Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 10 de Agosto de 2020

PonenteHernán A. De León Batista
Fecha de Resolución10 de Agosto de 2020
EmisorPleno

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

Sala: P.

Ponente: H.A. De León Batista

Fecha: 10 de agosto de 2020

Materia: Inconstitucionalidad

Advertencia

Expediente: 311-2020

VISTOS:

Al P. de la Corte Suprema de Justicia ha sido remitida la Advertencia de Inconstitucionalidad presentada por la firma forense Estudio Jurídico Araúz en representación de la sociedad V.S.C., S. contra los artículos 1278, 1279 y 1280 del Código Civil.

Los textos legales cuya inconstitucionalidad se advierte hacen referencia al momento en que la cesión de crédito surte efecto a terceros (artículo 1278); a una de las formas de liberación de la obligación por parte del deudor (artículo 1279); y, a los derechos accesorios que comprende la venta o cesión de créditos (artículo 1280), pertenecientes al Capítulo VII del Título IV, Libro IV del Código Civil (De la Transmisión de Créditos y demás Derechos Incorporales)

Asimismo, de la lectura del oficio remisorio del escrito, se desprende que la presente advertencia de inconstitucionalidad se formula dentro del proceso Ejecutivo de Mayor Cuantía promovido por SURF & DIVE RESORT, S. contra V.S.C., S., que se surte ante el Juzgado Primero del Circuito Judicial de Veraguas, Ramo Civil.

En este momento procesal, corresponde al P. de la Corte determinar si la advertencia de inconstitucionalidad propuesta, cumple con las exigencias establecidas en los artículos 665, 2558, 2560 y 2561 del Código Judicial.

Es preciso puntualizar que el propósito sustancial de la advertencia de inconstitucionalidad, es el de evitar que una disposición legal o reglamentaria que riñe con una norma de carácter fundamental, sirva de sustento a una decisión o pronunciamiento conclusivo de un proceso cualquiera.

Así, esta Corporación de Justicia advierte que luego de una atenta lectura del libelo de demanda, se pone de manifiesto que la advertencia de inconstitucionalidad no debe ser admitida, toda vez que no cumple con los requisitos procesales de carácter especial contenidos en el artículo 2560 del Código Judicial, relativo a la indicación de las disposiciones constitucionales que se estimen infringidas y el concepto de la infracción. Ello es así, ya que si bien se cita la disposición constitucional que se estima infringida (artículo 17), no explica de manera clara y razonada el concepto de infracción, limitándose a exponer una serie de consideraciones subjetivas en los siguiente términos:

ARTÍCULO 1278

La cesión de un crédito, derecho o acción no surtirá efecto contra tercero sino desde que su fecha deba tenerse por cierta de conformidad con lo que dispone el Código Judicial.

Si se refiere a un inmueble, desde la fecha de su inscripción en el Registro Público.

La norma jurídica acusada de inconstitucional viola por razones de fondo, en concepto de violación directa por omisión, el artículo 17 de la Constitución Nacional, con base a los argumentos jurídicos concretos que a continuación exponemos:

Como se sabe, la Constitución, debido a sus (sic) supremacía jerárquica sobre el resto del ordenamiento, constituye el punto de partida y el límite absoluto de todas las normas que conforman el sistema jurídico estatal, lo que se traduce en el hecho de que ninguna norma de inferior jerarquía ni autoridad alguna, le está permitido desconocer principios y valores contenidos en el texto constitucional.

La norma legal aquí impugnada es contraria, por cuanto permite efectos de la cesión de un crédito haciendo referencia sólo al plazo y no a la forma en que la misma deba cumplir, es decir no determina parámetros como lo sería establecer la exigencia del cumplimiento del motivo o razón del ceder un crédito, en el caso que nos ocupa la razón de ceder un pleito en etapa de ejecución, sin que el contrato verifique motivación o satisfacción de alguna causa, permitiendo la posible comisión de un fraude procesal, en perjuicio del demandado.

ARTÍCUO 1279

El deudor que antes de tener conocimiento de la cesión satisfaga al acreedor, quedará libre de la obligación.

