Sentencia Ponencias de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 15 de Noviembre de 2000

Ponente:ADÁN ARNULFO ARJONA L
Fecha de Resolución:15 de Noviembre de 2000
Emisor:Corte Suprema de Justicia (Pleno)

P. publicada en Noviembre de 2000

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SOBRE DAÑO MORAL

Por: E.A.S.

Magistrado

En materia de reparación de daños a terceros en relación con la responsabilidad civil, asunto sobre el cual versará esta charla, en Panamá hemos sido herederos y continuadores, tanto en la legislación como en la jurisprudencia, de las concepciones del individualismo filosófico y del liberalismo económico de los que fuera portador inicial el Código Napoleónico. En términos generales, el tema, como sucede en la mayor parte del panorama jurídico hispanoamericano, se recogió de manera similar en los códigos civiles desde las primera décadas del siglo XIX.

Por supuesto, lo anterior no significa que el tratamiento del problema y sus soluciones, con el paso del tiempo, hayan permanecido inalterables; es precisamente de esos cambios y de esa evolución de lo que trataremos esta noche al abordar el tema Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia sobre D.M..

Con el propósito de encontrar una explicación doctrinal al reconocimiento del daño moral en la esfera de la responsabilidad civil, se ha sostenido que las normas del Código Civil en donde se alude a la obligación de indemnizar

daños y perjuicios, incluyendo mediante mención expresa al daño emergente y al lucro cesante -en nuestro Código Civil el artículo 991-, no excluyen la indemnización del daño no patrimonial u otros modos de reparación no dineraria del daño. Este, el daño, en términos simples y sencillos, ha de entenderse como cualquier lesión de un interés, sea de naturaleza patrimonial o extrapatrimonial. Así, el daño moral o no patrimonial sería el que recae en una serie de bienes jurídicos de "utilitas inestimabile", para usar la expresión latina, y se referiría a cualquier tipo de daño que puedan llegar a sufrir semejantes bienes. Según otros, cuando se trata de daño moral, simplemente estaríamos hablando de un daño que no tiene consecuencias patrimoniales.

Los bienes susceptibles de una reparación de orden moral, por razón del daño que se les ocasione, suelen estar tipificados o, al menos, hay coincidencia a la hora de identificarlos: el honor, la intimidad, la imagen y todos aquellos vinculados a los derechos personalísimos. No obstante, en otros lares la jurisprudencia ha reconocido la indemnización del daño moral en situaciones bastantes singulares. En España, por ejemplo, se ha considerado dentro de esa categoría la frustrada esperanza de fundar una familia por parte de la mujer cuyo matrimonio se declaró nulo por reserva mental del marido. También la omisión por parte de la compañía telefónica del nombre de un abonado en la guía de teléfonos, tratándose de un abogado, o el error en el nombre de un abonado que le hace aparecer en la guía de teléfonos con un sentido sensiblemente alterado: "Ramera" por "Ranera". Como daño moral han sido aceptados por el Tribunal Supremo de España, los daños que disminuyen la capacidad de obtener riqueza, la pérdida de la capacidad de trabajo y hasta la necesidad de trasladar las vacaciones a un período menos adecuado bajo el dictamen de que se ha perjudicado al demandante "con pérdida de solaz". Así mismo, pareciera que el reconocimiento de una indemnización por daño moral en favor de los familiares cercanos al fallecido, cuando el resultado del daño haya sido la muerte, es un asunto que hoy no se discute.

Claro que una concepción que pretenda identificar exclusivamente el daño no patrimonial a través del bien jurídico afectado pudiese tropezar con la dificultad de imposibilitar la individualización exacta de cuáles son esos bienes, pues, como se comprenderá, no es nada fácil abarcarlos a todos sin el riesgo de que en la enumeración muchos sean los que se queden por fuera. Otro riesgo que se correría es el de incluir, en la categoría de bien jurídico susceptible de reparación vía daño moral, lo que en el fondo puede ser sólo una afección particular vinculada a la lesión de otros bienes. La curiosa pérdida del solaz vacacional de la cual hemos hablado arriba no es otra cosa, en nuestra opinión, que una consecuencia negativa del cumplimiento de un contrato, en este caso, el de viaje o transporte, y podría serlo de cualquier otro, por lo que es muy discutible que el mencionado se pueda aceptar como un bien jurídico protegible y elevado en sí mismo a la categoría de derecho vulnerado que merece una indemnización bajo el amparo de la noción de daño moral.

