Acuerdo N° 7-1. Que aprueba el texto único del código electoral y ordena su publicación en la gaceta oficial y en el boletín electoral.

Asimismo, el Tribunal Electoral tiene la obligación de facilitar la expedición de cédulas de identidad personal y de incluir a los ciudadanos en el Registro Electoral.

1. A las autoridades y a los empleadores la exacción, cobro o descuento de cuotas o contribuciones para fines políticos a los servidores públicos y a los

   trabajadores, respectivamente, aun a pretexto de que son voluntarias.

2. Cualquier acto que impida o dificulte a un ciudadano obtener, guardar o

   presentar personalmente su cédula de identidad personal y otros documentos requeridos para el ejercicio del sufragio.

3. Obligar, directa o indirectamente a los ciudadanos a inscribirse o renunciar a un determinado partido político para optar a un cargo público o permanecer en él; y, en el caso de los empleados o trabajadores, exigirles la afiliación o renuncia a un determinado partido político para optar a un puesto o permanecer en el mismo; o apoyar cualquier candidatura.

4. Todo tipo de actividad proselitista o de propaganda política, tales como la fijación, colocación o distribución de anuncios o afiches a favor de candidatos o partidos políticos en las oficinas, dependencias y edificios públicos; así como el uso de emblemas, símbolos, distintivos o imágenes de candidatos o partidos, dentro de los edificios públicos.

5. El uso indebido y no autorizado de los emblemas, símbolos, distintivos,

   colores, imágenes y similares del Tribunal Electoral y de la Fiscalía General Electoral.

A fin de ejercer este derecho, el ciudadano deberá cerciorarse, oportunamente, de su inclusión en el respectivo Registro Electoral y votará en la mesa que, conforme a dicho Registro, le corresponda en el corregimiento de su residencia.

Para que los ciudadanos residentes en el extranjero ejerzan el sufragio en el

territorio nacional, basta que soliciten su inscripción o se les mantenga en el Registro Electoral en el lugar de su última residencia. El día de las elecciones, si están en el país, podrán votar en la mesa respectiva en todos los tipos de elecciones.

El Tribunal Electoral remitirá el listado respectivo, en formato digital a la Fiscalía General Electoral para lo que corresponda.

Los representantes de los partidos políticos y de los candidatos por libre postulación en las juntas de escrutinio y en las mesas de votación, los funcionarios y los supervisores e inspectores electorales, los servidores del Tribunal Electoral y de la Fiscalía General Electoral que estén de servicio el día de las elecciones, los funcionarios del Ministerio Público comisionados para la investigación de delitos electorales y los miembros de la Fuerza Pública, del Sistema Nacional de Protección Civil, de la Cruz Roja Panameña y de las instituciones de bomberos que cuiden las mesas de votación, que no hayan votado en la mesa que les corresponde, según el Padrón Electoral, podrán depositar su voto en la mesa donde ejerzan sus funciones o en una ubicada en el lugar donde se encuentran por razón de su cargo, al final de la votación, únicamente para presidente y vicepresidente de la República.

1. Ser ciudadano panameño.

2. Aparecer en el Padrón Electoral Final de la mesa respectiva.

3. Presentar la cédula de identidad personal.

4. Estar en pleno goce de los derechos civiles y políticos.

1. Estar inhabilitados para el ejercicio de funciones públicas mediante sentencia ejecutoriada.

2. Haber renunciado a la nacionalidad panameña o adquirido otra nacionalidad a la que no tenían derecho a reclamar por nacimiento.

3. Entrar al servicio de un Estado enemigo.

4. Estar sujetos a interdicción judicial.

De igual forma, los partidos políticos podrán establecer en su reglamento de elecciones primarias e internas el mecanismo del voto adelantado.

Los votos emitidos por adelantado se escrutarán al mismo tiempo que el resto de los votos emitidos el día de la elección general.

Los ciudadanos que residan en el exterior y aquellos que prevean que estarán en el extranjero el día de las elecciones generales o consultas populares, y los que estén de servicio en la Fuerza Pública, en el Ministerio Público y el Órgano Judicial, en el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, en el Sistema Nacional de Protección Civil, la Cruz Roja Panameña, el personal médico y de enfermería, así como los fotógrafos de prensa, los camarógrafos de televisión y los periodistas, delegados electorales y los servidores del Tribunal Electoral y de la Fiscalía General Electoral, podrán ejercer el sufragio mediante el voto adelantado, por Internet, solo para la nómina presidencial.

actualización del Registro Electoral, de acuerdo con los procedimientos o

modalidades que para tales efectos establezcan el Tribunal Electoral y la Contraloría General de la República.

Cuando el trámite se haga ante la Dirección Nacional de Organización Electoral, el cambio tendrá que hacerse ante el funcionario de la oficina distrital que corresponda al corregimiento de la nueva residencia del ciudadano.

El funcionario del Tribunal Electoral ante quien se haga este trámite informará al ciudadano de las implicaciones de esta declaración y el Tribunal Electoral reglamentará la medida para hacerla efectiva.

Los reclamos que tienen derecho a interponer los ciudadanos en el proceso de la elaboración del Padrón Electoral, para cada elección, deberán ser interpuestos dentro de los plazos a que hace referencia el artículo 30.

1. Ciudadanos fallecidos.

2. Ciudadanos que hayan perdido la nacionalidad.

3. Nacionales mayores de edad que tengan suspendida la ciudadanía o los

   derechos ciudadanos.

4. Inscripciones repetidas.

El Tribunal Electoral, en los casos previstos en el artículo anterior y en los demás supuestos que impliquen suspensión de los derechos ciudadanos, tomará las providencias para que las personas afectadas no sean incluidas en el Registro Electoral o, de oficio o a petición del fiscal administrativo electoral o de cualquier ciudadano, cancelará su nombre del Registro Electoral en el cual aparezca.

Preliminar, a los menores de edad que lleguen a la mayoría de edad hasta el día de las elecciones generales o consulta popular, de acuerdo con la información que se tenga de estos en la base de datos de la Dirección Nacional de Cedulación, suministrada por los padres con la solicitud de cédula juvenil y de acuerdo con la residencia declarada por estos.

El Tribunal Electoral determinará la fecha y forma de entrega de las respectivas cédulas.

1. Los ciudadanos empadronados en el último Censo Electoral.

2. Los ciudadanos que con posterioridad al Censo se hubiesen incorporado al Registro Electoral.

3. Los cambios de residencia oportunamente declarados al Tribunal Electoral.

Tribunal Electoral cerrará el registro electoral el 5 de enero del año anterior al de las elecciones generales, a objeto de publicarlo y someterlo a un proceso de depuración a través de impugnaciones, según se reglamenta en esta sección. Los electores estarán ubicados por provincia o comarca, distrito, corregimiento y centro de votación, según la información que reposa en el Registro Electoral.

publicación, a los ciudadanos que no hayan ejercido el derecho al sufragio en tres elecciones generales consecutivas y que en ese periodo no hayan hecho ningún trámite ante las dependencias del Tribunal Electoral.

No obstante, el ciudadano así excluido podrá solicitarle al Tribunal Electoral su reinscripción hasta el 5 de julio del año anterior a las elecciones generales.

Esta norma es de orden público y tiene efectos retroactivos.

publicará un Padrón Electoral Preliminar y un Padrón Electoral Final. El primero será el correspondiente al registro de electores vigente al 5 de enero del año anterior a las elecciones; y el segundo, el que contenga las correcciones hechas al primero, con base en las solicitudes de los ciudadanos, del fiscal administrativo lectoral y los partidos políticos, de conformidad con el proceso de depuración, actualización e impugnación que señala este Código, así como las inclusiones hechas hasta el 5 de julio del año anterior a las elecciones. El Padrón Electoral se publicará de manera definitiva a más tardar tres meses antes de la fecha de las

elecciones.

suspenderán los trámites de cambio de residencia en el Registro Electoral y, a más tardar el 20 de enero de ese año, el Tribunal Electoral publicará el Padrón Electoral Preliminar en el Boletín Electoral.

Sin embargo, los trámites de inclusiones de casos especiales contemplados en el artículo 21 podrán hacerse hasta el 5 de julio de ese mismo año, y a más tardar el 20 de julio, el Tribunal Electoral publicará en el Boletín Electoral la totalidad de las inclusiones hechas desde el 6 de enero hasta el 5 de julio.

El ciudadano que no hubiera efectuado oportunamente su cambio de residencia votará en la mesa que le corresponda según el Padrón Electoral,

Electoral a todas las oficinas de la institución en todos los distritos del país, a los alcaldes, concejales, representantes de corregimiento y jueces de paz, para su debida divulgación.

Estas autoridades quedan obligadas a exhibir dicho Padrón en sus respectivas oficinas públicas.

El Tribunal Electoral utilizará todos los medios a su alcance para que los

ciudadanos puedan tener conocimiento de su inclusión o no, en el Padrón

Electoral. Además, durante el proceso de actualización previo a la suspensión de cambios de residencia e inclusiones, el Tribunal Electoral llevará a cabo una campaña por los medios de comunicación y colocará afiches en oficinas de servicios públicos, oficinas del Tribunal Electoral, despachos de alcaldías y casas de justicia comunitaria de paz, recordando a los electores que deben verificar su inscripción en el Padrón Electoral Preliminar.

A cada partido político legalmente constituido y precandidato por libre postulación reconocido por el Tribunal, se le entregará, oportunamente y en forma gratuita, una copia en medio digital del Padrón Electoral Preliminar, dividido en circunscripciones electorales, el cual contendrá el nombre, la cédula e imagen del elector, así como la indicación de la provincia, distrito, corregimiento y centro de votación. Este padrón será de acceso público para consulta individual por número de cédula, a través de la página web del Tribunal Electoral y un aplicativo para celular desarrollado por este.

La información contenida en el Padrón Electoral Preliminar es exclusivamente para verificar la correcta inclusión de los electores en la circunscripción donde les corresponde votar, por lo que no se podrá utilizar esta información para fines personales ni compartirla, cederla o venderla ni copiarla para uso propio o de terceros, y tampoco se podrá bajar esta información para crear una base de datos propia o de un tercero, independientemente de cuál sea el medio a utilizar.

El uso del Padrón Electoral Preliminar para fines distintos a los permitidos, sin el consentimiento previo de su titular, puede ser demandado ante las autoridades.

elecciones, el fiscal administrativo electoral o cualquier ciudadano o partido político constituido, podrá impugnar el Padrón Electoral Preliminar con el fin de anular:

1. Los cambios de residencia hechos por electores hacia un corregimiento donde no residen.

2. Las inclusiones de nuevos ciudadanos en corregimientos donde no residen.

3. Las inclusiones de ciudadanos que no gocen plenamente de sus derechos

   ciudadanos.

4. Las inclusiones de ciudadanos que estén en interdicción judicial.

5. Los ciudadanos que tengan suspendidos sus derechos ciudadanos.

   En este mismo periodo, podrán reclamar contra dicho padrón:

1. Los ciudadanos que hayan obtenido su cédula o tramitado inclusión o cambio de residencia hasta el 5 de enero del año anterior a las elecciones y que no hayan aparecido o aparezcan incorrectamente.

2. Los ciudadanos que hayan sido excluidos por no gozar de sus derechos ciudadanos, pero cuya sanción se hubiera cumplido.

3. Los menores de edad que no hayan sido incluidos en el Padrón Electoral Preliminar.

   Entre el 1 y el 31 de agosto del año anterior a las elecciones, el fiscal

   administrativo electoral o cualquier ciudadano o partido político constituido podrá impugnar las inclusiones hechas entre el 6 de enero hasta el 5 de julio de ese mismo año con el fin de anular:

1. Las inclusiones de nuevos ciudadanos en corregimientos donde no residen.

2. Las inclusiones de ciudadanos que no gocen plenamente de sus derechos ciudadanos.

3. Las inclusiones de ciudadanos que estén en interdicción judicial.

4. Los ciudadanos que tengan suspendidos sus derechos ciudadanos.

5. La inclusión de los ciudadanos que fueron reinscritos en el Padrón Electoral, según lo dispuesto en el artículo 25.

   En este mismo periodo, podrán reclamar por haber sido omitidas las personas que hayan tramitado inclusión entre el 6 de enero hasta el 5 de julio del año anterior a las elecciones y que no hayan aparecido en las inclusiones que debe publicar el Tribunal Electoral el 20 de julio.

   Hasta el del año anterior a las elecciones, el Tribunal Electoral excluirá del Padrón Electoral Final a las personas fallecidas de cuya defunción recibiera las pruebas pertinentes y a las que tengan suspendidos sus derechos ciudadanos por sentencia ejecutoriada, cuya prueba sea recibida oportunamente en el Tribunal Electoral.

   Todas las impugnaciones a que se refiere este artículo se tramitarán ante los juzgados administrativos electorales, por intermedio de abogado, mediante el procedimiento sumario que reglamentará el Tribunal Electoral, mientras que las reclamaciones se tramitarán sin necesidad de abogado, ante la Dirección Nacional de Organización Electoral.

La certificación tendrá la calidad de declaración jurada, la cual servirá como prueba ante las autoridades correspondientes para proceder con la impugnación del elector y su eliminación del Padrón Electoral con las correspondientes sanciones electorales establecidas en este Código.

La certificación que emita el juez de paz será expedida sin costo alguno para el elector y para cualquier ciudadano que solicite una certificación o copia de esta con la finalidad de impugnar el registro que aparezca en el Padrón Electoral.

Resueltas definitivamente todas las reclamaciones e impugnaciones, el Tribunal Electoral actualizará el Padrón Electoral Preliminar, lo publicará en su versión final y lo entregará en medio digital a los partidos políticos legalmente constituidos y a los candidatos por libre postulación, según la circunscripción electoral, a más tardar tres meses antes de la fecha de las elecciones generales.

El Padrón Electoral Final indicará, además del centro de votación, el número de la mesa de votación donde debe sufragar cada elector.

1. Ministro y viceministro de Estado, secretario general y subsecretario general, director y subdirector general, nacional, regional y provincial de ministerios, así como de cualquier secretaría del Estado.

2. Director y subdirector, secretario general y subsecretario general,

   administrador y subadministrador, gerente y subgerente nacional, general, regional y provincial de las entidades autónomas y semiautónomas y empresas públicas.

3. Funcionarios del Órgano Judicial, del Ministerio Público, del Tribunal Electoral y de la Fiscalía General Electoral.

4. Magistrados del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, del Tribunal Administrativo Tributario, del Tribunal Administrativo de la Función Pública, del Tribunal de Cuentas y fiscal de cuentas.

5. Contralor y subcontralor general de la República.

6. Defensor del pueblo y su adjunto.

7. Gobernador, vicegobernador de provincia, de comarca indígena e intendente.

8. Tesorero municipal y juez ejecutor en el distrito donde ejerce.

9. Juez de paz en el corregimiento donde ejerce.

10. Miembros de la Fuerza Pública.

11. Gerente y subgerente general, o su equivalente, de las sociedades anónimas cuyo capital sea ciento por ciento propiedad del Estado.

12. Servidores públicos que formen parte de juntas directivas de instituciones autónomas y semiautónomas donde el Estado tenga el ciento por ciento de participación accionaria.

13. Aquellos equivalentes a los anteriores de acuerdo con la estructura de cargos y manual de funciones de la respectiva entidad.

    El servidor público que en acatamiento de esta norma hubiera renunciado irrevocablemente a su cargo y cesado en sus funciones no incurrirá en responsabilidad penal o administrativa; por tal razón, deberá abandonar el cargo de manera inmediata.

    Esta renuncia se considera aceptada de pleno derecho.

    Los servidores públicos mencionados en este artículo, una vez hayan renunciado, no podrán ejercer ningún otro cargo dentro de la planilla del Estado hasta la fecha de las elecciones generales, salvo que regresen a su cargo público de carrera o de docencia, que ejercían previamente.

    En los casos antes señalados, los candidatos a las elecciones primarias de los partidos políticos deberán renunciar dentro de los cinco días siguientes a partir de la fecha en que se publique en el Boletín Electoral la postulación a las elecciones primarias.

El mismo efecto producirá la aceptación del puesto respectivo, luego de postulado.

A petición de parte, se podrá iniciar el procedimiento para la inhabilitación de los ciudadanos al amparo de lo dispuesto en los artículos anteriores, cuando tenga conocimiento y las pruebas del caso, sin perjuicio del derecho de impugnar, el cual podrá ser ejercido por el fiscal administrativo electoral y por quienes consideren que se han violado estas disposiciones.

La persona que se postule como candidato a un puesto de elección popular no podrá ser designada ni ejercer, mientras mantenga su postulación, ninguno de los cargos señalados en el artículo 33.

La postulación de un candidato en violación de esta prohibición conlleva un vicio de nulidad absoluta y el cargo quedará vacante en caso de que el candidato fuera proclamado ganador, quedando obligado, aun en el evento de que pierda, a devolver los salarios percibidos.

Una vez ejecutoriada la sentencia, el juzgado administrativo electoral remitirá el expediente correspondiente a la Contraloría General de la República, a fin de que tramite el reintegro de los salarios percibidos desde la fecha en que el candidato debía renunciar al cargo público hasta el día de la celebración de las elecciones.

A su vez, les está prohibido obstruir el libre ejercicio de las actividades proselitistas o electorales que se.

realicen conforme a este Código.

Los servidores públicos no pueden valerse de su autoridad para que sus subalternos realicen actividades en beneficio o en contra de determinados candidatos o partidos políticos.

La composición, impresión, fecha de salida y distribución del Boletín Electoral estará a cargo de un funcionario del Tribunal a quien este designe con las funciones de editor del Boletín.

Su publicación también se hará a través del sitio Internet del Tribunal Electoral.

