Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 24 de Septiembre de 2004

Ponente:Winston Spadafora Franco
Fecha de Resolución:24 de Septiembre de 2004
Emisor:Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral

VISTOS:

El licenciado J.M.M., en su condición de apoderado sustituto de PROGRESO-ADMINISTRADORA NACIONAL DE FONDOS DE JUBILACIONES, PENSIONES Y CENTAÍAS, S.A., ha solicitado la suspensión provisional de la Resolución Nº 001 de 5 de febrero de 2004, así como su acto modificatorio la Resolución Nº 008 de 1 de abril de 2004, proferidas por el Consejo de Administración del Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de los Servidores Públicos (SIACAP), previamente impugnada mediante demanda contencioso de plena jurisdicción.

Se aprecia a foja 2 del expediente, que en la Resolución Nº 001 de 5 de febrero de 2004, se resolvió lo siguiente:

"PRIMERO: IMPONER a la entidad Administradora de Inversiones del SIACAP PROGRESO -ADMINISTRADORA NACIONAL DE FONDOS DE JUBILACIONES, PENSIONES Y CESANTÍAS, S.A., una multa de CIEN MIL BALBOAS SOLAMENTE (B/.100,000.00) por el incumplimiento del numeral 3 del artículo 19 de la Ley Nº 8 de 6 de febrero de 1997, la cual deberá ser pagada a favor del Tesoro Nacional. ...".

Posteriormente, mediante Resolución Nº 008 de 1 de abril de 2004, se resolvió modificar con respecto a la multa impuesta, quedando así:

"PRIMERO: MODIFICAR la Resolución Nº 001 de 5 de febrero de 2004 emitida por este Consejo de Administración mediante la cual se impuso a la entidad Administradora de Inversiones del SIACAP PROGRESO -ADMINISTRADORA NACIONAL DE FONDOS DE JUBILACIONES, PENSIONES Y CESANTÍAS, S.A., una multa de CIEN MIL BALBOAS SOLAMENTE (B/. 100,000.00), por el incumplimiento del numeral 3 del artículo 19 de la Ley Nº 8 de 6 de febrero de 1997, específicamente el monto de la sanción impuesta, el cual se reduce a CUARENTA MIL BALBOAS SOLAMENTE (B/.40,000.00)...".

La solicitud de suspensión provisional es sustentada tal y como se desprende a fojas 11 y 12 de este expediente, por el apoderado judicial de la demandante y expresa el mismo que hay apariencia de buen derecho (fumus bonus iuris ), toda vez que al imponer la sanción pecuniaria , SIACAP nunca consideró la existencia y claridad del artículo 7 del Decreto Nº 32 de 1998, que faculta a su representada a realizar la actividad por la cual se le sancionó.

De igual manera, en cuanto al perículum in mora, expresa que por el peligro de la demora del proceso podría causar un perjuicio importante, irreparable o de difícil reparación. Indica además, que pagar la multa de B/.40,000.00, afectaría por simple lógica, la disponibilidad de efectivo de su representada y que en el supuesto de obtener una sentencia estimatoria, la devolución de dicho dinero generaría complejos y extensos trámites burocráticos, situación que se agravaría cuando obtenida la devolución del dinero, éste vendría sin el reconocimiento del interés generado durante el tiempo que efectivamente les sea entregadas las sumas correspondiente. Constituyendo esto por sí mismo un daño irreparable dado que se le privaría a nuestra representada de obtener un rendimiento o rédito con base en la suma pagada en concepto de multa

DECISIÓN DE LA SALA

En primer término, es prudente señalar que la suspensión provisional del acto administrativo es una potestad discrecional conferida a la Sala Tercera de la Corte Suprema, por disposición del artículo 73 de la Ley 135 de 1943 que preceptúa "el Tribunal de lo Contencioso-administrativo en pleno puede suspender los efectos de un acto, resolución o disposición, si a su juicio es necesario para evitar un perjuicio notoriamente grave".

Correcto es, que esta S. en oportunidades anteriores, ha expresado que la existencia de un perjuicio notoriamente grave (periculum in mora) de difícil o imposible reparación, constituye uno de los requisitos para la suspensión de los efectos del acto que se acusa, además de la apariencia de buen derecho (fumus bonus iuris) a favor del demandante.

Ahora, es importante señalar que la jurisprudencia de esta S. ha manifestado en numerosas ocasiones que en las demandas de plena jurisdicción como la presente, el demandante debe explicar en qué consiste el daño que puede causar el acto impugnado, y de qué manera dicho perjuicio es de difícil o imposible reparación, además de aportar pruebas que demuestren dicho perjuicio.

De conformidad con lo señalado anteriormente, la Sala estima que en el presente caso no es posible acceder a la solicitud planteada, toda vez que el demandante sólo se ha limitado a exponer en qué consiste el daño que le puede causar la multa impuesta, y como se puede apreciar no constan en el expediente pruebas que demuestren el perjuicio notoriamente grave, y de difícil e imposible reparación que conlleva la ejecución del acto acusado. Es importante indicarle al demandante que el sólo hecho de exponer en qué consiste el daño por sí solo no constituye una prueba de ello, en otras palabras, se requiere prueba preconstituida que respalde la petición preliminar, ya que no es posible practicar pruebas para constatar lo que se alega. La Sala ha sido reiterativa y constante con lo anteriormente señalado y así podemos ver en el siguiente fallo, veamos:

"En la presente solicitud se observa que el recurrente invoca una serie de lesiones a consecuencia de la ejecución de la adjudicación del Proyecto de Rehabilitación de la Escuela La Colorada al postor menos meritorio.

A juicio de este Tribunal estos perjuicios notoriamente graves están basados en estimaciones del demandante, sin que hayan sido acreditados en debida forma.

Así pues, la S. ha reiterado que los perjuicios notoriamente graves no basta citarlos, sino que es necesario detallarlos, y aportar pruebas, que los comprueben. Ello es necesario, puesto que en su mayoría quienes acuden a la Sala Contencioso Administrativa solicitando suspensión provisional invocan graves perjuicios del actuar de la administración.

Y aún comprobado lo anterior, su procedencia está condicionada a la apariencia de buen derecho." Auto de 6 de marzo de 2002, E.M.A., contra -vs- Fondo de Inversión Social.

Igualmente, no se desprende, prima facie, violaciones manifiestas o evidentes de las normas que se cita como violadas en la demanda. Los problemas jurídicos planteados por el licenciado M., al exponer el concepto en que la imposición de la multa impuesta por SIACAP, viola diversas disposiciones del Decreto Nº 32 de 1998 y Ley 38 de 2000, ameritan ser examinados en el momento procesal en que proceda resolver el fondo de la controversia, en la cual se tendrá que realizar un análisis minucioso, análisis este que nos es propio en esta incipiente etapa procesal, razón por la cual no es posible acceder a la medida cautelar impetrada.

En mérito de los razonamientos expuestos, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NIEGA la solicitud de suspensión provisional de la Resolución Nº 001 de 5 de febrero de 2004, así como su acto modificatorio la Resolución Nº 008 de 1 de abril de 2004, proferidas por el Consejo de Administración del Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de los Servidores Públicos (SIACAP), previamente impugnada mediante demanda contencioso de plena jurisdicción.

NOTIFÍQUESE.

JACINTO A. CÁRDENAS M.

HIPÓLITO GILL S. -- ARTURO HOYOS

JANINA SMALL -Secretaria.-