Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 29 de Marzo de 2010

Ponente:Winston Spadafora Franco
Fecha de Resolución:29 de Marzo de 2010
Emisor:Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral
 
CONTENIDO

VISTOS:

El licenciado R.A.B.A., en representación de los profesores J.R.H.L., A.R.O., M.A.M., V.M.A., J.E.G.P. y D.E.C.G., ha interpuesto Advertencia de Ilegalidad contra el contenido del Decreto 944 de 21 de diciembre de 2009, "POR EL CUAL SE IMPLEMENTAN EXPERIMENTALMENTE NUEVOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIOS EN EL SEGUNDO NIVEL DE ENSEÑAZA O EDUCACIÓN MEDIA", emitido por el Ministerio de Educación.

El Magistrado Sustanciador procede a la revisión del libelo incoado a fin de corroborar que el mismo cumple con los requisitos mínimos para su admisibilidad, contemplados en el Artículo 73 de la Ley 38 de 31 de julio de 2000, que en su parte pertinente señala lo siguiente:

"73. ...

De igual manera, cuando la autoridad advierta o algunas de las partes le advierta que la norma o normas reglamentarias o el acto administrativo que deberá aplicar para resolver el proceso, tiene vicios de ilegalidad, dentro de los dos días siguientes, someterá la consulta respectiva ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, salvo que la disposición legal o acto haya sido objeto de pronunciamiento de esta Sala...".

En este sentido, es preciso señalar que tal como lo indica el artículo 73 de la Ley 38 de 2000 la advertencia de ilegalidad tiene que hacerse con respecto a una norma, norma reglamentaria o acto administrativo que sea la aplicable para resolver el proceso, no obstante, en el caso bajo análisis se observa que no existe proceso alguno al cual se le vaya a aplicar la actuación advertida, por consiguiente mucho menos puede alegarse que la actuación advertida sea aplicable para resolver el proceso, el cual se muestra inexistente.

Por su parte, el artículo 201 numeral 9 de la Ley 38 de 2000, define la advertencia de ilegalidad como, la observación que formula una de las partes a la autoridad que conoce de un proceso administrativo, sobre supuestos vicios de ilegalidad que le atribuye a un acto administrativo que debe ser aplicado para resolver ese proceso.

Obsérvese que el demandante incoa su advertencia de ilegalidad posterior al haber solicitado a la Ministra de Educación mediante nota de 12 de febrero de 2010, la derogatoria del Decreto 944 de 21 de diciembre de 2009, siendo que tal situación está distante de equipararse a un proceso, y mucho menos puede entenderse que en caso de que lo fuere, dentro de éste va aplicarse la actuación advertida para resolverlo, cuando lo que se le pidió a la Ministra de Educación fue la derogatoria de la misma.

La necesidad de que la advertencia de ilegalidad sea propuesta en contra de una norma o acto administrativo que debe aplicarse para resolver el proceso, además de ser un requisito establecido por ley, ha sido en múltiples ocasiones señalado por esta Sala Tercera; a manera de ejemplo nos permitimos citar las siguientes resoluciones:

"...

De acuerdo con el numeral 9 del artículo 201 de la Ley 38 de 2000, la advertencia de ilegalidad se define como una observación que formula una de las partes a la autoridad que conoce de un procedimiento administrativo, sobre supuestos vicios de ilegalidad que le atribuye a un acto administrativo que debe ser aplicado para resolver ese proceso, y no de cualquier acto o norma como ocurre en el caso que nos ocupa.

Siguiendo este orden de ideas, cabe destacar el contenido del artículo 73 de la Ley 38 de 2000, que establece lo siguiente:

"Artículo 73. La autoridad que advierta o a la cual una de las partes le advierta que la norma legal o reglamentaria que debe aplicar para resolver el proceso tiene vicios de inconstitucionalidad, formulará, dentro de los dos días siguientes, la respectiva consulta ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, salvo que la disposición legal o reglamentaria haya sido objeto de pronunciamiento por dicho Tribunal.

De igual manera, cuando la autoridad advierta o alguna de las partes le advierta que las normas o normas reglamentarias o el acto administrativo que debería aplicar para resolver el proceso, tiene vicios de ilegalidad, dentro de los dos días siguientes, someterá la consulta respectiva ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, salvo que la disposición legal o acto haya sido objeto de pronunciamiento de esta Sala.

En uno y otro supuesto, la autoridad seguirá tramitando el proceso hasta colocarlo en estado de decisión, pero sólo proferirá ésta una vez el Pleno de la Corte Suprema de Justicia o la Sala Tercera, se hayan pronunciado sobre la consulta respectiva.

En la vía gubernativa únicamente podrán los interesados formular, por instancia, una sola advertencia o consulta de inconstitucionalidad o de ilegalidad del acto o ambas."

...".

(resolución de 26 de octubre de 2007).

"...

Observa la Sala, que el apoderado legal de la parte actora advierte la ilegalidad de la Resolución 050 de 20 de junio de 2006, la cual según se aprecia en el expediente resuelve sancionar al capitán A.K. con quince días de arresto de servicio en el Complejo Penitenciario La Joya, por violar el artículo 125 numeral 15 del reglamento disciplinario, sobre el incumplimiento de las normas de procedimiento. Dicha resolución, advierte que en su contra cabe presentar el recurso de apelación dentro de los cinco días siguientes de su notificación lo cual según consta en el mismo acto quedó notificado el 18 de febrero de 2008.

Planteado lo anterior, esta S. estima importante anotar que sobre la advertencia de ilegalidad, el artículo 201 de la Ley 38 de 2000, se refiere como la "Observación que formula una de las partes a la autoridad que conoce de un proceso administrativo, sobre supuestos vicios de ilegalidad que le atribuye a un acto administrativo que debe ser aplicado para resolver el proceso.

De lo expuesto, queda claro que la viabilidad jurídica de la advertencia de ilegalidad depende de la existencia de un proceso administrativo en el que no se haya adoptado una decisión, al exigir que el acto o la norma advertida no haya sido aplicado, dicho en otro sentido cuando en un proceso administrativo se emita la decisión al respecto, no es posible presentar la acción contenciosa que nos ocupa, lo que es independiente de los recursos administrativos que se tenga a bien interponer, lo decimos a manera de aclararle a la parte actora respecto a su consideración en la demanda de que por la interposición del recurso, no resuelto el acto acusado no ha sido aplicado.

...".

(Resolución de 29 de octubre de 2009).

Ha quedado más que claro entonces que al no ser el Decreto Ejecutivo 944 de 21 de diciembre de 2009, una norma reglamentaria o acto administrativo que vaya a aplicarse para resolver un proceso, proceso que, dicho sea de paso, en este caso en específico no existe, carece de viabilidad jurídica la impetrada advertencia de ilegalidad en su contra lo que trae como consecuencia lógica su inadmisión.

En virtud de lo anteriormente expuesto, el suscrito Magistrado Sustanciador, actuando en representación de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la Advertencia de Ilegalidad interpuesta por el licenciado R.A.B.A., en representación de los profesores J.R.H.L., A.R.O., M.A.M., V.M.A., J.E.G.P. y D.E.C.G., contra el contenido del Decreto 944 de 21 de diciembre de 2009, "POR EL CUAL SE IMPLEMENTAN EXPERIMENTALMENTE NUEVOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIOS EN EL SEGUNDO NIVEL DE ENSEÑAZA O EDUCACIÓN MEDIA", emitido por el Ministerio de Educación.

N..

WINSTON SPADAFORA FRANCO

KATIA ROSAS (Secretario)