Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 19 de Febrero de 2004

PonenteArturo Hoyos
Fecha de Resolución19 de Febrero de 2004
EmisorCorte Suprema de Justicia (Panama)

VISTOS:

La sociedad de abogados en ejercicio, M. &M., en su condición de apoderada general de BROWN & ROOT, INC., ahora denominada KELLOGG BROWN & ROOT, INC., ha propuesto advertencia de inconstitucionalidad contra el artículo 215 del Código de Trabajo, dentro de un proceso de Ejecución de Sentencia que se ventila en el Juzgado Cuarto de Trabajo de la Primera Sección, interpuesto por C.M.C. y EDUARDO NAKONIECZNY contra BROWN & ROOT INC. o KELLOGG BROWN & ROOT, INC. y MINAS SANTA ROSA.

  1. LA PRETENSIÓN Y SU FUNDAMENTO.

    La pretensión que se formula a través del presente proceso constitucional consiste en una petición dirigida al Pleno de la Corte Suprema de Justicia para que se declare inconstitucional el artículo 215 del Código de Trabajo, cuyo texto es el siguiente:

    "ARTICULO 215: Cuando el despido tuviese como causa una de las señaladas en el acápite c) del artículo 213, el empleador deberá comprobar la causa respectiva ante las autoridades administrativas de trabajo.

    En los casos de que trata este artículo, el despido sin el cumplimiento de los requisitos señalados en el inciso anterior, se consideran de pleno derecho injustificado. Sin embargo, si al vencimiento del plazo de sesenta días calendarios, la autoridad administrativa de trabajo no ha resuelto la solicitud, el empleador podrá proceder al despido, el cual se considerará plenamente justificado quedando obligado al pago de la indemnización que establece el artículo 225.

    La advertencia de inconstitucionalidad se fundamenta, en el hecho de que el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral aplicó el artículo 215 del Código de Trabajo y condenó a la empresa demandada a pagar 25 meses de salarios caídos y otras prestaciones laborales a favor de los señores C. y N. bajo el argumento de que ambos fueron despedidos por causas económicas sin que mediara la autorización del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, y que por lo tanto, resultan vulnerados los artículos 17, 32, y 70, de la Carta Fundamental.

    Sostiene el advirtiente que los artículos 17 y 32 han sido conculcados en virtud de que el Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, en el caso bajo estudio, no ha cumplido con lo establecido en la Constitución y la Ley, al condenar a su representada a pagar prestaciones laborales a los señores COLEBROOK y NAKONIECZNY, alegando que los mismos fueron despedidos por causa económicas sin que mediara la autorización del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, imponiendo una condena que carece de fundamento jurídico, desconociendo las reglas de hermenéutica legal vigentes al considerar que el artículo 218 no es aplicable en los procesos por incumplimiento del artículo 215 del Código de Trabajo.

    En cuanto a la violación del artículo 70, afirma el recurrente, que el señor Ministro actuó de forma arbitraria al imponer sanción a su representada discrecionalmente, por supuesto despido injustificado por causa económica, siendo que no procedían los salarios caídos y aun en caso de que esa Superioridad considere que sí procedían, era el artículo 218 del Código de Trabajo era la única norma legal vigente en materia de salarios caídos, por lo que debió ser aplicada esta norma en todo caso por analogía. Agrega que " resulta evidente la violación dl artículo 70 de la Constitución Nacional que exige que las causales de despido así como las indemnizaciones por despido injustificado sean establecidas mediante ley" (Cfr. foja 9).

  2. POSTURA DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN.

    El Procurador General de la Nación, a través de la Vista No. 10 de 7 de marzo de 2002, emitió concepto sobre la advertencia de inconstitucionalidad presentada por la firma Morgan & Morgan.

    Considera el señor P., que ha sido vulnerado el debido proceso consagrado en el artículo 32 de la Constitución Política, que garantiza que los actos ejecutados por las partes y el juez que conducen a una finalidad común, la sentencia, no queden al arbitrio de las partes ni a la arbitrariedad del juez ya que ello conduciría a la supresión misma del proceso; el principio de limitación jurídica de la voluntad del Estado consagrado en el artículo 17 del Estatuto Fundamental; y el artículo 70 constitucional, por no cumplirse en este procedimiento de despido, las formalidades que establece la ley al respecto. Concluye, que comparte la pretensión constitucional del advirtiente, y solicita al Pleno que declare que el artículo 215 del Código de Trabajo es inconstitucional.

  3. DECISIÓN DEL PLENO.

    Una vez expuestos los argumentos vertidos, tanto por el demandante, como por el Procurador General de la Nación, esta Superioridad procede a resolver el fondo de la pretensión formulada en la demanda.