En el derecho alemán, el daño no patrimonial sólo es indemnizable cuando así se encuentre dispuesto por una norma específica. En el derecho inglés se admite la indemnización por "non pecuniary loss". Dentro de ese rango cae el denominado "disconfort", causado por el incumplimiento de un contrato de transporte que obliga al viajero a permanecer en lugar distinto al contratado, o en una estación distinta en donde no existe hotel; o en una habitación de hotel menos confortable que la contratada; o en un hotel de inferior calidad al convenido; también, por ejemplo, la servidumbre de paso que el vendedor no puso en conocimiento del comprador y que este tendría que soportar luego de celebrada la compraventa. En el derecho norteamericano existe la figura de los llamados exemplary o punitive damages, donde el daño sufrido se considera agravado por circunstancias tales como la violencia, la opresión, la malicia, el fraude o la conducta malvada con que ha actuado la parte demandada. Su propósito es reconocerle al demandante una compensación por la angustia, la laceración de los sentimientos, la pena, la degradación u otros agravios recibidos a raíz del incumplimiento de una obligación, reconocimiento que se hace por añadidura al de los daños materiales causados, o sea, los llamados actual o compensatory damages.

Un sector de la doctrina sostiene que la indemnización por daño moral, producto del incumplimiento de una obligación contractual, partiría de la aceptación del principio doctrinal que entiende que la prestación o indemnización no tiene necesariamente fundamento en el incumplimiento del contrato, si no en el daño derivado de ese incumplimiento. El deudor, en materia de indemnización por razón del daño moral ocasionado, respondería siempre que el daño le sea imputable. La indemnización correspondiente no sería un efecto de ninguna obligación preexistente; lo sería de la nueva obligación que surge del daño injustamente causado. La indemnización por daño moral, no sería en ese caso "el objeto de la obligación incumplida" y más bien constituiría la consecuencia del incumplimiento del deudor.

Por otro lado tenemos este enfoque. Dentro de la órbita de la responsabilidad contractual, el deudor de buena fe sólo sería responsable de los daños y perjuicios previstos o que se hayan podido prever al tiempo de constituirse la obligación y que sean, además, consecuencia necesaria de su falta de cumplimiento, tal como lo establece el artículo 992 del Código Civil. Hasta aquí se trata tan solo del daño emergente y del lucro cesante claramente previstos por el artículo 991 del Código como la indemnización derivada del incumplimiento de las obligaciones contractuales. Pero, es el propio artículo 992 el que agrega que, en caso de dolo, el deudor responderá además de todos los daños que conocidamente se deriven de la falta de cumplimiento de la obligación. Así mismo, el artículo 988 del Código señala que la responsabilidad que proceda de negligencia es igualmente exigible en el cumplimiento de toda clase de obligaciones; y, previamente, el artículo 987 deja sentado que la responsabilidad procedente del dolo -negligencia agravada- también será exigible en todas las obligaciones. Tanto en el caso de la negligencia como en el de dolo, la ley no distingue si se trata de obligaciones contractuales o extracontractuales. Sería por esa vía, la del incumplimiento del contrato, sumado al ingrediente de la negligencia y el dolo, que se añadiría o agregaría el derecho a alcanzar una indemnización del daño que va más allá del emergente y del lucro cesante y que puede ser exigido cuando se está en presencia del incumplimiento de las obligaciones contractuales.

En cualquier caso, se sostiene que no cabría deducir del artículo 991 del Código Civil una prohibición de indemnizar el daño no patrimonial. De acuerdo con un sector de la doctrina, sería en el artículo siguiente, el 992, de donde se podría extraer algún tipo de interpretación restrictiva acerca de la indemnizabilidad del daño moral. Esta norma jugaría un papel limitativo en materia de esta clase de daños. La norma es del siguiente tenor:

"ARTICULO 992. Los daños y perjuicios de que responde el deudor de buena fe son los previstos o que se hayan podido prever al tiempo de constituirse la obligación y que sean consecuencia necesaria de su falta de cumplimiento.

En caso de dolo, responderá el deudor de todos los que conocidamente se deriven de la falta de cumplimiento de la obligación."

Habría que entender que, conforme a la mejor interpretación, no sería indemnizable el daño no patrimonial que no fuese consecuencia inmediata del incumplimiento del contrato y, salvo que el deudor hubiese incurrido en dolo, esa indemnización dependerá de que el deudor haya previsto el daño o haya podido preverlo. En otras palabras, los defensores de esta postura consideran que la indemnización del daño moral, en el caso de un deudor de buena fe, sólo tendría lugar siempre y cuando:

1) El daño haya sobrevenido como consecuencia inmediata del incumplimiento del deudor y,

2) El daño sea de los que han sido previstos o se hayan podido prever en el tiempo de constituirse la obligación.

Otra conclusión que es dable desprender de lo establecido en el artículo 992 del Código Civil sería que las mencionadas condiciones no son exigibles en caso de que haya mediado dolo del deudor, pues bajo esas circunstancias el deudor respondería de todos los daños que se deriven de la falta de cumplimiento del contrato, sin que se haga necesario, en ese caso, la exigencia de los dos requisitos mencionados.

