Sentencia Ponencias de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 15 de Noviembre de 2001

Ponente:ADÁN ARNULFO ARJONA L
Fecha de Resolución:15 de Noviembre de 2001
Emisor:Corte Suprema de Justicia (Pleno)

P. publicada en Noviembre de 2001

LA INSTITUCIÓN DEL ARBITRAJE EN PANAMÁ: UN ANÁLISIS COMPARATIVO DE SU REGULACIÓN JURÍDICA ACTUAL

Autora: M.. Y.A.P.

Secretaria Judicial del Juzgado Cuarto De Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá

EL ARBITRAJE

  1. CONCEPTO

    El Diccionario Jurídico Espasa define dos conceptos: el arbitraje, en sentido general y el arbitraje de derecho privado.

    El primero de los términos es definido como toda decisión dictada por un tercero, con autoridad para ello, en una cuestión o asunto controvertido._[1] En cuanto al término arbitraje de derecho privado, la misma obra lo define como la institución por la que dos o más personas, denominadas árbitros, resuelven un conflicto planteado por y entre otras, que se han obligado en un previo contrato de compromiso a aceptar la decisión de aquellas, en sustitución de la ordinaria tutela jurisdiccional del Estado.[2]_ Muy acorde a la realidad conceptual nos parece esta última especificación que apunta características propias de la figura.En Panamá, la figura del arbitraje tiene tanta antigüedad como el mismo Código Civil de 1917. La regulación adjetiva del arbitraje se ubicó, hasta el año 1999 en el Capítulo IV del Título XII, del Libro Segundo del Código Judicial. Luego, después de reconocer la necesidad de regular la figura mediante normas propias, con la adición del arbitraje internacional y de las instituciones de la conciliación y la mediación se extrae la regulación procesal de la figura confinándose la misma al Decreto-Ley 5 de 8 de julio de 1999 ( en adelante, el Decreto-Ley 5).

    A.- Modalidades

    Principio base del desarrollo del arbitraje lo constituye el principio de la autonomía de la voluntad de las partes, dándose supremacía a éste en declinatoria del principio de libertad de acceso a la jurisdicción estatal. En atención a este principio, las partes se sustraen de los mecanismos justicieros ordinarios para dirimir sus controversias mediante arbitraje.

    Legalmente, el arbitraje es definido como una institución de solución de conflictos mediante el cual cualquier persona con capacidad jurídica para obligarse somete las controversias surgidas o que puedan surgir con otra persona, al juicio de uno o más árbitros, que deciden definitivamente mediante laudo con eficacia de cosa juzgada, de conformidad a lo establecido en el Decreto-Ley 5.

    Ha de señalarse que con La nueva legislación se ha variado la exigencia sustancial del Código Civil (art.1510) en cuanto a la capacidad de quienes pueden someter sus controversias a arbitraje. Mientras el Código Civil limitaba la capacidad de someter a compromiso las controversias a aquellos con capacidad suficiente para transigir, con el Decreto-Ley 5 exige que quien desee someter a arbitraje un conflicto debe tener capacidad de obligarse.

    Esta variación se debe a que La capacidad de obligarse es más amplia que la capacidad de transigir. Obligarse puede cualquiera, pero disponer de los bienes requiere capacidad expresa.

    El arbitraje ha evolucionado a lo largo del tiempo, variándose el criterio de su valoración. En principio sus detractores sostenían que la facultad de administrar justicia es única, exclusiva e indelegable del Estado y, en consecuencia, no debía dejarse esta misión en manos de particulares. Adicionalmente, se indicó que este derecho constitucional es esencialmente gratuito, en contraposición con el carácter excesivamente oneroso de los procesos arbitrales.

    Pero este criterio ha variado hasta el punto de que la propia ley (art.3 del Código Judicial) reconoce que en ocasiones los particulares también administran justicia, refiriéndose al caso de los árbitros.

    Si bien valen las observaciones sobre los inconvenientes del arbitraje, las modernas corrientes jurídicas apuntan a reconocer la utilidad de este medio de solución de conflictos, basados en el movimiento y afianzamiento de una cultura de la paz, que más que adversidad entre las partes promueve una solución factible y viable, armónica con las relaciones humanas y, eventualmente, comerciales.