De igual forma, deberán publicarse en el sitio Internet del Tribunal Electoral todas las correcciones o aclaraciones realizadas a las publicaciones del Boletín Electoral. El Tribunal Electoral desarrollará los sistemas necesarios que garanticen el acceso, la conservación, la fidelidad y la seguridad de la versión electrónica del Boletín

Electoral.

Será responsabilidad especial del Tribunal Electoral cuidar de que el Boletín salga, a más tardar, a las dos de la tarde de la fecha inserta en el respectivo número.

Los interesados podrán imprimir, por sus propios medios, copias de los ejemplares del Boletín Electoral obtenidos por Internet, y solicitar su autenticación ante la Secretaría General o ante las direcciones regionales del Tribunal Electoral.

Su objetivo permanente es participar activamente en la política nacional,

expresando el pluralismo político, sin menoscabo del derecho a la libre

postulación, para perfeccionar el Estado democrático y solidario de derecho que promueve la dignidad humana, la justicia social y el bienestar general.

En consecuencia, lucharán por la participación cada vez más creciente de los sectores nacionales en las decisiones políticas; por el respeto y participación de las diversas tendencias ideológicas; por el fortalecimiento de la forma republicana, representativa y democrática de gobierno; y por la defensa de la soberanía nacional basada en la tradición de lucha del pueblo panameño.

los acuerdos que se adopten.

Solo será suministrada al interesado y al partido político respectivo, así como a las autoridades competentes, cuando ello sea conducente y según lo reglamente el Tribunal Electoral.

1. Presentar solicitud de autorización para la formación del partido suscrita, por lo menos, por quinientos ciudadanos en pleno goce de sus derechos políticos, de los cuales, al menos, veinticinco deben residir en cada provincia y diez en cada comarca.

2. Inscribir un número no menor de siete adherentes en el 40 %, por lo menos, de los distritos en que se divide el territorio nacional.

3. Inscribir un número no menor de diez adherentes en cada provincia y cinco en cada comarca, que podrán ser las personas a que se refiere el numeral 1 de este artículo.

4. Inscribir como adherentes un número de ciudadanos en pleno goce de sus derechos políticos no inferior al 2 % del total de los votos válidos emitidos en la última elección para presidente y vicepresidente de la República, según los datos oficiales del Tribunal Electoral.

Los partidos políticos en formación reconocidos como tales antes de la vigencia de esta norma se acogerán al nuevo porcentaje de firmas que se establece en este artículo para ser reconocido como partido político constituido.

Tampoco.

se admitirá el uso de los símbolos nacionales o religiosos.

escudos, himnos o emblemas, los cuales, una vez presentados al Tribunal Electoral,

no podrán ser utilizados por otro partido constituido o en formación.

El procedimiento para las objeciones será el establecido en los artículos 59 al 64.

solicite la autorización correspondiente. El memorial se dirigirá al magistrado presidente del Tribunal y será presentado personalmente ante el secretario general, por el representante provisional designado.

En el memorial se consignará lo siguiente:

1. Nombres, sexo, número de cédula de identidad personal, residencia y firma de los iniciadores.

2. Nombre del partido.

3. Descripción de su símbolo distintivo y, si lo tuvieren, el de su bandera, escudo, himno y emblema.

4. Nombre, sexo, número de cédula del representante provisional y de las demás personas que integran la directiva provisional.

1. El proyecto de declaración de principios.

2. El proyecto de programa de gobierno del partido, en relación con los aspectos económicos, políticos, sociales y culturales de la nación.

3. El proyecto de estatutos del partido.

4. Un facsímil a colores del símbolo y, si lo tuvieren, el de su bandera, escudo, himno y emblema y su descripción.

5. Declaración jurada de, por lo menos, veinticinco de los iniciadores del partido político que residan en cada provincia y diez en cada comarca. Esta declaración será validada por el Tribunal Electoral contra la residencia electoral que tiene de los ciudadanos en su base de datos.

En caso contrario, la devolverá al interesado para su corrección y aportación de la.

documentación que falte.

Este aviso se publicará dos veces en el Boletín del Tribunal Electoral y por tres días consecutivos, por lo menos, en un diario de circulación nacional.

1. Nombre del partido.

2. Facsímil y descripción de un símbolo distintivo.

3. Nombre, número de cédula y residencia habitual del representante provisional y de las demás personas que integran la directiva provisional.

1. En los casos de defectos de forma en los requisitos exigidos en los artículos 57 y 58 de este Código, se concederá un plazo hasta de quince días ordinarios a los interesados para que corrijan la solicitud.

2. En los casos contemplados en los artículos 54, 55 y 56 se dará traslado a los solicitantes para que dentro de quince días hábiles subsanen la falla.

Si los iniciadores del partido no presentan oportunamente las correcciones a que se refiere esta disposición, se entenderá desistida la solicitud y se ordenará su archivo.

Cuando al recibo de las solicitudes de autorización para la formación de partidos políticos, el Tribunal Electoral observare que en una misma fecha o, a más tardar, ocho días hábiles después de la publicación de que trata el artículo 60 se presenten dos o más solicitudes para la formación de partidos políticos, con iguales o similares nombres o símbolos distintivos o que pudieren confundirse, el Tribunal Electoral, antes de decidir el asunto, hará comparecer a una audiencia al fiscal general electoral y a los representantes provisionales de los partidos políticos en formación de que se trate. En la audiencia se aportarán las pruebas que estimen necesarias las partes interesadas y el fiscal general electoral.

Para decidir el Tribunal tomará en cuenta los antecedentes y actividades partidarias de los grupos de peticionarios.

Los peticionarios cuya solicitud fuere negada podrán presentar una nueva solicitud para la inscripción del partido.

1. Autorizará a los iniciadores del partido político para que procedan a formarlo.

2. Declarará abierto el periodo de inscripción de miembros del partido.

3. Ordenará la entrega a los registradores electorales de los Libros de Registro de Inscripción Electorales en todo el país y los instruirá para que presten al partido en formación la protección y facilidades que sean del caso.

4. Reconocerá como representantes provisionales a las personas que ostenten dicha calidad, según la solicitud del partido en formación.

4. Para los efectos del número de adherentes exigidos para la conformación de un partido político, las firmas de los iniciadores de este deberán ser contadas como parte del total.

En los años en que deban celebrarse elecciones generales o consultas populares y en los meses previos a estas, el Tribunal Electoral podrá suspender las inscripciones de adherentes o miembros en los libros de los partidos políticos en formación y en los legalmente reconocidos.

La solicitud de cierre de inscripción en uno o más distritos se presentará

personalmente ante el Tribunal Electoral, el director regional de Organización Electoral o el registrador o los registradores electorales respectivos; y ante el Tribunal Electoral cuando el cierre se solicite en toda la República.

El registrador electoral, conforme con las instrucciones de la Dirección Nacional de Organización Electoral, pondrá un aviso en su despacho en el cual comunicará la fecha de cierre de las inscripciones, firmará la diligencia de rigor, dejará constancia en el libro de las inscripciones alcanzadas y lo remitirá de inmediato a la Dirección Nacional de Organización Electoral.

Estas inscripciones podrán hacerse en los libros utilizados durante la formación del partido, previa constancia de tal hecho, o bien en libros nuevos especialmente destinados para tal efecto.

Las candidaturas para la convención se harán garantizando la paridad de género, es decir, 50 % hombres y 50 % mujeres. El Tribunal Electoral no aprobará postulaciones que no cumplan con esta condición.

Para la convención constitutiva se elegirá un convencional por cada ciento cincuenta adherentes y la distribución será a nivel distrital.

1. El Tribunal Electoral procederá con el partido a convocar y reglamentar la elección de sus primeros convencionales y a la celebración de la convención constitutiva, en la cual deberán aprobarse en forma definitiva el nombre, distintivo, estatuto, declaración de principios y programas, así como bandera, escudo, himno y emblema, si los tuvieran, y se designarán los primeros directivos y dignatarios nacionales del partido, garantizando la paridad de género, es decir 50 % hombres y 50 % mujeres.

2. Una vez celebrada la convención o congreso constitutivo, el partido procederá a solicitar al Tribunal Electoral, que declare legalmente constituido el partido.

Para la celebración de la convención o congreso constitutivo de un partido en formación y su posterior reconocimiento como partido político constituido, se tomará como válida la cantidad de adherentes inscritos que certifique la Dirección Nacional de Organización Electoral una vez se haya cumplido con la cuota establecida. No será motivo de impugnación la disminución posterior de la cantidad de adherentes.

Aun cuando hubiere impugnaciones pendientes de decisión, el partido podrá celebrar su convención o congreso constitutivo, si aquellas no inciden en la cuota mínima de adherentes.

La lista de los primeros convencionales, así como las decisiones adoptadas en la convención constitutiva, serán publicadas por tres días en el Boletín Electoral para que la Fiscalía General Electoral o cualquier ciudadano pueda impugnar ante los juzgados administrativos electorales, cuya decisión será apelable ante el Pleno del Tribunal Electoral, en el término que establece el artículo 672. Para impugnar se

contará con cinco días hábiles contados a partir del día siguiente a la última publicación en el Boletín Electoral.

En el memorial se comunicará al Tribunal los nombres de las personas que integran los organismos directivos del partido y el número de inscripciones obtenidas. Con el memorial deberá acompañarse una certificación en la cual conste que el partido inscribió la cifra de miembros exigida, un ejemplar debidamente autenticado del acta final de la sesión celebrada por la convención o congreso en que se aprobó la declaración de principios, el programa y los estatutos del partido, los cuales deberán transcribirse en dicha acta.

La resolución que reconozca la existencia legal del partido ordenará su inscripción en el libro de Registro de Partidos que para tal efecto se llevará en el Tribunal Electoral.

Si el partido no cumple con lo anterior, al finalizar el periodo respectivo el Tribunal Electoral ordenará, de oficio o a solicitud de cualquier ciudadano y sin más trámite, la cancelación de la solicitud y de las inscripciones, y el archivo del expediente, mediante resolución que se notificará al representante provisional del partido y que se publicará en el Boletín del Tribunal Electoral.

Un partido político no podrá mantener su condición de partido político en formación durante más de cinco años, contados a partir de la declaratoria de tal condición por parte del Tribunal Electoral.

1. Podrán ejercer los derechos previstos en los numerales 3, 4, 5, 8, 9 y 12 del artículo 110. Para manejar los ingresos que reciban para su funcionamiento, abrirán una cuenta corriente única en el Banco Nacional de Panamá (cuenta única de formación) en la cual depositarán los fondos correspondientes a las contribuciones que reciban en apoyo a su constitución y consolidación como partido político. Los fondos así depositados se utilizarán exclusivamente para tales fines. El Tribunal Electoral certificará al Banco Nacional de Panamá la condición de partido en formación para efectos de la apertura de dicha cuenta.

   La apertura y el funcionamiento de esta cuenta quedarán sujetos a los términos, condiciones y cargos que establezca el Banco. Los partidos políticos en formación están obligados a registrar las contribuciones privadas que reciban para su formación y funcionamiento, las que serán auditadas por el Tribunal Electoral.

   Las cuentas únicas de formación serán cuentas de carácter temporal, es decir, serán cerradas automáticamente por el Banco Nacional de Panamá una vez el Tribunal Electoral certifique el reconocimiento formal como partido o el no cumplimiento de los requisitos para ser reconocido como tal. En caso de que se reconozca como partido político, deberá abrir una nueva cuenta bancaria (cuenta única de funcionamiento) en el Banco Nacional de Panamá y cumplir

   con los requisitos y formalidades que exige dicha entidad bancaria para la apertura de cuentas de partidos políticos.

2. Tendrán las obligaciones establecidas en los numerales 1, 2, 3 y 6 del artículo 111.

3. Podrán elegir nuevos directores y dignatarios provisionales, con la obligación de hacer la comunicación correspondiente al Tribunal Electoral.

4. Les serán aplicables las prohibiciones contempladas en el artículo 113.

5. Podrán reformar sus proyectos de estatutos, declaración de principios,

   programa, símbolo y distintivos.

6. Su convención o congreso constitutivo deberá sujetarse a las normas de este Código sobre convenciones o congresos, así como a lo que para la convención se disponga provisionalmente en su proyecto de estatutos.

7. Formular las impugnaciones a que se refieren los artículos 62 y 90.

El desistimiento de la solicitud de autorización para inscribir solo puede aprobarlo la mayoría de los iniciadores del partido. Para desistir de un proceso de inscripción ya comenzado se requiere acuerdo mayoritario de los iniciadores o de los adherentes ya inscritos en el partido.

6. Capítulo VII

Normas sobre la Inscripción de los Miembros

No obstante, a solicitud de cualquier partido político, la Dirección Nacional de Organización Electoral autorizará que se realicen inscripciones fuera de las oficinas, siempre en presencia de registradores del Tribunal Electoral, para garantizar la autenticidad del registro y asegurar o garantizar la integridad de los registradores.

Las inscripciones de miembros o de adherentes de partidos políticos constituidos o en formación se efectuarán a través de los procedimientos establecidos por el Tribunal Electoral, ya sea por libros estacionarios, móviles o por medios electrónicos aprobados por este, en cualquier lugar, siempre que se encuentren presentes los funcionarios del Tribunal Electoral.

biométricos, se podrá obviar la presencia del registrador del Tribunal Electoral y la expedición de la constancia de la inscripción.

Los libros de registro de inscripción de miembros tendrán la forma y dimensiones que determine el Tribunal Electoral y en el lugar destinado a cada inscripción deberá reservarse espacio suficiente para consignar el nombre legal completo, el número de cédula de identidad personal, el sexo, la residencia, la fecha y hora de la inscripción y la firma o huella digital del miembro inscrito y del registrador electoral.

Los libros de cada partido serán identificados y numerados consecutivamente, con una codificación que tendrá dígitos para la provincia, el distrito dentro de la provincia y el número correspondiente al libro. En caso de requerirse más de un libro para un distrito, se le asignará el número siguiente en la numeración y así sucesivamente.

Los libros utilizados para la inscripción de miembros durante el periodo de formación podrán utilizarse cuando el partido esté reconocido, siempre que se deje la constancia respectiva en cada libro.

Le presentará su cédula de identidad personal y declarará, bajo gravedad del juramento, los detalles a que se refiere el artículo anterior.

A solicitud escrita del partido político se requerirá, para que proceda la inscripción, la presentación por el ciudadano de un formulario de inscripción expedido por el partido, que contendrá los mismos requisitos a que se refiere el artículo anterior y que se entregará al registrador electoral. Este formulario será suministrado por el partido y se presentará, previamente, al Tribunal Electoral para su aprobación.

Seguidamente, el registrador electoral llenará en el libro respectivo la inscripción del ciudadano y hará que este firme su inscripción en el espacio provisto para dicho fin.

Finalmente le entregará al ciudadano, si este la solicita, una certificación donde consten los datos de su inscripción.

El proceso de inscripción se hará durante todo el año, en las oficinas y lugares que el Tribunal Electoral designe para tal efecto.

inscripción de miembros de los partidos, las siguientes:

1. Ejercer las funciones inherentes a su cargo dentro de su jurisdicción y cumplir con todas las comisiones que les encarguen los funcionarios y corporaciones electorales de mayor jerarquía.

2. Coadyuvar en la elaboración y la actualización del Registro Electoral dentro de su jurisdicción.

3. Recibir, guardar, custodiar y atender los libros de registro de inscripción de miembros de los partidos y asignarlos a los registradores electorales auxiliares para inscribir cuando hubiere necesidad.

4. Devolver los libros de inscripción a la Dirección Nacional de Organización Electoral cuando se encuentren llenos; cuando se cierre la inscripción a solicitud del representante provisional del partido o cuando hubiera concluido el periodo anual de inscripción.

5. Dar posesión de sus cargos a los registradores electorales auxiliares que designe el Tribunal Electoral, sin perjuicio de que los mismos tomen posesión ante superiores jerárquicos.

6. Inscribir en los libros de registro de inscripción de miembros de un partido a los ciudadanos que deseen hacerlo.

7. Recibir, inscribir e iniciar la tramitación de las renuncias de los miembros de los partidos políticos, así como guardar, custodiar y atender los libros de registro de renuncias de inscripciones.

8. Prestar apoyo y facilidades a los iniciadores de los respectivos partidos.

9. Prestar sus servicios durante las horas hábiles de cada día y también durante los días y horas no hábiles que determine el Tribunal Electoral.

formación o legalmente reconocido, así como de renunciar, de forma expresa o tácita, en cualquier momento, a su condición de miembro.

La renuncia será expresa cuando el ciudadano manifiesta que renuncia a su condición de miembro de un partido constituido o en formación, independientemente de si se inscribe o no en otro partido; y será tácita, en los casos en que el ciudadano se inscriba en otro partido político constituido o en formación, sin haber renunciado previamente al que estaba inscrito. En ambos casos, el ciudadano deberá presentarse ante un registrador electoral, con su cédula de identidad personal, y le suministrará, bajo gravedad de juramento, los detalles necesarios para la respectiva diligencia.

En los casos de renuncia expresa, el registrador entregará una copia de la renuncia al ciudadano.

Las renuncias expresas se realizarán exclusivamente en las oficinas del Tribunal Electoral.

Lo mismo se hará en los casos de expulsión de miembros de un partido.

Cualquier ciudadano podrá solicitar dicha cancelación al Tribunal Electoral, si este no la hubiere practicado de oficio.

Durante el periodo de inscripción de miembros en un partido en formación y hasta cinco días hábiles después de cerrado permanentemente en todo el país o de expirado el periodo anual en que se obtuvo la cuota de inscripciones, según el caso, cualquier ciudadano o partido político legalmente reconocido podrá impugnar ante el Tribunal Electoral la inscripción de uno o más miembros del partido político en formación.

