Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 31 de Octubre de 2014

PonenteVictor L. Benavides P.
Fecha de Resolución31 de Octubre de 2014
EmisorTercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral

VISTOS: La firma G., A. &L., en representación de EDEMET Y EDECHI, ha interpuesto ante la S. Tercera de la Corte Suprema de Justicia, ADVERTENCIA DE ILEGALIDAD contra una frase contenida en el segundo inciso del artículo 1 del anexo "A" de la Resolución No.3712 de 28 de julio de 2010, dictada, por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos. Antes que la S. se pronuncie sobre el objeto de la presente ADVERTENCIA DE ILEGALIDAD, debemos señalar que mediante Auto de dos (2) de agosto de dos mil trece (2013), el Magistrado Sustanciador en virtud del principio de economía procesal, ordenó la acumulación del expediente No.395-13 al expediente 335-13, habida cuenta que ambos tienen la misma causa a pedir, por lo tanto se fallarán en una misma sentencia. Conforme lo exponen los apoderados judiciales de las sociedades demandantes, la expresión objetada transgredió el artículo 34d del Código Civil y el artículo 35 de la Ley 38 de 2000. Concluidas las etapas propias de este tipo de proceso, los Magistrados que integran la S. Tercera observan la existencia de cosa juzgada en el presente proceso, ya que en fallo de 27 de junio de 2014, la S. se pronunció sobre la legalidad de la frase"y que ocurran dentro del área donde opera un beneficiario de una concesión o licencia", que mediante esta acción se impugna. En la parte pertinente del referido fallo, la S. llegó a las siguientes conclusiones: "Establecido lo anterior, la S. procede con el examen correspondiente, no sin antes advertir que el argumento central de la demanda gira en torno a un mismo argumento. De ahí que a continuación, la S. pasara a examinar de forma integrada las disposiciones aducidas. En ese sentido, se observa que en lo medular el demandante cuestiona que la Resolución AN No. 3712-Elec de 28 de julio de 2010, en su artículo 1, inciso segundo, Anexo A, hace referencia a una frase que en su opinión infringe el concepto de fuerza mayor pues excede el alcance y efecto de ésta figura contemplada en el artículo 34 D del Código Civil. Ahora bien, en primer término se observa que la ASEP, ciertamente, goza de atribuciones como entidad competente para regular y controlar la prestación de los servicios públicos, entre ellos, la regulación y control del servicio de transmisión y distribución de la electricidad. En ejercicio de tales competencias, la ASEP conforme a lo dispuesto en el artículo 20 numeral 11 de la Ley 6 de 3 de febrero de 1997, puede ejercer facultades de reglamentación y fiscalización; potestad que se constata, la autoridad ejerció al momento de emitir la Resolución AN No. 3712-Elec de 28 de julio de 2010 (acto que contiene la frase que advierte el proponente), modificada por la Resolución AN-4196-Elec de 25 de enero de 2011. Se aprecia que dicha Resolución o acto reglamentario por un lado deroga la Resolución No. JD-3110 de 19 de diciembre de 2001, y por el otro, establece un procedimiento para determinar la calificación de fuerza mayor o caso fortuito como eximentes de responsabilidad para las empresas prestadoras del servicio de transmisión y distribución eléctrica. Para la S., lo anterior encuentra toda razón jurídica puesto que se aprecia que la ASEP a través de la Resolución AN No. 3712-Elec de 2010 no hace más que reglamentar un aspecto previamente contemplado en la normativa especial aplicable a las empresas EDEMET y EDECHI -tanto porque se encuentran sujetas a la regulación sectorial, como de conformidad a las condiciones contractuales que consignan al momento de la concesión-. Así lo vemos en el artículo 5 (séptimo párrafo) del Decreto Ejecutivo 11 de 19 de junio de 1998, por el cual se reglamenta la Ley 6 de 3 de febrero de 1997: Artículo 5. Definiciones. Además de las definiciones contempladas en la Ley No. 6 de 3 de febrero de 1997, se adoptan las siguientes: (...) FUERZA MAYOR: Se considerará caso de fuerza mayor, entre otros, los siguientes eventos: guerras, revoluciones, insurrecciones, disturbios civiles, bloqueos, embargos, huelgas, restricciones o limitaciones de materiales o servicios necesarios para la prestación de los servicios objeto de una concesión, así como cierres o cualesquiera otras causas, que sean o no del tipo de antes señalado que ocurra dentro del área donde opera un beneficiario de una concesión o licencia, siempre y cuando ocasione de manera directa y principal que éste no pueda cumplir oportunamente con las obligaciones contenidas en su concesión o licencia. Del mismo modo, se establece en la cláusula 15ª de los Contratos de Concesión de 22 de octubre de 1998 suscritos por las concesionarias EDEMET y EDECHI. CLÁUSULA 15ª. