Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 1ª de lo Civil, 28 de Septiembre de 1999

Ponente:EDGARDO MOLINO MOLA
Fecha de Resolución:28 de Septiembre de 1999
Emisor:Primera de lo Civil
RESUMEN

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO SANTA GONZÁLEZ EN REPRESENTACIÓN DE SANTA ROSALÍA, S. A., PARA QUE SE DECLAREN NULAS, POR ILEGALES, LAS RESOLUCIONES NO. 219-04-310 Y 219-04-311 AMBAS DE 20 DE MARZO DE 1997, DICTADAS POR EL ADMINISTRADOR REGIONAL DE INGRESOS DE LA PROVINCIA DE CHIRIQUÍ, ACT... (ver resumen completo)

 
CONTENIDO

VISTOS:

El licenciado S.G. en representación de SANTA ROSALIA, S.A., ha presentado demanda contencioso administativa de plena jurisdicción contra la Resoluciones No. 219-04-310 y 219-04-311 ambas de 20 de marzo de 1997, dictadas por la Administración Regional de Ingresos de la Provincia de Chiriquí, actos confirmatorios y para que se hagan otras declaraciones.

La parte actora señala como disposiciones transgedidas, el artículo 585; el Parágrafo II del artículo 946; el ordinal 2 del artículo 967; y los ordinales 19 y 27 del artículo 973, todos del Código Fiscal; el artículo 11 de la Ley 76 de 22 de diciembre de 1976, reformado por la Ley No. 45 de 31 de octubre de 1980, y modificado por el artículo 36 de la Ley No. 31 de 1991; el artículo 2 de la Ley 25 del 26 de agosto de 1994; el artículo 172 del Decreto Ejecutivo 170 del 27 de octubre de 1993, y el artículo 36 de la Ley 31 del 30 de diciembre de 1991.

PRETENSION DEL DEMANDANTE

Mediante las Resoluciones No. 219-04-310 y No. 219-04-311 ambas del 20 de marzo de 1997, la Administración Regional de Ingresos de la Provincia de Chiriquí resuelve exigir a SANTA ROSALIA, S.A., el pago de DIEZ MIL TRESCIENTOS VEINTIUN BALBOAS CON 41/100 (B/.10,321.41) y DIEZ MIL CUATROCIENTOS BALBOAS CON 06/100 (B/.10,400.06), respectivamente, en concepto de Impuesto de Timbre no pagados, sobre la facturación por venta de banano en los períodos comprendidos de 1983 a 1991 y de 1992 a 1996.

El demandante fundamenta su pretensión en el hecho que solamente fungía como un mero intermediario. Que no facturaba, ni expedía recibos lo que indica que no estaba sujeto al Impuesto de Timbre por facturas de impuesto que nunca existió.

Aunado a esto, el Impuesto de Timbre no está sujeto a la venta que se factura en el extranjero, tal como ocurre con el banano; además que el mismo tiene un impuesto especial por exportación.

Según el demandante, las resoluciones impugnadas desconocen el artículo 585 del Código Fiscal, que establece que la actividad de exportación no causa impuesto alguno, ya que la única excepción a la norma es un impuesto especial por caja de banano exportado. Por tanto, la infracción literal de este precepto legal se ha dado por violación directa por comisión.

También considera el actor, que se ha violado por indebida aplicación el artículo 11 de la Ley 76 de 1976, vigente para el período fiscal de 1982, en virtud de que no estaba obligado a expedir facturas por las exportaciones de banano. Que la Administración Regional de Ingresos de la Provincia de Chiriquí, desconoció el hecho que hasta la Ley 31 del 30 de diciembre de 1991, es donde se hace obligatorio presentar facturas.

La parte actora cuestiona la actuación de la entidad demandada de aplicar un impuesto de timbre que solamente se causa cuando se expide una factura, tal como lo regula el artículo 967, ordinal II del Código Fiscal. En este sentido, alega que se ha dado una violación directa por comisión. Que el Impuesto de Timbre hubiese sido posible si los documentos o facturas fueran realizadas dentro de la jurisdicción de la República de Panamá.

Continúa expresando el interesado, que nunca se le había exigido el pago de Impuesto de Timbre, aún despúes de varias auditorías, durante varios años. Esta situación origina en su concepto, grandes dudas de si realmente los documentos expedidos por la empresa están sujetos o no a ese impuesto.