Igualmente, dentro del año siguiente a la inscripción de un ciudadano como miembro de un partido político legalmente reconocido, el fiscal general electoral o cualquier ciudadano o partido político legalmente reconocido podrá impugnar la inscripción.

Desde el inicio del periodo de inscripción de un partido y hasta treinta días hábiles después de finalizadas las inscripciones en todo el país o de vencido el periodo anual de inscripción durante el cual el partido obtuvo la cuota necesaria para su reconocimiento, el fiscal general electoral podrá impugnar cualquier inscripción ante el Tribunal Electoral si encontrare que hubiere mérito para ello.

Cuando un ciudadano alegue que ha sido inscrito falsamente en un partido político, constituido o en formación o en el libro de adherentes y listas de respaldo de un candidato por libre postulación, procederá a elevar personalmente una impugnación por escrito al director nacional de Organización Electoral, pidiendo que se anule dicha inscripción y declarando, bajo gravedad de juramento, que los hechos que alega son ciertos.

En estos casos, se dará traslado de la solicitud, por dos días hábiles, al representante legal del partido en el cual aparece la inscripción impugnada y al fiscal general electoral. Vencido el término del traslado, el director nacional de Organización Electoral verificará las inscripciones pertinentes y decidirá sin más trámite, notificando a las partes por edicto que se fijará en lugar visible de dicha Dirección.

Dentro de los dos días hábiles siguientes a la fecha en que se desfije el edicto, las partes pueden apelar ante los magistrados del Tribunal Electoral. Una vez ejecutoriada la resolución respectiva, se cumplirá lo que ella dispone.

1. Por ser falsos los datos de identificación.

2. Haberse inscrito el ciudadano antes en otro partido en formación durante el mismo periodo anual de inscripción, salvo que el partido en el cual se inscribió primero desista de su solicitud de inscripción como partido político.

3. Haberse inscrito el ciudadano más de una vez en el mismo partido. En este caso, solo se mantendrá como válida la primera inscripción.

4. No estar la persona inscrita en pleno goce de sus derechos de ciudadanía, estar sujeta a interdicción judicial, o tener impedimento constitucional o legal para inscribirse.

5. Haberse efectuado la inscripción en libro distinto del que legalmente

   corresponda, o por persona sin facultad legal para efectuarla.

6. Haberse efectuado la inscripción mediante dolo, violencia o error grave.

7. No existir la persona inscrita.

8. Por ser falsa la inscripción.

   El Tribunal Electoral reglamentará la aplicación de estas causales según las

   inscripciones sean manuales o con validación biométrica.

   Lo mismo se aplicará para la nulidad en los procedimientos que requieran la recolección de firmas.

Si se tratara de delito común, el Tribunal hará la cancelación de oficio una vez tenga conocimiento de la ejecutoria de la sentencia respectiva, cualquiera que sea el tiempo en que se dicte.

Los partidos políticos podrán solicitar al Tribunal Electoral orientación y

capacitación en materia de organización y procesos electorales internos. Del mismo modo podrán solicitar que se les brinde cooperación en la organización de sus convenciones, elecciones primarias e internas, en los términos que se acuerde con sujeción a la autonomía e independencia de los partidos políticos.

1. El nombre del partido.

2. La descripción del símbolo distintivo.

3. El nombre de los organismos del partido, sus facultades, deberes y

   responsabilidades.

4. La denominación y el número de sus directivos y dignatarios.

5. Las normas sobre formación y administración de su patrimonio.

6. Las normas y procedimientos para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres, según lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 184 de 2020.

7. La forma de convocar a sesiones sus organismos que, en todo momento,

   garantizará lo dispuesto en los artículos 106 y 107 de este Código.

8. La forma en que convocarán las convenciones del partido y la forma de

   elección de los delegados a estas.

9. Los mecanismos para elegir las autoridades internas.

10. La determinación de las autoridades del partido que ostentarán su

    representación legal.

11. Los deberes y derechos de sus miembros.

12. Las normas sobre juntas de liquidadores y el destino de los bienes del partido en caso de disolución.

13. Las formalidades que se observarán para la elaboración y el archivo de las actas de modo que se garantice la autenticidad de su contenido.

14. Las causales de revocatoria de mandato y el procedimiento aplicable, si fuera el caso.

15. La forma de elección del defensor de los derechos de los miembros del partido, y la descripción de las atribuciones generales del defensor.

16. La creación y conformación de la Secretaría de la Mujer o su equivalente y de la Secretaría para las Personas con Discapacidad o su equivalente, como parte de la estructura del partido, con las facultades que este Código, su reglamento y los estatutos del partido le confieren.

17. Los mecanismos que garanticen la paridad de género, es decir, 50% hombres

    y 50% mujeres, en los procesos eleccionarios internos de sus organismos

    directivos, como en sus elecciones primarias para escoger los cargos a

    elección popular, y otros métodos de selección de candidatos.

18. Las demás disposiciones que se estimen necesarias, siempre que se ajusten al presente Código y a sus normas reglamentarias.

1. Que el ente electoral de cada partido será quien tendrá bajo su cargo la dirección del proceso eleccionario interno.

2. Identificación de la autoridad del partido encargada de decidir las

   impugnaciones que se presenten, así como las instancias dentro del partido que deben agotarse antes de recurrir ante los juzgados administrativos electorales.

3. Un calendario electoral que deberá contener:

   1. La convocatoria pública anunciada en un medio de comunicación escrito

      de circulación nacional, por tres días calendario, dirigida a todos los

      adherentes, en la que se señale la fecha de cierre de libros de inscripción de adherente cuando aplique, para establecer el padrón electoral que utilizará el partido en esa elección.

   2. Un periodo para recibir postulaciones, otro para dar a conocer las

      presentadas, otro para impugnarlas y otro para publicar las que queden en firme para efecto de las elecciones.

4. Que exista por lo menos, una mesa de votación en cada circunscripción donde hayan menos de quinientos electores.

5. Que aquellas personas que forman parte o aspiran a un cargo en la estructura interna del partido, no pueden formar parte del organismo electoral interno.

   En caso de que existan vacíos estatutarios en las disposiciones que regulan los procedimientos de las elecciones primarias o internas de cada partido político, se recurrirá a las normas de este Código y a sus normas reglamentarias. Una vez aprobado el reglamento por la Dirección Nacional de Organización Electoral, será publicado en el Boletín Electoral durante tres días hábiles para que cualquier adherente pueda impugnarlo ante los juzgados administrativos electorales.

Bajo circunstancias nacionales o regionales de fuerza mayor o caso fortuito, además de otras que así lo ameriten, el Tribunal Electoral organizará, en coordinación con el partido político, los eventos electorales internos, que por mandato legal le corresponde financiar y fiscalizar, incorporando el uso de mecanismos digitales, presenciales o mixtos, debidamente coordinado con el ente electoral encargado de los procesos electorales internos de cada partido político.

Los partidos políticos, también podrán acogerse a estas modalidades, con el fin de tener mayor convocatoria o para facilitar la participación a reuniones de sus organismos internos y elecciones contempladas en las disposiciones electorales.

Lo anterior deberá hacerlo en un periodo no mayor de quince días previo al periodo inicial de postulaciones de las elecciones respectivas.

Si la autoridad del partido encargada de la convocatoria no procede a realizarla oportunamente, por lo menos el veinte por ciento de los miembros del respectivo organismo podrán solicitar la convocatoria y, si expresa o tácitamente no se accediese a la misma, los peticionarios podrán hacerla directamente. Para estos efectos, se entiende como negativa tácita de la solicitud no decidir sobre la misma dentro de los

cinco días ordinarios siguientes a su debida presentación.

1. La mayoría de los miembros principales del directorio respectivo.

2. La tercera parte de los miembros principales del respectivo organismo.

3. El diez por ciento de los miembros inscritos en el partido en la circunscripción de que se trate.

La convocatoria a sesiones extraordinarias se hará por medio del presidente del respectivo organismo, quien deberá citar a la reunión dentro de las tres semanas siguientes a la fecha de la presentación de la solicitud.

De no convocarse la reunión dentro del plazo anterior, los solicitantes podrán convocarla directamente, para lo cual publicarán un anuncio en un diario de la localidad por tres días consecutivos. La reunión extraordinaria se celebrará dentro de los treinta días siguientes a la última publicación.

Cuando se trate de la convención, asamblea o congreso nacional, si de manera expresa o tácita se niega la solicitud de convocatoria, los peticionarios presentarán la impugnación correspondiente al Tribunal Electoral para que este decida sobre la procedencia o no de la convocatoria. Si la resolución del Tribunal es favorable a la

convocatoria, los peticionarios procederán a efectuarla directamente, conforme al procedimiento señalado en el párrafo anterior.

1. Adquirir y tener en propiedad bienes muebles e inmuebles y administrar y disponer de estos.

2. Realizar actos y contratos de acuerdo con el derecho común.

3. Intervenir en la vida del Estado mediante la activa participación cívica de los ciudadanos, la capacitación de sus afiliados para que intervengan en la vida pública y la selección de sus mejores hombres para el ejercicio del gobierno.

4. Realizar actividades proselitistas y campañas políticas, sin otras limitaciones que aquellas señaladas en la Constitución Política.

5. De acuerdo con lo establecido en el artículo 38 de la Constitución Política y conforme a lo dispuesto en este Código, realizar reuniones bajo techo o al aire libre de cualquier índole, desfiles, manifestaciones y otras actividades proselitistas, así como asambleas, convenciones o congresos de sus respectivos organismos.

6. Reformar sus estatutos, su declaración de principios o su programa.

7. Modificar o cambiar su nombre, símbolo y distintivos.

8. Fijar y recibir las cuotas de sus miembros.

9. Recibir herencias, legados y donaciones.

10. Formar coaliciones o alianzas y acordar su fusión o su disolución.

11. Sancionar disciplinariamente o expulsar a sus miembros en los casos y con las formalidades previstas en los estatutos, siempre que se les garantice el debido derecho de defensa.

12. Difundir libremente su doctrina y programas y desarrollar las acciones

    tendientes a su organización y fortalecimiento.

13. Recibir el financiamiento del Estado de conformidad con el Capítulo I del Título V de este Código.

14. Utilizar los medios de comunicación social que el gobierno central administre.

    El Tribunal Electoral reglamentará el ejercicio de este derecho.

15. Realizar campañas de afiliación interna de miembros, sin que estos se

    consideren como inscritos para los efectos del Tribunal Electoral.

16. Los demás derechos reconocidos por este Código y otras leyes.

1. Acatar, en todos sus actos, la Constitución Política y las leyes de la República.

2. Respetar la participación en la actividad política de todas las tendencias

   ideológicas.

3. Proceder de acuerdo con la voluntad mayoritaria de sus miembros y regirse por sus estatutos.

4. Renovar sus organismos o autoridades de dirección con la debida

   anticipación, de manera que, al vencimiento del plazo de cada uno de los nuevos integrantes, puedan asumir sus funciones en la fecha que le

   corresponde. El incumplimiento de esta obligación conlleva la suspensión del financiamiento público a partir de la fecha en que se venza el plazo de los delegados a la convención o congreso nacional, siempre que el Tribunal Electoral no haya publicado en su Boletín la proclamación en firme de los reemplazos.

   En caso de fuerza mayor o caso fortuito, los partidos políticos podrán solicitar al Tribunal Electoral la prórroga del plazo para la elección de sus convencionales y/o celebración del subsiguiente congreso nacional o

   convención para elegir las demás autoridades partidarias. Corresponderá al Pleno del Tribunal Electoral conocer la solicitud y resolverla a través de resolución motivada.

5. Instruir a sus miembros sobre todo lo concerniente a lo dispuesto en este Código y sus Reglamentos.

6. Coadyuvar con el Tribunal Electoral en la formación del censo y registro electoral, y procurar que se comunique al Tribunal cualquier cambio de residencia que haya efectuado alguno de sus miembros.

7. Comunicar al Tribunal Electoral sobre cualquier alianza, coalición o fusión que acuerden con otros partidos políticos ya reconocidos.

8. Llevar un juego completo de libros de contabilidad, debidamente registrados en el Tribunal Electoral, y conservar todos los comprobantes que respalden los ingresos recibidos del financiamiento público y los gastos ejecutados contra dicho financiamiento. El Tribunal Electoral pondrá a disposición de la ciudadanía en general el libre acceso a toda esta información por cualquier método disponible, de conformidad con lo establecido en la Ley 6 de 2002.

9. Comunicar al Tribunal Electoral la sede principal del partido, que será su domicilio legal, y cualquier cambio de esta.

10. Comunicar al Tribunal Electoral, dentro de los treinta días siguientes, la expulsión de cualquiera de sus miembros.

11. Establecer los procedimientos sumarios, las instancias y los plazos para el agotamiento de la vía interna, con lo que se permitirá a los afectados recurrir al Tribunal Electoral. La decisión del partido quedará ejecutoriada en un plazo de dos días hábiles, una vez notificada la decisión de última instancia.

12. Establecer el procedimiento para hacer efectivo el cumplimiento de la participación femenina en los cargos directivos internos del partido y en las postulaciones a cargos de elección popular, según las normas legales vigentes.

13. Establecer los procedimientos para hacer efectiva la capacitación y

    participación de las juventudes inscritas en el partido, en los cargos directivos internos y en las postulaciones a cargos de elección popular, según las normas legales vigentes.

14. Establecer los procedimientos para la rendición de cuentas en lo interno del partido sobre el uso de los fondos que reciben del financiamiento público y privado, así como de las decisiones que asumen cada uno de sus órganos.

15. Cumplir las demás obligaciones que surjan de este Código o de sus normas reglamentarias.

1. Hacer discriminaciones en la inscripción de sus miembros por razón de raza, sexo, credo religioso, cultura, condición social o discapacidad.

2. Adoptar decisiones que contravengan las disposiciones de este Código o de sus Reglamentos.

Sus reuniones extraordinarias se convocarán con especificación de su objeto, además de los casos previstos en los estatutos, por decisión del directorio nacional.

En las convenciones, los delegados deberán ser elegidos directamente por los miembros legalmente inscritos en el partido y que tengan residencia en la circunscripción que.

sirve de base para la representación.

En las convenciones nacionales, los delegados podrán escogerse por provincia, circuito, distrito o corregimiento o de circunscripciones partidarias inferiores y, en las comunales, por corregimiento o por circunscripciones partidarias inferiores.

En las primarias partidarias tendrán derecho a participar todos los miembros legalmente inscritos a la fecha señalada en la convocatoria a las elecciones y que sean residentes en la respectiva circunscripción.

1. Cuando se trata de convenciones provinciales o en un circuito electoral, que los delegados a las convenciones sean el conjunto de los directorios distritales, incluidos en el respectivo circuito electoral.

2. Cuando se trate de convenciones distritales, que los delegados a las convenciones sean el conjunto de los directorios comunales.

3. Cuando se trate de convenciones comunales, que el partido tenga en el corregimiento varias organizaciones de base y que los delegados sean el conjunto de los directorios de dichas organizaciones.

4. Que en los casos a que se refieren los numerales 1 y 2 de este artículo, el partido tenga organizaciones de base en todos los corregimientos del distrito o circuito electoral respectivo.

5. Que en todos estos casos al elegir a los directivos expresamente se les otorgue la representación para participar como delegados a las convenciones provinciales, distritales o comunales que se celebren, como máximo, dentro de los tres años siguientes.

Los directorios nacionales, distritales o en otras circunscripciones tendrán el número de miembros que señalen los estatutos.

Los miembros de los directorios y los demás directivos y dignatarios deberán pertenecer al partido, ser residentes en la circunscripción de que se trate y se designarán mediante convenciones nacionales, provinciales, comarcales, de circuito electoral, distritales, comunales o según sea el nivel del directorio u organismo directivo. Cada directorio tendrá el número de suplentes que determinen los estatutos del partido.

Tales cambios deberán ser aprobados en congreso, asamblea y/o convención nacional de los miembros legalmente inscritos del partido, y para su aprobación por el Tribunal Electoral se seguirán los trámites que tiene señalados este Código en los artículos 59 y 64, sobre oposiciones e impugnaciones para la formación de los partidos.

Para estos efectos, el presidente del organismo que adoptó la decisión hará.

la comunicación a la Secretaría General del Tribunal Electoral, solicitando la publicación correspondiente. La decisión partidaria debe estar certificada por el secretario del organismo que adoptó la decisión.

Contra estas decisiones, se podrá recurrir dentro de los cinco días hábiles siguientes a la última publicación, y el partido tiene veinte días hábiles para resolver. La decisión del partido agota la vía interna, y debe ser publicada en el Boletín Electoral por tres días hábiles. El afectado tiene diez días hábiles después de la última publicación para recurrir ante los juzgados administrativos electorales.

En caso de que el partido no resuelva el recurso en los veinte días indicados, se entenderá negado y agotada la vía interna, hecho que debe ser probado con una certificación de la Secretaría General del Tribunal Electoral, indicando que el partido no ha publicado en el Boletín Electoral la decisión que resuelve el recurso interpuesto. El afectado podrá recurrir ante los juzgados administrativos electorales dentro de los diez días hábiles siguientes al vencimiento del plazo que tenía el partido para resolver.

En el evento de que el partido se niegue a recibir el recurso dentro del término requerido, y este hecho se pruebe mediante notario público, el afectado podrá recurrir a los juzgados administrativos electorales dentro de los diez días hábiles siguientes.

En el caso de la revocatoria de mandato de los diputados, el recurso será de competencia del Pleno del Tribunal Electoral, de conformidad con el numeral 5 del artículo 151 de la Constitución Política de la República.

Se decretará la medida cautelar sin audiencia del partido político y se fijará una caución suficiente para responder por los posibles perjuicios resultantes.