    En Panamá, la institución del arbitraje ha tomado auge en los últimos años, la promoción del Decreto-Ley No.5 de 8 de julio de 1999 mediante el cual se extrae de la normativa del Código Judicial la figura del arbitraje, otorgándosele regulación legal propia. Sin embargo, conocido es que en jurisdicciones como la laboral y la marítima la figura no es novedosa, muy por el contrario ha sido utilizada con bastante regularidad.

    La existencia de un proceso alternativo a la jurisdicción ordinaria presenta en nuestra opinión las siguientes ventajas:

    1. - La controversia es estudiada por un Tribunal que se presume idóneo en la materia, (a excepción de los arbitrajes en equidad, donde se eligen por sorteo), según el Reglamento del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Panamá (en adelante, El Centro). En la actualidad para los arbitrajes en Derecho se exige que sean profesionales del Derecho con cierta especialización en la materia. En consecuencia, las decisiones las toman personas con cierta formación técnica, contemplándose el procedimiento del arbitraje ad-hoc o especial para determinados asuntos o en determinados ámbitos o materias. Esto lo diferencia de los procesos ante los tribunales ordinarios, donde usualmente el Juez sólo tiene Licenciatura en Derecho, pero usualmente carece de especialización.

    2. - Las partes escogen a sus árbitros por sí o por el reglamento aplicable, pero en este caso siempre atendiendo la voluntad de las partes. En consecuencia, las partes tienen un grado mayor de confianza en la decisión que se tomará.

    3. - Actualmente, el Decreto-Ley 5 ha procurado establecer términos y plazos para el desarrollo del procedimiento, evitando las dilaciones innecesarias que actualmente acusan los procedimientos ordinarios.

    4. - La institución del arbitraje propone medidas procedimentales más modernas y acordes con los avances tecnológicos. Por ejemplo, se han regulado los medios de notificación de modo que éstas se surtan, en primer lugar, por lo pactado entre las partes (fax, correo electrónico) o a través del reglamento aplicable que, según señala el artículo 7 del mismo, en el domicilio de las partes. Adicionalmente, se ha provisto de validez los convenios arbitrales concertados mediante télex, fax, correo electrónico o cualquier otra forma de comunicación que acredite la voluntad inequívoca de las partes.

      Desafortunadamente, nuestras normas de procedimiento civil carecen de estas novedosas formas de comunicación, aun cuando son sumamente comunes en nuestros medios y todavía se recurre a la notificación personal como medio de comunicación por excelencia en el proceso. Y en cuanto a esto, bien sabida es la desleal práctica de algunos colegas de no cumplir con su deber procesal de notificarse de las resoluciones judiciales, o lo que es peor, de rehuir de las mismas, al ser requeridos. Esto trae la inevitable consecuencia de la paralización de los procesos, que algunos erradamente califican de mora judicial.

      Estas son, en términos generales, las ventajas que ofrece la institución de arbitraje. Sin embargo, no es menos cierto que también posee desventajas tales como:

    5. - Excesiva onerosidad del proceso. Con relación a esto nos referimos no sólo a los honorarios de los árbitros (lo mínimo, según tarifa son US$2,125.00 por árbitro), sino también a la tarifa por administración que cobra el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio (único centro autorizado hasta la fecha).

    6. - Consecuencia de la onerosidad del proceso es la inaccesibilidad del arbitraje para todo el que busca solución a sus conflictos, pues no todos pueden pagar los costos del mismo. Además, no todas las materias están disponibles para solución vía arbitraje. Sobre este particular, el artículo 2 del Decreto-Ley 5 señala expresamente qué materias no son arbitrales. Sobre el particular, la antigua regulación contenida en el Código Judicial permitía el compromiso de cualesquiera materias, siempre que no se tratase de las señaladas en el Título XII, Libro IV del Código Civil que aluden a las transacciones y los compromisos. Con el Decreto-Ley 5, las materias no arbitrables han sido mejor reguladas, pues reconocen la improcedencia de esto modo de solución de conflictos en materias que no sean de libre disposición de las partes (aquellas que afectan el desempeño de funciones públicas, las que derivan de funciones de protección o tutela o las materias reguladas por normas imperativas de Derecho). Adicionalmente, se reconoce que no son materia de arbitraje las resoluciones judiciales que hacen tránsito a cosa juzgada.

      El arbitraje puede ser en equidad o en Derecho, siendo decisión de las partes la escogencia. Si es en Derecho, los árbitros deben resolver conforme a las reglas de Derecho y si es en equidad, según su leal saber y entender.