La norma jurídica acusada de inconstitucional viola por razones de fondo, en concepto de violación directa por omisión, el artículo 17 de la Constitución Nacional, con base a los argumentos jurídicos concretos que a continuación exponemos:

Como se sabe, la Constitución, debido a sus (sic) supremacía jerárquica sobre el resto del ordenamiento, constituye el punto de partida y el límite absoluto de todas las normas que conforman el sistema jurídico estatal, lo que se traduce en el hecho de que ninguna norma de inferior jerarquía ni autoridad alguna, le está permitido desconocer principios y valores contenidos en el texto constitucional.

La norma legal aquí impugnada es contraria, por cuanto permite restringe (sic) a los supuestos de buena fe en los cuales el deudor cancele al que ha cedido y queda en una situación de indefensión, por tanto al ser limitado el contexto de protección del deudor la misma es violatoria al deber de proteger los bienes de los asociados tal como contempla el artículo de la constitución.

ARTÍCULO 1280

La venta o cesión de un crédito comprende la de todos los derechos accesorios, como la fianza, hipoteca, prenda o privilegios.

La norma jurídica acusada de inconstitucional viola por razones de fondo, en concepto de violación directa por omisión, el artículo 17 de la Constitución Nacional, con base a los argumentos jurídicos concretos que a continuación exponemos:

Como se sabe, la Constitución, debido a sus (sic) supremacía jerárquica sobre el resto del ordenamiento, constituye el punto de partida y el límite absoluto de todas las normas que conforman el sistema jurídico estatal, lo que se traduce en el hecho de que ninguna norma de inferior jerarquía ni autoridad alguna, le está permitido desconocer principios y valores contenidos en el texto constitucional.

La norma legal aquí impugnada es contraria, por cuanto la cesión sólo puede comprender lo cedido toda vez que en procesos en etapa de ejecución como el que nos ocupa existen diversos supuestos que colisionan derechos constitucionales del demandado.

Lo anterior, no permite al Tribunal Constitucional colegir, ni identificar con claridad cómo se surte el choque de dichas normas (1278, 1279 y 1280 del Código Civil) con respecto a la Constitución Política; es decir, el accionante no señala la forma en que se concreta la violación a la Carta Magna, sino que, en cada concepto de infracción, se limita a transcribir y referir, en los dos primeros párrafos, sus consideraciones en cuanto a la supremacía de la norma constitucional y, seguidamente, en un párrafo escueto, expone sus consideraciones en cuanto al contenido de cada norma legal advertida, sin confrontar éste mismo contenido con las garantías o derechos fundamentales supuestamente vulnerados.

En otro orden, si nos remitimos a los hechos que sustentan la Advertencia de Inconstitucionalidad, de los mismos surge también cierta confusión en cuanto a lo que realmente se pretende por medio de la acción. Ello es así, porque se hace referencia a la disconformidad del recurrente en cuanto a "Que las normas descritas por ejemplo no verifican el pago del valor por el crédito o el motivo que da lugar al traspaso y al ser derechos sujetos a controles requieren estar previamente tasados a fin de evitar discrecionalidad del juzgador que ponga en riesgo el patrimonio del demandado." (hecho cuarto - f.5) Estos argumentos se alejan por completo del contenido de las disposiciones legales que se advierten de inconstitucionales.

Asimismo, no resulta claro para esta Corporación de Justicia si lo que realmente se impugna por este medio son las normas citadas, o como indican los hechos (cfr. hecho quinto), la disconformidad contra la omisión del legislador patrio en la tasación formal de unos parámetros que, a su juicio, debe contener la redacción actual de las normas que permita un equilibrio entre las partes del proceso que da lugar a una cesión de créditos. Es decir, se cuestiona la falta de una regulación expresa de "una serie de comprobaciones necesarias que deben realizarse de forma plena a fin de impedir que el mecanismo de CESIÓN DE CRÉDITOS litigiosos en si entrañen un fraude procesal" (ver hecho tercero)

Por otro lado, dentro de las normas que se consideran infringidas, el actor reitera la transcripción de las normas de rango legal que aduce como violatorias de la Constitución, las cuales, como indicamos anteriormente, versan (en conjunto) sobre la Transmisión de Créditos y Demás Derechos Incorporales (Capítulo VII, Título IV, Libro IV del Código Civil). Estas normas no deben ser utilizadas dentro del apartado referente a las disposiciones infringidas, ya que el mismo está destinado a citar disposiciones de rango constitucional.

El presupuesto procesal de la demanda, que exige el numeral 2 del artículo 2560 del Código Judicial, tiene una importancia cardinal debido a que en este apartado le corresponde al activador procesal explicar el modo cómo ha surgido el conflicto entre la norma o acto atacado con la disposición fundamental que se estima infringida.