Ahora bien, no es un asunto fácil determinar todo el tiempo qué ha de entenderse por "daño previsible" y por "consecuencia necesaria" a los que se refiere la disposición, pero esa es materia que no nos corresponde abordar en esta oportunidad.

Las tendencias conceptuales prevalecientes determinaron el imperio del libre albedrío y de la autonomía de la voluntad y, dentro de esa orientación, los daños causados a terceros sólo serían reparables en la medida en que se hubiese violado el deber general de no dañar o se hubiese incumplido la obligación contractual voluntariamente convenida, por lo que el vértice del problema se fijó en el dañador y en su conducta antijurídica reprochable, tanto en el orden contractual como en el extracontractual.

Sin dudas, desde un comienzo, la idea central en torno a la responsabilidad civil y la indemnización se orientó a la defensa del patrimonio. Más adelante, con el afianzamiento del sistema capitalista y el avance de la tecnología, con el aporte de importantes acontecimientos históricos y sociales experimentados por la humanidad, nuevas categorías de derechos se han ido paulatinamente integrando en los ordenamientos jurídicos. La categorización de los derechos sociales, de los derechos personalísimos e, incluso, de aquellos ubicados entre los que actualmente se denominan derechos o garantías de tercera generación y también derechos difusos, han ampliado el panorama de lo abarcado por todo lo que sería indemnizable en razón del daño extrapatrimonial o extraeconómico. Así, tenemos que en la actualidad se habla, y hasta han sido incorporados en algunas legislaciones en condición de daños indemnizables, además del tradicionalmente aceptado daño moral, entre otras categorías, el daño psíquico, el daño biológico, el daño estético, el daño a la religiosidad, etc.

También hay quienes distinguen entre el daño moral y el daño espiritual, considerando a este último como un tipo distinto de daño, a partir de las diferencias existentes dentro del conocimiento sensible (la parte afectiva) y el conocimiento intelectual del ser humano, elementos que servirían para otorgarle un carácter autónomo al daño

espiritual, según los defensores de esta teoría.

En el caso nuestro, por razones ante todo prácticas que tienen que ver con la definición que se le da en nuestra legislación al daño moral, preferimos ubicarnos entre quienes estiman que esta clase de agravio comprende todo aquel que no sea patrimonial. En otras palabras, el que no esté comprendido ni tenga por objeto un interés estrictamente económico, en atención a la relación con el bien que se tutela. Por supuesto, lo anterior es sin menoscabo de que habrá supuestos en que la lesión ocasionada a un derecho extrapatrimonial, por ejemplo, la salud, la vida o el honor, también puede dar lugar a que se provoque un daño patrimonial, el cual podría verse reflejado en situaciones tales como la capacidad para trabajar, los gastos de curación o convalecencia, etc. Desde ese punto de vista, participamos del criterio de que ambos intereses, el patrimonial y el extrapatrimonial, pueden coexistir como presupuestos de un mismo derecho. Por eso, las lesiones que sufra la víctima de un accidente pueden dar lugar a la indemnización o resarcimiento del daño patrimonial provocado por las lesiones, pero también, por qué no, al resarcimiento del daño extrapatrimonial o moral que la integridad corporal afectada pudiese haber sufrido. Digamos, por ejemplo, el daño estético.

Un aspecto que pareciera tener más que nada un interés académico, pero de suyo muy importante para desentrañar la naturaleza de la obligación de resarcir el daño moral, es el que surge de la discusión entre quienes ven en el daño moral un ataque, una lesión o menoscabo a los intereses no

patrimoniales del damnificado, y la postura de quienes consideran que no debe confundirse daño con actividad dañosa. Para estos últimos, así como el daño patrimonial se aprecia en el resultado económico (daño emergente y lucro cesante), el daño moral debe ser apreciado también por sus resultados, traducidos, en este caso, en las consecuencias anímicas o espirituales -no materiales- del hecho. De manera que, al igual que en el caso del daño patrimonial, lo indemnizable proviene o es resultado de la lesión ocasionada a un interés que ha provocado un perjuicio consecuente en las esferas espirituales o morales de la víctima. En cambio para los primeros, los denominados bienes extrapatrimoniales, tales como los atributos de la personalidad, constituyen fines en sí mismos, al punto de que se confunden con la propia personalidad. Sostienen que, en efecto, un hombre podrá ser más rico que otro, poseer mayor o menor fortuna que otro, pero no es dable concebir a un hombre con mayor derecho a su integridad personal que otro; o sea, con más intimidad, con más honor, con más vida, con más imagen que su prójimo. Conforme a ese criterio el derecho no puede separar el ataque o agravio del daño. E.S., autor argentino que ha estudiado en extenso la materia, nos ilustra: "Cuando se habla de daños patrimoniales se trata de saber si la actividad dañosa ha provocado, ha sido causa de un detrimento atribuible al autor: para ello mensura, mide, constata, de qué medios económicos ha sido privado, o ha dejado de obtener el damnificado y en función de ello se liquida el perjuicio. Cuando se trata de un daño moral se resarce el ataque mismo a un atributo de la persona, de un derecho subjetivo que, a diferencia de los derechos patrimoniales, no tiene por objeto bienes susceptibles de ser cuantificados en `más´ o en `menos´". Ese autor agrega: "El daño moral no se mide solo, ni fundamentalmente, por las repercusiones que contiene, sino por el menosprecio que la actividad dañosa en sí misma denota a la persona (física o jurídica), y se estima en razón de la entidad del interés no patrimonial lesionado". En resumen, y en todo de acuerdo con el autor en cita, "cualquier ataque a la persona le infiere a ella un daño por el ataque mismo, ya que el agravio no se predica en razón de la frustración de los medios, sino por el menoscabo a la persona que, es como tal, un fin en si misma."