      Si nada se ha dicho, se entenderá que se hará en equidad, a diferencia de la regulación del Código Judicial que a falta de señalización al respecto, promovía el arbitraje en Derecho. Otra distinción entre las 2 legislaciones es el abandono del término arbitradores para los que deciden en equidad. Con el nuevo Decreto-Ley 5 se ha uniformado el término a árbitro, sean en equidad o en Derecho.

      Señala el Decreto-Ley 5 que en cualquier caso se podrán nombrar árbitros extranjeros y, si es arbitraje en Derecho, el árbitro deberá ser licenciado o doctor en Derecho. Con relación a esto, consideramos que esta disposición riñe con lo establecido en la Ley 9 de 1984, por la cual se regula el ejercicio de la abogacía en Panamá, ley ésta adicionada por la Ley 23 de 1997. Las leyes señaladas exigen como primer requisito para ejercer la abogacía el ser nacional panameño. Y si bien la adición admite el ejercicio de abogados extranjeros, éste ejercicio se limita a asesorar exclusivamente en materia de derecho internacional y en la legislación de la jurisdicción en la que el abogado extranjero es idóneo. Pero en ningún caso este asesoramiento incluirá representación en los tribunales y cortes o autoridades judiciales, administrativas o marítimas en Panamá. Nos parece que esta autorización bajo ninguna premisa puede abarcar la facultad jurisdiccional que se confía a la figura de los árbitros, ni aún cuando fuese un arbitraje comercial. A nuestro entender, esta contradicción del Decreto-Ley 5 puede considerarse hasta inconstitucional a la luz de lo previsto en el artículo 20 de la Carta Magna.

      El arbitraje puede ser ad-hoc o institucionalizado. Será ad-hoc si se practica según las reglas de procedimiento especialmente establecidas por las partes para el caso concreto, sin remisión al Reglamento de Arbitraje, Conciliación y Mediación del Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá (en adelante El Reglamento). Sin embargo, este arbitraje estará sujeto a la regulación del Decreto-Ley 5. El arbitraje será institucionalizado si es practicado por una institución de arbitraje autorizada. En la actualidad, la única institución autorizada es el Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá con sede en la Cámara de Comercio de Panamá.

  2. EL CONVENIO ARBITRAL

    El Convenio arbitral es definido como el medio mediante el cual las partes deciden someter a arbitraje las controversias que surjan o que pudiesen surgir entre ellas, de una relación jurídica contractual o no (art.7 del Decreto-Ley 5).

    En este sentido, el convenio se entiende como la manifestación de las partes de resolver las controversias mediante la institución del arbitraje.

    El convenio arbitral puede adoptar la forma de cláusula inserta en el contrato, de acuerdo independiente o de declaración unilateral seguida de adhesión de la(s) otra(s). En todo caso, se reconoce la autonomía del convenio, de modo que el mismo subsiste aun si el contrato es declarado nulo.

    El convenio será siempre por escrito, entendiéndose como adoptado si se acredita mediante documento intercambiado entre las partes (sea el intercambio por fax, télex, correo electrónico o cualquier otra forma de comunicación) su voluntad inequívoca de acudir a arbitraje. Sobre este particular hemos de indicar que esto representa un avance hacia la simplificación característica del Decreto-Ley 5 con respecto a la legislación del Código Judicial, que exigía que el mismo constare mediante escritura pública, documento privado o acta judicial.

    El convenio arbitral tiene efectos sustantivos y procesales (art.11 del Decreto-Ley 5). En este sentido se señala como efecto sustantivo la obligación de las partes de cumplir con lo pactado y su colaboración en su cumplimiento. Aquí encontramos otro avance de la nueva legislación con respecto al Código Judicial que permitía a las partes que, habiendo pactado un convenio arbitral recurriesen a la jurisdicción ordinaria a dar eficacia al convenio arbitral. Esto representaba un atraso en la consecución del procedimiento arbitral al remitir a los tribunales ordinarios asuntos tan vitales como éste.

    En cuanto a los efectos procesales que tiene el convenio arbitral cabe comentar sobre la inhibición que han de declarar los tribunales ordinarios de conocer pretensiones relacionadas con un arbitraje pactado, en concordancia con los Tratados Internacionales que regulan el arbitraje. El Decreto-Ley 5 ordena al Juez ordinario a rechazar la demanda y reenviar de inmediato a las partes al arbitraje. Aun cuando se plantease controversia por esta causa, las actuaciones arbitrales proseguirán. Lo mismo ordena en caso de que la controversia haya de ser decidida por un ente estatal, municipal o provincial. Lo que persigue el Decreto-Ley 5 es el conocimiento único de los procesos donde se haya pactado el arbitraje como medio de solución de conflictos.

