamente reconocido. Por ejemplo, discutir la legitimación para pedir el lanzamiento o el desahucio a la misma persona con que fue contratado el arrendamiento.

9) Impugnar una actuación o resolución judicial a la que se ha prestado tácita aquiescencia.

10) El cambio de posición en el curso del pleito. Se da el ejemplo de la alteración del fundamento de la pretensión y también el de alegar en casación algo diverso a lo sostenido en las instancias.

Llegados a este punto hay que decir, que en opinión de los estudiosos que mayor atención le han prestado a la doctrina en el ámbito hispanoamericano, la de los actos propios encuentra su plena justificación dentro del principio general de buena fe, en cuanto a la objetividad que debe prevalecer en el comercio o en el tráfico jurídico. Ese respaldo deriva de la necesidad de rectitud, honradez y confianza que cualquiera de las partes de un proceso puede esperar de la conducta de la otra.

No siempre es la buena fe, como principio, una noción de fácil concreción, como se sabe. No obstante, en aras de aproximarnos a fijar lo que se persigue a la hora de aplicar el concepto, pudiera éste ser descrito como un standar jurídico, un modelo de conducta social, un arquetipo de comportamiento, cuyo contenido está determinado por lo que la conciencia social exige, de acuerdo a un imperativo ético que goce de aceptación general. Si la conducta contradictoria se produce en contravención de esa buena fe y con ello el infractor, dentro de una determinada situación jurídica, pretende alcanzar lo que se ha propuesto en un litigio, no sólo será legítimo, también será necesaria la aplicación de la regla según la cual nadie puede ir contra sus propios actos.

Si bien la doctrina ha sido depurada en buena medida, más por la labor de los autores que por la jurisprudencia, se ha de ser cuidadoso para no confundirla con la doctrina de los efectos del consentimiento o la declaración de voluntad, tal como lo dejáramos señalado anteriormente. Como ha sido planteado con acierto por P.B., los actos concluyentes, sean éstos tácitos o expresos, no pertenecen a la verdadera doctrina de los actos propios. "Por el contrario, la verdadera naturaleza del problema que examinamos consiste en que, por razones de justicia y de conveniencia pública o política jurídica, el arbitrio judicial interviene de manera creadora o constitutiva, imponiendo, en vista de las circunstancias concernientes, las mismas consecuencias que ordinariamente sólo se desprenden de las declaraciones de voluntad", ha precisado dicho autor.

La doctrina también tiene similitudes, en cuanto a sus consecuencias, a las provocadas por el silencio de un titular, que, según C.T., "vale como declaración [aún cuando no lo sea técnicamente hablando] cuando, dada una determinada relación entre dos personas, el modo corriente de proceder implica el deber de hablar, ya que si el que puede y debe hablar no lo hace, se ha de reputar que consiente en aras de la buena fe". Frente a esa clase de silencio, otras vez la buena fe exige e impone las mismas consecuencias de la voluntad declarada, aunque ésta no se haya producido.

La propia naturaleza de la institución circunscribe y limita el campo de aplicación de la doctrina de los actos propios a pocas y escasas situaciones, pues no se trata simplemente de inferir la existencia de renuncias o asentimientos, ni de voluntad alguna dirigida a producir el estado que ha de prevalecer, sino que, como explica P.B., "éste se impone, a pesar de ello, para no defraudar la confianza depositada en la apariencia de una situación jurídica resultante de una conducta ajena". Por supuesto, en ocasiones no es fácil distinguir entre un supuesto de aplicación de la doctrina de los actos propios y un caso de actos concluyentes. A propósito, Diez-Picazo advierte: "La eficacia de los actos concluyentes se mantiene por razón de haber mediado consentimiento, mientras que cuando se impide que una persona vaya contra sus propios actos, se deja por completo de lado toda la doctrina de la declaración de voluntad para imponer un efecto jurídico". En otras palabras, si se está ante actos de naturaleza concluyente no hace falta recurrir a la aplicación de la doctrina de los actos propios. Para garantizar los efectos de un acto concluyente no es necesario invocar la doctrina del venire contra factum proprium. La obligación que tiene un usuario que se niega a pagar la tarifa del transporte público surge de que se ha creado un crédito y una deuda, no de que su negativa de pago constituya una inadmisible "venire contra factum proprium". Así mismo, no cabría considerar como venir contra sus propios actos la manifestación hecha en el acto de conciliación si no ha habido avenencia entre las partes. La opinión errónea que pueda tener una persona acerca de la extensión de su derecho no puede servir de base para derivar de ello un venire contra factum proprium, pues en este caso no se ha producido una efectiva renuncia del derecho. No es aplicable la doctrina cuando el ofrecimiento de una cantidad no aceptada por exigua, no implica el reconocimiento de un derecho, sino el deseo de evitar la prosecución de un pleito.