En este sentido alega que se ha infringido el artículo 946, P.I., del Código Fiscal, por violación directa por omisión; además que no se ha cumplido con lo establecido en cuanto al procedimiento de consulta en caso de duda del pago del Impuesto de Timbre.

Seguidamente indica el recurrente, que también se ha dado la violación directa por comisión del artículo 2 de la Ley 25 del 26 de agosto de 1994, el artículo 172 del Decreto Ejecutivo 170 del 27 de octubre de 1983 y el artículo 36 de la Ley 31 del 30 de diciembre de 1991. Que las personas naturales y jurídicas que se dedican a la agricultura no necesitan licencia para poder ejercer la actividad y desde la Ley 31 de 1991 para atrás, no se les exigía a los agricultores hacer facturas de sus actividades, lo que demuestra que se les excluía del Impuesto de Timbre por factura. Además, aduce que la Ley 31 de 1991 se está aplicando retroactivamente.

Finalmente argumenta que el ordinal 27, del artículo 973 del Código Fiscal establece que no causarán impuestos todo lo exceptuado por leyes especiales. En consecuencia se ha violado en forma directa por omisión este precepto legal, toda vez que el banano tiene una ley especial para pagar tributo.

Este mismo artículo, en el numeral 19, también se ha violado de manera directa por comisión, ya que la Dirección Regional de Ingresos de la Provincia de Chiriquí al expedir los actos impugnados tomó información de los Registros de Contabilidad la cual no es idónea para cobrar el presente Impuesto de Timbre, en virtud de que se requiere la expedición de facturas.

INFORME DE CONDUCTA

El Magistrado Sustanciador le solicitó al Administrador Regional de Ingresos de la Provincia de Chiriquí que rindiera informe de conducta en relación a la presente demanda.

El precitado funcionario señaló que mediante la auditoría realizada a la empresa SANTA ROSALIA, S.A. se determinó que la misma omitió el pago del Impuesto de Timbre sobre la ventas de banano para los años de 1983 a 1996.

Según el funcionario demandado, se ha confudido el término de intermediario con el de productor, pues SANTA ROSALIA, S.A., siembra y cultiva banano por lo que carece de validez el argumento de que el banano era entregado sin mediar ningún tipo de negociación, echando por tierra los principios básicos de una compraventa y de una transacción eminentemente mercantil. Por otro lado, la excepción que aduce el recurrente, que sólo es obligación de las transnacionales emitir facturas no así el productor individual, no se encuentra contemplada en nuestro ordenamiento fiscal vigente.

En cuanto a lo argumentado por el recurrente que nunca le habían cobrado el Impuesto de Timbre, expresa que en materia fiscal la costumbre no se hace ley.

Un hecho que se destaca es que la empresa acepta que sí emitían facturas y recibos de pago, como consecuencia de la venta de banano. Además hay que dejar claro que estas ventas están sujetas a la jurisdicción de la República porque se prefeccionan dentro del territorio nacional, debido a que el contribuyente le entregaba a la CHIRIQUI LAND COMPANY el banano, y este pagaba el precio acordado, lo que significa que nada afecta a esta operación de compraventa ya perfeccionada, el destino final que se dio a la fruta.

Continúa exponiendo el funcionario demandado, que otro argumento presentado fue que no realizó consulta previa en este caso establecida en el artículo 946 de Código Fiscal. Al respecto manifiesta que es precisamente la Dirección Regional de Ingresos, quien formalmente a través de las resoluciones impugnadas, plasma el criterio de que sí existe la obligación de pagar Impuesto de Timbre. Que está debidamente facultado para exigir el cobro del mismo hasta quince años hacia atrás, de acuero al artículo 1073 del Código Fiscal, por lo que no se trata de la creación de una ley para cobrar años de forma retroactiva.

Según la parte actora, la exportación de banano tiene un impuesto especial y que esto excluye cualquier otro gravamen que se pretenda imponer. Sobre esto el demandado señala lo siguiente:

"... el hecho de que la exportación de banano éste gravada con un Impuesto especial, no significa que se excluyen los otros Impuestos que se generan como parte de la actividad comercial del Contribuyente, pues una cosa es gravar la expedición hacia el exterior del banano con un Impuesto de Exportación y la otra la obligación que persiste de parte del Contribuyente, llámese exportador, de pagar Impuesto Sobre La Renta, T. o cualquier otro tributo que afecte el giro normal de la empresa". (foja 59)

CRITERIO DE LA PROCURADORA DE LA ADMINISTRACION

Conforme al trámite procesal se corrió traslado a la Procuradora de la Administración para que contestara la presente demanda. Mediante Vista No. 211 de 8 de junio de 1998, que corre de la foja 86 a la 103, consideró que no le asiste la razón al demandante, por lo que solicitó que se desestime la prestensión consignada en el libelo de la demanda.