  3. CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL

    Hay que recordar que el arbitraje como medio de solución de conflictos se fundamenta esencialmente en el principio de la autonomía de la voluntad que regula las relaciones de los particulares entre sí.

    Siguiendo este principio, el Decreto-Ley 5 ha promovido los principios de constitución del tribunal arbitral respetando la voluntad de las partes. Así se tiene que el primer criterio de elección de árbitros es la elección que hagan las mismas partes por sí o mediante el reglamento aplicable, conforme a su voluntad, o según el procedimiento establecido por la autoridad de designación.

    La designación de los árbitros propuestos por las partes se realiza en el escrito de iniciación o contestación a la petición inicial de arbitraje.

    Si las partes nada hubiesen previsto sobre el número de árbitros, el Tribunal Arbitral se compondrá de 3 árbitros si el proceso es de cuantía indetermindada o de mayor cuantía y de un árbitro si el proceso es de menor cuantía. Con relación a la cuantía existe una variación con relación a la legislación ordinaria: Los procesos arbitrales se entienden de mayor cuantía si exceden los cien mil dólares (US$100,000.00), considerándose de menor cuantía en caso contrario.

    En caso de tribunales colegiados, el árbitro presidente y dirimente será escogido por los otros dos árbitros para lo cual cuentan con el plazo de 20 días. De no designarlo en este plazo, la designación la realiza la autoridad de designación.

    Las partes tienen el deber de nombrar su árbitro dentro de los 20 días siguientes al requerimiento de la otra. En los casos de arbitraje ad-hoc o especial, si una parte no nombre árbitro en el plazo establecido, el arbitraje se realiza con el árbitro designado.

    Los árbitros han de aceptar el cargo y podrán ser recusados por las mismas razones que los Jueces, previéndose para el caso en que el recusado no acepte la recusación el trámite incidental de la misma, siendo la solución final en este caso inapelable. En la legislación del Código Judicial se preveía que este incidente fuese conocido por los Tribunales ordinarios, con la posibilidad de impugnación mediante apelación. (artículo 1429 Código Judicial).

    Finalmente, el Tribunal arbitral quedará constituido con la aceptación del último de los árbitros. Constituido el Tribunal, si lo considera pertinente, nombrará un S., según el reglamento o según el propio tribunal. Al respecto no debemos pasar por alto que el nombramiento de Secretario implica un costo adicional, por lo que ha de evitarse si es innecesario.

  4. PROCEDIMIENTO

    Como fase inicial, el propio Tribunal arbitral decide sobre su competencia y el ámbito de la misma, incluso sobre la invalidez, inexistencia o ineficacia del convenio arbitral o la inarbitrabilidad de la controversia. Como señalamos anteriormente, esto constituye un avance de la legislación especial porque antiguamente con la regulación del Código Judicial los tribunales ordinarios eran los competentes para decidir sobre la eficacia del convenio.

    Si es el caso, la excepción de incompetencia del Tribunal arbitral se debe promover a más tardar en el escrito de contestación a la demanda, y será decidida en el plazo de 1 mes a partir de su constitución. El propio Tribunal arbitral es quien decide su competencia y esta decisión podrá ser impugnada con motivo del recurso de anulación o en el trámite de reconocimiento y ejecución del laudo. Con respecto a esto consideramos que ha de idearse un sistema más objetivo e imparcializado, pues consideramos que con el sistema actual el Tribunal arbitral es juez y parte en la causa de competencia. Además, como quiera que la impugnación de la competencia del Tribunal arbitral sólo se podrá presentar al final del proceso, es decir, después de la emisión del laudo o en el momento de su reconocimiento o ejecución se tiene la desventaja que puede que, en primer lugar el Tribunal Arbitral no era competente, pero decidió afirmativamente; se desarrolló todo el proceso y al final, después de pagar todos los costos que un arbitraje implica, la Sala Cuarta de la Corte señale la incompetencia en el conocimiento de la causa del Tribunal Arbitral.

    La iniciación del procedimiento en sí se da mediante la petición de arbitraje que gire cualquiera de las partes al S. General de Arbitraje, la cual contendrá lo detallado en el artículo 10 del Reglamento. Importante sobre el particular es de indicar que la solicitud deberá estar acompañada por la provisión de fondos establecida, pues ninguna solicitud será tramitada si no se cumple con este requisito.