La doctrina de los actos propios también se encuentra estrechamente relacionada con la renuncia de derechos. Sin embargo, aún cuando existe cierta proximidad entre ambos conceptos, es importante que no se confundan. Desde un punto de vista doctrinal, la teoría de los actos propios debe aislarse de la teoría de la eficacia vinculante del negocio jurídico. El acto propio no veda un cambio de voluntad, sino una consecuencia que va en contra de la buena fe, puesto que se debe responder de las consecuencias por la confianza suscitada. La renuncia de derechos se apoya en el abandono de un derecho en forma voluntaria. La doctrina de los actos propios se apoya en un principio general del derecho y puede ser contraria a la voluntad de los propios interesados. La renuncia implica la pérdida de un derecho subjetivo, de una facultad. El efecto de los actos propios es la inadmisibilidad de su ejercicio en un determinado litigio. La renuncia, por lo general, tiene efectos erga omnes. Los actos propios sólo se pueden oponer a aquella persona frente a la cual han sido realizados y a la que se le ha creado una confianza.

Otra figura frente a la que se debe ser cuidadoso, para no confundirla con la doctrina de los actos propios, es la de la confesión extrajudicial. La confesión es la manifestación que se hace de lo que se sabe. Reconocer como verdadero un hecho, sobre todo si es perjudicial para quien lo hace. El ataque al hecho confesado revela la condición contradictoria de ese ataque; pero no cae esa conducta dentro de la doctrina. Esa sería más bien una materia que corresponde ubicarla dentro del marco de la teoría de la prueba.

Así mismo, es saludable hacer clara la distinción entre los actos propios y la preclusión. Existen limitaciones impuestas por la ley al ejercicio de las facultades que tienen las partes dentro de un proceso. La preclusión es la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal. Es el caso de quien acepta, sin recurrir, la decisión y, luego, vencido el término, pretende hacer uso del recurso. El caso de quien promueve un incidente de nulidad contra una resolución que consintió al no formular en su contra los recursos ordinarios. Los casos en que existe preclusión no requieren ser resueltos mediante la aplicación de la doctrina de los actos propios.

Nos parecen oportunas algunas breves reflexiones acerca de las acciones de nulidad o rescisión y la doctrina de los actos propios. Estas acciones reducen el campo de aplicación del principio, pues ellas permiten impugnar como ineficaz el propio negocio jurídico. En esos casos da la impresión que se puede ir lícitamente contra los propios actos. Lo cierto es que tratándose de acciones de nulidad lo que se impugna es un acto concluyente (voluntario o consentido) que no reúne, por vicios del consentimiento o por carecer de algunos de los elementos esenciales, la verdadera condición de tal. Si un negocio es impugnado por estar viciado de nulidad absoluta o relativa es porque ese acto en sí mismo es irregular. Igualmente, en caso de confirmación del negocio o del acto relativamente nulo, no se puede después ir contra ese acto de confirmación, sencillamente, como una consecuencia de lo establecido en ciertas disposiciones de la ley (artículos 1145, 1146 y ss. del C. Civil); no por razón de la regla o doctrina de los propios actos.

La jurisprudencia panameña ha sido en este, como en otros casos, bastante cautelosa, ya sea porque la doctrina de los actos propios no está consagrada expresamente en el ordenamiento jurídico, ya sea porque los jueces no han encontrado oportunidad de aplicar y formular sus principios sin incurrir en la corriente confusión que se produce entre los actos concluyentes u otros institutos y aquellos actos contradictorios que objetivamente exigen y demandan ser sancionados con su desestimación. De allí que no abunden los pronunciamientos de nuestros tribunales. Sin embargo, la dificultad que ofrece la aplicación de esta doctrina no debe ser excusa para que los jueces dejen de sancionar la conducta contradictoria; no para impedir un cambio de voluntad, sino para vedar una consecuencia inconciliable con la buena fe.

Durante los últimos seis años la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia ha venido haciendo esfuerzos, que se plasman en su jurisprudencia, en la tarea de aplicar la doctrina a través de sus fallos. En sentencia de 2 de septiembre de 1996, la Sala de Casación, para resolver un juicio de divorcio, recurrió a la aplicación de la doctrina sosteniendo:

"Esta Sala debe resaltar que constituye un principio general de Derecho, que vincula a los Tribunales, el que no permite que las partes en el proceso se comporten de manera contraria a conductas procesales previas, concluyentes, e incompatibles con esta actuación. Dicho principio, proviene, como sabemos del Derecho Intermedio, y ha sido también aceptado por la doctrina anglosajona, bajo la figura del "stoppel", si bien no sean exactamente lo mismo, la idea matriz que la preside es ésta."