Otro aspecto que le ha merecido atención a la doctrina es el atinente al carácter o naturaleza de la reparación que se imponga como resultado del reconocimiento del daño moral. Para D., R. y S. la reparación del daño moral constituye una pena y, por tanto, tiene un carácter sancionatorio. Es, ni más ni menos, una sanción al ofensor. En el fondo, la tesis de que los derechos intangibles lesionados no son resarcibles, en razón de su propia naturaleza, impera en esta postura. Se formula la siguiente interrogante: ¿Cómo resarcir en derecho los sufrimientos de una madre cuyo hijo ha muerto?. También se ha llegado a sostener que ese tipo de resarcimiento pudiese bordear los umbrales de la inmoralidad; de allí que sólo se puede admitir la reparación económica del daño moral si se explica como una pena privada o sanción que se le aplica al ofensor.

Frente a esa concepción se erige la considerada como la mayoritaria en la doctrina: la reparación pecuniaria del daño no patrimonial es resarcitoria, no punitoria. La dificultad que ofrece demostrar el dolor, las aflicciones, el desprestigio o la indignidad provocada, no significa ni quiere decir que tales padecimientos no sean susceptibles de apreciación pecuniaria, sin que ello implique que tal reparación equivalga a una compensación propiamente dicha.

A estas alturas del debate, la disputa doctrinal entre la reparación de orden resarcible y la de orden sancionatorio o punitivo se pretende resolver mediante la irrupción de la llamada responsabilidad objetiva que busca fundamentar la responsabilidad en el riesgo creado u en otro factor objetivo, como podría ser la obligación legal de garantía, etc., y no, como tradicionalmente ha sido enfocado, en razón de la culpa o el dolo del agente del daño (el obrar doloso o culposo de quien provoca un daño injusto). El daño injusto, en el caso de la responsabilidad objetiva, no se le atribuye al dolo o a la culpa, sino que se reconoce a partir de otros factores objetivos, basándose en el criterio de que la ausencia de culpa del responsable no puede ser, ella misma, obstáculo para que la víctima de un acto ilícito obtenga reparación por el perjuicio sufrido. En nuestra opinión ese no es -que quede claro- el sistema imperante en nuestra legislación civil, la cual se erige básicamente sobre la conducta culposa, negligente o dolosa del agente, asunto clave para determinar si el acto ilícito que da lugar al daño es susceptible de reparación. Lo que no significa, tampoco, que un asomo de la llamada responsabilidad objetiva no esté presente en nuestra legislación a través de lo que nos dicen los artículos 1645 y siguientes del Código Civil; normas que, sin embargo, no logran desterrar por completo los factores subjetivos representados por la culpa o el dolo que continúan haciendo acto de presencia en los supuestos contemplados en esas disposiciones, en cuanto a la determinación de la responsabilidad que le quepa a una persona. Eso es lo que se desprende, por ejemplo, del inciso final del artículo 1645, y citamos: "La responsabilidad de que trata este artículo cesará cuando las personas de derecho privado en él mencionadas prueben que emplearon toda la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño"; mandato presente y aplicable en los otros supuestos de "responsabilidad objetiva" recogidos en el Código en los artículos 1647, 1648, 1649, 1650, 1651 y 1652. Sirva para reafirmarnos en lo que sostenemos, y como simple muestra, la redacción del artículo 1652A: "El fabricante de producto que el público consume responde por los daños y perjuicios ocasionados por su producto, siempre que haya mediado dolo, culpa o negligencia".

Los comentarios anteriores parecen suficientes para estimar que el sistema de la responsabilidad civil en Panamá sigue edificado fundamentalmente sobre las bases de la responsabilidad subjetiva.

Otro problema relacionado con el daño moral tiene que ver con el referido a la medida de su reparación, o sea, el quántum indemnizatorio. Ante las dificultades que este problema ofrece, las legislaciones, como ocurre en nuestro medio, han debido apoyarse en nociones en sí mismas imprecisas, signadas hasta cierto grado por la generalización: la gravedad de la falta, la situación económica del autor del ilícito y la de la víctima, el derecho lesionado, "así como las demás circunstancias del caso", como viene estipulado en el artículo 1644-A del Código Civil.