    El procedimiento se ajusta a lo determinado por las partes o de conformidad al reglamento aplicable, atendiendo los principios de contradicción, impulso oficioso y leal colaboración de las partes. Se deroga la exigencia de la determinación del procedimiento mediante escritura o documento de compromiso. Igualmente se deroga la remisión al proceso oral que hacía la legislación del Código Judicial cuando no se hubiese establecido procedimiento y en su lugar, como se señaló, se remite al reglamento.

    En el desarrollo del proceso se prohíbe la interposición de incidentes ante los tribunales ordinarios ni la presentación de excepciones en forma de incidente de previo y especial pronunciamiento. Consideramos sobre el particular que, si bien entendemos que con el proceso arbitral se promueve la agilidad de los procesos evitando la dilación mediante la interposición de incidentes con fines dilatorios (característico de los procesos en la jurisdicción ordinaria -nuevamente una manifestación de la mal llamada mora judicial), no consideramos que ello justifique la prohibición citada aunque reconocemos que, en el primer caso, por sí (y no porque así lo dispone el Decreto-Ley 5) no es posible la interposición de incidentes en la jurisdicción ordinaria sin la existencia de un proceso principal.

    Dentro de los 10 días siguientes a la constitución del Tribunal, si se ha realizado la provisión de fondos con la solicitud, el Tribunal Arbitral se dirigirá a las partes dándoles un plazo de 10 días para completar la solicitud inicial de arbitraje y su contestación.

    Con sus respectivos escritos deben aducir sus pruebas; sus excepciones (incompetencia, invalidez, caducidad, ineficacia del convenio arbitral o inarbitrabilidad de la controversia) y el demandado puede, con su contestación, reconvenir (los costos se tramitan en este caso por separado para ambas demandas). No se prevé para estos procesos término para objetar pruebas ni contrapruebas, como en los procesos ordinarios del Código Judicial. Con relación a las pruebas, el Tribunal arbitral, con anuencia de las partes, podrá determinar que las pruebas sean sólo documentales.

    En cuanto a pruebas periciales y testimoniales, el Tribunal arbitral determinará el número de peritos y testigos. Nos parece que en este sentido, el Tribunal Arbitral limita la facultad de las partes de disponer de sus medios de pruebas para probar sus pretensiones.

    El mismo Tribunal Arbitral practicará las pruebas admisibles o de oficio para lo cual contará con un término máximo de 20 días, prorrogable según la dificultad en la práctica o de llevarse en el extranjero su evacuación.

    Respecto de la práctica de pruebas, se admite la remisión al Juez de Circuito Civil para la práctica de las pruebas que no pueda el Tribunal Arbitral practicar por sí, otorgándosele un término de 15 días para su práctica. También se ha previsto el auxilio judicial para la adopción de medidas cautelares, las que se habrán de practicar en 10 días. Sobre el particular, hemos de dejar consignadas las siguientes consideraciones: Por un lado, si bien se mantiene esta disposición consignada inicialmente en la regulación del Código Judicial, en reciente seminario al que fuimos invitados algunos funcionarios del Órgano Judicial del Ramo Civil nos planteábamos las siguientes inquietudes:

    1. - Si bien no hay inconveniente en lo relativo a la prestación del auxilio judicial por parte de los tribunales ordinarios para la práctica de pruebas, el término de 15 días es un término ilusorio y cuya imposición, por parte de un Tribunal Arbitral siendo un auxilio es objeto de reservas. Bien conocido es el volumen de negocios que manejan los tribunales ordinarios que por sí, están recargados de pruebas propias por practicar. En este diario bregar, la práctica ha demostrado que aún cuando nuestra propia jurisdicción ha determinado que, por ejemplo, en caso de pruebas de informe la entidad debe responder en el término de 15 días (art.880 del Código Judicial), esto no es cumplido por las entidades requeridas. En consecuencia, establecer a los jueces ordinarios un término tan corto para la práctica de pruebas del Tribunal Arbitral no toma en cuenta el volumen que de por sí ya maneja la jurisdicción ordinaria.

    2. - Con relación al auxilio judicial en la práctica de medidas cautelares, se hace la misma crítica relacionada al corto tiempo que señala el Decreto-Ley 5. Además, se realizan las siguientes observaciones:

    2.1- Si se estima la aplicación de la legislación ordinaria para la práctica de medidas cautelares, el Decreto-Ley 5 no ha tomado en consideración que la ley ordinaria exige la presentación de una demanda en el término de 6 días después de practicada la medida, sancionando con el levantamiento y el archivo de la medida en caso contrario (art.521, numeral 11, y art.537).