Al respecto señala lo siguiente:

"Diferimos del criterio esgrimido en razón que las demandantes aceptan haber emitido las facturas y/o documentos relativos a todos los giros y actividades comerciales de la venta del banano, bien sea a las empresas distribuidoras, como directamente para la exportación; siendo así es obligatorio el pago del Impuesto de Timbre, que -como ya hemos visto- al tenor del artículo 967 del Código Fiscal es aplicable a todo documento en el que conste un acto, contrato u obligación por suma mayor de diez balboas (B/.10.00), que no tenga impuesto especial en este Capítulo y verse sobre asunto o negocio sujeto a la jurisdicción de la República, en el que se incluye, por supuesto a las facturas. Ello es más evidente, en el caso de las exportaciones, las cuales deben estar respaldadas por una factura y documentos que sustentan la exportación, tales como Conocimientos de Embarque y otros." (foja 103)

DECISION DE LA SALA

En virtud de los hechos expuestos anteriormente, esta Superioridad procede a resolver la presente controversia.

La primera norma que estima conculcada la parte demandante, es el artículo 585 del Código Fiscal, cuya parte pertinente dice lo siguiente:

"Artículo 585: La exportación no causará impuesto alguno, salvo de los siguientes productos:

1. ...

2. El guineo o banano, estará sujeto al impuesto de exportación de acuerdo con la siguiente tarifa por cada caja exportada:

Para el año de 1996: veinticinco centésimos

..."

Según el recurrente la actividad de exportación de banano no está sujeta a tributo alguno, salvo el contemplado en esta norma. La Sala no concuerda con está interpretación, puesto que el hecho de que el banano esté sujeto al impuesto de exportación no excluye al contribuyente del pago de otros impuestos. Mediante sentencias de 15 de septiembre de 1998 y 14 de septiembre de 1999 entre otras, la Corte ha señalado que "el mandato a que alude el artículo 585 del Código Fiscal no se refiere a que esa exoneración tributaria incluya otros impuestos inherentes a gestiones comerciales distintas a la exportación." Por tanto no prospera el cargo impetrado.

Otra disposición que se considera violentada es el artículo 11 de la Ley 76 de 22 de diciembre de 1976, subrogado por el artículo 1 de la Ley No. 45 de 31 de octubre de 1980, y modificado por el artículo 36 de la Ley No. 31 de 1991, cuyo texto es el siguiente:

"ARTICULO 36: El artículo 11 de la Ley 76 de 22 de diciembre de 1976, subrogado por el Artículo 1 de la Ley No. 45 de 31 de octubre de 1980, quedará así:

Artículo 11: Obligación de Documentar:

  1. Es obligatoria la expedición de la factura o documentos equivalentes para documentar toda operación relativa a transferencias, venta de bienes y prestación de servicios, por parte de todas las personas que requieran la licencia comercial o industrial para operar, así como aquellas actividades agropecuarias y agroindustriales. Se exceptúan de esta obligación las personas que requieran permisos de operación o permisos municipales temporales para realizar su actividad.

  2. Las personas que trabajen en profesiones, sea en forma independiente o colegiada, deberán documentar sus ingresos generados por las operaciones o servicios que presten, mediante la expedición de facturas o documentos equivalentes.

  3. También deben ser documentadas las devoluciones, descuentos ...

Parágrafo 1: La documentación se emitirá en formularios de numeración corrida y, por lo menos, con una copia que debe quedar en los archivos de quien la expida. En los formularios siempre debe figurar impreso el número de Registro Unico de Contribuyente (RUC), así como el nombre, razón social o nombre comercial.

Se entiende por factura el documento que se expida para hacer constar toda operación a que se hace referencia en este artículo. En dicho documento debe aparecer la fecha de la operación, la descripción del bien o servicio objeto de la transacción y el precio o importe total de lo vendido.

En las facturas que se expidan o en los documentos que hagan sus veces, además de los requisitos señalados para los documentos en general, se hará constar, cuando sea el caso, el Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles (I.T.B.M.) y cualquier otro impuesto que incida sobre la venta o servicio.