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO No se considerará que el CONCESIONARIO haya incumplido obligación alguna derivada del presente CONTRATO DE CONCESIÓN, si el incumplimiento se debe a cualquier circunstancia que se encuentre fuera de su control por razones de fuerza mayor o caso fortuito, tal como se define en el Reglamento. Por consiguiente, es claro que la Resolución AN No. 3712-Elec de 2010, no se opone a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, especial, del sector eléctrico. Por el contrario, se observa que el artículo 1 del Anexo A de dicho acto reglamentario adopta la definición de fuerza mayor dada en el Decreto Ejecutivo 11 de 19 de junio de 1998, que reglamenta la Ley 6 de 3 de febrero de 1997, al mismo tiempo que incorpora o delimita en el espacio el alcance de la noción de fuerza mayor, al remitir al área donde opera el beneficiario de una concesión o licencia. Aspecto en nada absurdo y menos antijurídico, pues claramente circunscribe los límites para la valoración de la posible ocurrencia de un hecho por fuerza mayor a la misma zona a la que concesionaria se ha obligado a prestar y asegurar un servicio de suministro de energía eléctrica en condiciones de calidad y regularidad (art. 23. 10 lex cit). Así se desprende de lo establecido en el artículo 89 de la Ley 6 de 1997, el cual dispone: Artículo 89. Zona de concesión. En los contratos de concesión de distribución se establecerán los límites de la zona de concesión, la forma como se expandirá la zona, los niveles de calidad que debe asegurar el concesionario y las obligaciones de éste respecto del servicio. En suma, se constata que la frase advertida es el resultado de lo establecido en disposiciones legales (de superior jerarquía al acto reglamentario) y contractuales, por lo que no presenta vicios de injuricidad que desmeriten su validez de aplicación en el procedimiento que sigue la ASEP en razón de las interrupciones del servicio de energía eléctrica ocurridos dentro de la zona de concesión en los meses de marzo a diciembre de 2011; enero, febrero, octubre, noviembre y diciembre de 2012; y enero de 2013. VII. PARTE RESOLUTIVA: En mérito de lo anteriormente expuesto, la SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara QUE NO ES ILEGAL la frase contenida en el segundo inciso del artículo 1 del Anexo A de la Resolución AN No. 3712-Elec de 28 de julio de 2010. ..." En base a lo expresado, el D.J.F., en su libro Estudios Procesales, (Tomo II, Editora Jurídica Panameña, Panamá, 1990, pág. 789), al referirse a la "cosa juzgada", el mismo se expresa en los siguientes términos: "La cosa juzgada significa que se ha examinado y decidido sobre la pretensión (el fondo del proceso) que dicha pretensión no puede ser objeto de discusión en un nuevo proceso, ni se puede dictar sentencia en un nuevo proceso que desconozca lo resuelto en el primero. ... El proceso que termina mediante una resolución ejecutoriada (sentencia) no puede ser tocado, en virtud del fenómeno de la ejecutoria. En cambio, la sentencia que produce cosa juzgada no sólo es irrecurrible, sino que además es inmutable, esto es, no puede ser modificada ni en el proceso en que se discutió, ni en otro posterior." En atención, a la existencia previa de un pronunciamiento sobre el tema sometido a la decisión de esta S. y que además, la precitada sentencia tiene el carácter de definitiva, final y obligatoria, según el artículo 99 del Código Judicial, lo que procede es declarar que en el presente negocio existe cosa juzgada. En mérito de lo expuesto, la S. de lo Contencioso Administrativo la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA que en el presente proceso existe COSA JUZGADA, y ordena el archivo del expediente. N., VICTOR L. BENAVIDES P. EFRÉN C. TELLO C -- ABEL AUGUSTO ZAMORANO KATIA ROSAS (Secretaria)

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