Las medidas cautelares aplicables en la jurisdicción electoral son:

1. Diligencia exhibitoria.

2. Suspensión de actos.

3. Testimonios prejudiciales.

4. Inspecciones judiciales.

La notificación a la autoridad correspondiente será firmada por la persona que ejerza la representación legal del partido en el ámbito nacional, provincial, en el distrito o por la que se designe para el caso.

Las decisiones relativas a las alianzas se tomarán de conformidad con su estatuto y, si estos no lo contemplan, por acuerdo del directorio nacional o la convención nacional, mediante votación secreta.

El Tribunal Electoral ordenará, mediante resolución, las anotaciones pertinentes en el libro de registro de partidos políticos, sin perjuicio de las impugnaciones que puedan presentarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación en el Boletín Electoral de la resolución que acoge la alianza presentada.

Con el memorial, se presentará lo siguiente:

1. La denominación de la alianza, la indicación de los partidos políticos que la integran y el símbolo que la identifica, si fuera el caso.

2. La base programática de la alianza y sus finalidades, las cuales serán

   publicadas en el Boletín Electoral.

3. La certificación del Tribunal Electoral que señale que la aprobación de la alianza por los partidos políticos se hizo respetando el voto secreto.

4. Preferiblemente los cargos y circunscripciones específicas en que postularán candidatos comunes con el consentimiento escrito de los candidatos ganadores en primarias, cuya proclamación esté en firme.

La fusión será comunicada al Tribunal Electoral dentro de los treinta días hábiles siguientes, mediante memorial que firmarán los representantes legales de los partidos que se fusionan y además por el representante legal que fuere designado por el partido que resulte de la fusión.

Si por la fusión se adoptaren nombre, estatutos, declaración de principios, programa o símbolo distintivo que difieran de los que tenían los partidos que se fusionan, se seguirá el procedimiento señalado en los artículos 59 al 64.

Si los acuerdos se ajustaren a las normas de este Código, el Tribunal Electoral ordenará mediante resolución las anotaciones pertinentes en el libro de registro de partidos políticos.

Las inscripciones de los miembros de los partidos fusionados subsistirán para el partido que resulte de la fusión, salvo el caso de renuncia.

1. Por disolución voluntaria.

2. Por fusión con otros partidos.

3. Por no haber obtenido un número de votos superior al 2 % del total de los votos válidos emitidos en las elecciones generales para presidente, diputados, alcaldes o representantes de corregimiento, la que le fuera más favorable.

4. Por no haber participado en dos elecciones generales seguidas.

Si un partido político no obtuviera, en ninguna de las elecciones previstas en el numeral 3 del artículo 127, por lo menos, el 2 % de los votos válidos emitidos, o no participe dos veces en ninguna de ellas, el Tribunal Electoral dictará una resolución en la cual declarará extinguida la personería jurídica del partido, cerrará el expediente y ordenará su archivo y la anotación respectiva en el libro de registros de partidos políticos.

El Tribunal Electoral hará pública, tan pronto la concluya, la auditoría realizada a los fondos públicos puestos a disposición del partido político que se extinga.

Si por haberse constituido el partido antes de la vigencia de este Código no existiere disposición estatutaria al respecto, al acordar su disolución voluntaria, el partido político deberá determinar el destino que se dará a su patrimonio una vez satisfechas todas sus obligaciones, para lo cual deberá designar una junta de liquidadores.

El partido político conservará su personalidad jurídica para los efectos de su liquidación, hasta por el año siguiente a su disolución. Ejercerá la administración la junta de liquidadores prevista en los estatutos o la que se designe conforme a este artículo.

el nuevo partido logre su reconocimiento o su petición sea denegada. El nuevo partido que solicite el traspaso del patrimonio adquirirá los bienes, derechos y obligaciones del partido extinguido.

Vencido el término de un año sin que se hubiere presentado la nueva solicitud o cuando esta fuera denegada y una vez efectuada la liquidación en un término no mayor de un año, el activo neto que quede pasará al Estado.

Si en el caso previsto en los párrafos anteriores se presentaren varias solicitudes, se procederá conforme dispone el artículo 65, con preferencia a la solicitud presentada por sus últimos directivos.

El Consejo Nacional de Partidos Políticos estará integrado por un representante principal y dos suplentes de cada partido político constituido, designado por el representante legal del partido.

El Consejo Nacional de Partidos Políticos será convocado por el Tribunal Electoral o por las dos terceras partes de sus miembros. El Consejo Nacional de Partidos Políticos conocerá de todos los asuntos que le someta a su consideración el Tribunal Electoral y los que propongan sus miembros.

El Foro Ciudadano Pro Reformas Electorales será convocado durante los procesos de consulta del Tribunal Electoral para las reformas al Código Electoral y cuando este lo estime conveniente.

Ambos Foros serán convocados cuando el Tribunal Electoral lo estime

conveniente.

El Tribunal Electoral podrá reglamentar la convocatoria de otros organismos de consulta permanente de diversos sectores de la sociedad interesados en los temas electorales.

La Comisión Nacional de Reformas Electorales estará integrada por miembros con derecho a voz y voto.

Otras entidades que se registren ante el Tribunal Electoral, con fundamento en el reglamento que se dicte para el funcionamiento de la Comisión, tendrán derecho a voz solamente.

La Comisión será convocada por decreto del Tribunal Electoral y cada integrante deberá acreditar un principal y dos suplentes, asegurando la representatividad por género.

La Comisión establecerá la votación por mayoría calificada como requisito para la aprobación de temas que considere requieren de mayor consenso.

proceso de la ley en cada una de las controversias que se susciten ante el mismo.

Todas las instituciones públicas están obligadas a colaborar con el Tribunal Electoral para el mejor cumplimiento de sus funciones durante los procesos electorales, la inscripción de los hechos vitales y actos relativos al estado civil, el periodo de inscripción de partidos políticos, la cedulación de los ciudadanos, la actualización del Registro Electoral, la elaboración de las listas electorales y la distribución y divulgación del Registro Electoral.

El Tribunal Electoral verificará la información, y los directores regionales de Organización Electoral comunicarán, con treinta días calendario de anticipación, a los respectivos directores provinciales de los ministerios y entidades autónomas y semiautónomas cuáles son los vehículos y conductores requeridos, a fin de que sean proporcionados en el lugar, el día y la hora indicados por el Tribunal Electoral.

El concepto de flota de transporte incluye automóviles, lanchas, barcos, aeronaves y cualquier otro medio de transporte que sea útil para trasladar personas o carga, con sus respectivos equipos de comunicación, operadores y conductores.

De común acuerdo y en coordinación con el Tribunal Electoral, la Fiscalía General Electoral podrá hacer uso de la flota de transporte a que se hace referencia en este artículo y en el artículo 143, en la medida de las necesidades del servicio.

En virtud de la autonomía que le otorga el artículo 142 de la Constitución Política, el Tribunal Electoral está autorizado para establecer el costo de los servicios que presta y para administrar los fondos que recauda y los que el Órgano Ejecutivo deba poner a su disposición, de acuerdo con la Ley de Presupuesto General del Estado, los cuales serán asignados al Tribunal Electoral mensualmente, según sus necesidades.

Las acciones de personal, tales como nombramientos, destituciones, ajustes salariales, sobresueldos y ascensos, que realicen el Tribunal Electoral y la Fiscalía General Electoral, así como los cambios en sus estructuras de puestos, solamente

requerirán para su trámite una resolución motivada del Pleno o de la Fiscalía General Electoral, según el caso, siempre que las partidas estén incluidas en el respectivo presupuesto, y que el monto del aumento o de la creación de posiciones nuevas esté financiado con disminución o eliminación de puestos. Tales decisiones se enviarán al Ministerio de Economía y Finanzas para su ejecución, y a la Contraloría General de la República para su registro y pronta incorporación a la planilla correspondiente.

Cuando el Tribunal Electoral tenga urgencia evidente, que le impida seguir los trámites ordinarios de la contratación pública, la cual será declarada por resolución motivada dictada por el Pleno, podrá arrendar, contratar servicios y adquirir materiales y equipos directamente para las labores inherentes a sus funciones, incluyendo las de Registro Civil, Cedulación, Padrón Electoral y la organización y celebración de elecciones y referendos.

Los vehículos autorizados y a órdenes del Tribunal Electoral y de la Fiscalía General Electoral, debidamente identificados, no estarán sujetos, para su movilización, a controles o restricciones de circulación de ninguna otra entidad del Estado, tanto en horas como en días laborables o no laborables, salvo por orden de autoridad competente del Órgano Judicial y de la Fiscalía General Electoral.

régimen interno.

permanentes de educación y capacitación cívica-electoral, dirigidos al sistema educativo oficial y particular, así como a la población en general, tomando en cuenta la diversidad intercultural de los pueblos, con el objetivo de promover los valores democráticos de una manera integral. El Ministerio de Educación, las universidades oficiales, las universidades particulares y las organizaciones de la sociedad civil coordinarán con el Tribunal Electoral para hacer efectivo este

mandato. Para tales propósitos, el Tribunal Electoral creará un instituto o centro especializado.

determinará las sumas necesarias para cubrir el pago de horas extraordinarias en que tiene que incurrir el personal de planta del Tribunal y de la Fiscalía General Electoral. El pago de horas extraordinarias se hará desde la convocatoria al proceso electoral y hasta que se declare cerrado. Asimismo, la remuneración por

trabajos extraordinarios podrá exceder en cada mes del 50 % del sueldo, en aquellos casos en que se justifique. Esta norma excluye a los magistrados y al fiscal general electoral.

1. La inscripción y renuncia de adherentes a partidos políticos en formación y legalmente constituidos.

2. La recolección de firmas de respaldo e inscripción de adherentes, así como su renuncia a ellas, para los aspirantes a candidaturas por libre postulación.

3. La recolección de firmas para revocatoria de mandato por iniciativa popular, cuando la Ley lo permita.

4. La recolección de firmas para convocatoria a constituyente por iniciativa ciudadana.

5. La actualización de la residencia electoral.

6. Que los ciudadanos, candidatos y partidos políticos en formación y legalmente constituidos, puedan hacer trámites en línea sin tener que

comparecer personalmente a las oficinas del Tribunal Electoral. Estos trámites incluyen no solo los electorales sino los de cedulación y registro civil.

Lo anterior es sin perjuicio de que en las áreas rurales apartadas donde no exista servicio en línea, se utilicen libros manuales.

El Tribunal Electoral garantizará la reserva de los datos de los ciudadanos que fueron obtenidos para los fines descritos en los numerales que anteceden, para que estos no sean utilizados por terceros para actividades de interés privado.

El Cuerpo de Delegados Electorales tendrá el número de delegados y la estructura que determine el Tribunal Electoral.

1. Actuar como amigables componedores en los conflictos que encuentran en el desempeño de sus funciones.

2. Velar por el cabal cumplimiento de las órdenes y medidas que acuerde el

   Tribunal Electoral, tendientes a que las consultas populares y las actividades internas de los partidos políticos, a petición de estos, se desarrollen en condiciones de orden y libertad irrestrictas.

3. Servir como representantes directos de los magistrados del Tribunal Electoral ante los gobernadores, los alcaldes, los jueces de paz, los regidores y los miembros de la Fuerza Pública, en todo lo relativo a la vigilancia de la consulta popular respectiva.

4. Comunicar al Tribunal Electoral los actos de desobediencia de alguna autoridad a sus instrucciones y presentar las pruebas pertinentes.

5. Disponer lo que estimen oportuno y conveniente para que las reuniones, los mítines políticos, las manifestaciones o los desfiles que organicen los partidos políticos y candidatos, previa comunicación a la autoridad correspondiente, se celebren sin ser perturbados por personas o grupos adversos, y sin confrontaciones que puedan ser causa de desórdenes públicos.

mantendrán en todo momento la más absoluta neutralidad política y portarán una credencial que los identifique como tales.

1. Ser ciudadano panameño, mayor de 18 años de edad.

2. No haber sido condenado por la comisión de delito común o electoral.

3. No ser miembro de partido político, en formación o constituido.

Estos medios podrán utilizarse para difundir propaganda, programas de opinión pública, debates y cualquier evento político.

El Tribunal Electoral podrá utilizar los tiempos en los medios de comunicación del Estado, que no sean utilizados por los partidos.

En estas sedes partidarias, además gozarán de un descuento del 50 % de la tarifa de electricidad.

Este beneficio será extendido a los candidatos por libre postulación durante el período electoral, es decir, a partir del día siguiente a la fecha en que quede en firme la resolución del Tribunal Electoral en que se reconoce la candidatura y hasta un mes después del día de la elección.

Esta norma es de orden público e interés social y tiene carácter retroactivo.

En caso de que algunos de los vehículos o estos equipos sufran un desperfecto mecánico irreparable, comprobado antes de los cuatro años, previa certificación al Tribunal Electoral, el partido político afectado podrá solicitar la importación de otro vehículo o de estos.

equipos para reemplazarlos. Los vehículos no podrán ser vendidos sino después de transcurridos cuatro años de uso y mediante el pago de los impuestos de importación que en ese momento se causen como vehículos usados. Los vehículos a que se refiere este artículo deberán portar los distintivos del respectivo partido.

En el caso de las elecciones generales, ese período es de noventa días y concluye a la medianoche del jueves anterior a la elección.

En el caso de los eventos internos partidarios para escoger candidatos, el período es de sesenta días, y concluye a la medianoche del jueves anterior al evento electoral.

En el caso de las elecciones parciales, los términos serán reglamentados por el Tribunal Electoral.

1. La propaganda electoral.

2. Otras actividades de campaña, como:

1. La movilización, transporte y alimentación para caravanas, concentraciones y actividades de promoción del candidato o partido.

2. La alimentación de los representantes en las corporaciones electorales.

3. El reclutamiento y capacitación de su personal.

4. Otras actividades para la promoción del candidato o partido.

Los contenidos publicados por personas en sus redes sociales para hacer

promoción, a favor o en contra, de un aspirante, precandidato, candidato o partido político, a cambio de un pago o contraprestación de cualquier tipo es una forma de hacer propaganda electoral.

1. Los medios de comunicación tradicionales.

2. Los medios de comunicación digitales.

3. La propaganda electoral fija.

4. La propaganda electoral móvil.

5. La propaganda a través de artículos promocionales.

6. Las cuentas y contenidos de redes sociales patrocinados o pagados, directa o indirectamente, por aspirantes, precandidatos, candidatos o partidos políticos.

7. Otros que puedan utilizarse para la promoción de un aspirante, precandidato, candidato o partido político.

1. Los canales de televisión, tanto abiertos como cerrados, por satélite o

   microondas.

2. Las emisoras de radio.

3. La prensa escrita.

4. El cine.

1. La versión digital de los medios tradicionales.

2. El Internet y las redes sociales.

3. Los centros de cuentas o centros de llamadas a través de telefonía fija o celular.

4. Los centros masivos de perfiles digitales.

5. Otras aplicaciones digitales que funcionen con data y celulares, como:

   1. Aplicaciones móviles.

   2. Publicidad de buscadores.

   3. Compra programática.

   4. Envío masivo de correos electrónicos.

   5. Envío de mensajes masivos por aplicaciones de mensajería.

6. Envío masivo de mensajes de textos a través de telefonía.

7. Medios informativos nativos digitales.

8. Otras formas de tecnología que permitan la difusión de contenido de

   propaganda electoral.

Esta exoneración incluye el impuesto de transferencia de bienes corporales muebles y la prestación de servicios.

siguientes casos:

1. Por la dirección regional de organización electoral respectiva, en el caso de la propaganda fija o móvil que esté colocada en lugares prohibidos, o durante la veda. Los costos de remoción en que incurra la institución, sin perjuicio de las multas de rigor, serán reembolsados por el infractor.

2. Por la Dirección Nacional de Organización Electoral, dentro y fuera de los periodos de campaña, a instancia de parte, en el caso de propaganda en los medios tradicionales. La decisión de la Dirección Nacional de Organización Electoral queda sujeta al recurso de apelación ante el Pleno del Tribunal.

3. Por la Dirección Nacional de Organización Electoral, dentro y fuera de los períodos de campaña, a instancia ciudadana o del Centro de Estudios y Monitoreo Digital, en el caso de propaganda en medios digitales. La decisión de la Dirección Nacional de Organización Electoral queda sujeta al recurso de apelación ante el Pleno del Tribunal.

En caso de incumplimiento y si se trata de propaganda fija, la dirección regional de organización electoral respectiva procederá a su remoción, decomiso y sanción al responsable por la no remoción.

Los partidos políticos que hayan formalizado una alianza electoral podrán seleccionar la misma agencia.

Los candidatos por libre postulación en circunscripciones mayores de cinco mil electores también podrán contratar una agencia de publicidad para pautar propaganda con el financiamiento público del que dispongan.

1. Asesorar a los partidos políticos en la elaboración de su estrategia de campaña electoral y comunicar al Tribunal Electoral los desembolsos mensuales programados del monto asignado al partido.

2. Llevar un control de las pautas de cada candidato para que ninguno se exceda de su tope de gasto. En caso de rebasar un tope, no se reconocerá el gasto excedido a la agencia de publicidad, sin perjuicio de las sanciones previstas respectivas.

3. Contratar y supervisar a satisfacción del candidato la producción de las piezas publicitarias.

4. Contratar con los medios las pautas de cada candidato.

5. Monitorear el cumplimiento de las piezas publicitarias, mediante las

   herramientas disponibles en la República de Panamá.

6. Facturar mensualmente al Tribunal Electoral la inversión publicitaria ordenada.

   Con la presentación de la facturación mensual, la agencia entregará una declaración jurada en la que da fe de la veracidad de la información y de que las pautas han sido en efecto transmitidas o publicadas y los gastos facturados, según el caso, por el respectivo medio.

1. Certificación del Registro Público, con vigencia no menor de tres meses a la fecha del registro, en la que conste el nombre del representante legal, directores, dignatarios y actividad.