En un proceso ordinario marítimo, la Sala dictó la sentencia de 24 de octubre de 1996 pronunciándose de la siguiente manera:

"Resulta evidente que, de conformidad con el conocimiento de embarque, la legislación aplicable era la legislación de Holanda. No obstante, en el acto de audiencia, ambas partes aceptaron que la causa se ventilase conforme a la legislación panameña. Así, vemos, manifestaciones en ese sentido, por ambas partes, a foja 550 y 557. No obstante, aprecia la Sala, que uno de los aspectos básicos de la apelación, consiste precisamente en la aplicación de la legislación holandesa.

La Sala debe resaltar que constituye un principio general de Derecho que vincula a los Tribunales, el que no permite que las partes en el proceso se comporten de manera contraria a conductas procesales previas, concluyentes, e incompatibles con esta actuación. Dicho principio, proviene, como sabemos, del Derecho Intermedio, y ha sido también aceptado por la doctrina anglosajona, bajo la figura del "stoppel", que, si bien no es exactamente lo mismo, la idea matriz que la preside es ésta. El profesor LUIS DIEZ-PICAZO, en una monografía clásica sobre el particular, se refiere a la doctrina del "stoppel" como "aquella doctrina según la cual, dentro de un proceso, una persona está impedida para hacer una alegación aunque sea cierta que esté en contradicción con el sentido objetivo de su anterior declaración o de su anterior conducta."

En un caso en que la sentencia de segunda instancia decidió que la parte demandada carecía de legitimidad en causa por no haberse acreditado que el vehículo involucrado en el accidente de tránsito que dio origen a la demanda fuese de su propiedad, volvió a aplicarse la doctrina. En opinión del Tribunal Superior el reconocimiento o confesión de la demandada al dar contestación a la demanda, donde aceptó que el vehículo era de su propiedad, carecía de importancia probatoria, pues, según la ley, el dominio sobre esta clase de muebles se debía probar mediante la certificación expedida por la autoridad municipal donde se encontraba registrado el auto. La sentencia de casación de 6 de febrero de 1999 abordó el asunto de la siguiente manera:

"En este caso estamos ante una demanda promovida para lograr la indemnización de los daños y perjuicios provocados cuando el vehículo con matrícula 9C-830-9R-17, que se dice de propiedad del demandado, se accidentó, pero con el agregado de que, cuando se le dio contestación a la demanda, la parte demandada, además de aceptar ser el propietario del vehículo, admitió, se allanó y reconoció, aunque haya sido parcialmente, el grado de responsabilidad que le cabía en razón del accidente, manifestando, como única salvedad, no estar de acuerdo con la cuantía de los daños reclamados (B/.8,627.00), pero, eso sí, admitiendo como buena una suma inferior (B/.880.00)

Fuera de que no sería una práctica saludable que los tribunales de justicia toleren el uso de conductas procesales a todas luces desleales, empleadas con el claro propósito de sorprender la buena fe de los litigantes, en casos como éste siempre es apropiado aplicar aquel principio general del derecho que nos enseña que nadie puede ir validamente en contra de sus propios actos. Al tribunal le cabe la obligación de vigilar y cuidar que en el desarrollo del proceso las partes se comporten con rectitud y honradez, garantizando, hasta donde sus capacidades lo permitan, la prevalencia de la buena fe en todas las actuaciones procesales.

Hubo en el proceder observado por la parte demandada un comportamiento que, a todas luces, la vincula a sus propios actos, razón por la que sería absurdo pretender que, con posterioridad, éstos sean desconocidos. Esa conducta vinculante está representada por aquellos actos reveladores de un modo particular de comportarse y sirvió para reflejar una determinada actitud respecto a ciertos puntos centrales del debate jurídico desarrollados en el proceso. Cuando alguien con sus actos ha suscitado la confianza de que un derecho no será ejercitado o lo será en un determinado sentido, esa certidumbre que genera su actitud debe ser protegida y tiene entonces cabida la aplicación de la doctrina del "venire contra factum proprium".