Parágrafo 2: Además de los documentos mencionados en el parágrafo anterior, podrán ser utilizados otros comprobantes previamente autorizados por la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Hacienda y Tesoro. Alos documentos a que hace referencia en este parágrafo del numeral 2 del artículo 967 del Código Fiscal.

Parágrafo 3: Sin perjuicio de las otras sanciones que correspondan, quien incumpla esta obligación será sancionado con multa de ... " (El subrayado es nuestro)

Según el demandante, no está obligado a expedir facturas por sus actividades relacionadas con la transferencia de venta de bienes y prestación de servicios, sino que la misma surge a partir de la Ley 31 de 1991.

Esta Superioridad no comparte el criterio esbozado por el demandante, quien por un lado acepta que emitieron facturas y/o documentos relacionados con la actividad de exportación de banano que sí está sujeta a la expedición de facturas, pero por otro lado aduce que esta norma no estaba vigente en el período fiscal en el cual se le exigió el pago del Impuesto de Timbre.

La Dirección Regional de Ingresos está facultada para exigir el Impuesto de Timbre, que ya existía al dictarse la Ley No. 31 de 1991, hasta quince años hacia atrás, de acuerdo al artículo 1073 del Código Fiscal, el cual dice así:

"Artículo 1073: Los créditos a favor del Tesoro se extinguen:

1. Por su pago;

2. Por prescripción de quince años, salvo en los casos en que este Código o leyes especiales fijen otro plazo; y,

3. Por falta de persona o cosa legalmente responsable.

La declaratoria de extinción del crédito en el caso del ordinal 1o., corresponde al Recaudador ante quien se hizo el pago; en el del ordinal 2o., al Organo Ejecutivo o al Tribunal competente, según el caso; y en el de ordinal 3o., al Organo Ejecutivo, previo concepto de la Contraloría General de la República".

De acuerdo a la norma citada, la Dirección Regional de Ingresos no está aplicando en forma retroactiva la Ley No. 31 de 1991, sino cobrando un impuesto ya creado y que no había prescrito aún. Por tanto no se ha dado la violación del artículo en mención.

La parte también considera que se ha violado el ordinal II del artículo 967 del Código Fiscal, que expresa lo siguiente:

"Artículo 967: Llevarán estampillas por valor de diez centécimosde balboa (B/.0.10):

1. ...

2. Todo documento en que conste un acto, contrato u obligación por suma mayor de diez balboas (B/.10.00), que no tenga impuesto especial en este Capítulo y verse sobre asunto o negocio sujeto a la jurisdicción de la República, por cada cien balboas (B/.100.00) o fracción de ciento del valor expresado en el documento".

El demandante argumenta que la venta de banano se factura en el extranjero, es decir que ocurre fuera de la jurisdicción de la República de Panamá.

Este Tribunal ha de indicar que la exportación de banano necesita de la expedición de documentos contables que respalden dicha actividad. Estas ventas están sujetas a la jurisdicción de la República, ya que las mismas se perfeccionan dentro del territorio nacional. Por consiguiente, tampoco prospera la violación indicada contra el artículo 967 del Código Fiscal.

El parágrafo II del artículo 946 del Código Fiscal, según S.R., S.A., igualmente ha sido violado por las resoluciones impugnadas. Es importante destacar que el texto de este artículo fue modificado por el artículo 37 de la Ley No. 45 de 14 de noviembre de 1995. Estas normas son del tenor siguiente:

Artículo 946. Parágrafo II:

Para asegurar la correcta interpretación y aplicación del Impuesto de Timbres, se establece el procedimiento de consulta previa en los siguientes términos:

Las dudas de los contribuyentes sobre si un documento está sujeto o no al Impuesto de Timbres se consultarán preferiblemente antes de ser puesto en uso. Las consultas sobre documentos ya en uso no afectarán los plazos a pagar, en los casos de pago por declaración.

Para evitar los recursos e intereses a que alude el parágrafo anterior el contribuyente deberá consignar los depósitos del caso.

Las consultas serán dirigidas en papel sellado y por conducto de abogado idóneo, al Director General de Ingresos, debiendo exponerse con claridad y precisión todos los elementos constitutivos de la situación que motiva la opinión fundada del consultante. Al escrito de consulta deberá acompañarse el original o un facsímil del documento que la motiva.