2. Dirección donde opera, sus teléfonos, correo electrónico y persona de contacto.

3. Certificado o Aviso de Operación en el que conste que la empresa cuenta, por lo menos, con un año de operaciones en su respectiva actividad.

4. Paz y salvo de la cuota empleado-empleador emitido por la Caja de Seguro Social.

5. Paz y salvo de impuestos emitido por la Dirección General de Ingresos.

6. Estados financieros auditados al año anterior a la fecha del registro.

7. Escrito en el que el representante legal sustenta la capacidad y experiencia de la agencia para prestar los servicios requeridos, respaldado en referencias de clientes.

El registro debe efectuarse, a más tardar, dentro de los cuatro meses siguientes a la expedición del decreto reglamentario de las elecciones.

Cuando el que pauta es una agencia de publicidad, esta deberá obtener la autorización escrita de su cliente y del beneficiario.

Es responsabilidad del medio obtener estas autorizaciones antes de divulgar la propaganda, y cada cuña debe expresar o contener, como parte de ella, la identidad de la persona responsable.

1. Que las personas naturales o jurídicas, sea a título propio o por cuenta de terceros, contraten o donen propaganda electoral a favor o en contra de partidos o candidatos.

2. Que los medios de comunicación acepten pautas para propaganda electoral en violación de lo dispuesto en este artículo.

3. Que los medios de comunicación donen pautas o tiempo para propaganda electoral a favor o en contra de partidos o candidatos.

Igual responsabilidad les cabe a las imprentas con relación a la impresión de propaganda electoral.

Para el caso de vallas, dicha responsabilidad le cabe a la empresa publicitaria que alquila el anuncio como arrendadora o permite su uso a través de cualquier medio.

De igual manera, promoverá que el contenido de la propaganda electoral esté.

inspirado en el fortalecimiento de la democracia, el respeto a los derechos humanos y la educación cívica del pueblo.

discapacidad. El Tribunal Electoral reglamentará esta materia.

Los medios radiales y televisivos se podrán incorporar a la transmisión sin costo alguno.

El Tribunal Electoral podrá realizar debates para todos los cargos de elección popular en las distintas circunscripciones electorales. A su vez, los electores de las distintas circunscripciones podrán organizar y promover estos debates, los cuales serán coordinados por el Tribunal Electoral.

1. El uso de los símbolos de la Nación, de conformidad con el artículo 6 de la Constitución Política.

2. El uso no autorizado de símbolos de los partidos y de los candidatos.

3. El uso no autorizado de la imagen personal, según lo establece el artículo 577 del Código de la Familia.

4. La propaganda sucia, entendiendo por ella la que ofenda la dignidad humana con la utilización de insultos, incursiones en la vida privada, discriminación y aseveraciones de conductas ilegales que no se hayan dictaminado por los tribunales competentes, promueva la violencia o atente contra las leyes, durante el desarrollo del proceso electoral de una elección primaria o general.

   Los candidatos y/o su equipo de campaña fundamentarán sus propuestas

   omitiendo, durante el tiempo de campaña, material denigrante, calumnioso e injuriante contra algún candidato.

5. Que se divulgue toda propaganda electoral a través de los medios de

   comunicación, sin estar respaldada por la firma y las generales de una persona responsable, para los fines electorales, civiles y penales correspondientes. En el caso de personas jurídicas, deben estar respaldadas por la firma del representante legal o su apoderado.

6. Que se destruya, quite, remueva, tape o altere toda propaganda electoral, sin autorización previa del dueño, salvo disposición emitida por el Tribunal Electoral.

1. Cuando se requiera informar temas de importancia nacional, como campañas de prevención, vacunación, salud pública, inicio o suspensión de periodos de clases y conmemoración de un día por disposición legal.

2. En situaciones de emergencia, catástrofes naturales, cuando se requiere informar a la ciudadanía sobre medidas de seguridad, evacuación, cierre o habilitación de vías alternas.

3. Convocatoria a actos por mandato legal.

Se exceptúan de esta prohibición al Tribunal Electoral, a la Fiscalía General Electoral y a otras instituciones públicas cuyos servicios requieran de publicidad para realizar sus anuncios y publicar información de cualquier índole a la ciudadanía, las cuales deberán registrarse previamente en el Tribunal Electoral para la autorización correspondiente.

1. Las oficinas, dependencias, edificios y monumentos públicos.

2. Los pasos elevados vehiculares y peatonales, sus estructuras públicas y áreas adyacentes.

3. Las casetas para usuarios del transporte público y casetas de peaje.

4. Los coliseos, canchas y centros deportivos públicos

3. Los sitios de interés histórico y cultural.

6. Los hospitales, asilos, centros educativos y de cultos religiosos.

7. Los postes y tendidos eléctricos y telefónicos.

8. Las servidumbres públicas, incluyendo, pero no limitado, a las aceras, cordones e isletas.

9. En las señales, semáforos y leyendas de tránsito que están en las carreteras, calles o caminos.

10. En los zampeados públicos o áreas públicas.

11. En los árboles, palmas, arbustos o cualquier otro lugar en el que se vea afectado el sistema ecológico o el medio ambiente.

12. En aquellos lugares que, de cualquier manera, obstruyen la visibilidad mínima o pongan en peligro la seguridad vehicular o peatonal.

13. En todo inmueble de propiedad particular, sin la previa autorización escrita de sus propietarios, administradores u ocupantes.

La propaganda electoral impresa deberá ser elaborada, preferentemente, con materiales reciclados o biodegradables.

Además, no se podrá entregar propaganda durante el periodo establecido en el artículo 413.

El denunciante deberá indicar la ubicación exacta de la propaganda.

Comprobada la veracidad de la denuncia, el respectivo director regional del Tribunal Electoral ordenará la remoción inmediata de la propaganda infractora e impondrá la sanción que indica el artículo 572.

1. Para admitir la denuncia, se deberán detallar las generales del denunciante, así como la ubicación exacta y la descripción de la propaganda electoral afectada.

2. De ser posible, el denunciante aportará las generales de los responsables de los daños.

3. Admitida la denuncia, el respectivo director regional de Organización Electoral ordenará el inicio de las investigaciones correspondientes. En caso de ser identificados el denunciado o los denunciados, se les concederá un término de dos días hábiles para que presenten sus descargos y aporten pruebas.

4. Si no se pudiera identificar a los autores materiales de la colocación de la propaganda, se le dará traslado a los candidatos que aparecen en ella.

5. Vencido el término de pruebas, el director regional emitirá resolución motivada, contra la cual solo procederá el recurso de apelación ante el director nacional de Organización Electoral.

La Fiscalía General Electoral o quien se considere afectado por la difusión de una propaganda electoral podrá presentar, personalmente o mediante apoderado legal, la denuncia respectiva ante el Tribunal Electoral, quien conocerá privativamente de las violaciones en los términos aquí previsto con la facultad de ordenar la suspensión provisional de la propaganda que ha sido demandada por violatoria de la ley electoral.

Durante el tiempo en que se permita la propaganda electoral, el Tribunal Electoral y la Fiscalía General Electoral sesionarán permanentemente para acoger las denuncias respectivas, tomando las medidas necesarias a fin de agilizar el trámite de estas.

Las responsabilidades penales y civiles por calumnia e injuria cometidas en propaganda electoral se exigirán ante la jurisdicción penal y ordinaria.

En el caso de los numerales 2, 3 y 4 del artículo 276 solo se permitirá la denuncia interpuesta por la persona afectada.

En el caso de los precandidatos y candidatos por libre postulación, esta prohibición se aplica desde el inicio del trámite de reconocimiento como precandidatos al respectivo cargo.

Al efecto, el Tribunal Electoral coordinará sus acciones con los municipios respectivos para que, en un término no mayor de treinta días después de cerrado el proceso electoral, se proceda a limpiar la propaganda electoral.

Estas contribuciones serán depositadas en cuentas únicas de funcionamiento en el Banco Nacional de Panamá.

Los recursos del financiamiento público poselectoral que reciban los partidos políticos también serán manejados, exclusivamente, en cuentas bancarias con el Banco Nacional de Panamá, según lo reglamente el Tribunal Electoral.

A fin de proteger la integridad de los procesos electorales y la correcta prestación del servicio a los usuarios, el Tribunal Electoral realizará actividades de monitoreo de contenido público pagado en medios digitales, respetando los derechos y garantías fundamentales establecidos en la Constitución y la Ley, para lo cual se apoyará en la unidad especializada que así disponga para este fin y en los acuerdos y convenios o alianzas estratégicas con los operadores y organizaciones en medios digitales.

Adicionalmente, deberán proporcionar la información de las personas naturales o jurídicas que administran, diseñan y ejecutan la propaganda electoral.

En el caso de personas que reciban pago o contraprestación de cualquier tipo para hacer promoción a favor o en contra de un aspirante, precandidato, candidato o partido político en sus redes sociales, podrán mencionar el cintillo al principio de su.

intervención cuando se trate de videos o contenido en vivo.

verificará y adoptará las medidas necesarias para suspender e identificar a los responsables de tales actividades y que se apliquen las sanciones previstas en este Código.

En el caso de contenido en contra de precandidatos, candidatos o partidos, solamente se procederá cuando medie denuncia del afectado.

Concluido el proceso administrativo, la denuncia será enviada a la Fiscalía General Electoral para que se realice la investigación correspondiente.

La decisión de la Dirección Nacional de Organización Electoral queda sujeta al recurso de reconsideración.

Toda persona natural o jurídica que pretenda realizar encuestas, análisis, pronósticos o estudios similares con el objeto de publicarlos o divulgarlos por cualquier medio, y cuyo fin sea reflejar las preferencias políticas o electorales de la población, deberá registrarse previamente y actualizar el registro anual en el Tribunal Electoral, para lo cual deberá aportar los documentos siguientes:

1. Lista del personal profesional con idoneidad para hacer los diseños y análisis estadísticos que requiere una encuesta, con una carta de aceptación de cada uno de ellos en la que conste que trabajan o están a disposición de la empresa para hacer encuestas, así como la lista del personal administrativo que proveerá los servicios de apoyo. La idoneidad de los profesionales deberá ser debidamente sustentada con títulos académicos no inferiores a licenciatura en áreas afines a las encuestas públicas, como estadísticas, psicología, sociología, ciencia política y mercadotecnia, con mínimo de un año de experiencia en la

   elaboración de encuestas.

2. Copia simple del Aviso de Operación.

3. Copia de su último estado financiero, del año anterior a la solicitud del registro, debidamente auditado por un contador público autorizado, que ponga en evidencia que el solicitante tiene liquidez y solvencia financiera.

4. Dirección donde opera la empresa encuestadora, los números de teléfonos y correo electrónico.

5. Estudios previos sobre preferencias políticas o electorales, que haya realizado la empresa solicitante o su personal técnico.

6. Certificación del Registro Público, con vigencia no menor de tres meses, en la que conste el nombre del representante legal, directores, dignatarios y actividad.

7. Lista de accionistas debidamente certificada por el tesorero.

8. Declaración jurada en la que haga constar sus clientes.

9. Declaración jurada de no conflicto de interés entre el que realiza la encuesta y el beneficiario.

   Cuando la encuestadora tenga su sede en el exterior y ejecute su labor a través del personal subcontratado en la República de Panamá, además de los requisitos antes señalados, deberá consignar una fianza de garantía por un valor de veinticinco mil balboas (B/.25 000.00).

   Dicha fianza podrá constituirse en efectivo, en títulos de crédito del Estado, en fianzas emitidas por compañías de seguros o mediante garantías bancarias o en cheque certificado o de gerencia.

   La fianza deberá emitirse a favor del Tribunal Electoral de Panamá y de la Contraloría General de la República, la cual será depositada en esta última y deberá mantenerse vigente durante todo el proceso electoral.

   Para el caso de encuestas que se hacen a la salida del recinto de votación (exit poll), se exceptúan de este requisito a las entidades nacionales y los organismos internacionales acreditados como observadores del proceso electoral, según los reglamentos del Tribunal Electoral, así como a los centros de investigación de las universidades oficiales o particulares, siempre que el Consejo Académico y la Rectoría avalen la actividad.

   Al momento de la divulgación, las encuestadoras deberán poner el título “Las encuestas son estudios de opinión sujetos a no reflejar la certeza de los resultados”.

1. La persona natural o jurídica que realizó la encuesta.

2. La persona que ordenó y es responsable del pago de la encuesta.

3. El tipo de procedimiento utilizado para seleccionar las unidades muestrales.

4. El tamaño de la muestra.

5. Las preguntas que se formularon.

6. El universo geográfico y el universo de población.

7. La técnica de recolección de datos utilizada.

8. La fecha o periodo de tiempo en que se efectuó el trabajo de campo.

9. El margen de error calculado.

El estudio solo podrá ser publicado una vez registrada la ficha técnica en el Tribunal Electoral. No obstante, si este no se pronunciara dentro del plazo expresado, la encuesta podrá ser publicada.

Una copia de los resultados de la encuesta deberá ser entregada por el interesado al Tribunal Electoral, dentro de los tres días.

El memorial también podrá ser remitido a través de correo electrónico, previa inscripción ante la Dirección Ejecutiva Institucional, con el fin de que se le proporcione un certificado digital emitido por el Tribunal Electoral para respaldar el.

uso de una firma electrónica y avalar la presentación y el registro respectivo.

Las personas que pretenden llevar a cabo este tipo de encuestas deberán

comunicarlo al Tribunal Electoral, a más tardar cinco días antes del evento electoral, suministrando la información exigida en el artículo 295 y, a más tardar tres días después, entregar al Tribunal Electoral una copia de los resultados de la encuesta. La divulgación de este tipo de encuestas, también deberá destacar como parte integral de la información exigida por el artículo 295.

El fuero electoral penal es el derecho que tienen los presidentes, vicepresidentes, secretarios y subsecretarios generales de los partidos legalmente constituidos, los candidatos, delegados electorales, entes electorales de los partidos políticos, miembros de las corporaciones electorales, funcionarios electorales y enlaces para no ser investigados, detenidos, arrestados o procesados en materia penal, policiva o administrativa, siempre que estas últimas involucren la.

imposición de una pena privativa de la libertad, sin que medie autorización expresa y previa de los juzgados administrativos electorales, salvo en caso de flagrante delito.

Se entiende que una persona adquiere la condición de procesada desde el momento en que de una investigación surjan méritos para responder judicial, policiva o administrativamente, siempre que se trate de casos que involucren la imposición de pena de arresto.

1. Para los presidentes, vicepresidentes, secretarios y subsecretarios generales de los partidos legalmente constituidos:

   1. Para las elecciones primarias y generales: desde la fecha en que inicia el periodo de campaña electoral correspondiente al proceso electoral de sus respectivos partidos políticos y hasta que quede ejecutoriada la última proclamación del evento.

   2. Para las elecciones de las autoridades internas nacionales: desde la fecha en que inicia el periodo de campaña electoral correspondiente al proceso electoral de sus respectivos partidos políticos y hasta que quede

   ejecutoriada la última proclamación del evento.

2. Para los candidatos de partidos políticos:

   1. Elecciones primarias: Desde la fecha en que inicia el periodo para la

      campaña electoral de su partido y hasta el día siguiente de la ejecutoria

      de la proclamación.

   2. Elecciones generales o parciales: Desde la fecha en que inicia el periodo para la campaña electoral y hasta el día siguiente de la ejecutoria de la proclamación.

3. Para los candidatos por libre postulación: desde que son reconocidos como candidatos y hasta el día siguiente de la ejecutoria de la proclamación en la elección en que participe.

4. Para los delegados electorales y entes electorales de los partidos políticos:

   desde la fecha en que se inicia el periodo para la campaña electoral de los partidos políticos y hasta el día siguiente de la elección correspondiente.

5. Para los miembros de corporaciones electorales designados por el Tribunal Electoral, por los partidos políticos y candidatos por libre postulación: desde que reciben su credencial y hasta el día siguiente de las primarias o elecciones generales, según el caso.

6. Para el resto de los funcionarios electorales enlistados en el artículo 156: desde la fecha de inicio de la campaña electoral del proceso que corresponda y hasta el día siguiente de las elecciones generales.

7. Para los enlaces designados por los partidos políticos y por los candidatos por libre postulación: desde el momento en que reciban sus credenciales y hasta el día siguiente de las primarias o elecciones generales, según el caso.

1. Cuando la persona sea detenida o arrestada en flagrante delito.

2. Cuando exista renuncia por parte del aforado, ya sea ante el Tribunal Electoral o ante la autoridad que ventile el caso.

3. Cuando por cualquier circunstancia pierda el cargo que lo hace beneficiario del fuero.

4. Cuando el aforado no lo invoque en la primera comparecencia ante la autoridad y, en caso de los procesos en curso, cuando no lo alegue por escrito en el término de diez días hábiles siguientes a la fecha en la que lo adquirió.

5. Cuando es levantado por el Tribunal Electoral.

Las certificaciones solicitadas deberán expedirse en un término no mayor de cinco días hábiles.

La convocatoria de todos los procesos internos partidarios, tanto para la elección de autoridades internas a nivel nacional como elección de candidatos a cargos de elección popular, les corresponde a los partidos políticos a través de su ente electoral, en coordinación con el Tribunal Electoral, que cubrirá el costo de dichos eventos.

1. Convocatoria: la convocatoria se hará el 1 de junio del año tras anterior al de las elecciones.

2. Apertura del proceso para la libre postulación: con la convocatoria de las elecciones inicia el periodo de trámite para la libre postulación.

3. Apertura del proceso para los partidos políticos: el 1 de febrero del año anterior al de las elecciones inicia el periodo para convocar a los procesos internos partidarios para la elección de sus candidatos a cargos de elección popular.

4. Cierre del proceso electoral: El Tribunal Electoral declarará cerrado el proceso electoral cuando se hayan ejecutado todas las actividades del Plan General de Elecciones (PLAGEL).