    2.2.- En este mismo orden de ideas, las disposiciones del Código Judicial precitadas, señalan la misma sanción (levantamiento y archivo) si la demanda que debió presentarse a los 6 días no es notificada dentro de los 3 meses siguientes a su presentación y el demandante no haya pedido su emplazamiento, o si puestos a su disposición los edictos para su publicación, no los haya hecho publicar en los 30 días siguientes.

    En consecuencia, las disposiciones sobre auxilio judicial, tal y como están, creemos no obtendrán los fines perseguidos por el Decreto-Ley 5, pues han dejado de tomar en cuenta no sólo el corto periodo que otorgan a los jueces ordinarios para la práctica de estas medidas, sino las limitaciones reales que tienen los Tribunales ordinarios.

  5. LAUDO ARBITRAL

    El laudo arbitral es la decisión final que emite el Tribunal Arbitral sobre los puntos que han sido sometidos a arbitraje para lo cual cuenta con el término que no es muy claro al criterio del grupo. Y es que, por un lado el Reglamento del Centro señala el término de 4 meses para el dictado del laudo, prorrogable por 2 meses pero sin exceder de los 6 meses, por otro lado el Decreto-Ley 5 señala que el plazo será de 6 meses, prorrogables. En este sentido, consideramos la existencia de una incoherencia entre las 2 disposiciones que podría motivar confusión y dilación.

    Debe decirse que dependiendo de la clase de arbitraje -en derecho o en equidad- el laudo será motivado. En el caso de arbitraje en equidad los árbitros (cuya denominación se varió del de arbitradores mantenida en el Código Judicial) fallarán según su libre criterio, su leal saber y entender. Si es en derecho, deberá ser motivado y basado en el contrato, en los usos de comercio y en los principios de contratos de comercio internacional de UNIDROIT.

    En caso de discordia entre los árbitros, se estará al pronunciamiento de la mayoría y si no hay mayoría, se dictará por el árbitro presidente, admitiéndose el salvamento de voto del discordante.

    Finalmente, el laudo ha de reunir lo especificado en el artículo 34 del Reglamento, y pronunciarse específicamente sobre las costas.

    El laudo será notificado por el medio convenido por las partes o según lo señalado en el reglamento, mediante la comparecencia de las partes, sus representantes o abogados a la lectura íntegra del laudo. En defecto de esto, se notificará por el Secretario del Tribunal; en su defecto, por el árbitro único o por el Presidente del Tribunal remitiendo copia del laudo mediante correo certificado, o cualquier otro medio tecnológico de comunicación escrita que permita acreditar la veracidad de su contenido. Sobre el particular hemos de considerar envidiable, por parte de la jurisdicción ordinaria, estos medios de comunicación que definitivamente promueven positivamente el desenvolvimiento del proceso arbitral, evitando dilaciones insuperables en los procesos ordinarios. En efecto, la utilización de cualquier otro medio tecnológico de comunicación escrita que permita acreditar la veracidad de su contenido hace su uso extensivo al fax y al correo electrónico, es decir, tecnología moderna a disposición de la justicia de avanzada. Esto evita el estancamiento del que sufren nuestros tribunales ordinarios con la extendida mal praxis de algunos apoderados de rehuir la notificación de la sentencia de primera instancia, la cual sólo puede surtirse de este modo.

    El laudo puede ser corregido (aritmética o tipográficamente), aclarado o interpretado dentro del plazo de 5 días a partir de su notificación, a petición de parte, si no se ha dispuesto otra cosa. Sobre el término que tiene el Tribunal Arbitral para resolver esta petición, encontramos una incongruencia en el Decreto-Ley 5 y el Reglamento: mientras el primero señala que deberá resolver en 15 días, la segunda regulación indica que el plazo será de sólo 10.

    El laudo es definitivo y se le ha revestido con carácter de cosa juzgada, impugnable sólo mediante recurso de anulación por motivos tasados en el Decreto-Ley 5 (La mayoría son causales de forma). Esta es otra diferencia fundamental del Decreto-Ley 5 con la regulación que señalaba el Código Judicial que admitía recurso de casación e incluso, recurso de hecho, ante la negativa del Tribunal Superior en caso de negativa en la concesión.