    La pretensión del advirtiente consiste en que se declare inconstitucional el artículo 215 del Código de Trabajo, arguyendo que vulnera las disposiciones 17, 32 y 70 de la Carta Fundamental.

    No obstante lo anterior, la Corte Suprema de Justicia decidió sobre la constitucionalidad del artículo 215 del Código de Trabajo, en sentencia proferida el 29 de junio de 1993, a través de la cual declaró que el mismo no es inconstitucional.

    En ese sentido, procedemos a transcribir parte de lo expuesto en la citada sentencia:

    "... Lo cierto es que el artículo 215 no establece un sistema de despido libre, por lo que no es correcta la afirmación de que permite despidos sin juta causa y sin formalidad legal alguna. En su primer inciso la norma impugnada hace referencia explícita a las causas de despido previstas en el acápite "C" del artículo 213, o sea que indica como causas justificadas de despido las de naturaleza económica, a la vez que señala las formalidades a seguir por el empleador con tal objeto, estableciendo a su cargo el deber de probar la causa del despido ante la autoridad administrativa. Sanciona, además, el incumplimiento de tales formalidades al calificar "de pleno derecho injustificado" el despido realizado con infracción de ese procedimiento, mientras que en su segundo inciso impone el pago de la indemnización correspondiente. Tal indemnización procede indefectiblemente, ya sea que exista autorización por escrito para despedir o la misma tenga origen en el silencio positivo debidamente acreditado.

    En otras palabras, cumple esta norma con el mandato superior que prohíbe despedir libremente a un trabajador, sin las formalidades debidas y sin la indemnización a que tiene derecho por mandato del artículo 70.

    .....

    En realidad, existe un procedimiento preestablecido que señala que el patrono no puede despedir a los trabajadores sin el cumplimiento de las formalidades consignadas en el Código de Trabajo, las que representan verdaderas garantías para la parte más débil de la relación laboral. A tales efectos el empleador debe cumplir antes con ciertos requisitos, entre los cuales: solicitar a la autoridad administrativa de trabajo la nota en la que conste que no se ha pronunciado respecto a la petición formulada por la empresa y el tiempo transcurrido, es decir, acreditar la circunstancia del silencio. Además, debe notificar por escrito a los trabajadores la decisión de dar por terminada la relación laboral con las formalidades establecidas en el artículo 214 del Código de Trabajo. Por último, debe cumplir con el orden de prelación contemplado en el artículo 213, acápite "C", y pagar la indemnización prevista en el artículo 225 de ese mismo cuerpo de leyes.

    Por consiguiente, si el empleador no cumple con las formalidades anteriormente expuestas, el trabajador despedido está facultado para demandar al empleador ante la Junta de Conciliación y Decisión o ante los Tribunales Secciones de Trabajo y solicitar su reintegro a la empresa.

    Es entonces evidente que los trabajadores no se encuentran en estado de indefensión porque, una vez notificados personalmente pueden ejercer, por vía jurisdiccional, acciones contra el empleador, si es que este procede a realizar el despido por causas económicas omitiendo el cumplimiento de las reglas que contemplan los artículos 211, 213 acápite "C" y 214, ya considerados. Además, en el evento de tal incumplimiento el despido por causas económicas se equipara, a los efectos del pago de las indemnizaciones correspondientes, al despido injustificado...."

    Dentro de este contexto, vemos pues, que no es posible el examen de la constitucionalidad de materias que ya han sido objeto de análisis de fondo, y de que el Pleno ya emitió una decisión sobre la constitucionalidad del artículo 215 del Código de Trabajo, razón por la cual, debe abstenerse de pronunciarse dentro de la advertencia de inconstitucionalidad que nos ocupa, toda vez que se ha producido el fenómeno jurídico de cosa juzgada constitucional, de conformidad con el artículo 203 de la Carta Fundamental, que establece que las decisiones sobre el control constitucional que pronuncie la Corte Suprema de Justicia tienen carácter de finales, definitivas y obligatorias.

    Como corolario de lo antes expresado, el PLENO de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA COSA JUZGADA en la advertencia de inconstitucionalidad formulada por la firma MORGAN & MORGAN contra el artículo 215 del Código de Trabajo

    Notifíquese,

    ARTURO HOYOS

    CÉSAR PEREIRA BURGOS -- ANÍBAL SALAS CÉSPEDES -- JACINTO CÁRDENAS -- JOSÉ A. TROYANO -- ADÁN ARNULFO ARJONA L. -- ALBERTO CIGARRUISTA CORTEZ -- GRACIELA J. DIXON C. -- ROGELIO A. FÁBREGA ZARAK

    CARLOS H. CUESTAS G. (Secretario General)

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