Si el primer domingo de dicho mes fuese el primer día del mes, las elecciones se efectuarán el domingo siguiente. Se realizarán de conformidad con.

lo que establece el presente Código.

Los alcaldes y sus suplentes serán elegidos en todos los distritos por un periodo de cinco años que coincidirá con el periodo presidencial. Los mismos requisitos para concejal serán aplicables para las postulaciones de alcaldes y sus suplentes. El Tribunal Electoral reglamentará el Código Electoral para asegurar esta elección.

El Órgano Ejecutivo continuará al mando de la Fuerza Pública para todo lo relativo a la defensa nacional, la conservación del orden público y la protección de la vida, honra y bienes de los nacionales y extranjeros que estén bajo su jurisdicción, sin que el cumplimiento de estas responsabilidades sea una excusa para interferir con la neutralidad político-partidista que debe mantener dicha Fuerza durante el proceso

electoral.

impedimentos que establece el artículo 33.

1. Ser panameño por nacimiento.

2. Haber cumplido treinta y cinco años de edad para la fecha de la elección.

3. No haber sido condenado por delito doloso con pena privativa de libertad de cinco años o más, mediante sentencia ejecutoriada proferida por un tribunal de justicia.

4. No estar comprendido dentro de los impedimentos o condiciones de inelegibilidad señalados en los artículos 192 y 193 de la Constitución Política.

5. No estar comprendido dentro de las inhabilidades que establece el artículo 33.

1. Ser panameño por nacimiento, o por naturalización, con quince años de residencia en el país después de haber obtenido la naturalización.

2. Ser ciudadano en ejercicio.

3. Haber cumplido, por lo menos, veintiún años de edad para la fecha de la elección.

4. No haber sido condenado por delito doloso con pena privativa de la libertad de cinco años o más, mediante sentencia ejecutoriada proferida por un tribunal de justicia.

5. Ser residente del circuito electoral correspondiente, por lo menos, un año inmediatamente anterior a la postulación. Cuando se trate de postulación por el partido político, por lo menos un año antes de la fecha en que quede en firme su postulación a lo interno del partido político y, en el caso de candidato por libre

   postulación, de la fecha en que quede en firme la resolución de admisión de la postulación ante el Tribunal Electoral.

6. No estar comprendido dentro de las prohibiciones que establece el artículo 33.

1. Ser ciudadano panameño por nacimiento o haber adquirido en forma definitiva la nacionalidad panameña diez años antes de la fecha de la elección.

2. Haber cumplido dieciocho años de edad.

3. No haber sido condenado por delito doloso con pena privativa de libertad de cinco años o más, mediante sentencia ejecutoriada proferida por un tribunal de justicia.

4. Ser residente de la circunscripción electoral correspondiente, por lo menos, un año antes de la fecha de la elección.

5. No estar comprendido dentro de las prohibiciones que establece el artículo 33.

circuito electoral, o en el distrito o corregimiento respectivo.

representantes de corregimiento deben mantener su residencia en el circuito electoral, distrito o corregimiento respectivo durante el proceso electoral.

Los candidatos postulados solo podrán ser impugnados por razón del requisito de residencia si no tienen el tiempo requerido, según el cargo al que aspiran. La impugnación por razón del lugar de residencia deberá hacerse dentro del plazo señalado en el artículo 30 salvo que, por razones imputables al Tribunal Electoral, el candidato postulado no haya aparecido en el Padrón Electoral Preliminar en el lugar por el cual se postula. En este evento, podrá ser impugnado cuando salga publicada

la postulación.

1. Describir los hechos que configuran la causal de impugnación.

2. Explicar cómo los hechos configuran la causal invocada.

3. Acompañar las pruebas que se posean, o bien aducir las pertinentes.

4. Consignar fianza, de la manera siguiente:

1. Si se trata de una postulación para representante de corregimiento o concejal,

   doscientos balboas (B/.200.00).

2. Si se trata de una postulación para alcalde, quinientos balboas (B/.500.00) c. Si se trata de una postulación para diputado, mil balboas (B/.1 000.00).

4. Si se trata de una postulación para presidente y vicepresidente, cinco mil balboas (B/.5 000.00).

   La Fiscalía General Electoral queda exenta de consignar fianza.

Esta no podrá posponerse, aun en el evento de que no comparezca ninguna de las partes.

También se incorporarán en el expediente las pruebas aducidas por las partes, tan pronto sea posible e independientemente de la práctica de pruebas en la audiencia.

En todo caso, las notificaciones o traslados al fiscal administrativo electoral, se harán personalmente.

Los apoderados judiciales deberán contar con una dirección en el lugar sede de la Secretaría General del Tribunal Electoral, para recibir las notificaciones que correspondan.

Si el apoderado judicial a quien deba darse el traslado, no fuere hallado en su oficina, habitación o lugar designado como domicilio, en las horas y días establecidos en el artículo 648, el notificador del Tribunal entregará en su segunda visita, copia de la resolución respectiva a cualquier persona presente en esa dirección o la fijará en la puerta, y dejará constancia de este hecho en el expediente. Dos días hábiles después de la entrega o fijación, se considerará surtido el traslado.

En caso de no contar con apoderado judicial registrado, el traslado de la demanda se surtirá por edicto, fijado por el término de veinticuatro horas en la Secretaría General del Tribunal. Desfijado el edicto, la parte contará con el término de dos días para contestar la demanda respectiva.

1. Que no existiere la persona inscrita o fueren falsos los datos de identificación.

2. Que el ciudadano impugnado se hubiere inscrito anteriormente con el mismo o con otro candidato durante el mismo proceso electoral.

3. Que el adherente no estuviere en pleno goce de los derechos ciudadanos o estuviere sujeto a interdicción judicial.

4. Que se haya efectuado la inscripción mediante dolo, violencia o error grave.

5. Que se haya efectuado la inscripción por persona sin facultad legal para hacerla.

6. Que sea falsa la inscripción.

7. Que no sea residente del corregimiento o distrito respectivo o que el nombre del adherente no se encontrase en la lista del Registro Electoral Provisional respectivo o no pudiera comprobar su oportuna inscripción en el Registro para los efectos de su inclusión en el último Registro Electoral Actualizado.

Con el escrito de impugnación se aportarán las pruebas documentales y las declaraciones juradas, si se tuvieran. Cumplido lo anterior, se dará traslado al afectado por cinco días hábiles para que presente su contestación y contrapruebas y a la Fiscalía Administrativa Electoral por cinco días hábiles.

En el caso de tratarse de adherentes de una candidatura por libre postulación presidencial, se le dará traslado por dos días hábiles a la Fiscalía General Electoral.

El juzgado de la causa decidirá en los siguientes diez días ordinarios.

Los magistrados del Tribunal Electoral conocerán, en segunda instancia, de las apelaciones interpuestas contra las decisiones así emitidas.

Este aviso contendrá el nombre del o de los candidatos y sus suplentes, la circunscripción dentro de la cual se hace la postulación y el nombre del partido político o la indicación de que se trata de candidatos por libre postulación.

Esta publicación se hará una vez haya vencido el plazo para la impugnación de candidaturas o hubiesen sido decididas todas las impugnaciones. La publicación puede hacerse en forma simultánea o separada para cada clase de elección.

En cada boleta se incluirán todos los nombres de los candidatos postulados para los respectivos cargos.

En la boleta única de votación aparecerán las postulaciones de los partidos políticos en el orden en que estos fueron reconocidos y, si hubiera candidatos por libre postulación, aparecerán seguidamente en el orden igualmente determinado mediante sorteo, con las mismas condiciones que se concedan a los candidatos de partidos políticos, lo cual incluye los distintivos de identificación como fotografía, logo y color asignado indistintamente.

En los casos en que los candidatos no cuenten con los distintivos antes señalados, el Tribunal Electoral utilizará la fotografía del candidato que aparezca en la base de datos de Cedulación.

En las boletas de votación para las circunscripciones plurinominales, los

candidatos aparecerán así:

1. En el caso de los partidos, según el orden de los más votados, respetando las posiciones reservadas por razón de las alianzas, si las hubiera. De no concretarse, las postulaciones para llenar estas posiciones reservadas aparecerán en las boletas después de los que fueron a elecciones.

2. En el caso de la libre postulación, según el orden en que se postularon en la lista

El Tribunal Electoral imprimirá suficientes boletas de votación para que no falten en ninguna mesa y adoptará las providencias del caso para mantener reservas adecuadas de esas boletas en las cabeceras de provincias y distritos para suplir oportunamente cualquier falta que ocurriere.

Se abrirá a las siete de la mañana y se cerrará a las cuatro de la tarde; pero se permitirá votar a los que, a esta hora, se encuentren en la fila de votación.

Por decisión de la mayoría de los miembros con derecho a voto, presentes en la mesa, se podrá clausurar la votación con anterioridad a la hora fijada, en el caso de que hayan votado todos los electores inscritos en el Padrón Electoral de la mesa respectiva.

Las boletas depositadas en las urnas solo se extraerán al momento del escrutinio.

El Tribunal Electoral podrá, previa consulta y de acuerdo con la mayoría de los partidos políticos legalmente constituidos, aprobar el uso de máquinas de votación.

En tal evento, el Tribunal Electoral reglamentará y divulgará su uso, así como la forma en que realizará el escrutinio correspondiente.

No obstante, las personas con discapacidad o en condición de dependencia podrán hacerse acompañar por personas de su elección, en los casos en que el voto por internet no se posible. Queda prohibido que una misma persona se dedique a dar asistencia a más de un elector. La persona deberá representar la voluntad a quien asiste y quedará sujeta a las normas de libertad y.

pureza del voto que establece este Código.

El presidente de la mesa de votación adoptará las medidas para impedir la violación de esta prohibición y ordenará el arresto por un día a los que violen esta disposición.

La información digital que pudiera recolectar el Tribunal Electoral para estos fines será utilizada particularmente para garantizar la pureza del voto y deberá implementar mecanismos de seguridad cibernética para que estos no sean obtenidos por terceros para intereses privados.

El presidente de la mesa de votación dispondrá de lo necesario para que tengan prioridad y voten sin hacer fila los candidatos, las mujeres en estado grávido, las personas con enfermedades crónicas, involutivas y/o degenerativas, las personas con discapacidad, los mayores de setenta años, los médicos, las enfermeras, las auxiliares, los fotógrafos de prensa, los camarógrafos de televisión y los periodistas que se

encuentren en servicio el día de las elecciones, siempre que tengan derecho a votar en esa mesa.

Los miembros de la mesa de votación sufragarán ordenadamente cuando haya votado el último de los electores.

El presidente, o quien este designe, comprobará si el votante figura en el Padrón Electoral de la mesa o si está comprendido dentro de las excepciones de que trata el artículo 8. Comprobado este hecho, le hará entrega de las boletas únicas de votación de que se trate.

El voto por la nómina presidencial representa, además, un voto para la nómina de diputados al Parlamento Centroamericano postulada por el partido o nómina por libre postulación seleccionada.

Causará la nulidad del voto el que se anoten nombres o leyendas, dibujos, símbolos y señas que permitan marcar y particularizar la boleta de votación.

1. Votar por todos los candidatos de la lista de un solo partido o de una sola lista de libre postulación; o,

2. Votar selectivamente por uno o más candidatos dentro de la lista de un solo partido o de una sola lista de libre postulación.

El elector votará marcando, con un gancho o una cruz, en la casilla de su elección de la boleta de votación.

Causará la nulidad del voto anotar nombres o leyendas, dibujos, símbolos y señas que permitan marcar y particularizar la boleta de votación.

Además, el presidente, el secretario o el vocal de la mesa de votación firmarán al lado como constancia.

En caso necesario, podrá conminar al elector para que salga del recinto y deposite su voto.

El presidente dará las órdenes conducentes a efecto de impedir que se agreguen personas a la fila después de las cuatro de la tarde.

Enseguida todos ellos firmarán el Padrón Electoral y se anularán los espacios en blanco que correspondan a los electores que no votaron. Finalmente se quemarán todas las boletas no usadas.

El Tribunal Electoral queda facultado para reglamentar el escrutinio de los votos en las mesas de votación.

El Decreto Reglamentario de las Elecciones Generales será promulgado en el Boletín Electoral, por lo menos, un año antes de las elecciones.

1. El orden del escrutinio será: primero el de presidente, luego el de diputados, seguido de alcalde, representante de corregimiento, y concejales de último.

2. Los representantes de los partidos políticos y candidatos por libre postulación estarán ubicados en los recintos de votación y lo suficientemente cerca del proceso de lectura de cada voto, para poder dar fe de la selección hecha por el elector.

3. Las nulidades de cada voto se decidirán antes de desdoblar la siguiente boleta.

Dichos medios tecnológicos estarán dotados de las medidas de seguridad necesarias para proteger la integridad de la información.

Cada sistema que se utilice será previamente auditado y certificado por una entidad o empresa externa al Tribunal Electoral.

1. Nombre de los partidos y de sus candidatos principales y suplentes, así como los de libre postulación, cuando los hubiere.

2. Nombre y número de cédula del presidente, secretario, vocal y de los demás miembros de la mesa.

3. Fecha de la votación y hora en que comenzó y terminó.

4. Total de votantes.

5. Total de boletas contadas.

6. Total de boletas válidas para los candidatos a presidente en la primera acta, para diputados en la segunda acta, y para alcalde en la tercera acta, para representante de corregimiento en la cuarta y para concejales en la quinta.

7. Total de votos nulos y en blanco para cada clase de elección.

8. Total de boletas válidas obtenidas por cada partido, por cada lista de libre postulación y por cada candidato.

9. Una breve relación de las reclamaciones y protestas formuladas por los partidos, los candidatos o sus representantes, sobre las distintas incidencias de la votación y el escrutinio, así como las decisiones de la mesa de votación y los anuncios de recursos instituidos por este Código, que se presentarán ante el

   Tribunal Electoral.

10. El acta llevará las firmas de todos los miembros de la mesa de votación, a quienes se les entregarán copias firmadas en original llenadas con las formalidades que más adelante se expresan.

11. Todas y cada una de las boletas escrutadas deberán ser digitalizadas y publicadas inmediatamente después de finalizar el conteo de todos los votos de la mesa. Dichas boletas digitalizadas y publicadas deberán remitirse junto con las actas originales de cada mesa escrutada, según lo dispuesto en el artículo 440.

12. Después de llenar debidamente las actas y haberlas firmado y sellado en la forma especificada, se procederá a quemar todas las boletas escrutadas.

    El Estado proveerá al Tribunal Electoral de los fondos necesarios para llevar a cabo los objetivos del presente artículo.

Este informe deberá estar firmado por el presidente de la junta de escrutinio del proceso electoral de que se trate.

conforme al orden en que se reciban los resultados de la elección de que se trate.

En las elecciones generales, el sistema abarcará la elección presidencial y en la de diputados, por lo menos, a los partidos.

Los candidatos presidenciales tendrán derecho a un representante en los centros de captación de dicho sistema. En las consultas populares, esa representación se otorgará a un representante del SÍ y a un representante del NO.

Los miembros del Consejo Nacional de Partidos Políticos y un representante de la sociedad civil tendrán derecho a conectarse en línea y, a su costo, a la base de datos del Sistema de Transmisión Extraoficial de Resultados (TER).

En las elecciones para representantes de corregimientos y cargos municipales, se hará en sendos ejemplares iguales, que se.

remitirán a la Junta Comunal y a la Junta Distrital de Escrutinio, así como al Tribunal Electoral.

1. Nombre de los partidos y de sus candidatos principales y suplentes, así como los de libre postulación, cuando los hubiere.

2. Nombre y número de cédula del presidente, secretario, vocal y de los demás miembros de la junta.

3. Fecha del inicio de labores de la junta de escrutinio respectiva y hora en que comenzó y terminó de sesionar.

4. Total de votantes.

5. Total de actas escrutadas.

6. Total de votos válidos para los candidatos a presidente de la República en la primera acta, para diputados en la segunda acta, para alcalde en la tercera, para representante de corregimiento en la cuarta y para concejales en la quinta.

7. Total de votos nulos y en blanco para cada elección.

8. Total de votos válidos obtenidos por cada partido, por cada lista de libre postulación y por cada candidato.

9. Una breve relación de las reclamaciones y protestas formuladas por los partidos, los candidatos o sus representantes, sobre las distintas incidencias de la votación y el escrutinio, así como las decisiones de la junta respectiva y los anuncios de recursos instituidos por este Código, que se presentarán ante el

   Tribunal Electoral.

10. Proclamación efectuada o las razones por las cuales no fue hecha.

11. Cualquier otra información que el Tribunal Electoral considere conveniente agregar al acta de la junta de escrutinio correspondiente.

Una vez digitalizada y certificado el contenido por la Dirección de Auditoría Interna del Tribunal Electoral, la versión en papel será destruida, salvo el acta de proclamación presidencial, que se preservará por su valor histórico.

vicepresidente de la República se efectuará en la Junta Nacional de Escrutinio, que tendrá su sede en la ciudad de Panamá.

mencionado.

En ningún caso, la corporación electoral de que se trate podrá abstenerse de hacer la proclamación correspondiente, sin perjuicio de las demandas de nulidad o de proclamaciones, conforme se establece en este Código.

En caso de que dos o más partidos postulen a los mismos candidatos, se sumará el total de votos obtenidos por los respectivos partidos.

En las boletas para presidente y vicepresidente de la República no surtirá efectos la raya.

Tendrán su sede en la cabecera de uno de los distritos del respectivo circuito. En las comarcas se ubicará la sede en la cabecera de uno de los corregimientos. El Tribunal Electoral señalará la sede que corresponda.