El Director General de Ingresos deberá resolver la consulta dentro de un término de treinta (30) días calendarios. En el evento de que se resuelva que los documentos no están sujetos al impuesto, el fisco quedará obligado a la devolución del depósito consignado, o de la suma pagada en estampillas según sea el caso.

En el evento de que se resuelva que el documento objeto de la consulta está sujeto al impuesto, las sumas depositadas ingresarán al Tesoro Nacional o deberán timbrarse todos los documentos expedidos con anterioridad o con posterioridad a la fecha de la consulta.

Las Resoluciones que dicte el Director General de Ingresos en esta materia se notificarán personalmente ...

"Artículo 37: El Artículo 946 del Código Fiscal queda así:

Artículo 946: El impuesto de timbre se hará efectivo por medio de papel sellado, estampillas, boletos timbres, declaración jurada, o por cualquier otro sistema o mecanismo que ajuicio del Ministerio de Hacienda y Tesoro, a través de Dirección Regional de Ingresos, cumpla con los requisitos de fiscalización y recaudación del impuesto.

Toda persona natural o jurídica que este obligada a cubrir el impuesto de timbre mediante estampillas, deberá adherirlas, al momento de su expedición, en el original o en la copia del documento que reposará en sus archivos, salvo que utilice el sistema de pago por declaración o cualquier otro sistema o mecanismo autorizado por la Dirección General de Ingresos.

PARAGRAFO. El impuesto de timbre en las modalidades a que se refiere este artículo, también podrán pagarse mensualmente, en forma total o parcial, mediante ..." (El resaltado es nuestro)

Sobre la interpretación de la norma, que establece el procedimiento a seguir por parte de los contribuyentes en caso de duda sobre el cobro de Impuesto de Timbre, se desprende que fue la sociedad demandante quien no cumplió con el mismo, ya que su actuación solamente se basó en solicitar a la Administración Regional de Chiriquí que elevara dicha consulta a la Dirección General de Ingresos, lo que como queda visto, no se ajusta al procedimiento de consulta establecido en la Ley hasta noviembre de 1995. Esta norma también expresa que en los casos de pago por declaración, la existencia de la obligación y los plazos de pago no se verán afectados por la consulta.

En cuanto a la posterior modificación del artículo 946 del Código Fiscal, puede apreciarse que el parágrafo II que establecía el procedimiento de consulta mencionado, es eliminado.

En virtud de lo anterior, la Sala estima que la Administración Regional de Ingresos de Chiriquí no ha incumplido con el artículo 946 del Código Fiscal; por el contrario es el demandante quien desatendió el artículo aludido.

Se señala también la infracción de las siguientes disposiciones legales: el artículo 2 de la Ley 25 del 26 de agosto de 1994; el artículo 172 del Decreto Ejecutivo 170 del 27 de octubre de 1993 y el artículo 36 de la Ley 31 del 30 de diciembre de 1991, en concepto de violación directa por comisión.

El artículo 2 de la Ley 25 del 26 de agosto de 1994 dice:

"No requerirán licencia las personas naturales o jurídicas que se dediquen exclusivamente a:

1.- Las actividades del agro, tales como agricultura, ganadería, apicultura, avicultura o agroforestería".

El artículo 172 del Decreto Ejecutivo 170 del 27 de octubre de 1993 preceptúa:

"Es obligatoria la expedición de facturas o de documentos equivalentes para documentar toda operación relativa a transferencias, venta de bienes y prestación de servicios, por parte de todas las personas que requieran licencia comercial o industrial para operar, así como aquellas personas que realicen actividades agropecuarias y agro industriales. Se exceptúan de esta obligación las personas que sólo requieran permiso de operación o permisos municipales temporales para realizar su actividad" (El subrayado es nuestro).

El artículo 36 de la Ley 31 del 30 de diciembre de 1991 establece:

"Es obligatoria la expedición de factura o documentos equivalentes para documentar toda operación relativa a transferencias, ventas o bienes y prestaciones de servicios, por parte de todas las personas que requieran licencia comercial o industrial para operar, así como aquellas personas que realicen actividades agropecuarias y agroindustriales. Se exceptúan de esta obligación las personas que requieran permiso de operación o permisos municipales temporales para realizar su actividad.

Parágrafo 2. Además de los documentos mencionados en el parágrafo anterior, podrán ser utilizados otros comprobantes previamente autorizados por la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Hacienda y Tesoro.