Dicho lo anterior -que a lo mejor pudo haber sido más breve, pero que nos pareció necesario para una cabal comprensión del tema estudiado- entraremos a considerar la jurisprudencia de la Corte, específicamente la de la Sala Primera d e esa Corporación, sobre daño moral; asunto que,

como es de suponer, abordaremos en conexión con lo establecido por la legislación positiva.

En Panamá, con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 18 de 31 de julio de 1992, el Código Civil no hacía -nunca lo hizo en verdad- mención expresa al daño moral o a la obligación de repararlo; realidad en la que no difería de otras legislaciones como la española. El concepto se establece y desarrolla con la adición al Código del artículo 1644-A, norma en donde, con meritorio esfuerzo, el legislador recogió los aspectos fundamentales de ese tipo de responsabilidad. El artículo, además de la definición de daño moral, incluye la obligación de repararlo, e indica que esa reparación se hará en dinero, con independencia de la indemnización que se pueda o no tener como consecuencia del daño material que se haya sufrido, ya sea en el orden contractual o en el extracontractual.

En nuestra opinión, el artículo 1644-A es una excelente síntesis de los principales aspectos envueltos en el tema del daño moral. El mismo, sin agotar por supuesto todo su contenido, se ha convertido en un instrumento eficaz en la tarea de elaborar una doctrina jurisprudencial al respecto.

Veamos de inmediato por qué lo aseguramos.

En épocas tan tempranas como 1918, acerca del daño moral sostuvo la Corte, de manera categórica, que: "Ni la legislación vigente hasta el 30 de septiembre de 1917, ni la que ahora rige, autoriza el cómputo del daño moral en la estimación de perjuicios, ni tampoco existe jurisprudencia que establezca semejante doctrina en los tribunales colombianos ni en los de España, de donde se derivan los Códigos Civil y Penal que están vigentes en la actualidad".

Esa postura era equivocada o al menos opuesta a la sostenida por la doctrina y los tribunales españoles, país en cuya legislación está el origen de la nuestra y en donde, a partir de una interpretación amplia y flexible de las disposiciones del Código Civil encargadas de regular el daño emergente, el lucro cesante y la conducta dolosa o culpable en el cumplimiento de las obligaciones, se llegó a la conclusión de que no había razón para dejar de reconocer el daño moral y su correspondiente indemnización.

Con posterioridad, la jurisprudencia varió el criterio y empezó a reconocer el daño moral, pero con mucha cautela. Sin desconocerlo en términos absolutos, la Corte, vía la exigencia de su prueba en forma rigurosa, o sea, como si su comprobación estuviese sujeta a todo lo exigido en los casos de daño material, puso reparos y rechazó, con mucha frecuencia, los reclamos formulados en ese sentido. En dictamen de 17 de noviembre de 1969, en un proceso en que se demandaba la reparación por el daño moral ocasionado al prestigio y reputación personal del demandante, quien había sido denunciado por hurto sin que se pudiese acreditar esa conducta delictiva, la Corte hizo gala de ese rigor y sentenció que para la reparación del daño moral reclamado "era indispensable demostrar esa disminución de la fama profesional del demandante, prueba que, como se ha indicado no se trajo al proceso".

Con antelación, en fallo de 1962 la Corte, aún aceptando que entre los daños morales existen algunos donde la mera demostración del ilícito es suficiente para imponerle al responsable la obligación de indemnizar, arribó a la conclusión de que: "Existen, empero, daños morales donde la prueba se hace necesaria, pues se debe demostrar la existencia de ciertos factores para que se configure la existencia del daño que debe ser indemnizado. En el presente caso falta esa comprobación".

En esos fallos, es notoria la resistencia en cuanto a conceder alguna indemnización en concepto de reparación, y además, la forma en que se evita entrar en las definiciones necesarias para aclarar, al menos doctrinalmente, qué se entendía o qué debía entenderse por daño moral en nuestro medio. También es obvio el grado de abstracción en que se planteaba aquello relacionado con su prueba.

Esa falta de definición, atribuible en buena medida a las carencias de la legislación, viose reflejada en sentencias de fecha muy reciente, como aquella dictada en 1993 por el Primer Tribunal Superior de Justicia, cuando se pronunció en los siguientes términos: "Ahora bien, sabido es que no hay parámetro para cuantificar el daño moral, por la especial naturaleza de los mismos. Sin embargo, nuestra más alta corporación de justicia ha establecido una determinada suma para estos casos, fijándola en B/3,000.00, bajo las siguientes consideraciones:

`Este punto de vista equitativo, sin entrar en el análisis actuarial ni en las operaciones matemáticas correspondientes, lo resuelve la Sala mediante el enunciado practicado de que el quántum de daño moral siempre ha sido fijado -jurisprudencialmente- en la suma de tres mil balboas (B/3,000.00) y no hay razones para variarlo ahora´ ..."