La Junta Distrital de Escrutinio elaborará un acta distrital para proclamar a la nómina de alcalde que hubiese obtenido el mayor número de votos entre los candidatos postulados en el respectivo distrito; y otra acta para proclamar la nómina de concejal que corresponda al distrito, utilizando las fórmulas de adjudicación que establece este Código.

Si varios partidos postulan a un mismo candidato, se sumarán todos los votos obtenidos por los partidos de que se trate. Cuando se trate de la elección de dos o más concejales se aplicarán las reglas establecidas para el escrutinio en circuitos plurinominales de diputado.

Si varios partidos postulan a un mismo candidato, se sumarán todos los votos obtenidos por esos partidos, pero en todo caso la curul se le asignará al partido donde está inscrito el candidato proclamado. Si el partido donde está inscrito el candidato proclamado desaparece por no alcanzar el porcentaje establecido en la ley, la curul se asignará al partido que mayor cantidad de votos aportó al candidato proclamado.

Si el candidato no está inscrito en ninguno de los partidos que lo postuló, la curul se asignará al partido que mayor cantidad de votos le aportó al candidato proclamado.

En estos dos últimos casos, el diputado queda sometido a los estatutos del partido al que se le asignó la curul.

1. El número total de votos válidos depositados en el circuito por todos los electores se dividirá por el número de ciudadanos que han de elegirse. El resultado de esta división se denominará cociente electoral.

2. El número total de boletas únicas de votación obtenidas por cada lista de candidatos se dividirá por el cociente electoral, y el resultado de esta operación será el número de candidatos que le corresponde elegir al partido que hubiera lanzado la lista de que se trata o lista de libre postulación respectiva.

3. Si quedaran puestos por llenar para completar el número de ciudadanos que han de elegirse, se adjudicará uno a cada una de las listas restantes que hayan obtenido un número de boletas únicas de votación no menor de la mitad del cociente electoral en el orden en que dichas listas hayan obtenido boletas únicas de votación. Los partidos o listas de libre postulación que hayan obtenido el cociente electoral no tendrán derecho al medio cociente.

4. Si aún quedaran puestos por llenar, se adjudicarán a los candidatos más votados, una vez aplicado el cociente y medio cociente.

Para la adjudicación del puesto por residuo, se contarán todos los votos obtenidos por cada candidato en todas las listas en que hayan sido postulados, pero en todo caso la curul se asignará al partido al cual pertenece el candidato, teniendo presente que un partido solo podrá obtener una sola curul por residuo.

Lo dispuesto en este artículo también se aplicará cuando deban elegirse varios concejales en un distrito.

En esta nueva elección, solo podrán sufragar los electores que estuvieron en el Padrón Electoral del respectivo circuito electoral al momento de la elección general.

Si varios partidos postulan a un mismo candidato, se sumarán por parte de la Junta Distrital de Escrutinio todos los votos obtenidos por los partidos de que se trate1.

Las juntas comunales de escrutinio tendrán su sede en la cabecera del

corregimiento o donde lo determine el Tribunal Electoral.

Si varios partidos postulan a un mismo candidato, se sumarán todos los votos obtenidos por los partidos de que se trate.

La reunión de las juntas será de carácter permanente, desde el momento que se inicie hasta que termine el escrutinio con la proclamación de los candidatos que hayan resultado electos conforme al presente Código. Cuando se hayan interpuesto demandas de nulidad de la totalidad de las elecciones o de las proclamaciones, la validez de ambas quedará sujeta a la decisión final del Tribunal Electoral.

Una vez terminado el escrutinio de las actas, el presidente de la Junta Nacional de Escrutinio o de la respectiva Junta de Escrutinio de Circuito Electoral, o de la Junta Distrital o Comunal de Escrutinio pregonará el resultado del escrutinio y hará la proclamación de los candidatos elegidos.

De los resultados e incidencias del escrutinio se hará un acta en la cual, además se dejará constancia de las reclamaciones, protestas y recursos formulados por los partidos, los candidatos o sus representantes, así como de las decisiones de la junta y los recursos que presenten sus miembros que no estén de acuerdo con aquellas.

El término elección incluye las consultas populares, como el referendo y el plebiscito con sus respectivas proclamaciones de resultados. En este caso quedan legitimados para demandar las personas reconocidas por el decreto reglamentario del Tribunal Electoral.

1. La celebración de elecciones sin la convocatoria previa del Tribunal Electoral o en fecha distinta a la señalada, de conformidad con los términos descritos en el presente Código.

2. Que el cómputo de los votos, consignados en las actas de las mesas de votación o en las actas de los escrutinios generales, contenga errores o alteraciones.

3. La constitución ilegal de la junta de escrutinio o de las mesas de votación.

4. La no instalación de la mesa, la instalación incompleta que impida el desarrollo normal de la votación y la suspensión del desarrollo de la votación.

5. La falta de materiales indispensables para el desarrollo de la votación. Son materiales indispensables aquellos sin los cuales no se puede dar certeza sobre la voluntad popular, tales como las boletas de votación, el padrón electoral, las actas y las urnas. El Tribunal Electoral los establecerá para cada elección.

6. La elaboración de las actas correspondientes a la junta de escrutinio o a las mesas de votación, por personas no autorizadas por este Código, o fuera de los lugares o términos establecidos.

7. La alteración o falsedad del padrón electoral de mesa o de las boletas de votación.

8. La violación de las mesas o la violencia o amenaza ejercida sobre miembros de la mesa o de la junta de escrutinio, durante el desempeño de sus funciones.

9. La celebración del escrutinio o de la votación en lugar distinto al señalado por el Código y el Tribunal Electoral.

10. La iniciación de la votación después de las doce mediodía, siempre que sufraguen menos del cincuenta por ciento de los electores inscritos en el padrón electoral de la mesa respectiva.

11. La ejecución de actos de violencia o coacción contra los electores, de tal manera que se les hubiera impedido votar u obligado a hacerlo contra su voluntad. Se considera igualmente un acto de coacción las entregas, por sí mismo o por interpuestas personas, de dádivas, donaciones, regalos en efectivo o en especie y simulación de rifas, con el propósito velado o expreso de recibir respaldo en votos.

12. Que el acta correspondiente no haya incluido, en el escrutinio, la totalidad de las actas de mesa de votación dentro de la circunscripción de que se trate.

13. El cierre de las mesas de votación antes del tiempo estipulado, violando las normas que la reglamentan.

14. Si desde la apertura del proceso electoral se violentan los derechos y

    prohibiciones establecidos en la Constitución Política y en el presente Código incidiendo en sus resultados.

15. El haberse excedido los topes de gastos establecidos en el artículo 244.

En el evento de que exista más de un demandante, las demandas se acumularán en un solo proceso, aunque los hechos no sean los mismos.

En los casos de los numerales 2 al 14 del artículo 465, solamente se celebrarán nuevas elecciones cuando se afecte el derecho de los candidatos proclamados y en aquellas mesas donde proceda.

En el evento de que no haya habido proclamación, el Tribunal Electoral comunicará de este hecho al fiscal administrativo electoral, para que interponga la acción necesaria, a fin de iniciar un proceso que permita determinar judicialmente lo ocurrido.

Este proceso se surtirá de conformidad con el procedimiento establecido para las nulidades de elecciones y, en el fallo, el Tribunal Electoral ordenará que se subsane el vicio comprobado para que se lleven a cabo las proclamaciones de rigor. El traslado, en estos casos, se dará al presidente de la junta de escrutinio respectiva y, en su defecto, a su suplente, o a algún otro miembro de la junta, en su orden. Si otras

personas impugnan, se acumularán sus acciones con la del fiscal administrativo electoral. Estas otras personas deberán designar un solo apoderado que las represente.

Si no lo hiciesen, el Tribunal Electoral lo hará por ellas.

1. Describir los hechos que configuran cada una de las causales, por separado.

2. Identificar la causal o causales en que se fundamenta la demanda, citando los numerales específicos del artículo 465.

3. Explicar cómo los hechos configuran la causal o causales invocadas.

6. Acompañar o aducir pruebas pertinentes. Para el caso del numeral 15 del artículo 465 será necesario presentar algún elemento indiciario.

5. Consignar las fianzas siguientes:

1. Para representante de corregimiento, dos mil balboas (B/. 2 000.00).

2. Para alcaldes de distrito, diez mil balboas (B/.10 000.00).

3. Para diputados, veinticinco mil balboas (B/.25 000.00).

4. Para presidente de la República, cincuenta mil balboas (B/.50 000.00).

El monto de la fianza es independiente de la cantidad de candidatos impugnados.

La Fiscalía General Electoral quedará exenta de consignar fianza.

Parágrafo. La caución garantizará el pago de costas y gastos que fije el Tribunal Electoral. Los daños y perjuicios se determinarán mediante incidente, el cual se iniciará dentro de los treinta días siguientes a la terminación del proceso.

También se entregará la fianza al impugnado o los impugnados cuando una demanda no haya sido admitida y esa decisión haya sido confirmada en virtud de.

un recurso de apelación.

No se extenderán credenciales a ningún candidato cuyo derecho a ser proclamado pudiera resultar afectado por:

1. Incumplimiento en la entrega del informe de ingresos y gastos privados previstos en los artículos 240 y 241.

2. Procesos de nulidad que estén pendientes de decisión por el Tribunal Electoral.

de campaña y no hubiera impugnaciones pendientes de decisión o hubiera expirado el término para promoverlas. Un aviso de la entrega de credenciales se publicará en el Boletín Electoral por un día.

También podrá impugnarse de la misma manera la entrega de las credenciales si se hace antes de que resulte procedente hacerlo. El plazo para impugnar correrá a partir de la publicación de un aviso especial por lo menos en un periódico de circulación nacional diaria; se publicará igualmente en el Boletín del Tribunal Electoral.

1. Cuando se produzcan empates.

2. Cuando por cualquier motivo no se hayan celebrado elecciones en una o más mesas de votación, siempre que tales mesas afecten el resultado de la elección.

3. Cuando por cualquiera de las causales previstas en este Código, se hubiera declarado la nulidad de las elecciones en una o más circunscripciones o mesas de votación, siempre que tales mesas afecten el resultado de la elección.

4. Cuando el cargo haya quedado vacante por ausencia absoluta del principal y el suplente, salvo que falte menos de un año para que se venza el periodo.

En todo caso, la elección se hará en la totalidad de las mesas no válidas de la circunscripción electoral, según el cargo que ha de elegir.

1. Que el número de votantes registrados en la mesa o mesas de votación, sea suficiente para cambiar el resultado de la elección de que se trate en la respectiva circunscripción electoral o sea suficiente para determinar la subsistencia legal de un partido. Para estos efectos, se entiende que se puede cambiar el resultado aun en el caso de un partido o candidato; para que ello ocurra, debe recibir el total de los votos de los electores registrados.

2. Que una vez decretada la nulidad, el o los partidos o candidatos afectados soliciten al Tribunal Electoral la nueva elección dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación de la resolución que declare tal nulidad y, en el caso de no celebración de las elecciones, dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha originalmente señalada para la misma.

Cuando se convoquen elecciones parciales por pérdida de la representación, el Tribunal Electoral ajustará los plazos del calendario electoral en la forma en que resulte necesaria para que la elección se celebre según lo dispone este Código. Así mismo dictará normas especiales para la actualización del Padrón Electoral en la

circunscripción correspondiente.

En caso contrario, el referendo tendrá como efecto la no ratificación del tratado o convenio o la desaprobación de las reformas.

La solicitud para convocar a una asamblea constituyente paralela podrá ser formalizada por el Órgano Ejecutivo, previa ratificación de la mayoría absoluta del Órgano Legislativo; por el Órgano Legislativo con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros o por iniciativa ciudadana, la cual deberá estar acompañada por las firmas de, por lo menos, el 20 % de los ciudadanos inscritos en el Registro Electoral correspondiente al 31 de diciembre del año anterior a la solicitud.

El mecanismo de recolección de firmas será reglamentado por el Tribunal Electoral y los peticionarios dispondrán de un término de seis meses para ello.

constituyente paralela, por cualquiera de las formas previstas en el artículo anterior, el Tribunal Electoral convocará la elección de constituyentes, en un término no menor de tres meses ni mayor de seis meses.

La elección de constituyentes se realizará de acuerdo con la reglamentación que expida el Tribunal Electoral de conformidad con el artículo 314 de la Constitución Política.

Paralela será publicado en el Boletín del Tribunal Electoral dentro de los cincos días hábiles siguientes, y sometido a referendo convocado por el Tribunal Electoral, en un periodo no menor de tres meses ni mayor de seis meses, contado a partir de la fecha de su publicación.

Las postulaciones se harán colocando a los candidatos en orden numérico, a fin de que los electores voten por una lista nacional cerrada, y las curules se asignarán de conformidad con lo establecido en el artículo 515.

Cada lista nacional contendrá hasta veinte candidatos, en su orden, postulados por el país como un circuito nacional. Los electores votarán directamente por la lista de su preferencia, seleccionando la casilla del partido o candidato presidencial por libre postulación correspondiente en la boleta para presidente y vicepresidente. El Tribunal Electoral colocará, en un lugar visible de cada centro de votación, cada una de las listas postuladas.

Solo participarán en la asignación de curules los partidos que hayan subsistido y postulado a diputados centroamericanos, y candidatos por libre postulación que hayan obtenido el mínimo de 2 % de los votos válidos y que igualmente hayan postulado a diputados centroamericanos.

Para la asignación de curules se procederá así:

1. Se determina el porcentaje de votos válidos de cada partido político y candidato por libre postulación en la elección presidencial, considerando solo los votos obtenidos por los partidos y candidatos que participan en el reparto.

2. El porcentaje de votos válidos obtenido en la elección presidencial por cada uno de los partidos y candidatos presidenciales por libre postulación arriba indicados será dividido entre un cociente electoral fijo de cinco para obtener el número de curules que les corresponde a cada uno. Dentro de la lista de cada partido o candidato presidencial por libre postulación, las curules se asignarán a los candidatos en el orden en que fueron postulados.

3. En el evento de que aún quedaran curules por asignar, se adjudicará una por partido o candidato presidencial por libre postulación entre los que tengan mayor número de votos y no hayan obtenido ninguna curul.

Tendrán sus sedes en la ciudad de Panamá y la cantidad de juzgados y fiscalías será determinada por el Pleno del Tribunal Electoral y por el Fiscal General Electoral según sea el caso.

1. Ser panameño.

2. Haber cumplido treinta años de edad.

3. Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.

4. No haber sido condenado por delito electoral o penal doloso.

5. Ser graduado en Derecho y tener certificado de idoneidad expedido por la Corte Suprema de Justicia para ejercer la profesión de abogado.

6. Haber ejercido la profesión de abogado, por lo menos, durante cinco años ante la jurisdicción electoral, o haber desempeñado por igual tiempo un cargo en el Tribunal Electoral o en la Fiscalía General Electoral, para la cual la institución exija el título de Licenciatura en Derecho y tener certificado de idoneidad para ejercer la profesión de abogado.

7. Tener un título de posgrado o maestría en Derecho Constitucional,

Administrativo, Electoral o Procesal.

Gozarán de estabilidad en el cargo y solo podrán ser removidos por causas expresamente previstas en la Ley de Carrera Electoral. Mientras no exista la carrera electoral que garantice la inamovilidad de los jueces, para su remoción, será necesario el voto unánime de los tres magistrados.

1. Impugnaciones al Padrón Electoral Preliminar, en única instancia.

2. Apelaciones contra las decisiones de la Dirección Nacional de Organización Electoral, en materia de:

   1. Solicitudes de autorización para la formación de partidos políticos,

      declaradas desistidas por incumplir con la cuota inicial de adherentes.

   2. Inscripción de adherentes a partidos políticos en formación.

   3. Impedimentos e impugnación en la designación de miembros de las

      corporaciones electorales.

3. Controversias que se originen en los partidos políticos, una vez agotada la vía interna.

4. Impugnación contra las decisiones adoptadas por la Junta Directiva y la convención constitutiva de los partidos políticos en formación y contra la lista de los primeros convencionales.

5. Solicitud de anulación de inscripción y/o renuncia de adherentes a partidos políticos por falsa inscripción o por falsa renuncia.

6. Impugnación de postulaciones y proclamaciones en las elecciones de

   autoridades internas de partidos políticos, a nivel nacional o local, cuando el partido haya organizado la elección.

7. Impugnación de firmas de respaldo a candidaturas por libre postulación.

5. Impugnación a postulaciones y proclamaciones a cargos de elección popular en los partidos políticos.

9. Impugnación a precandidaturas por libre postulación.

10. Apelaciones contra las decisiones de las direcciones regionales de

    organización electoral, que rechacen:

    1. Solicitudes de aspirantes a cargos de elección popular por libre

       postulación, exceptuando la nómina presidencial.

    2. Postulaciones a cargos de elección popular dentro de los partidos

       políticos, exceptuando la nómina presidencial.

    3. Propaganda fija.

11. Inhabilitación de candidaturas.

12. Suspender la propaganda electoral en los medios tradicionales, a instancia de parte.

13. Demandas de nulidad de elecciones y proclamaciones.

14. Aplicación de sanciones por violación a las normas de financiamiento privado.

15. Faltas electorales y contravenciones, salvo las que sean de competencia del Pleno del Tribunal Electoral y de la Dirección Nacional de Organización Electoral o sus direcciones regionales.

16. Apelaciones contra las decisiones de las direcciones nacionales del Registro Civil y Cedulación.

17. Aquellas otras que este Código le asigne.

    Las sentencias que se dicten admiten recurso de apelación ante el Pleno del Tribunal Electoral, salvo los casos previstos en los numerales 1, 2, 11 y 17.

    A estas competencias se aplicará el procedimiento respectivo establecido en este Código.

administrativos electorales y fiscales administrativos electorales no serán inferiores al de los jueces de circuito, y tendrán las mismas restricciones y prerrogativas que el Código Judicial establece para los jueces de circuito.

responsabilidades.