A los documentos a que se hace referencia en este parágrafo le será aplicable lo ispuedto en el primer párrafo del numeral 2 del Artículo 967 del Código Fiscal".

El demandante manifiesta que las personas naturales y jurídicas que se dediquen a la agricultura no necesitan licencia para poder ejercer la actividad y desde la Ley 31 de 1991 para atrás, no se les exigía a los agricultores hacer facturas de sus actividades, lo que entonces las excluía del pago de Impuesto de Timbre por factura.

Esta Superioridad advierte que no se ha dado la violación de las normas anteriormente descritas, pues debe aplicarse el mismo razonamiento expresado con relación al artículo 11 de la Ley 76 de 22 de diciembre de 1976, subrogado por el Artículo 1 de la Ley No. 45 de 31 de octubre de 1980, y modificado por el artículo 36 de la Ley No. 31 de 1991, en el sentido de que al haberse expedido los documentos relativos a la actividad de venta para la exportación de banano, surge la obligación del pago del Impuesto de Timbre, y de ahí la facultad de la Dirección Regional de Ingresos para cobrar el mismo.

Por último la parte actora argumenta que nunca ha expedido facturas, que la información utilizada por la Dirección Regional de Ingresos de Chiriquí para imponer el pago del impuesto proviene de los Registros de Contabilidad de dicha sociedad, por lo cual se ha violado el artículo 973 del Código Fiscal, numerales 19 y 27.

El contenido de la norma en mención es el siguiente:

"Artículo 973: No causarán impuestos:

1. ...

19. Cualquier otro documento en el cual únicamente conste un acto o actos que no creen, extingan, modifiquen o transfieran obligaciones o derechos existentes entre dos o más personas naturales o jurídicas, como formularios y registros de contabilidad de carácter interno exclusivamente. Se entiende por tales aquellos documentos cuya única función sea la de contabilizar internamente operaciones efectuadas;

27. Todo lo exceptuado por leyes especiales".

En este sentido, la Corte observa que no consta en el expediente cúal fue la documentación utilizada por la Administración de Ingresos, y que el demandante tampoco ha comprobado el hecho alegado. En estas circunstancias resulta imposible establecer si dicha documentación era o no idónea. No obstante, la ley define el concepto de factura, el cual abarca cualquier documento que se expida para hacer constar una operación relativa a transferencias, venta de bienes y prestación de servicios. La Sala ha declarado en reiteradas ocasiones que "lo importante no es la denominación del documento, sino la transacción que en éste se acredite".

La Administración Regional de Ingresos ha reiterado en este contexto, que los documentos eran idóneos para acreditar la venta de banano, y lo contrario no fue comprobado por el actor.

Lo importante resulta, en concepto de esta Sala que el gravamen haya estado dirigido a la documentación que plasmó la descripción del producto, precio, etc, independientemente de que se denominara o no, factura.

Se puede concluír además en base al artículo 967 del Código Fiscal en concordancia con el artículo 973, numeral 28, párrafo segundo, del Código Fiscal que la sociedad SANTA R., S.A. está sujeta al pago del Impuesto de Timbre. La norma prevé:

"Artículo 973: No causarán impuesto:

28. ... Se exceptúan de esta disposición los timbres que se causen en las operaciones sujetas al régimen aduanero incluyendo los establecidos en el Parágrafo 2o. de la Ley No. 2 de 27 de diciembre de 1972 ..." (El subrayado es nuestro).

Por tanto, no se ha dado la violación del artículo 973 del Código Fiscal que exonera del pago de Impuesto de Timbre, en virtud que el mismo establece que las operaciones aduaneras, a la que corresponde la exportación de banano, están sujetas al mismo.

Examinada íntegramente la controversia presentada, este Tribunal concluye que no le asiste la razón al recurrente, por lo cual la sociedad S.R., S.A. está obligada por ley a pagar el Impuesto de de Timbre sobre los comprobantes de venta para la exportación.

En consecuencia, la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO SON ILEGALES, las Resoluciones No. 219-04-310 y No. 219-04-311 ambas de 20 de marzo de 1997, dictadas por la Dirección Regional de Ingresos de la Provincia de Chiriquí.

N..

(fdo.) E.M.M.

(fdo.) MIRTZA A.F. DE AGUILERA

(fdo.) A.H.

(fdo.) J.S.

Secretaria