Es la puerta abierta por la Ley 18 de 1992 con su adición del artículo 1644-A del Código Civil lo que ha permitido a la jurisprudencia introducirse con pasos más seguros en el ámbito del daño moral y su reconocimiento. En los últimos cinco años la Sala Primera de la Corte ha reconocido la indemnización por daños morales ocasionados a los demandantes en una docena de casos, cifra importante si se compara con el historial reflejado por nuestra jurisprudencia en esta materia. Los casos en donde se ha proferido condena por daños morales durante este período pertenecen, principalmente, a los tramitados por la jurisdicción civil ordinaria, pero también la Corte ha reconocido el daño moral en juicios tramitados en la jurisdicción especial marítima.

En la sentencia dictada el 26 de enero de 1998 la Sala Primera incursionó en el análisis del problema dejando dicho lo que citaremos en extenso, con el perdón de ustedes, pues lo consideramos de importancia: "Se suele decir que el daño moral puede ser identificado como aquel que resulta de la violación de uno o varios de los derechos inherentes a la personalidad de un sujeto de derecho. La violación de cualquiera de esos derechos inherentes a la personalidad -el honor, la reputación, la fama, el decoro, la dignidad, la vida, la intimidad, etc.- produciría repercusiones perniciosas en el ámbito moral del afectado, pudiendo también tener consecuencias indirectas sobre el patrimonio, dado el valor económico y productivo que no pocas veces tiene el bien que se procura tutelar: la personalidad.

Dos elementos se involucran siempre que se producen ataques que afectan el honor de una persona: el sentimiento que cada individuo tiene de su propia dignidad, o sea el honor en sentido estricto, o si se quiere, el sentimiento íntimo de vergüenza que todos somos capaces de sufrir cuando se nos ofende; pero, cuenta también el representado por el aprecio y estimación que hacen los demás de nuestras cualidades y de nuestro valor personal. Ambas cosas se deterioran y sufren cuando se produce un ataque contra la honra; por un lado, en

lo que atañe a la intimidad y, por el otro, en lo que repercute sobre la imagen que en el seno de la sociedad proyecta el individuo."

En el aspecto de la prueba el fallo indica: "... por encima de lo que hayan dicho los peritos empleados en el esfuerzo de demostrar que se produjo un daño moral en perjuicio de la parte demandante, es mucho más importante dejar sentado el criterio de que, cuando el agravio moral consiste en la violación de cualquiera de los derechos de la personalidad de un sujeto, la mera demostración de la existencia de dicha transgresión constituirá, al mismo tiempo, la prueba de la existencia del daño moral ocasionado. La prueba del daño moral surge o aflora, inmediatamente, de los hechos que constituyen la actividad ofensora, pues el daño moral se presume por la sola realización del hecho dañoso. Por ej. el cónyuge no necesita probar que ha sufrido dolor por la muerte de su esposa, ni el padre por la muerte de su hijo, cuando el deceso ha sobrevenido con motivo de un ilícito cometido por tercero.

Cuando el legislador le otorga protección a los derechos inherentes a la personalidad y tutela esos bienes extrapatrimoniales, lo hace partiendo del dolor o sufrimiento moral producido normalmente por la lesión de los bienes personalísimos que sufre el afectado. Por lo cual, para tener derecho a una indemnización por la ofensa representada en una difamación, basta y sobra que la ofensa y la falsedad recaigan sobre la honra del ofendido, ya que ello es suficiente para arrojar sobre él, descrédito, odiosidad o desprecio."

En cuanto a la reparación del daño se indica: "..... En la reparación del daño moral se conjugan o sintetizan la naturaleza resarcitoria que para la víctima tiene la reparación, con la naturaleza sancionatoria que con respecto del ofensor le impone a éste el deber de reparar las consecuencias del acto ilícito del cual es responsable. También es cierto que la reparación del agravio o daño moral debe guardar relación con la magnitud del perjuicio, el dolor o la afección que haya causado, sin dejar de tomar en consideración el factor subjetivo que pudo haberle servido de inspiración al infractor cuando cometió el ilícito. Son esos los factores recogidos por el artículo 1644A del Código Civil cuando señala:

`El monto de la indemnización lo determinará el juez tomando en cuenta los derechos lesionados, el grado de responsabilidad, la situación económica del responsable, y la de la víctima, así como las demás circunstancias del caso´.