1. Ser panameño.

2. Haber cumplido treinta años de edad.

3. Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.

4. No haber sido condenado por delitos electoral o penal doloso.

5. Ser graduado en Derecho y tener certificado de idoneidad expedido por la Corte Suprema de Justicia, para ejercer la profesión de abogado.

6. Haber ejercido la profesión de abogado, por lo menos, durante cinco años o haber desempeñado por igual lapso un cargo público para la cual la Ley exija idoneidad para ejercer la profesión de abogado.

1. Investigar las impugnaciones al Padrón Electoral Preliminar.

2. Emitir concepto sobre las apelaciones contra las decisiones de la Dirección Nacional de Organización Electoral, en materia de:

   1. Solicitudes de autorización para la formación de partidos políticos,

      declaradas desistidas por incumplir con la cuota inicial de adherentes.

   2. Inscripción de adherentes a partidos políticos en formación.

   3. Impedimentos e impugnación en la designación de miembros de las

      corporaciones electorales.

3. Emitir concepto en controversias que se originen en los partidos políticos, una vez agotada la vía interna.

4. Emitir concepto sobre las impugnaciones contra las decisiones adoptadas por la Junta Directiva y la convención constitutiva de los partidos políticos en formación y contra la lista de los primeros convencionales.

5. Solicitar las anulaciones de inscripciones y/o renuncias de adherentes a partidos políticos por falsas inscripciones o por falsas renuncias.

6. Emitir concepto sobre la impugnación de postulaciones y proclamaciones a cargos de elección popular en los partidos políticos.

7. Emitir concepto sobre las apelaciones contra las decisiones de las direcciones regionales de organización electoral, que rechacen:

   a. Solicitudes de aspirantes a cargos de elección popular por libre

   postulación, exceptuando la nómina presidencial.

   2. Postulaciones a cargos de elección popular dentro de los partidos

   políticos, exceptuando la nómina presidencial.

8. Solicitar la inhabilitación de candidaturas en representación de la sociedad e interés de la ley.

9. Presentar demandas de nulidad de elecciones y proclamaciones.

10. Investigar y solicitar la aplicación de sanciones por violación a las normas de financiamiento privado.

11. Investigar las contravenciones electorales.

12. Investigar y recibir las denuncias como lo indica el numeral 2 del artículo 8 de la Ley 232 de 2021, Orgánica de la Fiscalía General Electoral.

13. Aquellas otras que este Código le asigne.

    A estas competencias se les aplicará el procedimiento respectivo establecido en este Código

En el ejercicio de sus funciones administrativas dictará los acuerdos, las resoluciones y los resueltos que sean necesarios.

Además de las resoluciones administrativas, el Tribunal Electoral dictará resoluciones jurisdiccionales en los asuntos que tengan este carácter.

funcionario competente actuarán por medio de resoluciones administrativas numeradas. Lo mismo se hará si la petición es desestimada.

Las impugnaciones a que haya lugar se tramitarán por separado y revestirán la forma que corresponda a las resoluciones jurisdiccionales. Mientras no se hayan decidido no se adoptará la resolución administrativa numerada a que se refiere el párrafo anterior si la impugnación pendiente incide en aquella.

numeradas. Del mismo modo se procederá cuando se conozca por los juzgados administrativos electorales en grado de apelación.

Lo dispuesto en este artículo se aplicará a las resoluciones que dentro de su competencia se dicten en la Dirección Nacional de Cedulación.

1. Proveídos, cuando son de mero obedecimiento y por disponerlo expresamente la Ley se ejecutorían en forma instantánea.

2. Providencias, cuando se limitan a disponer sobre el trámite de la actuación.

3. Autos, cuando deciden una cuestión incidental o accesoria del proceso.

4. Sentencias, cuando deciden las pretensiones o el fondo del proceso.

Las resoluciones administrativas numeradas que dicte el Tribunal expresarán, además, en su parte resolutiva, que el Tribunal las expide en uso de sus facultades constitucionales y legales.

Los autos serán motivados y expresarán los fundamentos jurídicos pertinentes con cita de las disposiciones legales aplicables al caso. Las providencias indicarán el trámite que se ordene y el plazo que se fije para el mismo.

1. Se expresará sucintamente la pretensión formulada o los puntos materia de la controversia.

2. Se hará una relación de los hechos comprobados que conciernan a la cuestión que se resuelve; y referencia a las pruebas que obran en el expediente y que sirven de base para estimar probados los hechos.

3. Se darán a continuación las razones y fundamentos legales que se estimen pertinentes, con cita de las normas respectivas.

4. Se indicará que se dictan administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

5. Se indicará el recurso que contra la sentencia tenga el afectado y el plazo para interponerlo.

La infracción de cualquiera de estas reglas no es causa de nulidad, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias a que haya lugar.

Una resolución queda ejecutoriada o firme cuando no admita dentro del mismo proceso ningún recurso, ya porque no proceda o porque no haya sido interpuesto dentro del término legal.

En el caso de revocatoria, quedará sin efecto lo hecho en virtud de la resolución revocada.

La resolución del juez de paz, al conmutar la pena de arresto, deberá ser motivada y copia de la misma será enviada de inmediato al recaudador de ingresos respectivo, a fin de que este la perciba a nombre del tesoro municipal que corresponda.

El edicto contendrá la expresión del.

proceso o asunto en que ha de hacerse la notificación, la fecha y la parte resolutiva de la providencia, auto o sentencia. Se fijará el día siguiente de dictada la resolución y su duración será de veinticuatro horas. El edicto se agregará al expediente con expresión del día y hora de su fijación y desfijación. Desde la fecha y hora de la desfijación, se tendrá hecha la notificación.

Los edictos llevarán una numeración continua y con copia de cada uno de ellos se formará un cuaderno que se conservará en la Secretaría General o en el despacho respectivo.

1. La resolución en que se dispone el traslado de cualquier demanda o

   impugnación.

2. El auto que decreta la anulación de procesos.

3. La resolución en que se cite a una persona para que rinda declaración de parte o para reconocer un documento.

4. La resolución por la cual se ponga en conocimiento de una parte el

   desistimiento del proceso de la contraparte, así como la pronunciada en caso de ilegitimidad de la personería, a la parte mal representada o a su

   representante legítimo.

5. La primera resolución que se dicte en un proceso que ha estado paralizado por un mes o más.

6. La sentencia de primera o de única instancia, salvo en este último caso la que decide la reconsideración.

7. La resolución en que se decrete apremio corporal o sanciones pecuniarias al afectado.

8. Las resoluciones que admiten o rechacen las postulaciones para presidente y vicepresidente de la República.

9. Las resoluciones a que se refieren los artículos 60, 66 y 74.

10. Las resoluciones que decidan asuntos de jurisdicción voluntaria o una solicitud presentada, mediante memorial, relativa a inscripciones o

    anotaciones en el Registro Civil.

11. Las resoluciones previstas en el artículo 739.

12. Las demás expresamente establecidas en la ley.

Esta será firmada por el notificado o por un testigo, si aquel no pudiere o no quisiere firmar, así como por el secretario general o, en los demás casos, el funcionario que hace la notificación, quien debajo de su firma anotará el cargo que ocupa. En todo caso de notificación personal se dará copia de la resolución que se notifique.

El secretario general o el director respectivo podrán encomendar a un funcionario del Tribunal, y bajo su responsabilidad, las notificaciones personales que ellos no puedan practicar por sí mismos, autenticándolas en la forma indicada en el artículo anterior.

Puede asimismo hacerse la notificación personal aún después de fijado el edicto y antes de su desfijación.

Cuando tuviere varios apoderados, la notificación podrá hacerse a cualquiera de ellos.

El secretario general y los directores respectivos estarán asimismo obligados, cualquiera que sea el apoderado que solicite un expediente para su examen, a notificarle las resoluciones de todos los procesos que estén pendientes de notificación personal y en los cuales actúe dicho apoderado.

Los partidos políticos, los candidatos, las partes y sus apoderados y quienes eleven cualquier petición que deba decidirse mediante resolución que requiera notificación personal tienen la obligación en todo tiempo de poner en conocimiento del Tribunal cuál es su oficina, casa de habitación o lugar donde ejerzan en horas hábiles, durante el día, su industria o profesión u otro lugar que designen para recibir notificaciones personales. Esta designación la harán los.

candidatos desde que se presente la postulación, los partidos al hacer su solicitud de autorización para inscribir y en los demás casos desde que se eleve la petición, se presente la impugnación o demanda o, en el caso de la parte contraria, en el primer escrito que dirija al Tribunal sea contestación de traslado o no, o en la primera prevención, intimación o notificación que se le haga.

Las señas domiciliarias del apoderado se darán en el poder o al tiempo de presentarlo.

Si el apoderado omite señalar el lugar en que deban hacerse las notificaciones personales en la sede del Tribunal o dirección respectiva, se le requerirá que así lo haga mediante notificación personal de la respectiva resolución. Si se abstuviere de suministrar la dirección exacta dentro de los dos días siguientes, se le harán todas las notificaciones en los estrados hasta que haga la designación. El secretario o el director respectivo dejarán constancia de esto en el expediente. La resolución que se dicte es irrecurrible.

Si la parte que hubiera de ser notificada personalmente no fuera hallada en horas hábiles en la oficina, habitación o lugar designado por ella, en dos días distintos, el funcionario del Tribunal o de la dirección respectiva fijará en la puerta de dicha oficina o habitación el edicto relativo a la resolución que debe notificarse y se dejará constancia en el expediente de dicha fijación, la cual será firmada por el secretario general o por el director con el funcionario y un testigo que la haya presenciado. Dos días hábiles después de tal fijación queda hecha la notificación y ella surte efectos como si hubiera sido hecha personalmente.

Los documentos que fuera preciso entregar en el acto de la notificación serán puestos en el correo el mismo día de la fijación del edicto, circunstancia que se hará constar con recibo de la respectiva administración de correos.

Las de testigos, perito y auxiliares de la justicia, así como en los demás casos expresamente previstos en la ley, lo serán por telegrama, correo recomendado, órdenes, boletas u otros medios semejantes, según las circunstancias;

y, en casos de urgencia, por teléfono dejando el secretario o el director respectivo, informe de la diligencia.

Si el demandado o afectado por la impugnación se hallare fuera del distrito en que tenga su sede el Tribunal o la dirección respectiva en el territorio de la República, se le notificará el traslado de la demanda o impugnación por medio de exhorto o despacho enviado al juez de circuito o municipal o al director regional o al registrador electoral distrital, según donde se encuentre el demandado, remitiéndole.

copia de ella y de los documentos que con la misma se hubieren presentado, requiriéndolo para que comparezca a estar a derecho en el proceso y a contestar la demanda en el término de diez días.

En este caso se dará traslado al demandado o afectado para que la conteste en un término de veinte días, con apercibimiento de la ley.

En el último caso, el término del emplazamiento será de veinte días.

1. Si se trata de partidos políticos en formación o legalmente constituidos o de candidatos, se aplicará lo dispuesto en el artículo 642.

2. Si se trata de una persona de la cual el Tribunal conoce la residencia o lugar de trabajo o se le haya informado y hubiere verificado que es cierta la información, pero no lograre hacer la notificación personal, se procurará dejarle noticia de que se requiere su presencia y se le emplazará por medio de edicto que permanecerá fijado en un lugar visible del Tribunal, por el término de diez días.

3. Si se ignorase su paradero, el o los demandantes, impugnantes o solicitantes, deberán jurar personalmente o por escrito presentado por ellos mismos, que en efecto desconocen su paradero. Hecho el juramento se emplazará por edicto como se indica en el numeral 2 de este artículo.

4. Si la persona no fuese encontrada en el lugar que se indica en la demanda, impugnación o solicitud, previo informe secretarial o del director respectivo, se le emplazará por edicto en la forma expresada en el numeral 2 de este artículo.

Si a pesar de este llamamiento no compareciere el demandado o afectado, transcurridos diez días desde.

la última publicación en el periódico, se le nombrará un defensor con quien se seguirá la tramitación.

Cuando haya varias personas interesadas en un proceso y sean notificadas personalmente, o emplazadas por edicto de conformidad con lo dispuesto en los precedentes artículos, se seguirá el proceso con los que comparezcan y se seguirá en estrados con los que no lo hagan, si han sido notificados personalmente; o se les nombrará un defensor para los que lo hayan sido por medio de edicto emplazatorio.

Si alguno de los interesados se presentare durante el proceso, se le admitirá como parte en el estado en que se encuentre la causa, sin alterar su curso; y le perjudicará o aprovechará lo actuado hasta entonces.

El defendido quedará obligado a pagar el valor de la defensa y también los gastos que se suministren al defensor para la secuela del proceso.

El demandante o impugnante está obligado a dar al defensor lo necesario para dichos gastos y si no lo hiciere se suspenderá el curso del proceso. Si por este motivo la suspensión se prolongare por un mes o más, se decretará la caducidad de la instancia.

El apoderado que deseara examinar un expediente y tuviera pendiente alguna notificación personal que directamente le atañe a él mismo, deberá previamente notificarse de la respectiva resolución. En este caso, el secretario o director le requerirá que se notifique y si no lo hiciere dejará constancia de ello en el expediente, con expresión de la resolución pendiente de notificación y procederá a hacerla por edicto en los estrados del Tribunal.

El mismo procedimiento se seguirá en cualquier caso en que el apoderado rehuyere una notificación personal sobre la cual le haya hecho requerimiento el secretario.

Puede también hacerse nombramiento de vocero, depositario, perito, testigo, actuario, o de cualquier otro cargo y la aceptación o no de esas designaciones.

Si por escrito los constituyen, lo harán por medio de un memorial que pueden presentar los mismos voceros.

procedimientos especiales se disponga expresamente sobre el modo de hacer las notificaciones.

una multa de cinco balboas (B/.5.00) a cincuenta balboas (B/.50.00) que le impondrá el Tribunal Electoral con la sola constancia de la notificación ilegalmente hecha.

Será igualmente responsable de los daños y perjuicios que con ello haya causado.

Sin embargo, siempre que del expediente resultare que la parte ha tenido

conocimiento de la resolución que la motivó, la notificación surtirá sus efectos desde entonces, pero el secretario o el funcionario respectivo no quedarán relevados de su responsabilidad.

La petición de nulidad se tramitará por la vía de incidente.

Sirven como prueba los documentos, la confesión, el juramento, la declaración de parte, la declaración de testigos, la inspección judicial, los dictámenes periciales, los informes, los indicios, los medios científicos y cualquier otro medio racional que sirva a la formación de la convicción del juzgador o funcionario competente, siempre que no estén expresamente prohibidos por la ley, ni violen derechos humanos, ni sean contrarios a la moral o al orden público.

Puede asimismo emplearse calcos, reproducciones y fotografías de objetos, documentos y lugares, así como grabaciones de cualquier clase.

Es permitido, para establecer si un hecho puede o no realizarse de determinado modo, proceder a su reconstrucción. Si el Tribunal o el funcionario competente lo considera necesario, puede procederse a su registro en forma fotográfica o electromagnética.

En caso de que así conviniera a la prueba, puede también disponerse la obtención de radiografías, radioscopias, análisis hematológicos, bacteriológicos y la práctica de cualquier experimento científico.

En la decisión se expondrá razonadamente el examen de los elementos probatorios y el mérito que les corresponde.

Los magistrados podrán comisionar, además, al secretario general o a un funcionario de la Dirección de Asesoría Legal.

El Tribunal o funcionario competente puede rechazar de plano aquellos medios de prueba prohibidos por la ley, notoriamente dilatorios o propuestos con el objeto de entorpecer la marcha del proceso. También puede rechazar la práctica de pruebas obviamente inconducentes o ineficaces.

No requieren prueba los hechos afirmados por una parte y admitidos por la contraria, respecto a los cuales la ley no exige prueba específica, los hechos notorios, los que estén amparados por una presunción de derecho, y el derecho escrito que rige en la Nación o en los municipios.

Los hechos claramente reconocidos en el curso del proceso por la parte adversa no requieren prueba.

Las presunciones podrán desvirtuarse mediante prueba en contrario, salvo las de derecho.

El secretario general o el director respectivo deberán mostrar a cualquiera de las partes, siempre que lo solicite, las pruebas de la contraria y también las que se hayan evacuado a petición de la solicitante.

Sin embargo, serán consideradas en la decisión las pruebas incorporadas en el expediente que se hayan practicado con intervención de las partes ya vencido el término probatorio, siempre que hayan sido ordenadas por resolución ejecutoriada.

Del mismo modo, podrán utilizarse en el proceso las pruebas practicadas con intervención de las partes en un proceso anulado y cuya práctica no haya incidido en.

la declaratoria de nulidad.

En los procesos contenciosos la práctica de pruebas decretadas de oficio se dispondrá en el periodo probatorio, antes o durante la audiencia o antes de fallar.

La práctica podrá decretarse y practicarse en el curso de una diligencia o bien decretarse para que se efectúe con posterioridad; en ambos casos se entenderá hecha la notificación correspondiente a todas las partes que debían concurrir a la diligencia.

En los asuntos de jurisdicción voluntaria o en los cuales no haya oposición de parte, la práctica de pruebas se ordenará en el momento en que el Tribunal o el funcionario competente lo estime conveniente.

Lo dispuesto en este artículo se aplicará cuando los magistrados conozcan en grado de apelación.

La resolución que se dicte es irrecurrible. En los procesos la respectiva diligencia se practicará previa notificación a las partes, para que concurran a la diligencia si así lo estimen conveniente.

También se podrá comisionar a un cónsul panameño para la práctica de tales pruebas.

Lo anterior es sin perjuicio de lo que se estipule en tratados o convenios

internacionales.