Estos principios nos llevan de la mano a rechazar que, después de haberle dicho, libre y espontáneamente, a la parte demandada en la contestación de la demanda, y sin que haya mediado ninguna clase de coacción, que se aceptaba ser el responsable del daño causado, más adelante se le conceda a ese litigante el derecho de sorprender a su rival; quien, en virtud de lo establecido por la Ley, se acogió a la norma en que se proclama que "los hechos claramente reconocidos en el curso del proceso por la parte adversa no requieren pruebas" (art. 773 del C. Jud.), legítimamente suponiendo que no necesitaba acreditar por medio de ninguna otra probanza el derecho reclamado.

En este caso, como una derivación de la conducta procesal adoptada por la parte demandada, a juicio de esta S., el debate acerca de la propiedad del vehículo pasa a ocupar una importancia secundaria y tiene mucha más notoriedad y envergadura el hecho de que se asumiese como propia la responsabilidad por el accidente, en términos que no dejan lugar a dudas."

En sentencia de 16 de julio de 1999, la Sala declaró no probada una excepción de prescripción alegada por una compañía de seguros contra un asegurado, luego de que había hecho reconocimiento extraprocesal de la obligación después de contar a su favor con la prescripción ganada. Aparte de aludirse en la sentencia de casación a lo establecido por el artículo 1674 del Código Civil sobre la renuncia expresa o tácita de la prescripción ganada, en el fallo también se consideró el problema desde el punto de vista de la doctrina de los actos propios, dejándose señalado lo siguiente:

Este criterio de la Sala armoniza, por otra parte, con los enfoques mantenidos en fallos anteriores en torno a la conducta judicial o extrajudicial que hayan observado las partes que litigan ante los tribunales de justicia. Si, como ha quedado comprobado, de la conducta del deudor se deduce que hubo un reconocimiento de la obligación y que este reconocimiento a su vez implica la renuncia tácita de la prescripción ganada, encuentra la Sala que un comportamiento de esa naturaleza admite la aplicación de la doctrina que postula que nadie puede ir validamente en contra de sus propios actos.

En un proceso de ejecución de crédito marítimo privilegiado en que el aplicable era el derecho sustantivo de Filipinas, la Sala, aparte de otras consideraciones jurídicas, recurrió a la doctrina de los actos propios para resolver la causa. En la sentencia de 19 de septiembre de 2000 se hicieron las siguientes consideraciones:

"Es pertinente llamar la atención en cuanto a que el Código Civil de Filipinas incorpora a su texto un título especialmente dedicado a recoger la doctrina del ESTOPPEL. Efectivamente, de los artículos 1431 a 1439, inclusive, el Código desarrolla la doctrina también conocida como la Doctrina de los Propios Actos que, sin encontrarse expresamente contemplada por la legislación panameña, esta Sala de la Corte ha aplicado en aquellos casos en que, a todas luces, alguna de las partes ha asumido una conducta anterior, reveladora de un modo particular de comportarse respecto a ciertos hechos centrales que el debate jurídico desarrolla, pero que luego, a conveniencia, pretende que se desconozca. Sobre el particular la Sala ha dejado establecido que: "Cuando alguien con sus actos ha suscitado la confianza de que un derecho no será ejercitado o lo será en un determinado sentido, esa certidumbre que genera su actitud debe ser protegida y tiene entonces cabida la aplicación de la doctrina del venire contra factum propium". (MATERIALES DE CONSTRUCCION, S. A./ TRANSCOMER, S. A. Sentencia de la Sala de 6 de feb. de 1998).

Con mucha más razón en este caso, donde la Sala está obligada a aplicar el derecho sustantivo filipino, será necesario decidir la causa conforme a la doctrina del ESTOPPEL, concediendo que, sin dudas, la conducta adoptada por los demandantes y reflejada en los contratos de transacción que libre y espontáneamente firmaron, contradice lo pretendido en juicio, constituyendo ésta una razón adicional para rechazar sus pretensiones."

En reciente sentencia de 28 de junio de 2001, la Sala volvió a pronunciarse en los términos de la doctrina para casar una sentencia en un caso donde la parte demandada, al contestar la demanda, había aceptado la existencia de un contrato que posteriormente, en el curso del proceso, pretendió negar.

La doctrina de los actos propios pone de manifiesto el carácter del Derecho como producto cultural, resultante del quehacer social, cuya justificación histórica viene confirmada por la utilidad que sus reglas y condicionamientos puedan tener en la solución de los problemas derivados de la convivencia y el intercambio entre los seres humanos. La de los actos propios cumple a cabalidad esa función y, en consecuencia, confirma el valor que debe serle reconocido en sociedad a los principios y normas del Derecho. octubre 2001

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=