Esta Corporación de Justicia ha señalado en varias oportunidades que esta sección se caracteriza por la explicación jurídica que debe presentar el accionante, de la manera que el acto o norma impugnada viola la norma constitucional. Dicho de otro modo, debe sustentar el choque proveniente entre el contenido de la disposición demandada que será utilizada para decidir el proceso y la norma constitucional que se estima violada, por lo que no se pueden presentar alegatos o argumentos subjetivos, pues ello se aparta del sentido y razón de ser de esta sección del libelo, así como de la naturaleza de la acción constitucional ensayada.

Veamos lo que esta máxima Corporación de Justicia, ha dicho al respecto en la Sentencia de 9 de noviembre de 2015, donde se indicó lo siguiente:

Observa el P. que el demandante, de forma inicial, menciona, en el libelo de la demanda, como infringido el artículo 20 de la Constitución nacional, sin embargo, al momento de señalar y motivar los cargos de inconstitucionalidad, solamente transcribe y se refiere al artículo 20 de la Constitución Política, sin consignar el concepto de la violación ni de qué forma la norma atacada de inconstitucional vulnera el artículo mencionado.

Para un debido cumplimiento del requisito establecido en el numeral 2 del artículo 2560 del Código Judicial, a fin de darle curso a este tipo de instancia constitucional, es esencial que en las demandas de inconstitucionalidad se indique de manera precisa las disposiciones constitucionales que, a juicio del demandante, resultan infringidas por la norma o acto impugnado, el concepto de violación y sustentarlo, de manera tal, que quede expuesto el planteamiento de la pretensión constitucional objeto de análisis, puesto que no es dado, a la Corte Suprema de Justicia, interferir, ni adivinar cómo resulta infringida la Constitución por la norma impugnada.

Así, igual debe observarse que, en referencia a la violación del artículo 20 de la Constitución, el apoderado judicial, enfoca sus argumentos en el ámbito de la legalidad y no indica claramente de qué manera la norma acusada viola la Constitución, al indicar solamente que "el artículo 1651 del Código Judicial no establece ninguna contraprestación o contrapeso en manos de los ejecutados, es decir, ¿Cómo y por qué, si el bien denunciado tiene una prelación, por qué se altera el orden establecido en la ley, lo cual contempla la ley, sólo en manos del ejecutante sin igual oportunidad para el ejecutado de que no pueda accederse a otros bienes si los anteriores no son suficientes".

De esta manera, el demandante incumple con el requisito establecido en el numeral 2 del artículo 2560 del Código Judicial, para este tipo de demandas, consistente en indicar las disposiciones constitucionales que se estimen infringidas y el concepto de su infracción.

Lo antes expuesto nos permite recordar, que el control de constitucionalidad se ubica dentro de las llamadas garantías constitucionales, consistentes éstas en "aquellos mecanismos institucionales específicamente ideados para asegurar el respeto de la Constitución, con lo cual se perfecciona el Estado de Derecho, que exige que la Constitución no sólo exista, sino que sea efectivamente cumplida". (Cfr. L.M. DE LA CUEVA, P.. "La Constitución". E.. T., España, 1983, p.130.)

Por las razones que se dejan expuestas, consideramos que resulta inadmisible el presente negocio constitucional.

En efecto, luego de una detenida ponderación de los argumentos presentados por el proponente de la advertencia de inconstitucionalidad, esta Superioridad arriba al criterio de que la misma no puede ser admitida por incumplir con el segundo presupuesto contenido en el numeral 2 del artículo 2560 del Código Judicial.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, P., administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la Advertencia de Inconstitucionalidad presentada por la firma forense Estudio Jurídico Araúz apoderada especial de V.S.C., S., contra los artículos 1278, 1279 y 1280 del Código Civil.

N..

HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA

LUIS RAMÓN FÁBREGA S. - MARÍA EUGENIA LÓPEZ ARIAS -- ANGELA RUSSO DE CEDEÑO -- CARLOS ALBERTO VÁSQUEZ REYES - OLMEDO ARROCHA OSORIO - JOSÉ E. AYÚ PRADO CANALS -- CECILIO CEDALISE RIQUELME - MARIBEL CORNEJO BATISTA.

YANIXSA Y. YUEN C. (Secretaria General)

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