Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 6 de Junio de 2006

Ponente:José A. Troyano
Fecha de Resolución: 6 de Junio de 2006
Emisor:Corte Suprema de Justicia (Pleno)
RESUMEN

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD PRESENTADA POR EL LICENCIADO JORGE LUIS LAU CRUZ, EN SU CONDICION DE APODERADO JUDICIAL SUSTITUTO, CONTRA LOS ARTICULOS 1560 Y 1561 DEL CODIGO DE COMERCIO

 

VISTOS:

Para conocimiento del Pleno de la Corte Suprema de Justicia ha ingresado advertencia de inconstitucionalidad elevada por el Juzgado Decimoséptimo de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá y promovida por el Licenciado J.L.L.C. en representación de las empresas Financiera El Roble, S.A., El Triangulo, S.A., Tecno Auto, S.A., Tecno Taller, S.A., El Eléctrico Internacional, S.A., Unicentro Trading Company, y ADELAG, S.A., en contra de los artículos 1560 y 1561 del Código de Comercio, dentro del Proceso de calificación de Quiebra o Insolvencia promovido en contra de las antes mencionadas empresas por Banco General, S.A.

A través de su escrito el jurista indica que el artículo 1560 del Código de Comercio, el cual contiene la presunción de fraudulencia en cuanto a la calificación de la quiebra, conculca los principios de presunción de inocencia y estricta legalidad del tipo penal y de la sanción penal, contenidos en los artículo 22 y 31 de la Constitución Nacional y que igualmente su aplicación a este caso podría provocar vía presunción de fraudulencia que sus representadas se vean envueltas en un proceso penal basado en presunciones y no en hechos concretos y conductas tipificadas como delitos por nuestra legislación penal.

Por otra parte, el accionante señala que el contenido del artículo 1561 del Código de Comercio viola lo dispuesto en los artículos 31 y 32 de nuestra Carta Magna puesto que el mismo permite, vía analogía, la aplicación de tipos penales a personas distintas a aquellas que han sido declaradas en estado de quiebra, hecho contrario al principio de estricta legalidad de la ley penal; traslada la responsabilidad de los efectos de la quiebra de personas mercantiles a personas naturales las cuales no han sido parte en el proceso, ni han tenido la oportunidad de defenderse adecuadamente y que esta norma extiende la responsabilidad penal, que emerge de la calificación de una quiebra como fraudulenta, a personas ajenas al proceso, hechos estos que son contrarios al principio constitucional del debido proceso.

Por su parte, la Procuraduría General de la Nación actuando en representación del Ministerio Público, al emitir su opinión sobre la declaración de inconstitucionalidad solicitada por el recurrente señaló a través de su Vista Número 04, fechada 08 de enero de 2004, en el punto correspondiente a las normas constitucionales que se estiman infringidas y el concepto de la infracción, lo siguiente:"El actor transcribe de seguido, uno detrás del otro, el artículo 1560 y 1561 del Código de Comercio como violatorios del artículo 22 de la Constitución Nacional. Conceptúa que ambas disposiciones son violatorias del artículo 22 y los expone, conjuntamente, en un mismo aparte. A diferencia de la supuesta violación del artículo 31 de la Constitución, en que las transcribe separadamente y a continuación expone por separado el concepto de la violación del artículo 1560 del Código de Comercio y después, aparte, vuelve a transcribir el artículo 31 de la Constitución, y a continuación el concepto de la violación por el artículo 1561 del mismo Código, incumpliendo las formalidades establecidas en los artículos 2560, 2561 y correlativas del Código Judicial."

El Pleno de la Corte Suprema observa que lo aducido por el representante del Ministerio Público es correcto puesto que el accionante al desarrollar el aparte correspondiente a las disposiciones constitucionales supuestamente transgredidas por los artículos 1560 y 1561 del Código de Comercio, señala en su primer punto que ambas normas violan el contenido del artículo 22 de la Constitución Nacional, desarrollando las supuestas violaciones a esta norma constitucional de manera conjunta, cuando lo correcto era exponer por separado en que forma el artículo 1560 por una parte y por la otra el artículo 1561, ambos del Código de Comercio, violentaron el antes mencionado artículo Constitucional, formalismo este que si cumplió en el caso del artículo 31 de la Carta Magna al desarrollar por separado en los puntos segundo y tercero del antes mencionado aparte la supuesta violación acaecida en contra de dicha norma Constitucional.

En adición a lo anterior, es posible apreciar que el recurrente omitió en algunos casos explicar en que forma se produjeron, a su parecer, las infracciones a los artículos 22, 31 y 32 de nuestra Carta Magna, es decir si la trasgresión se suscitó por violación directa, interpretación erróneao indebida aplicación de la norma, lo cual en conjunto con el hecho antes mencionado hace colegir a esta Superioridad que evidentemente el recurrente incumplió con los requisitos de forma que para las acciones de inconstitucionalidad establecen los artículos 2560 y 2561 del Código Judicial, por lo cual la presente acción era desde un principio inadmisible.

La Corte Suprema de Justicia ya en reiteradas ocasiones ha planteado, vía jurisprudencia su criterio acerca del incumplimiento de las formalidades establecidas en los artículos 2560, 2561 y correlativos del Código Judicial, como se observa a través del fallo fechado 13 de noviembre de 2001, mismo que a continuación transcribimos:

"Al resolver la admisibilidad de la advertencia, el Pleno observa que la misma no cumple con los requisitos exigidos por el artículo 2560 del Código Judicial que establece que además de los requisitos comunes a toda demanda, señalados en el artículo 665 del Código Judicial. Esto es así, pues se advierte que el demandante cita una serie de normas en forma conjunta como los artículos 19, 39, 40, 62, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 153, 157, 316 y 317 de nuestra Carta Magna y, además, no hace referencia a la infracción de éstas por separado. Cabe señalar que al respecto esta Corporación de Justicia ha señalado que cada norma constitucional que el demandante considere como violada, debe ser citada de forma separada, siendo precedida por el concepto de su infracción, con el objeto de que se pueda efectuar debidamente la confrontación del acto acusado con el cargo formulado en relación con cada precepto.

Aunado a lo anterior, en el apartado del concepto de la infracción el demandante no expresa las modalidades en que se produce dicha infracción, las cuales pueden ser por violación directa, interpretación errónea o indebida aplicación."(las negritas son de la Corte).

En vista de los hechos antes expuestos y en virtud de que el recurrente incumplió mediante su actuación con las formalidades establecidas en los artículos 2560, 2561 y demás normas correlativas del Código Judicial en materia de acción de inconstitucionalidad, la Corte colige que el presente recurso debe ser declarado no viable.

En virtud de lo anterior, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA NO VIABLE la advertencia de inconstitucionalidad propuesta por el Licenciado J.L.L.C. en representación de las empresas Financiera El Roble, S.A., El Triangulo, S.A., Tecno Auto, S.A., Tecno Taller, S.A., El Eléctrico Internacional, S.A., Unicentro Trading Company, y ADELAG, S.A.

CÓPIESE Y NOTIFÍQUESE

JOSÉ A. TROYANO

ADÁN ARNULFO ARJONA L. -- ESMERALDA AROSEMENA DE TROITIÑO -- VICTOR L. BENAVIDES P. -- ALBERTO CIGARRUISTA CORTEZ -- GRACIELA J. DIXON C. -- HARLEY J. MITCHELL D. -- ANÍBAL SALAS CÉSPEDES -- WINSTON SPADAFORA FRANCO

YANIXSA Y. YUEN C. (Secretaria General)