    El Tribunal competente será la Sala Cuarta de la Corte Suprema de Justicia, y el recurso se presenta por escrito, acompañando las pruebas pertinentes y el laudo notificado, dando traslado a las demás partes del proceso, quienes pueden impugnarlo en el plazo de 20 días. Si hay pruebas que practicar, se evacuarán en 20 días y se resolverá en 15. La decisión de la Corte es inimpugnable.

    Sobre la impugnación del laudo arbitral sería interesante cuestionar si el laudo es susceptible de la acción de amparo de garantías constitucionales. En materia laboral el Pleno de la Corte lo ha admitido.

  6. OTRAS FORMAS DE TERMINACIÓN DEL PROCESO

    Aunque el Decreto-Ley 5 no prevé la terminación de los procesos arbitrales por otros medios distintos a la emisión del laudo o de transacción (total o parcial), el Reglamento sí comprende los siguientes medios de terminación del proceso arbitral:

    1. - Caducidad del plazo conferido a los árbitros para fallar, sin perjuicio de su responsabilidad.

    2. - Desistimiento o renuncia del demandante o conjunta.

    Sin embargo, a diferencia de lo indicado para el laudo, no se prevé plazo para el dictamen de la resolución que acoge la terminación del proceso. Además, de acuerdo al Reglamento, no hay reembolso de los fondos desembolsados en el proceso.

  7. RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAUDOS EXTRANJEROS.

    La ejecución de los laudos arbitrales corresponde a la jurisdicción ordinaria, siguiendo para ello el mismo procedimiento que para la ejecución de sentencias judiciales en firme.

    A diferencia del proceso ordinario, la ejecución del laudo prevé el traslado por 15 días a la otra parte, quien de oponerse sólo puede alegar pendencia del recurso de anulación.

    El reconocimiento del laudo arbitral opera en los siguientes casos:

    1. - Si el laudo es dictado fuera del territorio de Panamá.

    2. - Si el laudo es dictado en el territorio de Panamá, pero en el curso de un arbitraje comercial internacional.

      En estos 2 casos, el laudo ha de ser reconocido por la Sala Cuarta de la Corte, a través del trámite del exequátur. Sólo podrá denegarse su reconocimiento si ocurre alguna de las cuasales detalladas en el artículo 41 del Decreto-Ley 5 (formales La mayoría).

      El Decreto-Ley 5 no ha consignado término para la ejecución del laudo, hecho que nos ha llamado la atención, pues en este sentido la regulación ordinaria sí ha previsto el término para ejecutar las sentencias dictadas en estos estrados. En efecto, el artículo 1022 del Código Judicial ha señalado el término de 6 días que tiene quien ha sido condenado al pago de una suma líquida para cancelar su obligación, previéndose en caso contrario la denuncia de bienes para su embargo y consiguiente remate.

      VIII.ARBITRAJE INTERNACIONAL

      El arbitraje comercial internacional, a nivel nacional, es una figura nueva introducida por la legislación del Decreto-Ley 5 de 1999. Esta figura se da cuando el objeto o negocio jurídico contenga elementos de extranjería o de conexión suficientemente significativos que lo caractericen como tal o bien que conforme a la regla de conflicto del foro lo califiquen como internacional. Al respecto, el Decreto-Ley señala los parámetros bajo los cuales ha de considerarse que un arbitraje es comercial internacional en el artículo 5, lex cit en concordancia con el artículo 41 y 42 de la misma excerta legal.

      Como hemos señalado, el arbitraje internacional puede ser realizado dentro del territorio nacional -si el laudo es dictado en el territorio de Panamá, pero en el curso de un arbitraje comercial internacional-, o fuera del mismo.

      La regulación jurídica aplicable del arbitraje comercial está determinada por el Decreto-Ley 5 y los tratados y acuerdos internacionales vigentes en Panamá.

      Sobre el particular el Decreto-Ley 5 señala que cuando se pacta un arbitraje comercial internacional las partes pueden pactar o el reglamento establecer la renuncia al recurso de anulación. Se presume esta renuncia, salvo pacto en contrario. Adicionalmente, señala el Decreto-Ley 5 de 1999 disposiciones especiales para este arbitraje, tales como:

      -La capacidad de las partes se regirá por la ley personal;

      -En lo concerniente a la validez y efectos del convenio se atenderá a la ley designada por las partes por sí o a través del reglamento de una institución de arbitraje. En defecto de esto, por la ley del lugar en donde haya de dictarse el laudo arbitral y si no hay determinación de esto, la ley del lugar donde se celebró el convenio. En defecto de lo anterior, se aplicará la ley panameña.

