Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 27 de Octubre de 2010

PonenteJosé Abel Almengor Echeverría
Fecha de Resolución27 de Octubre de 2010
EmisorPleno

VISTOS:

El licenciado R.A., actuando en nombre y representación del señor J.A.C.J., presentó advertencia de inconstitucionalidad con relación a dos frases, contenidas respectivamente en el numeral 4 del artículo 751 y el artículo 754 del Código de la Familia, que le otorgan competencia a las autoridades de policía para conocer de los procesos de alimentos, a prevención con los Juzgados Municipales de Familia y los Juzgados de N. y Adolescencia.

La incidencia constitucional, se formula dentro del Proceso de Alimentos ante la Corregiduría de Bella Vista, el cual se encuentra pendiente de resolver el recurso de apelación interpuesto ante el Municipio de Panamá.

En este momento procesal, corresponde al Pleno de la Corte determinar si la advertencia de inconstitucionalidad propuesta, cumple con las exigencias que condicionan su admisibilidad.

Luego de revisar el escrito contentivo de la advertencia, a fin de determinar si cumple con los requisitos legales para su admisión, este Tribunal Constitucional estima que la misma no debe ser admitida porque adolece de ciertos defectos que impiden darle curso.

El activador judicial advierte la inconstitucionalidad de los artículos 32 y 63 de la Constitución Política de la República de Panamá, ya que "el Corregidor en Primera Instancia y el Alcalde en Segunda Instancia, toman decisiones en los casos de Pensiones Alimenticias, aun cuando existe una Jurisdicción Especial de Familia y del Menor con personal competente e idóneo." (f.3)

Señala además que la frase "a prevención de las autoridades de policía" contenida en el numeral 4º del artículo 751 y la frase "y las autoridades de policía" contenida en el artículo 754 del Código de Familia, que autorizan a las autoridades de policía a conocer de casos de pensiones alimenticias infringen la Constitución Nacional, ya que para tales procesos fue creada la Jurisdicción Especial de Familia y del Menor.

En ese sentido, salta a la vista la manifiesta improcedencia de la iniciativa constitucional examinada, toda vez que, uno de los presupuestos para la procedibilidad de la misma es que la norma advertida aún no haya sido aplicada. No obstante, observa el Pleno, que el propio planteamiento del activador judicial, en el que se señala que la Corregiduría de Bella Vista emite resolución RPA Nº 09/09 de 16 de enero de 2009, mediante la cual se fija la pensión alimenticia de B/.4,000.00 mensuales a favor del menor de edad J.A.C.C, revela que la norma legal censurada fue aplicada.

Aunado a eso, la jurisprudencia ha señalado:

"De conformidad con la jurisprudencia prevaleciente de la Corte Suprema, la denominada vía indirecta o incidental de constitucionalidad está reservada para el control de normas legales o reglamentarias que puedan ser aplicadas en la decisión del conflicto jurídico que da lugar a la consulta.

En este orden de ideas, tales normas deben poseer la virtualidad de ser aplicables en la solución de la pretensión procesal de origen... Esta afirmación parece conforme con el mandato constitucional según el cual el funcionario encargado de impartir justicia "continuará con el curso del negocio hasta colocarlo en estado de decidir". Resulta evidente que si el objeto de la consulta recae sobre normas de naturaleza adjetiva, concernientes a la ritualidad procesal o que regulan alguna de las etapas procesales, el efecto inevitable sería entonces la paralización del proceso integralmente, resultando vulnerado así el mandato constitucional que dispone sustanciarlo hasta el momento de dictar sentencia.

...

Por admitido que la consulta sólo tiene efectos suspensivos sobre el acto procesal que resuelve la causa, quebrantaría la previsión constitucional tendiente a evitar la paralización del proceso reconocerle a los litigantes la potestad de dilatarlo mediante la utilización de esta prerrogativa particular".

No por ello debe entenderse que tales preceptos no son susceptibles de control constitucional, toda vez que su impugnación puede plantearse con el ejercicio de la acción directa o autónoma de constitucionalidad. Sin embargo, podrían ser advertidas y consultadas normas formalmente procesales, siempre que en ellas se reconozcan derechos subjetivos a las partes o a los funcionarios jurisdiccionales, cuyo desconocimiento pudiera implicar infracción del debido proceso. Sabido es que el carácter instrumental de una disposición legal o reglamentaria no viene dado por su ubicación dentro de una normativa procesal concreta, sino por el contenido del precepto" (Fallo de 2 de diciembre de 2005, que cita fallo de 30 de diciembre de 1996).

Dado que las frases advertidas son precisamente las que establecen la competencia de las autoridades de policía para conocer del proceso de marras, resulta evidente que dichas normas fueron aplicadas, lo cual evita que se configure el requisito de procedibilidad expresado.

Por otro lado, es importante señalar que aun cuando la advertencia y la demanda autónoma de inconstitucionalidad comparten una finalidad común, no hay que perder de vista que estamos ante figuras procesales con características y efectos que las permiten diferenciar. Una de tales características es que, mientras que la advertencia requiere ser presentada contra la norma aplicable al caso y dentro de un proceso, la demanda autónoma de inconstitucionalidad puede ejercitarse contra cualquier norma en cualquier tiempo.

De la sustentación del advirtiente, se desprende con claridad que el mismo ejerce una pretensión de inconstitucionalidad que puede ser encausada a través de la acción autónoma que regula el artículo 2559 del Código Judicial.

A juicio de esta Superioridad, la advertencia presentada no cumple con los presupuestos establecidos en el artículo 2558 del Código Judicial, razón por la cual ha de negarse curso legal a la misma.

En virtud de las consideraciones que se dejan expuestas, el PLENO DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la advertencia de inconstitucionalidad presentada el licenciado R.A., apoderado judicial del señor J.A.C.J., con relación a los artículos 751 y 754 del Código de la Familia.

Notifíquese Y ARCHÍVESE,

JOSÉ ABEL ALMENGOR ECHEVERRÍA

VICTOR L. BENAVIDES P. -- ALBERTO CIGARRUISTA CORTEZ -- JERÓNIMO MEJÍA E. -- HARLEY J. MITCHELL D. -- ALEJANDRO MONCADA LUNA -- OYDÉN ORTEGA DURÁN -- ANÍBAL SALAS CÉSPEDES -- WINSTON SPADAFORA FRANCO

CARLOS H. CUESTAS G. (Secretario General)