Encontrar una adecuada proporción o equivalencia entre la reparación y el daño tratándose de la afectación de bienes extrapatrimoniales ofrece, como es natural, serias dificultades y exige del juzgador poner en juego sus facultades discrecionales de la manera más seria y prudente posible. Para, comenzar se debe considerar la gravedad objetiva de la ofensa y la extensión palpable del agravio. En ese sentido no puede pasar inadvertido que en el presente caso la difamación alcanzó niveles nacionales de divulgación, hasta el punto de que no es extraño ni exagerado pensar que las acusaciones hechas contra el demandante continúan siendo hoy consideradas por muchas personas como ciertas y verdaderas."

Se sigue discurriendo: "También es procedente tener en cuenta que el autor del hecho ilícito es un comerciante u hombre de negocios, en capacidad de responder por una reparación que no tiene porqué ser meramente simbólica.

Como el daño moral ha afectado a la víctima en su decoro, en su honor y en su reputación, es procedente lo peticionado por la parte actora para que se ordene, con cargo al responsable, la publicación de un estracto de la sentencia que refleje adecuadamente la naturaleza y alcance de la misma, en un periódico diario de la localidad que tenga difusión a nivel nacional.

Por último, no se pueden dejar de apreciar las circunstancias y los propósitos que a todas luces rodearon e inspiraron la actuación del responsable de la ofensa". De allí que no se podía pasar inadvertida "..... ... la intención de persecusión que animó al autor de esta acusación falsa, pretendiendo aprovecharse del clima político prevaleciente en aquel momento, a fin de causarle un mayor perjuicio a la persona contra la cual profiriera sus acusaciones."

Para fijar la indemnización se consideró que:

"Aún cuando la Sala no comparte la opinión de los peritos que señalaron la indemnización que se merece el [demandante] fijándola en la suma de 250 mil balboas, en virtud de que no es admisible que la reparación se convierta en fuente de un enriquecimiento sin causa, si considera de justicia que se le reconozca al demandante el pago de una indemnización que, inspirándose en los principios de la equidad, sea suficiente para darle satisfacción al ofendido. Desde ese punto de vista se estima que una indemnización adecuada en ese caso puede ser fijada en la suma de CINCUENTA MIL BALBOAS (B/50,000.00)."

El tema del monto de la reparación también fue objeto de análisis en la sentencia de 4 de junio de 1997. Veamos: ".... Siempre ha sido una tarea de difícil cumplimiento para los tribunales la determinación y la estimación pecuniaria de los perjuicios de esta naturaleza. En la práctica, determinar en cada caso si ha habido o no un daño moral constituirá una cuestión de hecho. También el monto de la reparación de los daños de esa índole no dejará de ser una simple satisfacción que se reconoce, valorando en forma aproximada o relativa los sufrimientos, los dolores y los quebrantos que la víctima ha llegado a padecer. Se trata, pues, de un asunto que deberá ser resuelto por el juez utilizando la mayor discreción y la prudencia. Lo que sí parece ser imperativo es que en esta materia el juez nunca debe proceder arbitraria y desproporcionadamente, ya sea fijando sin motivación suficiente cantidades elevadas o ínfimas. En este caso la Sala considera que el Juez Marítimo no se apartó en ningún momento de la conducta que es recomendable observar al fijar el monto de los daños morales que se causaron a la víctima."

En sentencia de 15 de junio de 1998, donde la parte demandada resultó condenada a pagar B/58,700.00 en concepto de daños morales, la Sala se guió, para fijar esa suma, en el concepto y el dictamen rendido por los peritos que intervinieron en el caso.

En fallo de 21 de agosto de 1998 se condenó a una agencia de seguridad a pagar indemnización de B/50,000.00 por los daños morales ocasionados a los descendientes de una víctima del homicidio cometido por uno de los empleados de la agencia.

El 9 de octubre de 1998 la Sala reconoció en concepto de daños morales la suma de B/20,000.00 en favor de un trabajador víctima de un accidente de trabajo provocado por la culpa y negligencia del empleador. En esa oportunidad la Corte externó lo que sigue: "Sabido es que, cuando de la reparación del daño moral se trata, el juzgador queda facultado para establecerlo tomando en cuenta los derechos lesionados, el grado de responsabilidad, la situación económica de la víctima y del responsable, así como las demás circunstancias que rodean el caso (art.1644-A Cód. Civil). Queda librada, en una medida considerable, a la prudente discreción del juzgador la determinación de las cantidades indemnizables por daño moral. El juez deberá ponderar, dentro del marco que se establece en la norma citada, cuál es la suma equitativa a fijar, cuidando que no se produzca un enriquecimiento injusto y tratando de compensar el dolor y el sufrimiento padecido por la víctima."

En pronunciamiento del 21 de octubre de 1998 la Sala abordó el tema de la prueba del daño moral, aclarando que su comprobación ha de entenderse sujeta a las reglas de la sana crítica y al principio de que incumbe a las partes probar los hechos o datos que constituyen el supuesto de hecho de las normas que le sean favorables.