      Se consigna la posibilidad de la aplicación de Derecho extranjero si así lo han pactado las partes para el arbitraje en Derecho. En defecto de esto, se aplica la ley que libremente determinen los árbitros, aplicando o no una norma de conflicto, sin desnaturalizar la voluntad de las partes.

      En todo caso, se tendrán en cuenta los usos de comercio y las reglas de contratación privada internacional. S., regirá el Código Civil en cuanto a elementos de internacionalidad o extranjería.

      En estos procesos el Decreto-Ley 5 ha admitido el nombramiento de abogados extranjeros. Sobre el particular, reiteramos los comentarios anotados en líneas anteriores.

      Hemos indicado que en materia de arbitraje comercial internacional, si el mismo se desarrolla en la República, ha de regir el Decreto-Ley 5, sin perjuicio de los tratados y acuerdos internacionales vigente en Panamá. Igualmente, regirán los usos de comercio, las estipulaciones contractuales y las reglas de contratación privada internacional, respetando, ante todo, el orden público internacional. Veamos:

      A.- Con relación al Decreto-Ley 5, el mismo ha sido analizado en los apartes anteriores donde hemos indicado los procedimientos para la ejecución de laudos extranjeros.

      B.- Tratados y acuerdos internacionales vigentes en Panamá: Con relación a éstos, tenemos:

    3. - Código de Bustamante

      Hemos decidido iniciar nuestro análisis con el Código de B. que data de 1928. En este instrumento se ha contemplado la existencia de sentencias expedidas por árbitros, si la materia es arbitrable según la ley del país en que la ejecución se solicite. En consecuencia, se puede decir que desde tiempos pasados se ha contemplado la figura. Los requisitos que se exigen coinciden con los principios establecidos en el Tratado de Montevideo de 1889.

    4. - Ley 11 de 1975 por la cual se aprueba la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional

      Esta convención, auspiciada por los Estados Miembros de la Organización de Estados Americanos, dirige la aplicación de arbitraje internacional a materia de carácter mercantil, únicamente. Es bastante completa regulando los temas de acuerdo de las partes, nombramiento de árbitros, procedimiento, fuerza ejecutiva y reconocimiento y denegación de sentencias extranjeras.

      Sobre el particular, hemos de indicar que las estipulaciones de esta Convención son completamente compatibles con las estipulaciones del Decreto-Ley 5, al punto que algunos de sus artículos han sido textualmente reproducidos.

      A nivel doctrinal algunos autores apuntan al hecho de que la Convención bajo estudio es más completa que la de las Naciones Unidas.

    5. - Convención de New York de 1958 sobre Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras

      Auspiciada por La ONU, Panamá ha ratificado esta Convención y en este apartado repetimos La compatibilidad de La legislación interna con las normas de La Convención.

      M.C., comentando sobre esta Convención ha señalado: El sistema de Las Naciones Unidas es diferente a otros en los que determinan las condiciones exigidas para el reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales. No se exige probar requisitos sino que se presenta La sentencia arbitral extranjera, acompañada de La cláusula arbitral o compromiso y esto es suficiente para el reconocimiento o ejecución. La carga de La prueba se invierte y La contraparte debe probar algunas causales previstas en La Convención si quiere desvirtuar La sentencia o laudo.[3]_

      En este sentido, Panamá ha seguido en términos generales esta orientación, pero su regulación interna detalla los requisitos. c.- Convención Interamericana de Arbitraje Comercial Internacional de Panamá de 1975 Esta convención que lleva nuestro nombre por ser país sede, también ha sido ratificada por Panamá, desarrollando temas de arbitraje tales como el acuerdo de las partes, nombramiento de árbitros, procedimiento, fuerza ejecutiva y reconocimiento de sentencias y denegación del reconocimiento y La ejecución de las sentencias. Es muy amplia y detallada y las autoridades panameñas al desarrollar el Decreto-Ley 5 fueron cuidadosos de adaptar las normas a esta convención.

      [1]Diccionario Jurídico Espasa, Fundación Tomás Moro, Editorial Espasa Calpe, S.A. Madrid: España, 1991, pág. 68.

      [2] I..

      [3] M.C., Marco: Arbitraje comercial, Editorial Temis, Bogotá: Colombia, 1982, pág. 62.