En sentencia de 2 de julio de 1999 la Sala eliminó la condena en concepto de daño moral impuesta por el Tribunal Superior, en consideración a que no hubo prueba que acreditase que la conducta de la parte demandada hubiese sido de aquellas que infieren un daño de esa naturaleza. Se reproduce lo pertinente: "....La existencia del daño no puede probarse con base en meras especulaciones, como las que sustentan los informes rendidos tanto por el perito del tribunal, como por los peritos de la parte demandante; que además, constituyen el único medio probatorio aportado al proceso con este propósito." En este caso la controversia giraba en torno a una publicación efectuada en los diarios sobre un producto comercial que a juicio del demandante había ocasionado daños morales a la competencia.

También en la sentencia de 20 de enero de 1998 se denegó el reconocimiento de esa clase de daños. Se sostuvo que: " Conviene tener presente que la parte actora demandó el pago de una indemnización de B/250,000.00 balboas en concepto de daño moral que dice haber sufrido a consecuencia de la campaña difamatoria, calumniosa, injuriosa y humillante programada en su contra por los demandados. Cuando se examinan las cuatro fotocopias correspondientes a publicaciones hechas en el Diario La Prensa y que corren de fojas 6 a 9 del expediente, es posible percatarse que de su contenido no logra desprenderse que se haya producido la denunciada campaña contra J.A.M.. Esas publicaciones, si bien dan cuenta de un pleito instaurado por MONCADA contra el señor W.J. y evidencian una postura a favor de este último, no configuran, a juicio de la Sala, la existencia de una campaña difamatoria, calumniosa, injuriosa o humillante contra quien, a lo sumo, según se deduce de lo publicado, no gozaba, para efectos de aquella controversia, de la simpatía del medio informativo.

No le caben dudas a la Sala que las publicaciones que se acaban de comentar, carecen de fuerza suficiente para probar que se produjo, en verdad, una campaña publicitaria contra J.A.M. y mucho menos para demostrar, a través de ellas, que se le haya provocado el perjuicio que le dé derecho a una indemnización destinada a reparar el daño moral que se demanda."

En cambio, en sentencia de 9 de abril de 1999 se condenó a un medio de comunicación televisivo al pago de una indemnización de B/75,000.00, por considerarse que le ocasionó daños morales a un médico al cual se le formuló, en un reportaje ampliamente divulgado, el cargo de haberle atrofiado a un paciente un brazo, debido al mal ejercicio de la profesión médica, hecho que se demostró era falso: ".... La Sala no desconoce que la discreción del juzgador al momento de efectuar la tasación de los perjuicios ha de estar basada en criterios razonables y debe cumplirse con arreglo a los elementos que expresamente en el artículo 1644A del Código Civil se establecen. Pues bien, no ha ofrecido el recurrente los argumentos de peso con capacidad de llevar al ánimo de la Sala la convicción de que el Tribunal Superior haya contradicho, a la hora de fijar el monto de la indemnización, lo que la norma en comento exige como sustento de la determinación que se adopte: el derecho lesionado (en este caso la reputación profesional del demandante), el grado de responsabilidad y la situación económica de los responsables, así como las demás circunstancias que rodearon al evento que sirvió de origen al presente caso. De allí que se impone la necesidad de arribar a la conclusión de que no existen méritos suficientes para que la causal invocada prospere."

La Sala, en fallo de 31 de julio de 2000, decidió reducir la indemnización tasada por el Tribunal Superior de B/100,000.00, a B/50,000.00, en un caso de práctica negligente de la medicina, atendiendo para ello a que, de acuerdo con las constancias procesales, quedó demostrado que la víctima se logró recuperar sustancialmente del trauma causado y que la reacción inicial que experimentó el paciente al ser atendido, frente a la cual los facultativos actuaron negligentemente, constituyó un hecho impredecible. Aquí, como se aprecia, empleó la Sala la discrecionalidad otorgada por el artículo 1644-A para fijar la cuantía de la indemnización, y que le permite determinarla tomando en cuenta "las demás circunstancias del caso".

Finalmente, en sentencia de 2 de marzo de 2000, la Corte condenó a la dueña de un supermercado a pagarle indemnización por daño moral a una de sus empleadas a quien se le humilló acusándosele falsamente de falta de probidad. En este caso, frente al cuestionamiento del recurrente indicando que el juzgador había fijado el quántum del daño moral sin atenerse a pruebas documentales, periciales o testimoniales idóneas, la Sala consideró correcta la decisión del Tribunal Superior que, en uso de la facultad discrecional conferida por el artículo 1644-A, se basó en la gravedad de la ofensa, configurada en haber hecho comparecer a la agraviada ante un Juez Nocturno de Policía encontrándose en estado de gestación, sumado a la condición de humilde trabajadora y a la situación económica del ofensor.

Sin pretender haber agotado el tema, esperamos que lo expuesto sea provechoso para más avanzados y profundos estudios en esta materia.